En Durango, el Estado mexicano volvió a presumir músculo: tres inmuebles asegurados, 46 vehículos —incluyendo tractocamiones para combustible— y un arsenal digno de zona de guerra, todo atribuido a la facción del Cártel de Sinaloa alineada con el “Mayito Flaco”. La operación, dicen, fue producto de inteligencia militar y del intercambio de información con Estados Unidos. Traducido: hubo mapa, hubo tiempo, hubo coordinación… pero no hubo capturas,ni un solo detenido. Cero. Puro fierro incautado, ningún fiero presentado.
El patrón ya es viejo: se golpea la logística, no a los operadores. Se decomisa la herramienta, no al que la usa. Se incauta la infraestructura criminal, pero los cuadros humanos —los que ordenan, coordinan y reemplazan— simplemente no aparecen en la foto.
Y eso no ocurre en el vacío. Este operativo se da en medio de una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, donde la facción del “Mayito Flaco”, respaldada por los Cabrera Sarabia en Durango, enfrenta a Los Chapitos. En paralelo, Estados Unidos recalienta recompensas y presión internacional, mientras en territorio mexicano se multiplican los aseguramientos sin detenidos, como si el objetivo fuera mover piezas en el tablero y no sacar jugadores del juego.
Porque eso es lo que parece: un enroque. Se golpea a una facción en momentos clave, se reacomodan fuerzas, pero sin desarticular realmente las estructuras. El Estado actúa, sí, pero selectivamente y con efectos que terminan siendo más tácticos que estratégicos.
Los números oficiales son contundentes: miles de armas, toneladas de droga, millones en efectivo… pero la pregunta incómoda sigue intacta: ¿cuántos liderazgos reales han sido neutralizados en proporción a ese volumen de decomisos?
La respuesta, al menos en este caso, es brutalmente simple: ninguno.
Mucho operativo, mucha foto, mucho boletín… pero en el fondo, la misma constante: se incauta el fierro, pero el fiero sigue operando y parece ser una sospechosa constante nacional.
Ahí va el marcador más reciente de TRESEARCH al cierre del jueves 25 de junio de 2026: 42,181 homicidios acumulados en lo que va del sexenio 2024-2030, con un promedio de 67 muertos diarios y 41 registrados tan solo el día anterior. Son 632 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Hagan las cuentas del resto del sexenio solos, que la calculadora llora.
El Estadio Azteca no les alcanza
Para quienes necesitan visualizar la magnitud, aquí va la analogía más mexicana posible: el Estadio Azteca —el glorioso Coloso de Santa Úrsula, recién remozado para el Mundial— tiene capacidad para 87,000 espectadores. Los 42,181 muertos del sexenio sheinbaumista equivalen exactamente a llenar el 48.5% del Azteca. La mitad del estadio. Nada más que en lugar de portar playeras de la selección, todos en posición fetal.
Para que la imagen sea completa: si juntamos los muertos del sexenio anterior de López Obrador —más de 202,000 homicidios en seis años terribles años — llenarías el Azteca más de dos veces completas y todavía quedarían 80,181 muertos sobrando buscando dónde sentarse. Eso sí es un récord olímpico.
Comparémonos con el mundo mundial
Por si el Azteca no convence, comparemos con referencias internacionales:
Zonas de guerra activa: En 2016, México con sus 23,000 homicidios anuales ya superaba a Irak (17,000) y Afganistán (16,000), convirtiéndose en la segunda zona más letal del planeta después de Siria, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Sin ejércitos invasores, sin bombas de racimo, con pura «estrategia de seguridad».
Ciudades más violentas del mundo: En el ranking 2025, 17 ciudades mexicanas figuran entre las 50 más violentas del planeta — más que ningún otro país. Colombia tiene 8 y Ecuador 7. Campeón sin trofeo.
Culiacán llegó al sexto lugar mundial con una tasa de 103.91 homicidios por cada 100,000 habitantes. Singapur tiene 0.12. Solo para dimensionar.
