LA “PANDILLA con RIFLES” y el ESPEJISMO de las BOTAS: SINALOA EXHIBE una GUERRA entre FUERZAS ASIMÉTRICAS»… no faltan militares; sobra la costumbre de perseguirlos como si fueran un ejército formado para el desfile.

La estrategia militar en Sinaloa parece seguir una liturgia conocida: sube la violencia, llegan más soldados; no baja lo suficiente, llegan más soldados; los homicidios persisten, se anuncia otro refuerzo. El problema no es que las Fuerzas Armadas no tengan capacidad de fuego, lo tienen y mucho. El problema es que el Estado sigue respondiendo a una red criminal flexible con la lógica visible, lenta y aparatosa de una ocupación territorial.

Un convoy militar protege a sus elementos, disuade en ciertos puntos y permite responder a una agresión. Pero también es una declaración en movimiento: hace ruido, ocupa espacio, sigue rutas y depende de una cadena de mando. 

Enfrente no hay un ejército formal esperando en una trinchera. Hay células que se mueven en vehículos ordinarios, la mayoría robados: ese es el combustible del Cártel; operadores aislados, halcones que observan, radios que alertan y una red de refugios capaz de tragarse a los responsables antes de que lleguen los blindados.

No se trata de idealizar al Cártel de Sinaloa como si fuera una guerrilla romántica o solo una turba de pandilleros con rifles. Su principal cometido es cobrar, traficar, controlar y sobrevivir. Pero sí usa una lógica de guerra irregular: se fragmenta, se adapta, vigila, embosca, sustituye piezas y evita presentar un blanco estable. El Estado concentra fuerza; el cártel dispersa riesgo. El Estado patrulla; el cártel observa. El Estado presume presencia; el cártel conserva información.

La evidencia disponible obliga a desconfiar de la ecuación simplona según la cual más botas producen menos sangre.

Estudios sobre intervenciones militares antinarcóticos en México no han encontrado una reducción automática de homicidios y, en distintos análisis, las zonas intervenidas han registrado mayores niveles de violencia letal que municipios comparables. 

Eso no significa que cada militar sea responsable de cada asesinato; significa que una política basada principalmente en la fuerza puede fragmentar disputas, desplazar agresiones y no tocar los mecanismos que permiten al crimen regenerarse.

Sinaloa ofrece la paradoja completa. Hay miles de elementos federales, mas de 17 mil, desplegados, operativos, decomisos y detenciones. Aun así, el estado se mantuvo entre los de mayor número de homicidios en 2026. Puede discutirse si los refuerzos ayudaron a reducir ciertos indicadores frente a 2025; lo que no puede venderse con seriedad es que el despliegue masivo haya resuelto el problema como reclama el CESP. 

La violencia puede volverse más selectiva, más rural o menos espectacular, sin dejar de ser una forma de control.

Mandar más convoyes sin tocar las finanzas criminales, la colusión política, policial y militar; dejar de “agarrar partido” y desmontar las redes de reclutamiento, las alianzas con otros cárteles, su inteligencia territorial y su capacidad para reemplazar bajas, es como fumigar una casa dejando intacto el basurero donde se reproduce la plaga.

Se elimina lo que se ve, pero se protege —o se tolera— lo que mantiene vivo al monstruo.

E Cártel de Sinaloa es una red criminal fragmentada, celular, adaptable y con capacidad de acción armada, que alterna clandestinidad, inteligencia local, emboscadas, sabotaje de movilidad, control territorial y violencia selectiva. Frente a eso, el convoy militar puede proyectar fuerza, pero también anuncia su llegada como caravana de quinceañera con sirenas: mucho blindaje, mucha presencia, poca sorpresa.

Más presencia militar no equivale automáticamente a menos homicidios— sí está respaldada por investigación académica, documentación oficial y el propio comportamiento reciente de la violencia en Sinaloa.

«La estrategia centrada en despliegues masivos y patrullaje territorial enfrenta una desventaja estructural: intenta controlar un conflicto criminal fragmentado, informado y de alta movilidad con una lógica de ocupación visible. El Estado concentra hombres, vehículos y rutas; las células criminales dispersan tiradores, halcones, vehículos, refugios y capacidad de reacción. Mientras el convoy busca presencia, el grupo armado busca oportunidad.»

Documentos estadounidenses sobre organizaciones mexicanas de narcotráfico describen el paso de jerarquías tradicionales a redes descentralizadas de células interdependientes y orientadas por tarea; esa compartimentación les aporta flexibilidad y reduce el impacto de detenciones sobre mandos o nodos específicos. También registran células dedicadas a vigilar a autoridades y rivales, para ajustar rutas y tiempos de sus operaciones.

