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martes, 30 de junio de 2026

«HAGAN APUESTAS, SEÑORES: LLEGÓ al CANAL de las ESTRELLAS el TOPON de COMPAS de CABEZA de VACA y el TRUKO, PELEANDO por la DIRIGENCIA del PAN TAMAULIPAS…ni modo que gane el mejor,no hay.


En Tamaulipas, la disputa por la dirigencia estatal del PAN ya no parece democrática; parece una pelea entre amigos que fueron cómplices y hoy riñen abiertamente para ver quién puede más.

Enrique Acevedo y el noticiario En Punto de N+ Noticias se convirtieron en otro escaparate que exhibe los entresijos de este pleito.

Que dice NMAS+:

La planilla del Truko llega a la audición con José Alejandro Llana Salva en el elenco, empresario que no vende donas, sino una firma acusada en Estados Unidos de lavar dinero para el “primito” Morfín, prioridad del Tío Sam.

En el Televisa-verso, te cuentan muy serios que “una de las planillas” metió a Llana como integrante, mientras la dirigencia estatal jura al día siguiente que el señor nunca estuvo en ninguna lista, como si el registro hubiera sido un holograma.

El problema es que Empunto trae video, tiempo, forma y rostro: el momento exacto del registro, en vivo, con el PAN transmitiendo orgulloso su reality show de “dirigencia decente” sin revisar quién está sancionado o investigado al norte del río Bravo.

El topon grabado: cuando el show se vuelve evidencia

El 22 de mayo, Gloria Elena Garza y el diputado federal César Verástegui Hostos, alias el Truko, llegan al registro como si fueran a recibir premio a la “unidad” panista, y entregan su planilla con Llana Salva incluido, operador del “primito”, según el expediente gringo.

La escena queda grabada: documentos, cartas compromiso, sonrisas de campaña y la clásica cláusula moralista donde cada integrante jura decir la verdad y afirma no estar sancionado ni bajo investigación, mientras en Washington lo tienen en la mira financiera.

Es el topon perfecto: el PAN transmite en vivo el momento en que se autor-incrimina como partido que no hace due diligence, pero sí discursos sobre ética y “principios humanistas”.

Luego, cuando explota el reportaje, la fórmula Gloria–Truko recula y asegura que Llana no es miembro de ninguna planilla, como si el video fuera deepfake hecho por Morena y no material de archivo de su propia ceremonia interna.

“Ya lo quitamos”: la magia de la destitución silenciosa

La Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN confirma lo obvio: Llana fue registrado como cuarto integrante de la planilla desde el 22 de mayo.

Solo después, en un escrito que huele más a control de daños que a transparencia, cuentan que lo destituyeron tres días después… pero curiosamente se les olvidó hacer público ese detalle hasta que el reportaje les quemó el teatro.

La narrativa oficial es casi tierna: “sí lo metimos, sí firmó, sí juró verdad, sí está en el video, pero ya lo quitamos, joven, no se preocupe, su PAN está limpio”.

Lo que no dicen es que si no revienta Empunto y no circula el desplegado leal a Cabeza de Vaca, el cuarto integrante ligado a narcolavado seguiría flotando silencioso dentro de la estructura que pretende adueñarse de las ruinas azules rumbo a 2027–2028.

Fuego amigo azul: Cabeza de Vaca contra Truko

Mientras el Truko hace malabares para explicar cómo se le coló un presunto operador de huachicol y narco a su planilla, desde el otro búnker azul los “simpatizantes” leales a Cabeza de Vaca disparan carta abierta con silencioso sello texano.

Se presentan como militancia agraviada “por seguridad”, sin dar nombre ni cargo, pero con balas directas: acusan a Verástegui de no ejercer oposición firme contra el gobierno de Morena, de tibieza, complacencia y de andar demasiado intacto para el nivel de persecución que sufren otros panistas.

La pregunta que lanzan no es inocente: ¿por qué a unos los investiga el poder y al Truko lo respetan como si trajera salvoconducto?.

