El ambiente se enrarece en México más allá de Palacio Nacional. El duro tono presidencial contra la prensa permea y se acentúa en los Estados, hasta el punto de que preguntar deviene en un acto temerario. En Xalapa, la capital de Veracruz, una reportera cuestionó este miércoles al gobernador, Cuitláhuac García, por las críticas de abogados en la región al delito de ultrajes a la autoridad, figura penal que ha sido recurrente durante su mandato. En vez de responder, García enfrentó a la reportera y le pidió los nombres de los abogados críticos.
“Ve qué papel estás jugando como medio. La sociedad tiene que darse cuenta de qué papel juega un medio ¿informas a la sociedad o no? ¿Es tu derecho malinformar (sic) a la sociedad?”, lanzó el gobernador, que apenas dejaba contestar a la periodista cuando lo intentaba. “Cuando me preguntes, dime, ‘el abogado tal”, dijo. Ella contestó: “Las barras de abogados en general de Veracruz se han pronunciado en contra de este delito que…” “¿Qué barra de abogados, cuál?”, interrumpió de nuevo el gobernador. Todas, dijo ella. “¿Todas?”, cuestionó el gobernador. La mayoría. “Ah, ¡ya cambiaste!”, zanjó él. EL PAÍS ha buscado al gobernador García a través de su vocero, pero no ha obtenido respuesta.
Además de ilustrar la desprotección de la prensa después de un enero fatídico para el gremio, el intercambio muestra la tensión política reinante en el país, no solo entre rivales teóricos, sino también en las filas del partido en el poder. Así, la andanada de García no se entiende sin el enfrentamiento que ha mantenido desde finales del año pasado con el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a cuentas precisamente del delito de ultrajes.
La pregunta de la reportera apunta al núcleo de la gran polémica del mandato de García, uno de los gobernadores morenistas más cercanos al presidente, Andrés Manuel López Obrador. En febrero del año pasado, el congreso local, dominado por Morena, aprobó una modificación del Código Penal Estatal que endurece las penas por el delito de ultrajes a la autoridad, figura obsoleta, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incluso declaró inconstitucional, por ambigua, en 2016.
En aquella ocasión, el máximo tribunal se refirió al caso concreto de dos mujeres de Ciudad de México, procesadas de acuerdo al código penal de la capital, que contemplaba igualmente el delito de ultrajes. La sentencia de la SCJN aplicaba al caso particular, pero su sentido debía irradiar a todo el territorio nacional y sus códigos penales. En Veracruz, el Gobierno de García decidió, sin embargo, llevarle la contraria. No solo mantuvieron el delito, sino que elevaron la horquilla de años de cárcel, de un máximo de dos a un máximo de siete.
El miércoles, entre reprimenda y reprimenda, el gobernador defendía el delito de ultrajes como una herramienta en la lucha contra el crimen organizado. “Además de los 40 jefes de plaza, hay 525 lugartenientes de la delincuencia organizada [presos por este delito]”. Luego criticó el oportunismo de los abogados que han criticado la resurrección de esta figura penal. “Obviamente, va a haber un gran negocio para las barras de abogados si se deroga el delito porque se van a ofrecer sus servicios”, dijo.
En contra, abogados y grupos de oposición han argumentado que el delito en cuestión es un instrumento que fortalece la impunidad con que actúan las corporaciones locales de seguridad. No en vano, la policía estatal de Veracruz ha estado bajo la mira a lo largo de los años por casos de desaparición forzada, tortura o asesinato. La misma idea planteaba la oficina de la ombudswoman nacional en diciembre pasado, en un informe que pedía la eliminación del delito del Código Penal. En el informe, los investigadores señalaban la detención arbitraria de seis jóvenes en septiembre en Xalapa a manos de policías estatales, que acabaron presos por el delito de ultrajes.
La derogación en todo caso parece cercana. Vista la presión de asociaciones de abogados, de buena parte de la oposición y del propio Monreal, el mismo Gobierno local mandó una iniciativa al Congreso hace unos días para derogar el artículo del Código Penal. La oposición indica, sin embargo, que la retirada de García no es suficiente y pide la eliminación de otro artículo, el 371, que prevé delitos contra las instituciones de seguridad pública.
La cebolla política
En la cebolla política que es México, la polémica por el delito de ultrajes no es más que una capa en la batalla por el poder. Así, uno de los personajes más críticos en este asunto ha sido Ricardo Monreal, que ha llegado a señalar abiertamente a García por endurecer las penas y alentar la aplicación de este tipo penal.
A principios de diciembre, Monreal visitó la prisión de Pacho Viejo para visitar precisamente a los seis jóvenes detenidos en septiembre en Xalapa. “A ellos los detuvieron en una plaza y después los acusaron de ultrajes a la autoridad, donde según los policías los habían amenazado con cinco cuchillos; ojalá el juez de control no se convierta en cómplice y subordinado de los poderosos”, dijo entonces. Días más tarde, envió una carta al Congreso local en que señalaba que “la aplicación de este tipo penal se presta a un ejercicio arbitrario en contra de personas por parte de cuerpos de seguridad pública o de procuración de justicia, en detrimento del derecho humano a no ser sometido a detenciones arbitrarias”.
El último giro en la batalla entre ambos ocurrió días antes de Navidad, con la detención de un cercano colaborador de Monreal, José Manuel Del Río Virgen. Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, operador en realidad de Movimiento Ciudadano, la Fiscalía local acusa a Del Río Virgen del asesinato de un candidato a alcalde de su mismo partido en junio. Su detención provocó el rechazo de Monreal y de los líderes de Movimiento Ciudadano, enlazando las críticas por el delito de ultrajes con la detención presuntamente arbitraria de Del Río.
A la fecha, Del Río sigue en prisión y la iniciativa para derogar el delito de ultrajes, en revisión en el Congreso local. La comisión que se creó en el Senado para investigar posibles abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos en Veracruz quedó descabezada a finales de enero, tras la dimisión de su presidente, Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano. La semana pasada, Delgado lideró una protesta en Xalapa por la liberación de Del Río, la derogación del delito de ultrajes y la liberación de las más de 1.000 personas que, a su juicio, viven injustamente presas en Veracruz.
fuente.-Pablo Ferri/Diario Español/(video/Ciro Gomez L)
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