Lo que está roto no es solo la “estrategia de seguridad” de Sinaloa: es el modelo de negocio del poder, que vive de negar la realidad y de administrar la sangre como si fuera presupuesto etiquetado.
El negocio de negar la inseguridad
No es que no vean la violencia: es que la necesitan invisible para que todo siga igual de rentable.
Mientras cámaras empresariales suplican lo obvio —sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo— los gobiernos responden con grafiquitas amañadas que abusan de la temporalidad de las cifras y siempre hallan un periodo del pasado, muy pasado, para decir hay “reducción de homicidios” acompañado del discurso de “vamos bien” que no tiene sustento en Sinaloa.
La jugada es cínica:
- Se maquillan cifras, se esconden fosas y se presume una baja en homicidios mientras se multiplican desapariciones, secuestros y desplazamientos.
- Se criminaliza al ciudadano que protesta, pero se agradece “la apertura al diálogo” a quienes invierten a pesar del miedo.
- Se presume cada tonelada de droga decomisada como si fuera trofeo olímpico, pero no se invierte en policías dignos, ministerios públicos decentes ni sistemas de justicia que no se vendan al mejor postor.
La inseguridad no es un “problema pendiente”: es un activo en el balance político. Mientras la conversación pública gire en torno a balaceras, levantones y masacres, nadie hace auditoría a la corrupción, a las licitaciones a modo ni al desfalco institucionalizado.
Estrategias de cartón y discursos de utilería
Nos recitan la misma homilía: “estrategia integral”, “visión de largo plazo”, “coordinación de los tres niveles de gobierno”, “la seguridad no se politiza”.
Y mientras tanto: comunidades enteras bajo control criminal, proyectos cancelados por miedo, cadenas productivas reventadas y una región del noroeste marcada como territorio tóxico para la inversión por violencia y corrupción.
Los datos oficiales hablan de decomisos históricos, miles de detenidos y supuestas caídas porcentuales de homicidios; la calle responde con comercios cerrando temprano, negocios pagando piso y gente normal aprendiendo a vivir con la desaparición como rutina y con un parte de guerra que crece todos los dias y que ha dejado un ejercito de muertos en medio de otro de soldados y policías que ni previenen, ni contienen.
La realidad está en las farmacias que ya no abren después de cierta hora, en los hoteles que jamás se construyeron porque los inversionistas huyeron, en los municipios donde el narco es el verdadero ministerio de economía.coparmex+1
El costo de su negación lo paga la gente
Cada vez que un funcionario dice “no hay crisis, son hechos aislados”, está firmando un pagaré que se cobra con cuerpos, con proyectos muertos y con juventudes empujadas al crimen o al exilio.
Los empresarios ya lo dijeron: sin seguridad no hay economía, no hay empleo, no hay futuro; pero al gobierno le resulta más barato montar conferencias, spots y mesas de “diálogo” que invertir en arreglar el desastre que ha dejado crecer.
La región carga con una etiqueta que no merece: “riesgo alto” por violencia, corrupción y ausencia de Estado.
Quienes producen, pagan dos veces: impuestos al gobierno que no los cuida, y “cuotas” a los grupos que sí controlan el territorio.
Dejen de administrar la tragedia
La seguridad no se resuelve con estadísticas acomodadas ni con conferencias donde la prioridad es el aplauso, no la verdad.
Si de verdad creen que su trabajo es “negar la inseguridad y no invertir en solucionarla”, díganlo de frente: asuman que su negocio es administrar cadáveres y miedo mientras presumen números bonitos a la prensa dócil y a los organismos empresariales que todavía quieran creer.
Porque ya no se trata de que “no escuchen” el reclamo: se trata de que les resulta rentable hacerse los sordos. Y si después de esto tampoco despiertan, que al menos quede claro quién vive del país y quién vive de que el país arda.
Con información: RIO DOCE/
