«SON DOS PLANOS DISTINTOS: GABINETE FEDERAL NIEGA la CONEXIÓN MORTÍFERA de GOBIERNO y CARTELES que ACUSA la DEA»….pero AMERICO es la mejor prueba de fusión, no infiltración.

Las declaraciones del jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, carecen de sustento y no corresponden a los resultados obtenidos por México en el combate al crimen organizado, aseguró el Gabinete de Seguridad.

Durante una cumbre sobre adicciones realizada en Orlando, Florida, Cole advirtió sobre lo que calificó como una «mortífera conexión» entre el Gobierno de México y los cárteles del narcotráfico, al tiempo que reiteró que combatir a esas organizaciones es su principal prioridad.

El argumento oficial tiene un problema lógico de fondo: intenta convertir resultados operativos agregados (detenciones, decomisos, laboratorios destruidos) en prueba de integridad política y ausencia de colusión, cuando son planos distintos.

1) Falacia central: eficacia ≠ honestidad

El gobierno presenta cifras para refutar una acusación de vínculos con el narco. Pero:

• La eficacia en operativos no demuestra la inexistencia de redes de protección política.
• Estados con altos niveles de corrupción pueden producir decomisos relevantes; no son variables excluyentes.

Ejemplo claro: en varios países, incluidos México y Colombia en distintas etapas, grandes capturas coexistieron con infiltración institucional. Una cosa mide capacidad operativa; la otra, control del poder político.

2) Uso de datos agregados para ocultar selectividad

Las cifras (59 mil detenidos, toneladas decomisadas, etc.) tienen limitaciones clave:

• No distinguen entre delincuencia de bajo nivel y estructuras de alto mando.
• No permiten evaluar si hay sesgo territorial o político (por ejemplo, actuar contra ciertos grupos y no otros).
• No aclaran cuántos casos derivan en sentencias firmes, que es el indicador real de efectividad judicial.

Sin desagregación, los números funcionan más como narrativa que como evidencia.

3) La “prueba por castigo interno” es insuficiente

El gobierno afirma que ha detenido a más de 80 funcionarios, incluidos alcaldes. Pero:

• Esto puede interpretarse también como evidencia de penetración del crimen en estructuras públicas, no necesariamente de su erradicación.
• No se especifica si hay investigaciones contra niveles superiores (gobernadores, mandos políticos clave).
• Tampoco se detalla si los casos fueron producto de presión externa (EE. UU.) o de iniciativas autónomas.

Castigar a actores subnacionales no descarta protección en niveles más altos.

4) Omisión del contexto político: gobernadores señalados

El argumento oficial evita el punto más delicado:

• Las acusaciones no se refieren a la inexistencia de operativos, sino a posibles vínculos entre élites políticas,incluidos gobernadores como Ruben Rocha Moya,Americo Villarreal,Marina del Pilar y Alfonso Durazo,entre muchos otros ligado a cárteles.
• Las cifras nacionales no responden a señalamientos específicos; son una evasión por generalización.

Es una estrategia clásica: responder a una acusación puntual con estadísticas globales.

5) Confusión entre cooperación y legitimidad

El gobierno invoca cooperación con EE. UU. como prueba de buena fe:

• La cooperación bilateral puede existir incluso en contextos de desconfianza o sospecha.
• De hecho, muchas operaciones de la DEA históricamente han partido de la premisa de infiltración parcial de instituciones locales.

La cooperación no equivale a certificación de integridad.

6) Ausencia de indicadores clave de captura estatal

Para desmontar la acusación de colusión, harían falta otros elementos que no se presentan:

• Investigaciones independientes sobre financiamiento político.
• Trazabilidad de redes de protección institucional.
• Procesos judiciales contra actores de alto nivel, no solo operadores.

Sin eso, el argumento se queda en el plano operativo, no en el estructural.

7) Inversión de la carga de la prueba

El comunicado intenta descalificar a la DEA por “falta de sustento”, pero:

• No ofrece evidencia directa que refute las acusaciones específicas.
• Se limita a mostrar logros generales, lo que no invalida hipótesis de colusión selectiva.

En términos argumentativos, es una defensa indirecta y débil.

En síntesis, el discurso gubernamental del gabinete de seguridad mezcla planos: usa resultados cuantitativos del combate al crimen para sugerir integridad institucional. Pero sin evidencia sobre redes políticas, financiamiento y protección de alto nivel, esos datos no desmontan —ni siquiera tocan— la acusación central.

Con informacion: ELNORTE/

«PESO MÁS TITAN que HARFUCH: CAPO HUACHICOLERO YA es HOMBRE LIBRE GRACIAS a FALLA de APREHENSORES y BUENA VIBRA DE JUECES»…expediente mal hecho fue su mejor abogado defensor.