El ahorro de formol que se presume (y lo que no se dice)
Ahora sí, el número estrella del gobierno: el secretario Omar García Harfuch y la presidenta Sheinbaum celebran que los homicidios «bajaron 45%» — de 91.7 diarios en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026. Aplausos, confeti, mañanera de gala.
El truco, denunciado puntualmente por Valor Tamaulipeco, es tan sencillo como elegante: si no aparece el cuerpo el mismo día, no cuenta como homicidio. Los desaparecidos que aparecen meses después en una fosa clandestina dejan de ser «desaparecidos»… pero tampoco entran al conteo diario de homicidios. Se convierten en una categoría burocrática de lujo: «restos localizados». Fuera del radar. Fuera de la estadística. Fuera de la narrativa presidencial. Eso sí es administración pública de alto nivel.
Curioso, ¿verdad? Bajas los homicidios en el papel y subes las desapariciones en la realidad. Cambias la forma de contar, no la violencia.
72,000 cuerpos sin nombre: el inventario que nadie quiere auditar
Y aquí viene el dato que destroza cualquier narrativa oficial de «récord histórico a la baja»: México tiene actualmente más de 75,000 cuerpos y restos humanos sin identificar embodegados en sus servicios médicos forenses, además de más de 4,500 fosas clandestinas con más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos registrados.
La ONU lo dice con todas sus letras: las desapariciones en México podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
La capacidad máxima de los anfiteatros del país es para apenas 15,000 cadáveres, pero en 2024 los servicios periciales recibieron más de 100,000 cuerpos. ¿El formol? Escasea. ¿Las cámaras de refrigeración? Desbordadas. En Culiacán, los cuerpos esperan entre 24 y 36 horas sin ser analizados; cuando finalmente los abren, ya tienen larvas y olores insoportables. Viva la austeridad republicana.
La aritmética del horror tiene truco
El mecanismo es el siguiente, explicado con la claridad de quien no tiene que ganar una mañanera:
Una persona desaparece → entra al registro de desaparecidos, no al de homicidios
Semanas o meses después aparece en una fosa → ya no es «desaparecido»
Pero tampoco cuenta como homicidio del día → se convierte en «restos localizados»
Resultado en el indicador oficial: menos homicidios ese día
Resultado en la realidad: una familia destrozada y una fosa más
Así funciona la magia estadística harfuchiana. Y así es como se puede presumir «el nivel más bajo desde 2016» mientras la ONU te señala por desapariciones forzadas que podrían ser crímenes de lesa humanidad y los colectivos de madres buscadoras encuentran más cuerpos que las propias fiscalías,— como ocurrió en Baja California Sur, donde los colectivos localizaron 140 cuerpos en 103 sitios clandestinos.
El número que no cabe en ninguna mañanera
42,181 muertos en 632 días equivalen a una catástrofe de dimensiones bíblicas que ningúna grafiquita de palacio nacional puede disfrazar. Es como si cada día del gobierno de Sheinbaum muriera el equivalente a un avión lleno de pasajeros. Todos los días. Sin parar. Un Airbus A320 completo de muertos, cada 24 horas.
Y eso es solo lo que aparece en el conteo oficial. Los 75,000 sin identificar en los SEMEFO, los 135,255 desaparecidos, los muertos de las fosas que no cuentan el día que los entierran ni el día que los desentierra una madre con las manos — esos están en el limbo estadístico más conveniente que ha conocido la historia moderna de México.
María Felicia Jiménez decidió quitarle el maquillaje al discurso oficial y exhibir, sin filtros, a otro ejemplar incómodo del ecosistema 4T: Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex, acusado por su propia esposa de una cadena de agresiones que incluyen golpes y hasta intentos de asfixia.
No es mala leche de la oposición ,ni “campaña” de intervenciónismo de la ultradereha gringa,como suelen decir cuando algo incomoda: hay video. Cámaras domésticas que captaron lo que durante cuatro años —según ella— fue la norma detrás de la fachada del funcionario “intachable”.