En clave interna la traducción es brutal: si tú estás limpio, es porque algo negociaste; el fuego amigo no sugiere, sentencia que hay acuerdos con el gobierno morenista, y que la planilla Gloria–Truko es más un puente que un muro de oposición.

El narco en la boleta y el daño a la marca PAN

El caso Llana Salva es la bomba reputacional que conecta el membrete de Acción Nacional con narco–terrorismo, huachicol y lavado de dinero, justo cuando el partido intenta venderse como alternativa ética a Morena.

Aunque en los papeles digan que lo sacaron a los tres días, el simple hecho de que su nombre haya pasado por la planilla oficial, con transmisión en vivo y firma de carta compromiso, ya perforó la credibilidad de la fórmula y dejó al PAN como marca tóxica para cualquiera que quiera jugar limpio.

La otra planilla —la del establo cabezaváquiano— le pide al CEN del PAN que investigue la posible entrada de recursos ilícitos provenientes del contrabando de combustible antes y durante la elección interna.

Ahí se rompe el decorado: ya no hablan de diferencias ideológicas, sino de dinero manchado, cajas negras y huachicol financiando guerras de facciones azul contra azul.

Guerra de facciones: depuración o espectáculo

En su versión más solemne, la carta abierta dice que esto es por “rescatar la credibilidad” de Acción Nacional y evitar que el partido siga perdiendo confianza entre la ciudadanía.

En realidad, como sugiere nuestra editorial de Valor Tamaulipeco, lo que vemos es canibalismo panista made in Tamaulipas: cada impugnación, cada desplegado, cada audio filtrado es munición para exhibir basura ajena sin entender que queman la misma casa.

El resultado: un PAN que ya no discute cómo enfrentar a Morena, sino quién se queda con las ruinas, el membrete y las candidaturas del 2028 para negociar desde ahí con el poder que supuestamente detesta.

Entre Cabeza de Vaca y el Truko no hay proyecto, hay pleito: dos amigos–cómplices reclamando la administración de un partido agujereado por narco–señalamientos, huachicol y acuerdos sospechosamente suaves con el gobierno que dicen combatir.

Con informacion : EN PUNTO/ENRIQUE ACEVEDO/NMAS+ Noticias/

«ENTONCES PROCESEN a la DOCTORA: PRIETO HABLA de la JUSTICIA Vs PANISTAS en TAMAULIPAS SIN HABLAR de HIJO y ESPOSA de AMERICO ACUSADOS por EMPRESARIO»…que pide eso,Justicia.


Al afirmar que cualquier investigación por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos debe desarrollarse conforme a derecho, sin distinciones políticas, Humberto Prieto Herrera fijó su postura sobre el proceso que enfrenta Yahleel Abdala Carmona, exsecretaria de Bienestar Social bajo el gobierno panista De Francisco Javier García Cabeza de Vaca,a quien solo identifica como YAC, citando: “si hay delito que se pague”, y a la vez descartó que se trate de una persecución política.

El contraste brutal es este: mientras el expanista neomorenista,Humberto Armando Prieto Herrera ,lider de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas dominado por Morena, pero dominados por el gobernador, posa de apóstol de la legalidad, la red de moches, extorsiones y favores alrededor del hijo prodigo del Gobernante apodado el “Ameriquito” y compañía sigue intocada, blindada por la esposa del mandatario María de la Luz Santiago Diez de Bonilla, el mismo sistema que él dice combatir.

El discurso hipócrita de Humberto Prieto

Cuando Prieto dice “si hay delito, que se pague”, no está hablando de justicia: está leyendo el guion del gobernador acusado por EE.UU de diversos delitos, desde «delitos por Huachicol hasta corrupcion».

Aquí Prieto, como su conciencia,trata de salvar la cara del Congreso sometido a Morena y a la voluntad de Américo Villarreal. La frase suena muy bonita mientras se dirige a un caso donde el aparato ya decidió a quién cargarle todo el peso del Estado; es justicia selectiva, con destinatario previo.

El Presidente de la Junta de Gobierno vende la idea de que la ley es pareja, pero la propia historia reciente de Tamaulipas lo contradice: hay denuncias, nombres, montos, operadores y hasta modus operandi documentados… y nadie de ese círculo está siendo llevado a audiencia ni a imputación formal. 

