La aspirante morenista a gobernar Baja California, Julieta Ramírez Padilla, no sólo pidió licencia en el Senado para lanzarse rumbo a 2027: mientras reparte propaganda, busca posicionarse frente a sus rivales internos y presume una “nueva etapa” política, también negocia con autoridades estadounidenses la posibilidad de entregar información y convertirse en testigo colaborador.
Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia de Morena por Baja California y aspirante a la candidatura de su partido para la gubernatura en 2027, parece estar jugando dos partidas a la vez: una en el tablero electoral mexicano y otra frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con información difundida por la unidad de investigación NMAS Focus, Ramírez es investigada por autoridades estadounidenses y se encuentra en conversaciones para colaborar como testigo. El medio tuvo acceso a un Proffer Agreementsuscrito entre la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la legisladora morenista.
No se trata de una carta de buena conducta ni de un trámite burocrático cualquiera. Un Proffer Agreement es, en términos simples, un acuerdo mediante el cual una persona investigada —o un posible testigo— proporciona información a fiscales sobre presuntos delitos, con la garantía de que sus propias declaraciones no serán utilizadas directamente en su contra durante un juicio.
En este caso, el documento establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que éstas determinen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. También se comprometería, como era de esperarse, a no mentir bajo juramento ni entorpecer la justicia. Nada muy exótico, salvo que se trata de una senadora mexicana que busca subir otro escalón político.
En enero de este año, Ramírez negó mediante videos grabados en Estados Unidos que le hubieran retirado la visa. Meses después, el tema vuelve a asomarse, pero ya no como una discusión de redes sociales: ahora aparece ligado a un acuerdo de cooperación con fiscales estadounidenses.
El 17 de junio, la morenista pidió licencia en el Senado para competir por la candidatura al gobierno bajacaliforniano. En su despedida habló de “humildad”, “alegría” y “profunda responsabilidad” por representar a su estado. Esa misma semana comenzaron a circular volantes en Tijuana para promoverla por encima de otros aspirantes. El entusiasmo proselitista fue tan acelerado que el 1 de septiembre el Instituto Electoral del Estado le ordenó retirar toda esa propaganda, tras una denuncia del PAN por presuntos actos anticipados de campaña.
Ramírez no es una figura aislada dentro del grupo gobernante en Baja California. Mantiene una relación política cercana con la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando ésta encabezó el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció que también intentó cooperar con autoridades de Estados Unidos dentro de una investigación, luego de que meses antes se reportara el retiro de su visa.
La senadora con licencia disputa la coordinación de la llamada defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, exalcalde de Tijuana. Así que, mientras Morena decide quién llevará sus siglas en 2027, una de sus cartas más visibles tendrá que aclarar si su campaña avanza con la misma velocidad con la que se abrieron las conversaciones con el Departamento de Justicia estadounidense.
Porque una cosa es pedir licencia para buscar una gubernatura y otra muy distinta es sentarse con fiscales de San Diego a valorar qué información se puede ofrecer, a cambio de qué y sobre quién.
Con información: NMAS+/ TELEVISA
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