El argumento

Elemento	Fuerza estatal desplegada	Red criminal local	Consecuencia
Movilidad	Convoyes, blindados, protocolos, jerarquía y autorización	Autos comunes, motocicletas, operadores aislados, cambios de vehículo y escondites	El despliegue estatal es visible; la célula puede diluirse antes de que el convoy llegue
Información	Inteligencia técnica y operativa, pero dependiente de coordinación institucional	Halcones, comunicaciones, conocimiento de calles, colonias, brechas y vínculos locales	La ventaja no es sólo de armas: es de saber primero quién se mueve y por dónde
Objetivo	Disuadir, patrullar, asegurar carreteras, detener y decomisar	Evadir, atacar selectivamente, controlar economías y sobrevivir	Son lógicas distintas: presencia territorial contra adaptación clandestina
Vulnerabilidad	Un convoy concentra personal, equipo, ruta y firma visual	Células compartimentadas; si cae una, la red puede seguir	El Estado golpea nodos; el grupo absorbe bajas y se reconfigura
Medición de éxito	Detenciones, armas aseguradas, laboratorios destruidos, patrullajes	Continuidad operativa, control local, capacidad de matar o cobrar	Una conferencia puede celebrar decomisos mientras la violencia persiste

Las tácticas criminales documentadas incluyen el uso de obstáculos para cortar comunicaciones o movilidad de autoridades, canalizar respuestas hacia emboscadas y facilitar fugas.

Eso no prueba que cada operación en Sinaloa siga exactamente el mismo manual, pero sí respalda la idea de una asimetría: el grupo irregular no necesita “ganar una batalla”; le basta con no estar donde llega el convoy, reaparecer en otro punto y conservar su red.

El Gobierno le manda columnas a un enemigo que no tiene frente. Y mientras el convoy hace ruido para demostrar que llegó, el cártel ya se movió, ya avisó, ya escondió al gatillero y quizá ya eligió el siguiente punto de ataque.

La evidencia sobre militarización

Hay respaldo empírico para cuestionar la promesa de que más intervención militar reduzca, por sí sola, la violencia letal. Un estudio reciente sobre intervenciones militares antinarcóticos en municipios mexicanos no encontró evidencia de reducción de homicidios; por el contrario, halló tasas mayores de homicidios totales y vinculados al narco en municipios intervenidos frente a municipios comparables sin intervención. Eso no demuestra que cada soldado “cause” un homicidio, pero sí desmonta la ecuación automática de despliegue igual a pacificación.

Otra revisión académica resume investigaciones que han asociado los operativos militares con aumentos de violencia letal; cita estimaciones según las cuales confrontaciones adicionales con participación de Sedena se relacionaron con incrementos en homicidios municipales. La interpretación plausible no es lineal: el Estado puede intervenir donde ya hay violencia, pero además los golpes, capturas y disputas pueden fragmentar organizaciones y desencadenar retaliaciones.

Un paliativo, no solucion

La militarización puede contener o desplazar episodios de violencia, pero no necesariamente desmantela la arquitectura que los produce. Puede bajar la temperatura de una zona mientras el fuego se muda a otra; puede capturar hombres mientras la red conserva dinero, informantes, reclutas, rutas y protección.

International Crisis Group ofrece una pista relevante: tras el despliegue de grandes contingentes desde enero de 2025, la violencia se volvió más dirigida y bajó el promedio de víctimas por evento, pero la disputa se desplazó a áreas rurales y los asesinatos continuaron. Es decir, no una pacificación limpia, sino una modificación del patrón de violencia.

El cártel no gana porque tenga más disciplina que el Ejército. Gana tiempo porque conoce el terreno humano antes de que el Estado llegue al terreno físico. Y mientras el Gobierno siga contando soldados como si fueran soluciones, Sinaloa seguirá recordándole que un convoy no sustituye una estrategia.

Con información: MEDIOS/REDES/

“MEJORAL vs. la GANGRENA: MILITARES han SERVIDO para que SINALOA NO se DESANGRE tan RÁPIDO, pero no la CURAN”… 20 años haciendo lo mismo, esperando ilusamente que ahora sí funcione.

El “mejoral” contra la gangrena sinaloense ya llegó: más soldados para que el paciente no se desangre tan rápido, aunque nadie se atreva a decir que eso equivale a curarlo.