Es la clásica doble moral institucional: golpean al criticado y protegen al que reparte despensas, contratos y moches.

La red de moches que el Congreso finge no ver

El empresario Israel Valdez ha relatado, en entrevistas nacionales, que el operador financiero de “Ameriquito”, Felipe Salinas Mansur, le exigió un “moche” de 110 millones de pesos para poder participar en un contrato de 541 millones por despensas. De esos 110 millones, según su testimonio, 80 se quedarían para el hijo del gobernador y 30 en efectivo para los operadores, incluyendo lo que se describe como estructura morenista.

Tras negarse a pagar, el aparato estatal se activó no para investigar la extorsión, sino para inventarle un proceso, acusarlo de falsificación y daño al erario, y ponerlo frente a una pena de hasta 17 años de cárcel con una multa de 162 millones. Es decir: el mensaje para los empresarios es claro, si no aceptas el moche, la Fiscalía Anticorrupción y el poder judicial se convierten en garrote político, como cita también Hector de Mauleon para EL UNIVERSAL.

En otro video, el mas reciente publicado por el empresario,se sintetiza esa radiografía: “el operador de su hijo Felipe Salinas Mansur me pidió 110 millones de pesos de moche, al no prestarme armaron todo este caso”, y remata preguntando si su proceso lo manejan Salinas y Jorge Veas, ambos señalados en múltiples notas por corrupción. No es un pleito de grilla: es una denuncia frontal de captura de instituciones por una red de intereses económicos.

La intervención de la esposa del gobernador

La primera dama de Tamaulipas, María de la Luz Santiago de Villarreal, no aparece solo en la foto oficial: aparece incriminada en las historias de presión, soborno y “arreglo” fuera de la ley. El empresario la señala que lo buscó directamente para convencerlo de desistir, ofreciendo contratos como moneda de cambio.

Esa intervención, lejos de ser un gesto institucional, es la fotografía de la impunidad: la esposa del gobernador jugando a mediadora en una trama donde el hijo está señalado por extorsión y sus operadores aparecen como cobradores de moches en todas las dependencias del gobierno. Si la Fiscalía Anticorrupción admite que investiga al empresario y no a la red que lo habría extorsionado, lo que tenemos no es combate a la corrupción, sino persecución del denunciante.

El contraste con el discurso de Prieto es brutal: mientras él suelta frases de “que se pague el delito” en abstracto contra una panista de otro gobierno rival politico pero enemigo de facto, el entorno más cercano del gobernador –esposa, hijo y operadores– navegan sin siquiera ser citados a declarar por las acusaciones directas y detalladas que se han hecho en medios nacionales.

La Fiscalía Anticorrupción como garrote selectivo

La llamada Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, en este entramado, aparece no como contrapeso, sino como brazo ejecutor de la estrategia de castigo contra quienes se niegan a entrar en el juego del moche. Testimonios y notas describen cómo, tras la negativa del empresario a pagar 110 millones, se activa una serie de investigaciones y medidas que lo arraigan y lo colocan bajo asedio institucional.

Al mismo tiempo, los señalamientos contra los operadores de Ameriquito –Felipe Salinas, Jorge Luis Beas, Francisco de Jesús Justiniani, y otros cercanos como Carlos Ernesto Orozco Morales– se acumulan: extorsión, intimidación, moches de sueldos, vínculos con cárteles y uso del aparato estatal para cobrar cuotas. Todo esto con denuncias, documentos y testimonios públicos, pero con una notable ausencia de imputaciones formales y medidas cautelares contra ellos.

Frente a esa radiografía, la frase de Prieto se vuelve profundamente cínica: “si hay delito, que se pague” sirve solo para los enemigos del sistema; los delitos que se describen dentro del círculo del gobernador se administran en la recámara política, no en los tribunales.

