El fiscal General de Justicia de Tamaulipas,cuya currícula esta ligado al Cartel del Golfo, Jesús Eduardo Govea Orozco, reconoció que la institución enfrenta un déficit importante de personal sustantivo, principalmente policías investigadores y agentes del Ministerio Público, situación que dice ha impactado en el ritmo de algunas investigaciones.
Y no se puede negar el déficit, pero si exhibir la coartada. Porque una Fiscalía puede tener menos agentes de los que necesita, pero ninguna escasez de nómina explica —ni absuelve— una presunta infiltración criminal del gobernador para abajo, omisiones selectivas o el silencio ante señalamientos graves.
No les faltan policías; les falta vergüenza
La Fiscalía de Tamaulipas dice que arrastra un déficit de 2 mil 100 policías investigadores y ministerios públicos. La cuenta oficial es de mil 500 investigadores y 600 agentes del Ministerio Público que, según el fiscal, hacen falta para que la maquinaria de justicia deje de avanzar con el entusiasmo de una oficina pública en viernes por la tarde.
Pero cuidado: que nadie confunda falta de personal con falta de responsabilidad.
A la FGJ Tamaulipas no necesariamente le faltan policías; le sobran preguntas que nadie quiere investigar. Una cosa es reconocer que cuenta con cerca de 900 policías investigadores y menos de 400 ministerios públicos para una entidad atravesada por la violencia, el control territorial que ejercen los cárteles del Golfo y Los Zetas, el segundo lugar nacional en desapariciones, la extorsión industrializada y las estructuras criminales coligadas con las instituciones que deberían combatirlas.
El problema no es sólo cuántos uniformes faltan en el organigrama. El problema es quiénes ocupan los que sí existen, a quién investigan, a quién dejan pasar y por qué, cuando aparece un señalamiento público sobre enlaces entre un agente ministerial y una facción del Cártel del Golfo, la prioridad parece ser administrar el silencio antes que preservar evidencia, revisar controles de confianza y abrir una indagatoria independiente.
Porque ahí está la trampa retórica: “nos faltan policías”. Sí, faltan. Pero los que faltan no explican a los que sobran del lado equivocado de la ley.
La Fiscalía presume depuración: alrededor de 15 ministerios públicos causaron baja durante 2026, además de policías, peritos y mandos que no acreditaron controles de confianza o dejaron sus puestos. Excelente. Sólo que depurar no es correr empleados para luego venderlo como combate al crimen. Depurar significa transparentar por qué salen, qué investigaciones se abren, qué responsabilidades administrativas o penales se fincan y cuántos expedientes terminan en sanciones, no en comunicados con perfume de autoelogio.
El dato incómodo
La falta de 2 mil 100 servidores públicos puede ralentizar carpetas. Lo que no puede ralentizar es la obligación de investigar a los propios servidores públicos cuando surgen señalamientos creíbles sobre corrupción, protección criminal y vínculos con el narcotráfico.
Una Fiscalía con déficit puede estar rebasada. Una Fiscalía que selecciona a quién perseguir y a quién proteger está podrida.
Y Tamaulipas ya ha pagado demasiado caro las consecuencias de confundir incapacidad con inocencia institucional. Porque cuando el Estado alega que no tiene suficientes policías, pero los ciudadanos sospechan que algunos policías, ministerios públicos o mandos trabajan para intereses criminales, el problema deja de ser una vacante. Se llama captura institucional por culpa de un gobernador en vías de captura.
No les faltan policías.
Les falta vergüenza. Y les sobra la sospecha de complicidad, del gobernador para abajo.
Trump no quitó el dedo del renglón: después de advertir que Estados Unidos puede cerrar visas a familiares y cercanos del ecosistema narco, ahora le está diciendo a Claudia Sheinbaum que el problema no sólo vive en los cárteles, sino también en las oficinas donde algunos funcionarios les han puesto escritorio, escolta y alfombra institucional al crimen.
Primero fue el aviso sobre las visas: Estados Unidos puede negar o revocar el documento a familiares y asociados de narcotraficantes. Ahora Donald Trump fue por la siguiente capa de la cebolla: los funcionarios que han ayudado a los cárteles mientras juran combatirlos desde el presupuesto público.
En su memorando anual enviado al Congreso estadounidense, Trump mantuvo a México en la lista de países relevantes para la producción o tránsito de drogas ilícitas. Reconoció que el esfuerzo del gobierno de Claudia Sheinbaum,pero después de la palmadita llegó el machetazo: esos esfuerzos, dijo, todavía son insuficientes.