La promesa era épica: con la reforma judicial de la 4T —esa que vendieron como la purga definitiva contra jueces corruptos y puertas giratorias para delincuentes— ahora sí se acabaría el viejo vicio de liberar criminales. Incluso se apostó por un experimento de alto voltaje político: elegir jueces por voto popular. La narrativa era clara: el problema no era el sistema, eran los jueces… hasta que la realidad volvió a estrellarse contra el discurso.

Porque, sorpresa, las liberaciones siguen.

Ahí está el caso de “El Titán”, detenido en mayo en la colonia Portal de Huajuco, en Monterrey, en un operativo que fue presumido con bombo y platillo por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante la mañanera presidencial. Foto, narrativa y mensaje: golpe contundente al huachicol.

Dos meses después, el guion cambió de género. En una audiencia nocturna, la jueza de Distrito María de los Ángeles Padrón Banda decidió no vincularlo a proceso. Traducción: libertad. ¿La razón? Según la juzgadora, no hay pruebas suficientes para imputarle delito alguno.

Y aquí empieza el déjà vu judicial. Padrón Banda no es cualquier jueza: fue una de las candidatas impulsadas con los famosos “acordeones” del gobernador Samuel García en la elección judicial. Sí, esa misma elección que prometía limpiar el sistema.

Pero la cadena no termina ahí. La liberación de “El Titán” se apoyó en un amparo definitivo concedido el 8 de julio por el juez Mario Melo Cardoso, quien detectó irregularidades en los cateos realizados en el domicilio del acusado. Es decir, el caso empezó a desmoronarse no por falta de narrativa política, sino por fallas básicas en la integración de la investigación.

Resultado: no solo salió “El Titán”. Con su liberación, ya están fuera los cuatro detenidos en aquel operativo espectacular del 9 y 10 de mayo en Monterrey, San Pedro y Allende. Entre ellos, Jesse Uresti, Juan de Dios Saavedra y Rosario Flores, señalada como su pareja.

En su momento, Harfuch los presentó como parte de una red dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos, con vínculos que alcanzaban a Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, relacionado con operaciones ferroviarias ilegales y el aseguramiento de una embarcación en Tamaulipas en 2025.

Hoy, esa historia se desinfla en expedientes judiciales.

Fuentes del propio proceso confirman que se levantaron las medidas cautelares y que incluso se decretó el sobreseimiento parcial de la carpeta, pese a la oposición del Ministerio Público.

Así que la pregunta incómoda sigue en pie: si el problema era el viejo sistema judicial, ¿por qué el “nuevo” produce exactamente los mismos resultados? ¿Son los jueces… o la incapacidad de las autoridades para armar casos sólidos?

Porque al final, entre reformas históricas, acordeones electorales y conferencias triunfalistas, los expedientes mal hechos siguen siendo el mejor abogado defensor.

Con información: ELNORTE/

«TRADUCIDO SIN ANESTESIA: el CÁRTEL del MAYO ZAMBADA PAGÓ SOBORNOS a POLICÍAS, MILITARES y POLÍTICOS»… o séase, todos.

El mismo expediente que convierte toneladas de coca y crystal en párrafos impecables también deja ver, entre líneas, el lubricante real del negocio: los sobornos. Si leemos el caso con esa lente, “United States v. Zambada Garcia” es menos una historia de tráfico de drogas y más una radiografía de cómo el dinero del narco compra Estado, lealtades y, al final, testigos.

Soborno como método operativo

El cártel de Sinaloa con Zambada no movía toneladas “a ciegas”: necesitaba policías, militares, funcionarios de aduanas y políticos dispuestos a mirar hacia otro lado o, mejor aún, a abrirles la puerta. Cada ruta segura, cada cargamento que no era revisado, implicaba una cadena de pagos, favores y protección institucional que nunca aparece con nombres propios en el documento, pero es la premisa tácita de que ese volumen de droga llegara a suelo estadounidense.

Cuando el Departamento de Justicia habla de “violent drug-trafficking organization” y “corruption of public officials”, está nombrando la otra mitad del negocio: los sobornos como estructura paralela del Estado, sin la cual el cártel sería una banda más, no una multinacional ilegal. 

La narrativa judicial atenúa la palabra, la disuelve en “influencia”, “control de plazas”, “protección”, pero detrás hay maletas de efectivo, depósitos en cuentas, casas, relojes y blindaje político comprados con dinero sucio.

De sobornadores a testigos

Aunque pudiera haber un detalle perverso, que una parte de esos mismos personajes que entraron al juego como sobornadores o intermediarios entre narco y autoridades terminan reapareciendo en el caso como “cooperantes” que ayudan a hundir a Zambada. Capos colombianos y mexicanos con historial de pago de coimas, manejo de rutas y negociación con funcionarios se reciclan como testigos clave, y su palabra se convierte en moneda de cambio para reducir sus propias penas.