Por qué todos los señalados deben ser investigados y procesados,inlcuida la esposa del mandatario

  1. Felipe Salinas Mansur
    • Señalado como operador financiero de Ameriquito y como quien exige el “moche” de 110 millones al empresario para destrabar un contrato de despensas.
    • Su papel central en la negociación y posterior represalia configura indicios de extorsión, cohecho y posible asociación delictuosa, suficientes para abrir carpeta formal, cateos, aseguramiento de cuentas y citación como imputado, no como actor político protegido.
  2. Américo Villarreal Santiago (“Ameriquito”)
    • Hijo del gobernador, señalado no solo como beneficiario de los 80 millones del moche, sino como jefe de una estructura que recaudaba cuotas mediante contratos y cobros coordinados con dependencias estatales.
    • Al estar su nombre en denuncias públicas y entrevistas nacionales, y ligado a esquemas de extorsión y presuntos vínculos con cárteles vía operadores, la omisión de investigarlo mina la credibilidad de cualquier discurso de legalidad que salga del Congreso.
  3. Jorge Luis Beas
    • Referido como representante legal del gobierno y esposo de Tania Contreras, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, que se acercó “a negociar” tras la demanda del empresario en el Tribunal de Justicia Administrativa y el fallo favorable de este último.
    • Su rol en la transición del conflicto contractual a una persecución penal sugiere posible abuso de autoridad, tráfico de influencias y participación en una represalia institucional contra un denunciante, lo que amerita investigación autónoma y sin línea del Ejecutivo.
  4. Francisco de Jesús Justiniani y otros operadores
    • Nombrado entre los operadores de Ameriquito que participan en la red de intimidación y moches, junto con otros perfiles incrustados en el gobierno como intermediarios entre el cártel y la autoridad.
    • Por los señalamientos de extorsión sistemática y cobro de cuotas que tambien controla Ameriquito en áreas como COEPRIS y Auditoría de Comercio Exterior, deben ser sujetos de investigación integral: patrimonial, fiscal y penal, no solo “trascendidos” sin consecuencias.
  5. María de la Luz Santiago / Ma. Santiago de Villarreal
    • Señalada por buscar al empresario denunciante para “arreglar” el tema con contratos, lo que implica el uso de la posición de primera dama para favorecer intereses familiares y políticos.
    • En un Estado de derecho, esa intervención no se resuelve con silencio institucional: se requiere investigación por posible cohecho, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, dado que el objetivo era frenar una acusación contra su hijo.
  6. Funcionarios cercanos como Carlos Ernesto Orozco Morales
    • Acusado de mochar sueldos de personal desde 2022, de operar como enlace con estructuras criminales y de coordinar mecanismos de extorsión desde la Secretaría General de Gobierno.
    • La suma de señalamientos —moches, vínculos con cárteles, protección política— hace inexcusable que continúe sin investigación sólida, mientras el Congreso presume combate a la corrupción y aplaude el discurso de “que se pague el delito”.

En todos los casos, hay elementos mínimos de probabilidad delictiva: denuncias públicas, montos, estructuras, contratos, nombres de dependencias y testimonios repetidos en distintos medios nacionales y locales. La no apertura de procesos formales contra ellos, frente al ensañamiento contra el empresario denunciante, confirma que la ley en Tamaulipas opera con dos pesas y dos medidas: dura con el que denuncia, blanda con el que reparte moches y controla el aparato.

Bajo este contexto, cada frase de Humberto Prieto funciona como un espejo invertido de este sistema: desnuda la hipocresía del discurso y contrasta su consigna de “que se pague el delito” con la lista de nombres, montos y mecanismos que siguen blindados por un poder político prostituido e inmoral, incluso por la propia esposa del gobernador.

Imposible con un Fiscal General de Justicia asi: 

Con información: @Redes/ La Expresion/

«BIEN HECHO será MEJOR que BIEN DICHO: TRUMP MANTIENE PRESIÓN a NARCOPOLÍTICOS a DOS MESES de PROTECCIÓN PRESIDENCIAL a ROCHA MOYA…podemos demorar la agonía, pero no evitarla.