El presidente estadounidense sostuvo que México debe “exponer, arrestar y procesar” a los “numerosos funcionarios públicos corruptos” que han ayudado a los cárteles y, en palabras de Washington, traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país. Es decir: no basta con tomarse la foto de espaldas junto a un cargamento decomisado si la estructura política que permite que el negocio respire sigue intacta.
Trump afirma que los cárteles no son un problema de policías mal pagados, sino organizaciones narcoterroristas con finanzas, redes de protección y control sobre amplias zonas del territorio mexicano. Y eso obliga a mirar más arriba del halcón, el sicario o el operador de laboratorio: hacia quienes administran permisos, información, protección o impunidad desde el poder público.
El recordatorio tiene un antecedente incómodo. En abril, fiscales federales de Nueva York hicieron pública una acusación contra Rubén Rocha Moya —entonces gobernador de Sinaloa— y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. La acusación sostiene que los señalados habrían usado cargos de confianza para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa y facilitar el envío de narcóticos a Estados Unidos. Son imputaciones formales, no sentencias: los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal resuelva.
Rocha Moya pidió licencia después de aquella acusación y Washington ha buscado su extradición. El caso sigue siendo un recordatorio de que, para Estados Unidos, el combate al narcotráfico no termina cuando cae un capo: apenas empieza cuando se investiga quién lo protegió, quién le abrió la puerta y quién después dice que no sabía nada porque, casualmente, nunca vio nada.
La señal de Trump es difícil de maquillar: México puede celebrar decomisos, laboratorios asegurados y operativos fronterizos, pero mientras los presuntos protectores políticos del crimen sigan fuera del banquillo, Washington seguirá viendo una guerra a medias. Y en esa guerra, la visa puede ser apenas el primer aviso; el expediente, la acusación y la extradición son las palabras que siguen.
En Tampico, una mujer señalada como presunta fardera podría recuperar su libertad porque, hasta donde se ha informado, nadie formalizó una denuncia por el supuesto robo. Eso no es una “falla” de la ley: es la ley negándose a fabricar culpables con el mismo material con que se fabrican linchamientos: gritos, videos recortados, rabia acumulada y una multitud convencida de que la presunción de inocencia es un lujo reservado para otros.
La posible liberación no convierte una golpiza colectiva en justicia; exhibe, más bien, dos expedientes distintos: uno por un supuesto robo que debe probarse y otro, mucho más visible, por una turba de salvajes que retuvo, golpeó, amarró, semidesnudó y rapó a una mujer en la calle.
Y, al confirmarse que la policía presenció y conoció esos hechos flagrantes sin detener a responsables ni preservar evidencia, la omisión también exige investigación, no excusas administrativas timoratas y blandengues.
No era justicia: era una estampida delictiva
Pero mientras el probable delito patrimonial sigue sin denuncia, sin víctima compareciente y sin prueba judicialmente sometida a contradicción, hay un segundo expediente que prácticamente se escribió solo: una mujer fue retenida, golpeada, maniatada, semidesnudada y rapada en pleno Centro Histórico. No fue una detención ciudadana entregada de inmediato a la autoridad. Fue, según los reportes, una humillación pública organizada a fuerza de manos, insultos y teléfonos encendidos.
La Constitución no deja espacio para el folklore punitivo:el artículo 17 prohíbe que cualquier persona se haga justicia por sí misma y que use violencia para reclamar un derecho. Traducido al castellano de la calle: si alguien roba, se denuncia; no se le convierte en botín humano para que una turba juegue a ser policía, Ministerio Público, juez, verdugo y productor de contenido al mismo tiempo.
Un robo presunto; varios delitos posibles
A Carmen “N” se le atribuye un robo. Aún no una sentencia, ni siquiera —según la información disponible— una denuncia formal presentada ante la Fiscalía. Por eso sigue siendo una presuntaresponsable: el Código Nacional de Procedimientos Penales ordena que toda persona sea tratada como inocente mientras un órgano jurisdiccional no declare su responsabilidad mediante sentencia. La sospecha no es una licencia para castigar.
En cambio, la conducta atribuida a quienes la sometieron abre un abanico de posibles delitos que la Fiscalía debe investigar, individualizar y, en su caso, judicializar:
Lesiones, por los golpes y cualquier daño físico o alteración a la salud física o mental. El Código Penal de Tamaulipas define las lesiones como el daño que deja vestigio en el cuerpo o altera la salud física o mental.
