Amy Navarrete Arriola acababa de volver a colocarse en el radar político de Matías Romero. Ex candidata municipal, aspirante en plena ruta electoral, mujer con presencia pública y ambiciones abiertas. La noche del martes la asesinaron a balazos en Paso Guayabo, Oaxaca, durante una fiesta patronal. No murió sola: junto a ella fueron asesinados dos hombres, uno identificado por autoridades con las iniciales F.M.M. y otro aún sin identificar.
El crimen ocurrió apenas después del arranque formal del proceso electoral 2026-2027 en Oaxaca. Es decir: mientras los partidos comienzan a repartir candidaturas, discursos y promesas de campaña, alguien ya repartió plomo. La democracia puso la urna sobre la mesa; la violencia puso el arma encima.
No hay que adelantar conclusiones judiciales que la Fiscalía todavía no acredita. Pero tampoco hay que maquillar el tamaño político del mensaje: otra mujer vinculada a la disputa municipal fue asesinada en un país donde buscar una alcaldía puede convertirse en una profesión de alto riesgo, antes,durante y después.
La Fiscalía estatal informó que un individuo habría disparado directamente contra las víctimas; la investigación debe determinar quién jaló el gatillo, quién ordenó, por qué y bajo qué red de protección o impunidad operó.
El saldo que no cabe en un porcentaje
Hasta finales de julio, 14 alcaldes habían sido asesinados violentamente durante la administración de Claudia Sheinbaum, según el recuento publicado por El País. Amy Navarrete no era alcaldesa en funciones, por lo que no debe sumarse mecánicamente a esa cifra; pero su asesinato amplía el cuadro: no solamente están bajo amenaza quienes ya gobiernan un municipio, sino también quienes pretenden contender, regresar o construir una opción política local.
El gobierno puede presentar una curva descendente maquillada de homicidios, discutir porcentajes, promedios diarios y comparaciones mensuales, pero nada coincides nos portamos serios.
Aunqueo una reducción agregada no equivale a una reducción del riesgo para todos. Menos aún cuando, en ciertas regiones, el crimen conserva intacta su capacidad de seleccionar blancos, entrar a una fiesta comunitaria y ejecutar a una figura política frente a la población.
La ironía es cruel, pero inevitable: si los homicidios bajaron, habría que avisarles a los matones que no respetan la gráfica. Porque parecen conservar, intacto, su porcentaje letal para matar: un alcalde en su oficina, un funcionario en la calle, una aspirante durante una celebración religiosa, un periodista que estaba donde debía estar.
México en el espejo mundial
La analogía mundial no es con un país en paz ni con una democracia plenamente funcional: se parece más a la lógica de territorios donde el poder público es disputado a tiros. En las guerras formales, la violencia suele tener frentes, bandos visibles y una narrativa militar. En México, el frente puede ser un ayuntamiento; el objetivo, una presidencia municipal; la zona de combate, una plaza, una carretera, una comunidad indígena o el domo de una agencia municipal.
El contraste es brutal: México presume instituciones electorales, calendarios democráticos y autoridades formalmente constituidas, pero en demasiados municipios la política local sigue expuesta a una suerte de veto armado. No se necesita tomar el Palacio Nacional para mandar un mensaje: basta con decidir quién puede competir, quién puede gobernar y quién no llegará vivo a la siguiente elección.
Ahí radica la gravedad del asesinato de Amy Navarrete. No es únicamente la muerte de una aspirante; es la evidencia de que, para una parte del país, el derecho a participar en política depende de sobrevivir a la campaña antes que de ganar votos.
Con información: ELNORTE/
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