El tiempo parece agotársele al gobernador del estado de Tamaulipas, en la frontera entre México y Estados Unidos, luego de que la cámara de diputados aprobara una solicitud de desafuero para despojarlo de su inmunidad procesal y que funcionarios estadounidenses compartieran su investigación sobre sus presuntas actividades criminales.
La Fiscalía de General de la República de México anunció el 10 de mayo que el Departamento de Justicia estadounidense había compartido su expediente sobre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La investigación ofrece información sobre presuntas transferencias ilegales de dinero y otras irregularidades financieras, según el alegado de la fiscalía.
Esto ocurrió luego de que la Cámara de Diputados —cámara baja de la rama legislativa mexicana— votara el 30 de abril para levantar la inmunidad al atribulado gobernador, luego de ser imputado por delincuencia organizada, lavado de dineros de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
La cámara del estado de Tamaulipas se opuso a la decisión y decidió permitir que Cabeza de Vaca siguiera en su cargo, según medios informativos locales. Ahora la Corte Suprema de México resolverá el caso.
Cabeza de Vaca es sospechoso de tener vínculos con grupos del crimen organizado y de lavado de dineros ilícitos durante su periodo en la gobernación, según la Fiscalía General. Los fiscales alegan que el gobernador amasó una fortuna de varios millones de dólares que no parece provenir de sus ingresos como funcionario público.
Esto incluye un buen número de bienes ocultos, entre ellos 30 propiedades en Texas y Tamaulipas, avaluadas en unos 951 millones de pesos mexicanos (alrededor de US$47 millones), adquiridas por empresas de papel vinculadas a su familia, según informó Animal Político.
Los fiscales sostienen que entre 2016 y 2019 el funcionario operó una oscura red en su estado, mediante la cual otorgó contratos públicos a firmas que beneficiaban a varios parientes suyos.
Cabeza de Vaca ha rechazado las acusaciones, y calificó la audiencia de retiro de su inmunidad como una “patraña” y como “linchamiento político y criminal orquestado por el gobierno”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a la paciencia, mientras las cortes llegan a un veredicto final.
Análisis de InSight Crime
La carrera pública de Cabeza de Vaca ha estado rodeada de controversia, como funcionario por el partido conservador de Acción Nacional (PAN), especialmente durante el tiempo que dirigió la administración del estado de Tamaulipas.
Antes de ser elegido gobernador del estado, Cabeza de Vaca fue acusado de tener nexos con el Cartel del Golfo y de usar ganancias ilícitas de ese grupo para financiar su campaña a la alcaldía de Reynosa, en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante su alcaldía entre 2005 y 2007, presuntamente otorgó una autorización especial al capo del Cartel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, para realizar un evento público por el “Día de los Niños” en 2006. El exjefe del Cartel del Golfo se encuentra purgando una sentencia de prisión de 25 años por dirigir un “vasto imperio narcotraficante” que importó miles de kilos de cocaína y marihuana a Estados Unidos.
Funcionarios mexicanos y estadounidenses han seguido la presunta actividad criminal de Cabeza de Vaca durante su gestión en la gobernación. En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la Fiscalía General de México, abrió una investigación por lavado de dinero. Presuntamente la subprocuraduría obtuvo varias escuchas telefónicas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que pueden vincular a Cabeza de Vaca con ganancias ilícitas de grupos del crimen organizado.
Más recientemente, Cabeza de Vaca fue blanco de críticas luego de que las autoridades detuvieron a varios miembros de un grupo élite de operaciones especiales (GOPES), algunos de los cuales habían recibido adiestramiento de Estados Unidos, por la masacre de 19 personas en enero, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. El GOPES —creado en 2017 como derivación del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, CAIET)— rinde cuentas directamente a Cabeza de Vaca.
Cabeza de Vaca, sin embargo, se ha puesto a la defensiva por la avalancha de acusaciones de delitos financieros y vínculos con dineros ilícitos del crimen organizado. A mediados de abril, contrató una firma de abogados estadounidenses para “mitigar los efectos” de la información financiera confidencial presuntamente filtrada por funcionarios mexicanos, según información hecha pública por el Departamento estadounidense del Tesoro en el marco de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Su abogado también escribió una carta al director de la Red estadounidense de Control de Delitos Financieros (FinCEN) instándolo a “investigar lo que parecen ser continuas filtraciones contra mi cliente”.
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