Sinaloa: el Ejército contiene la hemorragia, pero la gangrena sigue ahí

En Sinaloa aplicaron el remedio de siempre: mandar miles de militares, marinos, guardias nacionales y policías para que la violencia no se salga todavía más del corral. Funciona, dice el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), en el sentido más modesto y deprimente de la palabra: sin ese despliegue, el estado estaría dos o tres veces peor. Un logro nacional: no resolver el desastre, sino evitar que el desastre se convierta en catástrofe con horario extendido. 

Miguel Calderón Quevedo, coordinador del CESP, admite lo obvio con una franqueza poco frecuente: los federales son un dique, no una cura. Porque una entidad no puede vivir eternamente conectada al respirador militar, esperando que Sedena, Marina y Guardia Nacional hagan de Estado sustituto mientras las instituciones locales siguen en terapia intensiva. Y, según el propio diagnóstico, ni siquiera están fuertes: simplemente no están. 

La cosa no se arregla con más uniformes patrullando colonias, retenes y carreteras. O no sólo. El CESP plantea educación, deporte, cultura, recuperación de espacios públicos, prevención y coordinación institucional; es decir, todo aquello que suele aparecer en los discursos oficiales cuando ya se comprobó que la estrategia de “manden más tropa” sólo compra tiempo, pero no futuro.

El problema, además, no es únicamente que el crimen esté organizado. Es que el resto no. Escuelas, DIF, centros de atención a mujeres y dependencias públicas operan con frecuencia como islas burocráticas: duplican tareas, se estorban o avanzan cada quien con su pequeño plan de PowerPoint. Mientras tanto, los grupos criminales entienden mejor que nadie la palabra “articulación”: tienen mando, estructura, recursos, control territorial y objetivos claros. 

También hay una factura social que pocos quieren pagar. Calderón Quevedo señala que parte de la sociedad sinaloense ha cobijado, celebrado o convertido en leyenda a quienes deberían provocar repudio. No basta con rasgarse las vestiduras por la violencia si después se convierte al delincuente en héroe de canción, en personaje admirable o en símbolo de éxito rápido. La apología no dispara un arma, pero ayuda a normalizar al que la carga. 

Así que sí: el despliegue militar contiene la violencia. Es el Mejoral institucional para una enfermedad mucho más grave. Baja la fiebre, permite que el paciente siga de pie y hasta da para una conferencia de prensa. Pero la gangrena —instituciones débiles, impunidad, descoordinación, precariedad y una cultura que a ratos romantiza al criminal— sigue avanzando debajo de la venda.

Con información: NOROESTE/

UN “EXPERTO en decir BABOSADAS”: GOBERNADOR POBLANO pide QUITAR a las MUJERES del COMBATE al CRIMEN ORGANIZADO… que, a su juicio, es cosa de machos.

La frase del gobernador de Morena en Puebla, Alejandro Armenta no es una política de seguridad: es un prejuicio con cargo público. Su “protección” a las mujeres consiste, en los hechos, en excluirlas de los puestos donde más hacen falta Estado, autoridad civil y decisiones sin tutelas machistas.

El gobernador confunde protección con exclusión

El gobernador reconocido ampliamente por su catalogo de babosadas proferidas en publico, ha encontrado una novedosa estrategia contra el crimen organizado: quitar a las mujeres del camino y dejar que los hombres “con experiencia” se encarguen. Porque, según su lógica, en municipios tomados por bandas delictivas una mujer no debe gobernar: sería “muy delicado exponerla”.

Qué considerado. Qué paternalista. Qué convenientemente útil para seguir administrando el poder como si la política fuera una cantina de machos con chaleco antibalas.

El gobernador de Puebla dice que sería riesgoso enviar a una mujer a Tepeyahualco, Esperanza o cualquier municipio con presencia criminal. Pero no explica por qué el riesgo, que es responsabilidad del Estado combatir, debe convertirse en un veto anticipado para las mujeres y no en una obligación reforzada de protección institucional. En vez de preguntarse cómo garantizar seguridad a una alcaldesa, una síndica, una regidora o una integrante de un concejo municipal, Armenta resuelve el problema con la fórmula más vieja del patriarcado: “mejor que vaya un hombre”.

No es protección. Es exclusión con tono de caballerosidad.