La escena narcopolitica es simple y escandalosa: un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, acusado en Nueva York de hacer mancuerna con el Cártel de Sinaloa y dos mas, Americo Villarreal de Tamaulipas y Alfonso Durazo de Sonora, investigados por «Huachicol,corrupción y ligas con el crimen organizado, mientras la Presidencia mexicana se indigna más por la “injerencia” de Washington que por la pestilencia de narcopolítica que sale de su propio patio. 

No es un malentendido diplomático, es el retrato de un sistema que se acostumbró a convivir con el crimen organizado y ahora se ofende porque alguien afuera se atreve a decirlo en voz alta.

El gobernador bajo sospecha

La acusación federal en Estados Unidos no habla de chismes: describe una conspiración de diez funcionarios de Sinaloa —incluido el gobernador, un senador y un alcalde— para proteger operaciones del cartel, abrir la puerta al trasiego de droga y cerrar la de la justicia, a cambio de sobornos y apoyo electoral. 

Rocha responde con el clásico libreto del político cercado: “carece de veracidad y fundamento” y todo se reduce, según él, a un intento extranjero por dañar la soberanía y al movimiento en el poder. El problema es que mientras él se declara víctima, los fiscales detallan pagos, favores y blindaje político al aparato criminal que lleva años sembrando muertos en su estado.

El gobierno federal y la comodidad de la duda

Claudia Sheinbaum, desde Palacio, elige el terreno más cómodo: cuestiona las pruebas de Estados Unidos y denuncia el supuesto uso “político” de las imputaciones, antes que admitir que tiene a un gobernador de su partido formalmente acusado por narco en una corte neoyorquina. 

En lugar de marcar distancia, articular un mensaje de tolerancia cero y ordenar una investigación profunda, la respuesta es condicionar cualquier extradición a que Washington presente evidencias “claras”, como si el punto fuera defender a Rocha y no a la ciudadanía que vive secuestrada por la violencia. El discurso de la no injerencia extranjera se vuelve coartada perfecta: se agita la bandera nacionalista para no mirar de frente el hecho de que el narco se sienta a la mesa con el poder político, y que Sinaloa no es una excepción sino un síntoma.

La relación con EE UU al límite

Para Estados Unidos, esto no es un capricho diplomático: es la acusación contra un gobernador en funciones por proteger a la facción de Los Chapitos mientras toneladas de droga cruzan la frontera. 

Para México, la narrativa oficial intenta reducirlo a un exceso de Washington, una presión del gobierno de Trump que raya en el abuso, pero convenientemente omite que la imputación ya pasó por gran jurado y se tradujo en solicitud de arresto y extradición. La relación bilateral entra en un punto de quiebre no tanto por la dureza del norte, sino porque el sur no puede —o no quiere— explicar por qué un gobernador morenista aparece descrito en una acusación de narco como parte del engranaje, no como víctima.

Soberanía, narcopolítica y simulación

En el discurso se defiende la soberanía; en la práctica se protege a un político bajo sospecha mientras se insiste en que todo se aclarará “en su momento oportuno”. Se duda de testigos anónimos y se ridiculizan fotos de hojas arrugadas con supuestos pagos, pero nadie en el poder se atreve a decir con todas sus letras que si hay un gobernador negociando con el narco, el problema no es Estados Unidos, es México. 

La narcopolítica no se erradica con comunicados patrióticos ni con la indignación selectiva ante el vecino incómodo; se enfrenta desmontando pactos locales de impunidad, empezando por los que hoy mismo ocupan oficinas y firman documentos con el escudo nacional en la pared.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ZEDRIK RAZIEL/

A «MI NO ME VA PASAR NADA ?: LLEGA a la PRENSA ESPAÑOLA el ESCANDALO de CUATE de SHEINBAUM GOLPEANDO su ESPOSA FRENTE a su HIJO»…ambos son físicos,ex-compañeros de la escuela.


“A mí no me va a pasar nada”, repetía Víctor Rodríguez Padilla con la seguridad de quien se sabe intocable: entonces todavía mandaba en Pemex, la joya petrolera del Estado. Se lo decía a su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, doctora en Ingeniería Nuclear, mientras en la práctica lo que ejercía era violencia física, psicológica y económica contra ella y sus dos hijos. El poder como escudo, la casa como campo de batalla.