El episodio ocurrió el 15 de marzo en Morelos, cuando el personaje todavía despachaba con poder. En las imágenes no hay ambigüedad: acorralamiento, jaloneos, golpes, manos al cuello y un intento sistemático de someterla mientras ella intenta, inútilmente, dialogar y defenderse.
La víctima lo dijo sin rodeos: no ha denunciado. ¿La razón? La vieja constante en México: enfrentarse al poder cuando el agresor tiene apellido, cargo y narrativa pública de hombre “respetable”. “Nadie me creería”, le repetía él. Hasta que las cámaras dijeron lo contrario.
Y del lado institucional, el libreto de siempre. Rodríguez Padilla, muy institucional, “dispuesto a colaborar” con las autoridades. La Presidenta, en gira, optando por el guion mínimo: “que se investigue” y “si ella quiere denunciar, que denuncie”. Ni una condena clara, ni una postura firme frente a un caso documentado de violencia brutal. Todo envuelto en el discurso de “tiempos de mujeres”, pero con respuestas que suenan a trámite.
Que dice la lógica jurídica:
Aquí hay un dato incómodo para el guion oficial: este no es un asunto de voluntad, es de ley.
En México, la violencia familiar y las lesiones —más aún cuando hay indicios de intento de asfixia— son delitos que se persiguen de oficio, no por simple querella. Es decir, no dependen de que la víctima “quiera” denunciar para que el Estado actúe. Basta la existencia de indicios, y en este caso sobran: un video, un testimonio directo y una narrativa consistente de agresión reiterada.
Un fiscal medianamente competente no esperaría a que la víctima cruce la puerta con una denuncia en la mano; abriría carpeta de investigación de inmediato. Porque cuando hay violencia física documentada, el Estado no “acompaña”: interviene.
Sostener que “si ella quiere denunciar, que denuncie” no es neutralidad institucional, es deslindarse de una obligación legal básica. En términos claros: no es un favor, es un deber.
Y si aún con video, evidencia y exposición pública la autoridad decide esperar… entonces el problema ya no es solo el agresor. Es el sistema que le sigue dando margen.
El contraste es incómodo: mientras el relato oficial presume avances, la realidad muestra a una mujer golpeada durante minutos, pidiendo aire y auxilio, frente a un agresor que actuaba con la confianza de quien se sabe protegido por algo más que cuatro paredes.
Otra historia donde el poder no solo administra petróleo… también silencio.
Una semana tras los terremotos de septiembre de 1985, un artículo editorial de EL UNIVERSAL señaló que el siniestro fue la única manera en que México descubrió el extremo al que llegaban las autoridades con el abuso policiaco en CDMX.
A los damnificados se sumaron las víctimas, con signos de tortura, que aparecieron entre los escombros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), organismo que precedió a la actual Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
En este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Mochilazo en el Tiempo retoma la cobertura que hicieron EL UNIVERSAL y EL GRÁFICO sobre el rescate de cuerpos que no perdieron la vida por el siniestro, sino por tortura, corrupción y abuso de poder.
El primer cuerpo era de un abogado
La mañana del miércoles 25 de septiembre del 85, el reportero Guillermo Valencia publicó una nota sobre el caso de Saúl Ocampo Abarca, un abogado penalista que desapareció la noche del jueves 12 de septiembre, justo siete días antes del terremoto.
En 1985, los judiciales impidieron a la prensa acercarse al derrumbe. Esta imagen del edificio de la PGJ es de 2017, cuando la marquesina del llamado «búnker» se desplomó durante la madrugada. Archivo EL UNIVERSAL.