Y el argumento se desmorona con los propios expedientes políticos que rodean al gobernador. En menos de dos años, Puebla acumula siete alcaldes detenidos y uno prófugo, en casos que abarcan presuntos vínculos criminales, cohecho, abuso de autoridad, delitos contra la salud, encubrimiento y otras conductas graves. La lección elemental no es que falten hombres “con experiencia”; es que la experiencia masculina, por sí sola, no vacuna contra la corrupción, el crimen ni la captura de los ayuntamientos. De hecho, el catálogo de ediles detenidos vuelve particularmente ridículo usar el sexo masculino como certificado de aptitud pública.

El caso de Esperanza debería bastar para desmontar la coartada. Ahí, tras la detención del alcalde, la regidora de Gobernación, Dolores Carrera Flores, asumió las riendas del Ayuntamiento. Es decir: cuando la realidad administrativa obligó a que una mujer respondiera, no se abrió un agujero negro ni cayó el municipio en manos de “Los Rojos” por falta de bigote. 

Armenta plantea una falsa dicotomía: o mujeres vulnerables o hombres experimentados. Como si las mujeres no pudieran tener experiencia municipal, policial, jurídica, comunitaria o administrativa; como si la peligrosidad de un territorio se curara con cromosomas; como si un hombre no necesitara protección frente a redes criminales; como si gobernar no fuese una función del Estado y no un rito de iniciación de masculinidad temeraria.

La pregunta correcta no es si una mujer debe gobernar un municipio complicado. La pregunta es por qué un gobernador admite que hay municipios donde el crimen impone las condiciones y, en vez de reforzar seguridad, inteligencia, controles patrimoniales, acompañamiento federal y protección a las autoridades locales, decide que el remedio es apartar a la mitad de la población de la función pública.

Si Tepeyahualco, Esperanza o Acatlán son territorios de alto riesgo, el deber del gobierno no es mandar hombres a probar suerte: es recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, proteger a quien ejerza el cargo y poner controles para impedir que los delincuentes sigan disfrazados de autoridades. Esa fue, por cierto, la expresión usada desde el propio entorno gubernamental para describir los operativos contra ediles involucrados en delitos. 

La acusación puntual

El gobernador no dijo únicamente que los municipios son peligrosos. Dijo que por ser mujeres resulta “delicado” designarlas y que él prefiere a hombres. Esa diferencia importa: no está valorando perfiles concretos, preparación acreditada, trayectorias, protocolos de seguridad o condiciones operativas. Está aplicando una presunción general de incapacidad, vulnerabilidad o inconveniencia derivada del sexo.

Eso es un estereotipo de género: la idea de que las mujeres deben ser preservadas del poder cuando el poder se vuelve riesgoso, mientras los hombres serían naturalmente aptos para enfrentar violencia, criminalidad y presión política.

La afirmación resulta todavía más grave porque procede de quien encabeza el Poder Ejecutivo estatal. No es la ocurrencia de un vecino en sobremesa ni el berrinche de un comentarista con nostalgia por el siglo pasado. Es un mensaje institucional emitido desde la gubernatura: cuando las cosas se ponen difíciles, las mujeres se hacen a un lado.

Y el mensaje tiene consecuencias. Sirve para desalentar aspirantes, justificar decisiones de nombramiento sin mujeres, normalizar que las posiciones más complejas queden reservadas para hombres y eximir al Estado de crear condiciones reales de seguridad para funcionarias públicas.

Lo que la ley prohíbe

No toda declaración desafortunada configura automáticamente un delito. Pero tampoco toda violencia política necesita una amenaza, un golpe o una orden escrita para existir. Jurídicamente, los dichos de Armenta pueden encuadrar, si se acredita que influyeron o justificaron actos concretos de exclusión en nombramientos, designaciones o ejercicio de cargos, en una posible conducta de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La Constitución prohíbe la discriminación por género y establece que mujeres y hombres son iguales ante la ley; además, ordena garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y observar el principio de paridad en nombramientos de la administración pública y sus equivalentes estatales y municipales. No dice “paridad, salvo donde haya delincuencia”; tampoco prevé una cláusula de excepción para municipios incómodos. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias define la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar sus derechos políticos y electorales; el acceso a las atribuciones inherentes al cargo; el libre desarrollo de la función pública, o la toma de decisiones. La propia ley considera relevante que la conducta se dirija a una mujer por ser mujer, tenga impacto diferenciado o la afecte desproporcionadamente. 