Privación ilegal de la libertad, si fue retenida contra su voluntad más allá de la facultad excepcional de detener en flagrancia y entregarla inmediatamente a la autoridad. Un particular puede detener a alguien sorprendido cometiendo un delito, sí; pero debe entregarlo sin demora a la autoridad más cercana. Convertir esa facultad limitada en cautiverio, castigo y exhibición es otra cosa.
Amenazas, si hubo intimidaciones, anuncios de daño o coacción para someterla, obligarla a permanecer en el sitio o degradarla. El Código Penal estatal contempla como amenaza intimidar a una persona con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos.
Delitos contra la dignidad, la integridad y eventualmente la libertad sexual, si el semidesnudo fue impuesto, utilizado para vejarla o difundido con finalidad de humillación. La clasificación exacta depende de videos íntegros, dictámenes médicos, testimonios, el grado de exposición y la intervención concreta de cada participante; no debe dictarse desde una red social ni desde una columna.
Participación conjunta en delitos, para quienes golpearon, sujetaron, raparon, incitaron, bloquearon el auxilio o facilitaron la agresión. No sólo responde quien da el golpe final: la Fiscalía debe reconstruir quién ejecutó, quién ordenó, quién alentó y quién colaboró de modo eficaz.
Posibles delitos contra servidores públicos, si, como reportó la autoridad, también hubo agresiones contra los elementos de seguridad que acudieron.
La diferencia de escala importa. Un supuesto robo —si se acredita— puede perseguirse con denuncia, investigación, reparación del daño y proceso. La agresión colectiva, en cambio, acumula violencia física, restricción de libertad, trato degradante, exposición pública y posibles ataques a agentes. No porque la víctima sea impecable, sino porque el Estado no puede permitir que la calle multiplique delitos para castigar uno que ni siquiera ha sido formalmente acreditado.
La policía no puede mirar hacia otro lado
La autoridad no necesita esperar a que una multitud presente una carpeta perfectamente redactada para intervenir ante una agresión en curso. El CNPP establece que los cuerpos de seguridad pública están obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante, registrar la detención y poner a la persona a disposición del Ministerio Público. También impone a la policía el deber de impedir que los delitos se consumen o produzcan consecuencias ulteriores.
Eso obliga a separar dos planos que suelen confundirse deliberadamente:
Hecho
Deber legal básico
Una persona es señalada por probable robo
Asegurar la situación conforme a derecho, recibir denuncia, preservar indicios, ponerla a disposición si existe flagrancia y respetar sus derechos
Una multitud golpea, retiene y humilla a esa persona
Frenar la agresión, proteger la vida e integridad de la víctima, identificar y detener en flagrancia a agresores cuando corresponda, resguardar videos y testigos
Agentes conocen de los hechos y no actúan con la diligencia debida
Documentar la intervención, informar al Ministerio Público e investigar posibles responsabilidades administrativas y, si hay omisión deliberada o encubrimiento, penales
El dato de que la Guardia Estatal atiende alrededor de 2 mil 800 servicios mensuales explica presión operativa; no borra el deber de actuar cuando hay una persona sometida por particulares en vía pública. La saturación institucional podrá ser una explicación administrativa, pero no una patente para abandonar a alguien frente a una turba.
La investigación debe establecer con precisión qué agentes llegaron, cuándo recibieron el reporte, qué observaron, si había agresión activa, qué maniobras realizaron, por qué no hubo detenciones inmediatas —si no las hubo—, qué evidencia aseguraron y si preservaron los videos que ya circulan. Si hubo una omisión injustificada frente a delitos flagrantes, debe revisarse la responsabilidad de los servidores públicos en el ámbito disciplinario y, de acreditarse los elementos legales, en el penal.
El expediente que sí se ve
La paradoja es brutal: la mujer señalada podría salir porque no hay denunciante que sostenga formalmente el señalamiento en su contra. Quienes la vejaron dejaron, en cambio, una posible ruta probatoria más amplia: videos, rostros, voces, testigos, lesiones, registros de llamadas de emergencia, ubicación de patrullas y, probablemente, publicaciones celebrando lo que después intentarán llamar “justicia”.