El cadáver del abogado apareció tras el sismo, durante las labores de rescate, en el colapsado edificio de la entonces PGJDF, sobre la calle Gabriel Hernández (hoy calle Digna Ochoa) de la colonia Doctores, en condiciones por demás alarmantes:
“El cuerpo de Ocampo Abarca apareció maniatado, amordazado y encajuelado dentro de un vehículo localizado bajo los escombros de lo que fuera la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el pasado domingo”, expuso Valencia.
Guillermo Valencia agregó que el entonces director de la Policía Judicial del DF, Raúl Melgoza Figueroa, declaró que “ese cadáver no apareció aquí, estaba encajuelado en un vehículo encontrado en la colonia Roma; estamos investigando”.
Cuando el reportero preguntó en qué calle de la Roma lo habían hallado, el funcionario no tuvo una respuesta; además, un portero presente en la escena afirmó que un ingeniero y varios empleados de la ICA (que participaron como rescatistas en la zona) comentaron haber visto el cuerpo directamente entre los escombros del edificio.
Tras el sismo de 1985, miles de personas perdieron la vida en los derrumbes, pero el caso de la PGJDF resaltó porque algunos cuerpos tenían aparantes señas de tortura. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
Melgoza Figueroa permaneció mudo mientras otros entrevistados le recordaron que un perito del Servicio Médico Forense (SEMEFO) opinó “ése es un trabajo de judiciales”.
Es decir, había dos versiones de los hechos. Las autoridades afirmaban haber traído un muerto maniatado y encajuelado, sólo para dejarlo encajuelado -afuera de la Procuraduría- desde el domingo 15 de septiembre.
Mientras tanto, los propios rescatistas y otros testigos relataban que Saúl Ocampo yacía bajo escombros de las instalaciones de la PGJDF. Al mismo tiempo, Guillermo Valencia reportó que el abogado había recibido amenazas de muerte antes de su desaparición.
Luego de saberse lo anterior, varios abogados demandaron una investigación a fondo, pero además resaltaron que si los responsables eran parte de la propia Policía Judicial, “esto confirmaría las denuncias de mucha gente, en el sentido de que en la Procuraduría capitalina utilizan los métodos de la DIPD para desaparecer personas que les estorban”.
El único posible móvil que se identificaba era el apoyo del penalista a los movimientos de los trabajadores en la Unidad de Producción Agropecuaria, según dijo su viuda, Yolanda Raya de Ocampo.
La mayoría de los rescatistas que prestaron su ayuda en 1985 eran los mismos vecinos o trabajadores de las zonas de desastre. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
La cobertura de Guillermo Valencia cerraba con la negativa de las autoridades a hablar de la presunta investigación que tenían en curso, como la calle en que encontraron al muerto, con respuestas como “no la conozco” y “la tenemos en el expediente y no la recuerdo de momento”.
Cadáveres de extranjeros torturados y detenidos de forma arbitraria
Al día siguiente de la noticia sobre el caso de Saúl Ocampo Abarca, la primera plana de este diario informó: “Más cuerpos torturados bajo lo que fue la PGJDF”, pero esta vez con el agravante de que todo apuntaba a la detención arbitraria de extranjeros.
Se trataba de más de diez colombianos aprehendidos en los “separos especiales” del edificio conocido hasta la fecha como “el búnker de la PGJ”. Dos de los presos, uno menor de edad, perdieron la vida dentro del inmueble y varios presentaban señas de tortura.
Identificar las pérdidas humanas fue una prioridad de los rescatistas tras el sismo, pero en muchos casos pasaron días de trabajo pesado en los derrumbes antes de acceder a los cuerpos. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
De nuevo la situación era por demás sospechosa, pues a Juan Antonio «Johnny” Hernández Valencia, estudiante de 17 años, lo mandaron a los “separos especiales” tras detenerlo en la riña de una discoteca durante el primer fin de semana de septiembre.
Tres días después, policías judiciales detuvieron a la madre del menor, Miriam Valencia de Moriones, para conducirla de inmediato a su domicilio en la esquina de Zempoala y Pilares en la colonia Narvarte, donde “decomisaron” un automóvil Mustang, tres mil dólares y ropa “para deportarla”.