La historia dejó de ser privada la noche del jueves pasado, cuando Jiménez subió a redes un video incómodo de ver: Padilla forcejeando con ella, golpeándola dentro de su propio hogar, mientras su hijo de cinco años presencia la escena y huye. Tres días tardó la presidenta Claudia Sheinbaum en reaccionar públicamente. Y cuando lo hizo, lo primero fue marcar distancia: que el supuesto nuevo cargo de Padilla en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) no estaba autorizado. Que sí, que “lo íbamos a nombrar”, pero que ella no había firmado nada.

El problema es que el INEEL ya lo había presentado en sociedad desde el 1 de junio. Hubo ceremonia, hubo comunicado y hubo elogios: más de 40 años en el sector energético, experto reconocido, académico de alto nivel. Todo muy institucional, todo muy impecable… salvo por el pequeño detalle de que el nombramiento ahora resulta que no existía oficialmente.

Mientras tanto, la violencia venía de atrás. Según el testimonio de Jiménez, comenzó en 2022, apenas dos años después del matrimonio. Él, mayor de 60; ella, en sus treinta. Al principio, dice, todo era “color de rosa”. Luego vinieron las agresiones: económicas, psicológicas y al menos tres episodios de violencia física, el último documentado en marzo, el que detonó la solicitud de divorcio y la salida de Padilla de la casa.

El aparato institucional tampoco salió bien librado. La Secretaría de las Mujeres —que lleva meses operando sin titular formal tras la salida de Citlalli Hernández— reaccionó 24 horas después del video con una tarjeta informativa prometiendo contacto y protección. En el papel, todo correcto. En la realidad, para el domingo la víctima seguía sin seguridad y con miedo a represalias.

La ironía es gruesa: una secretaría presentada como emblema del Gobierno de la primera mujer presidenta, pero descabezada, lenta y rebasada en un caso emblemático. Y para completar el cuadro, la nueva titular designada, Laura Itzel Castillo, ni siquiera puede asumir aún porque sigue ocupada en el Senado hasta septiembre.

Los vínculos tampoco ayudan a disipar dudas. Padilla y Castillo trabajaron juntos entre 2022 y 2024 en el Consejo de Administración de Pemex. De hecho, Sheinbaum llegó a destacar esa cercanía cuando lo nombró en 2024: “Víctor conoce Pemex… fue asesor de Laura Itzel Castillo…”. Hoy esa red de relaciones luce menos como mérito y más como conflicto incómodo.

Y por si faltara cinismo, el propio Padilla firmó el 11 de marzo —todavía como director de Pemex— un pronunciamiento de “cero tolerancia” al acoso y la violencia. Según el boletín, en la empresa “no hay lugar” para esas conductas y se promueve una cultura de respeto e igualdad. El papel aguanta todo. La realidad, no tanto.

El caso también reabre una herida política más amplia: la selectividad moral de Morena. Cuando los acusados están en la oposición, la condena es inmediata. Cuando son propios, el silencio pesa. Ahí están los ejemplos: Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de intento de violación, protegido por su bancada que frenó su desafuero. Félix Salgado Macedonio, con múltiples señalamientos por abuso sexual, cuya carrera política sigue prácticamente intacta.

Incluso dentro del propio partido lo han reconocido. Citlalli Hernández lo dijo sin rodeos: el costo político de estos casos suele cargarse a las mujeres, mientras las estructuras partidistas se hacen las ausentes.

La lista no termina ahí. Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, arrastra acusaciones de hostigamiento sexual y dejó perlas de desprecio público, como cuando se refirió a la actual gobernadora con tono condescendiente recordando su pasado como “meserita”. Todo esto antes de salir del cargo en medio de señalamientos más graves, incluidos presuntos vínculos con el narco.

