En Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, un facultativo de la salud señalado multiplicidad de veces por sus reiterados vínculos con el crimen organizado desde su candidatura a la gubernatura , —de acuerdo con informes del Ejército—, prometió, ya como virtual gobernador electo en junio de 2022, cambiar la Policía Estatal para tratar mejor al ciudadano.
Y todo indica que ha cumplido, aunque con destinatarios muy particulares: según la mas reciente denuncia de elementos de la Guardia Estatatal, tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo en Reynosa habrían recibido un trato bastante favorable por parte de los efectivos que aún dirige el general del Ejército Carlos Arturo Pancardo Escudero.
De acuerdo con el trascendido, respaldado por documentación oficial sobre la liberación, efectivos de la propia Guardia Estatal denuncian que algunos mandos habrían encontrado otra manera de “mejorar el servicio”: cobrar para sustituir lo que ocurrió por lo que convenía escribir en los informes y así facilitar la liberación de los detenidos, quienes ya estan nuevamente en la calle.
La acusación es concreta: un pago de 280 mil pesos para modificar un Informe Policial Homologado (IPH), dejar únicamente a una persona a disposición del Ministerio Público y enviar a otras tres por la puerta administrativa. No sería combatir la impunidad, sino ofrecerle servicio de escritorio, algo que es mas común que corriente.
El señalamiento apunta a la corporación que encabeza el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Américo Villarreal Anaya,responsable de la corporación policial a nivel estatal.
La denuncia: el operativo habría terminado en negociación
De acuerdo con la informacion , elementos de la Guardia Estatal en Reynosa, sede de la matriz de la facción de los «Metros» del Cartel del Golfo, Ómar Zúñiga Honorato, señalado como encargado de la Guardia, habría recibido 280 mil pesos para modificar el procedimiento y el IPH.
Los denunciantes identifican a las tres personas favorecidas como José Manuel Franco Cervantes, José Mauricio Cerecedo Ibarra y Rafael Vázquez Zúñiga. Sostienen que para ser liberados fueron dolosamente registradas por una supuesta «falta administrativa», mientras una cuarta persona quedó ante el Ministerio Público.
Aquí no estamos frente a una errata ni a un policía que se equivocó de ventanilla, sino ante la presunta utilización de documentos públicos para fabricar una versión conveniente de una intervención policial: cambiar los hechos por encargo del Cartel a cuyos lugartenientes abraza el Gobernador y convertir el informe en mercancía.
El IPH no es un menú para que el mando quite ingredientes incómodos. El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a la policía a informar al Ministerio Público sobre hechos posiblemente delictivos y detenciones, además de emitir sus informes conforme a las disposiciones aplicables. Una instrucción superior no convierte una falsedad en actuación legal.
La boleta de libertad al Cartel del Golfo
Entre las filtraciones aparece la fotografía de documento con membrete de Seguridad Pública Municipal de Reynosa y del Juzgado Calificador, fechado el 31 de octubre de 2026, cuyo asunto es “Boleta de libertad”. El texto ordena dejar en libertad a Rafael Vázquez Zúñiga, José Mauricio Cerecero —así parece leerse en la imagen— y José Manuel Franco Cervantes, y menciona el IPH número 5974490.
El oficio sostiene —de manera presuntamente dolosa y “mañosa”— que no existe señalamiento de una parte afectada que los reclame y deja a salvo la posibilidad de que permanezcan detenidos por otra autoridad o causa, aunque correspondía ponerlos a todos y sin distingo,a disposición del Ministerio Público competente, local o federal.
PLANCHAR el IPH, No es TRAVESURA ADMINISTRATIVA
La conducta denunciada abre varias líneas de investigación penal, cuya clasificación definitiva dependerá de los hechos acreditados y de la legislación vigente al momento de su comisión:
- Cohecho: sería una hipótesis central al demostrarse que Ómar Zúñiga Honorato ,jefe de guardia recibió dinero para realizar u omitir actos relacionados con sus funciones.
- Falsedad en informes dados a una autoridad: el artículo 255 del Código Penal de Tamaulipas, contempla rendir informes afirmando una falsedad o negando total o parcialmente la verdad. Un IPH deliberadamente mendaz tendría que examinarse bajo esta figura.
- Falsificación o uso de documentos falsos: alterar un documento público o utilizarlo a sabiendas de su falsedad puede abrir otra línea en su contra.Aunque no toda mentira documental se clasifica automáticamente de la misma manera.
- Posible responsabilidad por omisión: puede ser imputada a un superior ,aunque no basta con señalar su rango. Debe establecerse qué obligación concreta tenía, qué sabía, cuándo lo supo y qué podía hacer para impedir o atender la conducta. El Código Penal estatal contempla condiciones específicas para atribuir resultados por omisión.
En lenguaje menos acartonado: si cobraron para borrar hechos, no “arreglaron el papeleo”; habrían vendido una función pública. Y si alguien ordenó hacerlo, la investigación no puede terminar en la mano que sostuvo la pluma: debe alcanzar a quien dio la orden y esclarecer la responsabilidad del general Arturo Pancardo, cuya actuación debia medirse frente a los principios de honor, valor, lealtad y sacrificio que está obligado a representar.