No hay nada popular ni valiente en rodear a una persona, someterla entre varios y rebajarla ante cámaras. Es violencia con público. Es cobardía en manada. Y es, sobre todo, una renuncia al Estado de derecho que dice combatir la impunidad mientras fabrica otra, más ruidosa y más cómoda: la de quienes creen que basta un grito de “ratera” para obtener permiso social de delinquir.
La Fiscalía de Tamaulipas tiene que investigar ambos extremos con la misma seriedad: el supuesto robo, si existe víctima que denuncie y pruebas que lo sostengan; y la agresión colectiva, aunque nadie de la turba quiera firmar una querella. Porque el mensaje de un Estado que no investiga el linchamiento es obsceno: que la ley sirve para detener a una persona señalada, pero no para tocar a cincuenta que la golpean.
El Departamento de Estado dejó por escrito una advertencia que en México se ha querido leer con lentes oscuros: Washington presume que puede usar las visas como herramienta contra el entorno de los narcotraficantes. En el contexto mexicano, el mensaje llega mientras el retiro y revocación de visas de gobernadores como Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila o Alfonso Durazo entre muchos otros mas, ocupa la conversación pública, aunque estos niegan que su documento haya sido cancelado,abusando de la decrecía que EE.UU guarda en torno al tema.
Visas: el nuevo detector de humo
Estados Unidos no sólo quiere perseguir capos: también cerrarle la puerta al círculo que los arropa, los acompaña o convenientemente no los conoce.
Traducido al castellano político: si el narco tiene compadres, parientes, operadores o amistades con agenda fronteriza, la visa puede convertirse en un papelito decorativo.
“My decision to identify Mexico’s drug cartels and other transnational criminal organizations as foreign terrorist organizations opened new authorities for the United States to dismantle these groups using sanctions, expanded prosecution authorities, and other resources. My Administration has also implemented visa restrictions against family members and close associates of drug traffickers to safeguard our country.”
En español:
“Mi decisión de identificar a los cárteles de la droga de México y otras organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras abrió nuevas facultades para que Estados Unidos desmantele esos grupos mediante sanciones, facultades ampliadas de enjuiciamiento y otros recursos. Mi Administración también ha implementado restricciones de visa contra familiares y asociados cercanos de narcotraficantes para salvaguardar nuestro país.”
El documento, difundido por el Departamento de Estado, no se limita a lanzar amenazas migratorias. También coloca a México bajo presión para ir contra las cúpulas de los cárteles, los laboratorios clandestinos, las cadenas de precursores químicos y las redes financieras que hacen posible el negocio. La exigencia es clara: menos conferencias, más golpes verificables contra la estructura criminal.
La novedad es que la política estadounidense ya no parece concentrarse sólo en detener cargamentos o capturar gatilleros. La visa se perfila como una palanca de presión política y personal: no necesariamente explica un expediente, pero sí puede mandar un mensaje de esos que se entienden mejor en la fila de migración.
En el caso de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, reportes periodísticos, lo mismo de Los Ángeles Times,que The New York Times,replicados en Mexico, ya señalaron el retiro de visa y la investigación estadounidense.
Él lo negó al mismo tiempo que dejo de cruzar como afirma EL NORTE: afirmó conservar plástico de su visa vigente, dijo no haber recibido notificación de cancelación o investigación alguna y rechazó vínculos con el crimen organizado. Después, incluso ironizó que podría ser “meritorio” no tener visa, una frase curiosa en un país donde el documento suele presumirse hasta en la foto de perfil.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó en 2025 que Estados Unidos le revocó la visa de no inmigrante, al igual que a su entonces esposo, Carlos Torres; sostuvo que no había cometido delito y describió el asunto como un trámite administrativo. El Departamento de Estado, por su parte, no ha divulgado públicamente la razón específica de la medida.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quedó igualmente mencionado en reportes que hablaron de una revocación relacionada con indagatorias por presuntos nexos criminales. La respuesta oficial de su gobierno fue tajante: tiene visa vigente, no ha sido notificado de investigación y los señalamientos son falsos. No existe, hasta ahora, una confirmación pública estadounidense que establezca de manera concluyente la revocación de su visa.
Así que el asunto no es afirmar sin pruebas que todos son culpables, sino leer la señal: Washington confirmó en informe que las visas no son un derecho, sino una llave que puede retirar a quienes considere parte del ecosistema de los traficantes. Y en la política mexicana, donde demasiadas explicaciones suelen llegar tarde —o nunca—, el verdadero problema empieza cuando una visa deja de ser permiso de viaje y se vuelve tema de control de daños.
