En Tamaulipas la población ha vuelto a encerrarse en sus casas por el virus de la violencia que azota a esa entidad desde 2009, cuando se dio la ruptura definitiva entre el Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, un hecho que ha convertido a ese estado en tierra de matanzas, desapariciones y con una inseguridad permanente.
Conocedor de un largo inventario de agravios contra la población, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, no duda en calificar el ataque del sábado 19 contra inocentes en la ciudad fronteriza de Reynosa como “un acto de terrorismo”, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó usar ese término en su conferencia matutina del jueves 24.
“Es importante aclarar que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo, como algunos quisieran, porque eso da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que sólo corresponden a México. Son cuestiones delicadas. Entonces, por eso vamos a investigar”, señaló.
Por el contrario, López Obrador dijo que el asesinato de los civiles “fue un acto de provocación, desde luego, muy reprobable porque perdieron la vida inocentes, pero tenemos que saber qué originó esta acción, porque no hubo un enfrentamiento, dispararon contra la gente inocente”.
Sin embargo, Ramos responde directamente a López Obrador: “Sí es terrorismo; que le pregunte a cualquiera de los ciudadanos que vive en el estado.
“El presidente no está en Tamulipas, para empezar; el presidente puede ser la persona más informada y más importante en el servicio público, pero no está viviendo en Tamaulipas. Para un ciudadano de Reynosa sí fue un acto terrorista y ellos le van a responder que sí, que vivieron un acto terrorista, no es la forma de actuar de un grupo criminal”, destaca.
El defensor de derechos humanos, que ha resultado incómodo para el gobierno estatal y para las fuerzas federales de seguridad, considera que el ataque contra civiles también refleja la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales que se vive en la entidad desde que la Fiscalía General de la República inició un proceso penal contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por presuntos sobornos que habría recibido en el marco del caso Odebrecht.
***Fragmento del reportaje publicado en la edición 2330 de la revista Proceso.
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