Más extraño aún, se dijo que a «Johnny» Hernández lo encontraron con vida pero “murió por el derrumbe” …con una herida punzocortante en el tórax, mientras que se desconocía el paradero de su madre.
El joven Johnny había venido a México a pasar las vacaciones; la señora Miriam, había ido a la PGJ a buscar a su hijo. Queda claro que ninguno encontró lo que buscaba.
A diferencia de lo que ocurría en la PGJ, la mayoría de los sitios donde se reunían los cuerpos recuperados de los escombros estaban abiertos al público, como se ve en la imagen de la «morgue» del Estadio del Seguro Social, hoy Parque Delta. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
Valencia averiguó que otros doce colombianos estaban incomunicados desde el 2 de septiembre, señalados como presunta banda de violadores, detenidos no en celdas de la corporación sino en el gimnasio de los judiciales. Aunque la cifra no quedó clara, varios de ellos habrían muerto indefensos en el temblor, atados de pies y manos.
Las autoridades de la PGJ dijeron que presentar al público a la “banda de delincuentes colombianos” estaba en planes desde el mismo día del temblor, pero primero dijeron que los habían entregado a la Procuraduría General de la República y luego que los presentarían el día 27. El día llegó y no presentaron a ninguno de los involucrados.
Un recuento a inicios de octubre arrojó que en total se recuperaron 31 cuerpos en los escombros de lo que fue la PGJDF, de los que al menos cuatro pertenecían a colombianos con señas de tortura. No se aclaró si el conteo incluía al abogado Ocampo Abarca.
Miriam Valencia «apareció» en esas fechas (siempre estuvo en la PGJ) y el martes 8 de octubre declaró ante el juez las torturas e invención de declaraciones por parte de la Policía Judicial, junto con Manuel Jiménez Uribe, uno de sus compatriotas.
Para el viernes 11, la madre del menor muerto le comentó a Guillermo Valencia que tanto ella como Jiménez Uribe habían recibido amenazas de muerte por parte de las autoridades mexicanas, a raíz de las revelaciones que hicieron sobre el sistema judicial.
En la esquina inferior derecha se ve una foto de los responsables de la muerte de Saúl Ocampo Abarca: el autor intelectual, Rafael Castañeda (der.) y su encubridor, el abogado Francisco Solórzano Ávila. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
Ese día se supo que había “separos habilitados en el gimnasio” de los judiciales y que los presos que fallecieron no pudieron ponerse a salvo por encontrarse atados de pies y de manos desde tiempo antes del temblor.
Hasta el 7 de noviembre, la Secretaría de Gobernación informó que las personas colombianas detenidas en la PGJDF “fueron autores confesos de más de cien asaltos a casas habitación, violaciones, y actuaron en asociación delictuosa con una banda de asaltabancos”.
Sólo entonces dijeron que durante los arrestos les incautaron “enorme arsenal y droga”. También negaron cualquier forma de abuso y aseguraron que el parte médico descartaba la tortura como razón de las lesiones en los cadáveres, que “desafortunadamente murieron aplastados”.
A la muerte de “Johnny” Hernández se le dio “carpetazo” con el parte forense y ahora se hablaba de una confesión de Manuel Jiménez como cómplice de los delitos citados, quien habría narrado que sus lesiones se las causó él mismo “al tirarse al vacío para tratar de huir”.
Por último, el caso de Saúl Ocampo se dio por cerrado cuando atraparon al sospechoso -a quien la viuda del litigante había señalado como culpable desde el día en que denunció la desaparición de su esposo.
Se trataba de Rafael Castañeda Ceballos, presidente del Consejo de la Unidad de Producción Agropecueria, quien según las indagaciones habría pagado 3 millones de pesos a dos agentes policiacos para asesinar al abogado, que se encontraba litigando una herencia de más de 100 millones de pesos en que el hermano de Castañeda Ceballos salía beneficiado.