El lado que la prosa judicial pule

En el lenguaje del tribunal los sobornos rara vez se nombran como tal; se cuentan como “payments”, “profits”, “proceeds”, siempre dentro del marco más cómodo de “drug-trafficking enterprise”. Pero cuando se habla de millones decomisados —529.2 millones en el caso de Zambada— no sólo se está castigando la venta de droga, también se está capturando el excedente de un sistema de corrupción que mantenía aceitado todo el circuito.

La ironía es que el mismo gobierno no logra frenar esos sobornos mientras ocurren en Mexico, más tarde EE.UU los convierte sentencias ejemplares y comunicados donde el dinero incautado representa una victoria simbólica contra la corrupción que Mexico ha tolerado durante años. 

El documento se cuida de no decirlo así, pero si el narco pagó para comprar silencios, también paga ahora —en cárcel y millones— por haber probado que el sistema Mexicano ha sido corruptible desde dentro.

Con informacion: COURTLISTENER/

«COMANDO ATACA REGIDORA de MORENA en BC y MATAN al ESPOSO»…ya mas de 43 mil muertos, quedan impunes 9 de cada 10.

En Tecate no hubo confusión ni “hecho aislado”: hubo mensaje. Un comando armado decidió, ayer en plena tarde y a la vista de todos, que una familia que iba a una graduación no iba a llegar completa. María de Jesús Quijada, regidora de Morena, sobrevivió por centímetros; su esposo, Jesús Pereida Ruiz, no tuvo esa suerte. Así de simple: en ciertas zonas del país, la agenda pública la redactan hombres armados

El ataque ocurrió a las 17:17 horas, sobre la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda. No fue un asalto improvisado ni un arrebato: fue una intercepción directa. La pareja fue cazada en tránsito, como si alguien hubiera decidido que ese trayecto era el último. Dos disparos en el cráneo para ella. Ejecución en el lugar para él. El resto es logística: ambulancia, frontera, helicóptero, hospital en Estados Unidos. La diferencia entre vivir y morir, hoy, puede medirse en minutos y en geografía.

El contraste es brutal. Mientras Tecate arde en impunidad, la regidora termina atendida en el Sharp Memorial, del otro lado, donde sí hay condiciones para salvarla. En México, en cambio, ni siquiera hay condiciones para detener a los responsables. Porque, como ya es costumbre, los agresores huyeron sin problema, quemaron el vehículo con bombas molotov —otro sello de impunidad— y desaparecieron. No hay detenidos. No hay nombres. No hay Estado.

La confusión inicial sobre la supuesta muerte de Quijada —difundida por su propia familia— no es un error: es síntoma. En territorios donde el crimen manda, la información también se protege como se puede, incluso mintiendo para sobrevivir. La verdad se administra con miedo.

Y el contexto político no es menor. Quijada no es una figura marginal: forma parte del Cabildo de Tecate, llegó con la planilla del alcalde morenista Román Cota Muñoz y fue directora del DIF en la administración anterior. Su esposo también tenía trayectoria en seguridad municipal y aspiraciones políticas dentro de Morena. Ambos estaban vinculados a un grupo con miras a la contienda por la gubernatura de Baja California en 2027.

Es decir: no se trata solo de violencia, sino de poder. De quién compite, quién estorba y quién puede ser eliminado en el camino. El crimen organizado no solo trafica drogas: regula territorios, influye en procesos políticos y, cuando lo considera necesario, decide quién vive y quién muere. A plena luz del día. Sin consecuencias.

Cuantos asesinatos y la mayoría sin resolver

Llevan 43,120 homicidios en 651 días; si nada cambia, este sexenio podría cerrar cerca de los 150 mil asesinatos y, aun así, el gobierno encontrará su mejor defensa en el espejo: compararse con el desastre que heredó, que a su vez ya habia heredado ciertos de miles mas.

Los números: muertos y días

• Tu tablero marca 651 días transcurridos en el sexenio y 43,120 homicidios acumulados.
• Eso da un promedio de 66 asesinatos diarios, muy por debajo de los 86.9 con los que arrancó la administración en septiembre de 2024, según cifras oficiales.
• Aun con la “caída” del 48% en homicidios que presume el gobierno, hablamos de un país donde siguen matando a decenas de personas cada día.

Un ejemplo simple: si ayer Tecate puso dos cuerpos en la estadística, el sistema solo ve un par de dígitos que alimentan ese promedio nacional de violencia letal.