En términos de denuncia y litigio, habría que revisar al menos estas hipótesis:

• Discriminación por razón de género, si el sexo fue empleado como criterio para excluir o desaconsejar a mujeres de los concejos o cargos interinos, sin una evaluación individual, objetiva y proporcional de perfiles.
• Restricción u obstaculización del ejercicio de derechos políticos, si la declaración sirvió para impedir, desalentar o cerrar el acceso de mujeres a una designación, cargo público o toma de decisiones.
• Incumplimiento del deber de igualdad sustantiva y paridad, si los nombramientos de los concejos municipales ignoraron la obligación de integrar órganos públicos sin reproducir exclusiones estructurales.
• Posible violencia política contra las mujeres en razón de género, si el discurso se tradujo en una negativa institucional, un veto, presión, discriminación o trato diferenciado contra aspirantes o funcionarias por el hecho de ser mujeres.
• Responsabilidad administrativa o política, si desde el Ejecutivo se usó la investidura para avalar una práctica contraria a derechos humanos, igualdad y no discriminación, aunque la designación formal corresponda al Congreso.

El matiz jurídico es importante: las palabras del gobernador no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria. Pero sí son un indicio público de un razonamiento basado en género. Si hubo mujeres con perfiles aptos que fueron descartadas porque el gobierno o los legisladores asumieron que eran “demasiado vulnerables” para enfrentar el cargo, el asunto deja de ser una burrada discursiva y entra al terreno de una posible vulneración efectiva de derechos políticos.

La evidencia que lo contradice

Tampoco hace falta inventar el mito inverso: las mujeres no son moralmente puras por decreto biológico, ni cada mujer en política es automáticamente incorruptible. Afirmarlo sería caer en el mismo esencialismo de Armenta, sólo que con moño violeta.

Pero la investigación sí permite sostener algo mucho más serio:la presencia de mujeres en el poder puede asociarse con menores niveles de corrupción, mayor rendición de cuentas y cambios en redes de patronazgo, especialmente cuando hay instituciones democráticas, prensa libre, Estado de derecho y reglas que impiden la captura del poder. 

Un estudio con métodos causales encontró evidencia de que una mayor representación de mujeres puede reducir corrupción, al tiempo que la corrupción también disminuye la participación femenina en el gobierno. 

La literatura, sin embargo, no autoriza a decir que las mujeres “nacen menos corruptas”. Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que los hallazgos son mixtos y que el contexto importa: cuotas, inclusión efectiva, reglas de rendición de cuentas y ruptura de redes clientelares pueden explicar parte de la relación. También señala evidencia de que una mayor presencia de mujeres en asambleas locales se ha relacionado con reducciones de corrupción grande y pequeña en ciertos contextos. 

El Banco Mundial lo expresa con precisión: hay correlaciones entre mayor presencia femenina y menores niveles de corrupción, pero no porque las mujeres posean una virtud anticorrupción innata. Las redes de favores, pactos de impunidad y patronazgo han sido históricamente masculinizadas; por eso, incorporar mujeres puede trastocar circuitos cerrados, modificar incentivos y ampliar la vigilancia institucional. El punto no es cambiar una cofradía de compadres por una cofradía de comadres: es abrir la política, profesionalizarla y someterla a controles. 

Y ahí está la ironía que deja peor parado al gobernador: en un estado donde alcaldes hombres han terminado detenidos o prófugos, su solución no es revisar cómo entraron, quién los protegió, qué controles fallaron ni qué redes políticas los cobijaron. Su solución es concluir que las mujeres no deben llegar a los municipios peligrosos. Es decir, ante el fracaso de la política de seguridad y selección de autoridades, propone castigar a las mujeres con menos poder.

Armenta dice que no quiere “exponer” a una mujer. Perfecto: entonces que no la exponga al machismo de su propio gobierno, ni a la exclusión política, ni a la idea de que los puestos de mando son para ellas sólo mientras no haya peligro, lodo, crimen o decisiones difíciles.

Porque si para combatir al crimen organizado se necesita ser hombre, habría que preguntarse por qué varios hombres con poder municipal acabaron precisamente del otro lado de la ley. Quizá el problema nunca fue la falta de testosterona en los ayuntamientos. Quizá el problema es que Puebla lleva demasiado tiempo confundiendo autoridad con masculinidad, experiencia con compadrazgo y protección con tutela.

El gobernador tendría que ofrecer algo más que una frase con olor a naftalina: nombres de mujeres evaluadas, criterios objetivos de designación, protocolos de seguridad para autoridades municipales, acompañamiento para concejos en zonas de riesgo y mecanismos verificables de paridad. Lo demás es machismo administrativo: una forma burocrática de decirles a las mujeres que pueden entrar a la política, siempre y cuando no aspiren a los lugares donde de verdad se ejerce el poder.

Con información: REFORMA/ MEDIOS