Una falta administrativa no debe inventarse para esconder un delito; el problema no es que una persona recupere su libertad: el problema sería que alguien hubiera cobrado para falsear las razones de su detención y de su salida.
La acusación alcanza a mandos y a Asuntos Internos
El escrito atribuido a los policías no se limita al presunto receptor del dinero. Solicita investigar a una cadena de funcionarios y les atribuye conductas distintas:
- Carlos Arturo Pancardo Escudero: presunta omisión frente a señalamientos difundidos públicamente.
- Enrique Dena Salgado, identificado en la denuncia como subsecretario de Operación: supuestos beneficios económicos y omisión ante irregularidades.
- José Facundo Pacheco Chablé, mencionado como director de Operaciones: presunta falta de respaldo y protección a los denunciantes.
- José Luis Martínez Mata y Joel Mosqueda Martínez, identificados como delegado regional y coordinador municipal en Reynosa: supuesto amparo a la facción Los Metros del Cártel del Golfo y colocación de mandos presuntamente vinculados con esa organización.
- Ómar Zúñiga Honorato: el supuesto cobro para alterar el procedimiento.
- Nora Ramírez Garza, señalada como titular de Asuntos Internos: cuestionamientos sobre la actuación de esa área.
Son imputaciones que deben clarificarse en vez de darse por indignados
El señalamiento más delicado sobre Asuntos Internos es que Martínez Mata habría asegurado que ya tenía “arreglado” el asunto con Nora y que “no iba a pasar nada”. Los denunciantes también le atribuyen una instrucción para modificar el IPH y excluir su presencia en el lugar.
Esa frase atribuida no demuestra que existiera un acuerdo con la funcionaria. Puede describir un pacto real, una mentira para intimidar o una presunción de impunidad. Precisamente por eso debe investigarse, no repetirse como sentencia.
Si se comprobara, el órgano encargado de limpiar la corporación habría terminado señalado como parte de la lavandería y solo resta indagarlos para exhibir, otra vez, que el Cartel del Golfo tiene comprada la escoba.
Del “trato digno” al presunto informe a la carta
El periódico El Horizonte nos recuerda que, el 9 de junio de 2022, Américo Villarreal anunció una Guardia Estatal que sustituiría a la Policía Estatal, con mayor capacidad de respuesta, capacitación, mejores condiciones laborales y trato digno a la ciudadanía.
El contraste es políticamente demoledor: el medico que iba sanar Tamaulipas prometio dignificar la seguridad y hoy policías de la propia corporación ligados a la compraventa de procedimientos.
La enésima conducta delictiva de la policia exhibe de “puerco completo” a la Guardia Estatal y que no estamos ante un uniforme sucio, sino en una cadena de decisiones: quien presuntamente cobra, quien ordena, quien falsea y quien, teniendo un deber concreto de actuar, protege la maniobra como recien ocurrió en Matamoros.
Que abran el expediente, no otra mesa para esconderlo
La investigación debe preservar el IPH 5974490 y sus antecedentes, identificar quién lo elaboró y firmó, recuperar versiones y registros de modificación si existen, y contrastarlo con las bitácoras de radio, registros de detención, videos de vigilancia oficial, aseguramientos, remisiones y documentos del juzgado calificador. El número visible en la boleta ofrece un punto de partida verificable
También debe esclarecer qué ocurrió con la cuarta persona mencionada y qué hechos se atribuyeron al detenido que suele ser el sujeto de mas poca monta que responde por el resto no como acto de voluntad, sino como una orden mas del Cartel del Golfo a sus vasallos con calidad de «gatos».
Asi se presume que lo hizo el actual fiscal de Justicia de Tamaulipas,Jesus Eduardo Govea Orozco,quien se vio involucrado con el cambio de un detenido de alto rango por otro de baja estofa, cuando fungía como Ministerio Publico en Matamoros para favorecer al Cartel del Golfo y termino en una prision de alta seguridad donde permaneció solo 7 meses, al fin abogado.
Los reiterados señalamientos de protección al Cártel del Golfo, que involucran al gobernador y ahora también al general Pancardo, requieren una investigación profunda por parte de las autoridades federales y militares, sin excluir el escrutinio de sus propias filas ante evidentes complicidades.
Deben probarse los vínculos, los actos de protección y la participación de cada servidor público.
Pancardo y el gobernador Americo Villarreal,también profusamente señalados, deben responder institucionalmente sobre lo ocurrido y sobre la protección a quienes denuncian.
Porque una cosa es que el Estado no pueda sostener legalmente una detención y otra, mucho más grave, que alguien cobre para impedir que pueda sostenerla.
La primera exige revisar el procedimiento. La segunda exige investigar a quienes, un día sí y otro también, convierten la seguridad pública en caja registradora en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y todo Tamaulipas,con tan solo seguir el ejemplo que les da su gobernador.
Con información: CODIGO PENAL TAMAULIPAS/ REDES/ MEDIOS