El pronóstico al final del sexenio

• Un sexenio son 6 años, unos 2,190 días.
• Si el promedio actual de 66 homicidios diarios se mantuviera, poco probable, terminarían alrededor de 144,540 asesinatos en el periodo 2024‑2030.
• Si la curva oficial de reducción siguiera bajando y cerraran en un promedio de 50 homicidios diarios, aun así rebasarían los 100 mil muertos en seis años.

La narrativa será aritmética política: no se trata de dejar de matar, se trata de matar “menos” que el sexenio anterior y cantar victoria sobre una montaña de cadáveres comparada con otra más alta.

El espejo: única victoria posible

El único lugar donde este gobierno sale “mejor librado” es frente al espejo, cuando se compara con la masacre heredada de López Obrador, Peña y compañía, y se declara menos sangriento por porcentaje.

En las calles, el crimen organizado sigue decidiendo quién vive y quién muere; en las conferencias, el gobierno decide cómo acomodar los números sin contar las miles de desapariciones y asi contar la historia de que “vamos bien”.

Mientras la estadística se mueve de 86.9 a 66, a 50 homicidios diarios, la pregunta de fondo no cambia: ¿cuántos muertos se necesitan para que el Estado deje de medirse contra sí mismo y empiece a medirse contra la impunidad que gobierna el país ?

ECon información: ELNORTE/TRESEARCH /INFOBAE/

«QUE CINISMO, QUÉ IMPUNIDAD: LUGARTENIENTE de la EXTORSIÓN del CARTEL del GOLFO en REYNOSA se PRESUME TRAGANDO en el HOTEL SAFI en SAN PEDRO… con vista cosmopolita.

Desde las redes sociales —las únicas que pueden desbaratar otras redes, las delincuenciales— se exhibe a Reynaldo Villarreal Noria, alias M77, presumiendo desayuno en el Safi Metropolitan de San Pedro, un hotel de lujo, mientras en Reynosa encabeza la extorsión.

Es la postal perfecta del crimen protegido y de la autoridad pintada como decorado del lobby.

Que dicen las redes del enredo: 

REYNALDO VILLARREAL NORIA
M77 CDG

Qué descaro tu hijo aquí en Reynosa sin poder comprarle sus útiles escolares y tú en Nuevo León de vacaciones con tu amante o exesposa Estefanía Bolaños , hermana de Alexander Bolaños de Morena , gente con doble moral.

Lleno de lujos , de antro, en cabañas y San Pedro.

Para que sepas, todas las autoridades te andan buscando por la extorsión de la central de abastos.

Te exhibo así por impotencia, me dices que eres gente del Primito con tu calve pedorra M77, ojalá los señores de Reynosa sepan que eres una mugre , Rata , secuestrador , HDTPM. Mi hijo solo lleva mi apellido, perro maldito.»

En Reynosa, la Central de Abastos bajo amenaza de extorsión, pero el lugarteniente del CDG con clave M77 se da la gran vida con vista al barrio cosmopolita y el cerro de la Silla con juguito naranja incluido.

Que cinismo: comerciantes de Reynosa denunciando extorsión, y el operador del CDG M77 – ligado a las cuotas en la Central de Abastos – pasando vacaciones gourmet en Nuevo León, entre antritos, cabañas y hotel de rascacielos.

Si esto es la “estrategia contra la extorsión”, entonces el único que ve resultados es el mesero del Safi que cobra la cuenta del capo turisteando.

Mientras el ex presidiario Jesús Eduardo Govea —titular de la Fiscalía de Justicia bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal— se hace tarugo junto con su jefe, muy a pesar de las “estrategias nacionales” contra la extorsión, el presunto extorsionador desayuna buffet como si fuera conferencista invitado al Metropolitan Center.

La escena tipo película: Reynosa bajo amenaza, fiscales presumiendo operativos y la baja de funcionarios corruptos, y el Cártel del Golfo —vía M77— imponiendo cuotas y levantones rumbo a las 14 mil víctimas, pero descansando cómodamente en uno de los hoteles más caros de San Pedro.

En el guion oficial no hay extorsión en la Central de Abastos; en la vida real, el extorsionador desayuna con vista panorámica y la impunidad incluida en la reservación.

Reynaldo Villarreal Noria, señalado como M77 del CDG, exhibido en fotos de descanso cinco estrellas junto con su «querreque» mientras las víctimas en Reynosa siguen esperando que alguien les crea que la extorsión no se combate con boletines, sino con órdenes de aprehensión que se cumplan.

Pero claro, es más cómodo revisar el brunch del capo que las denuncias anónimas que Fiscalía desestima diciendo que “todo está en paz” en medio del humanismo y la transformación de un gobernador que se encamina a paso vertiginoso a una prision de EE.UU.

Con información: Medios/redes