Y pese a todo, el partido que llevó a la primera mujer a la presidencia no ha impuesto sanciones públicas claras contra estos perfiles. Mucho discurso de igualdad, pero a la hora de tocar a los propios, la mano tiembla… o simplemente no aparece.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE/

lunes, 29 de junio de 2026

«NO SIRVEN: DESTACAN FRACASO «GENERALIZADO» de FUERZAS ARMADAS con PLACA de POLICÍAS»…la Defensa los impone, se coaligan con el crimen y luego los niegan.


El probable asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz volvió a poner bajo escrutinio el modelo de seguridad que impera en el país. Las primeras líneas de investigación apuntan a la participación de policías municipales en su secuestro. Ocurrió en un estado donde la seguridad pública está bajo la conducción del vicealmirante Alfonso Reyes Garcés y donde la coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales forma parte del modelo impulsado por la Federación.

La estrategia que fue ideada primero por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum ha sido un fracaso. Al corte de junio de 2026, 14de las 32 entidades tienen al frente de sus corporaciones a integrantes de las Fuerzas Armadas. Siete provienen del Ejército y siete de la Marina. Nunca antes había existido una presencia tan amplia de generales, almirantes y capitanes tomando decisiones sobre la seguridad pública local.

Los resultados, sin embargo, han sido adversos. De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el inicio del sexenio de López Obrador han sido asesinados 57 periodistas, de los cuales 47 ocurrieron entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, y 10 durante el gobierno de Sheinbaum. Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, acumula ocho periodistas asesinados desde 2018. Veracruz, primero con Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, suma siete y continúa siendo la entidad con el mayor número histórico de periodistas asesinados desde el 2000.

Las reacciones políticas han sido desafortunadas e indolentes. La gobernadora Rocío Nahle pidió no asumir que el homicidio esté relacionado con su actividad periodística. Es una postura que recuerda respuestas similares frente a otros asesinatos de comunicadores que posteriormente sí fueron reconocidos por organismos nacionales e internacionales como ataques vinculados al ejercicio de la profesión. En Sonora, Durazo ha sostenido que la violencia contra periodistas responde al contexto criminal del estado. Lo cierto es que dos entidades que más han apostado por la coordinación con las Fuerzas Armadas —Sonora también tiene a un mando naval al frente de la seguridad con Braulio Martínez Navarrete— concentran el mayor número de periodistas asesinados del país durante la era de la llamada 4T.

La organización México Evalúa ha documentado que los estados encabezados por mandos militares presentan, en promedio, tasas de homicidio superiores a las de aquellos dirigidos por perfiles civiles o policiales. 

No demuestra que los generales o almirantes sean la causa de la violencia, pero sí desmonta la premisa de que su sola presencia produzca mejores resultados.

El caso más ilustrativo es Sinaloa. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa provocó el mayor deterioro de la seguridad en décadas. En medio de esa crisis fue relevado el general Gerardo Mérida Sánchez, quien posteriormente enfrentó acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Su lugar fue ocupado por otro general, Sinuhé Téllez López.

El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció públicamente que ese nombramiento se realizó a propuesta del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

Hace apenas unas semanas, al ser cuestionado sobre los señalamientos contra Mérida Sánchez, Trevilla respondió que la Defensa “no tiene nada que opinar” porque los secretarios de Seguridad son decisión de los gobiernos estatales. Formalmente tiene razón. Jurídicamente los nombramientos corresponden a los gobernadores. Pero en la práctica ocurre algo distinto. La opinión de la Secretaría de la Defensa o de la Marina suele convertirse en una recomendación difícil de rechazar, como el propio caso de Sinaloa terminó confirmando.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general Trevilla encabezan instituciones con una influencia inédita en la seguridad nacional. Bajo su órbita operan la Guardia Nacional, puertos, aduanas, inteligencia y una parte creciente de la seguridad pública estatal. El problema es que la concentración de responsabilidades no ha venido acompañada de resultados equivalentes. Veracruz, Sonora, Sinaloa, Colima, Morelos y otras entidades han mantenido mandos militares o navales mientras mantienen altos niveles de violencia, homicidios, desapariciones o agresiones contra periodistas.

Es el fracaso de las Fuerzas Armadas en la seguridad de los estados.

Fuente.-@MarioMal./ELUNIVERSAL+