Sinaloa ya tiene nuevo jefe de la Tercera Región militar : el General Héctor Ávila Alcocer, recién ascendido por la presidenta Sheinbaum y con currículo de salón bilingüe (Fort Sill, Washington, Colegio de Guerra del Ejército de EE.UU), llega a “contener” lo que su propia hoja de servicio presume haber “combatido” en 2021. Sí, el mismo año en que Sinaloa era prácticamente un feudo al aire libre de los Chapitos, con retenes en las calles y respaldo celestial del Ejecutivo que llegó a visitar durante el sexenio del primer piso,6 veces Badiraguato,la cuna del narco.
El parte oficial dice que entonces “combatió a las células criminales del Cártel de Sinaloa”. La realidad dice que las células, lejos de combatidas, florecieron: controlaban Culiacán, salían en procesión a fiestas patronales, y hacían lo que les daba la gana.
Ahora Ávila regresa con el rango de Divisionario, dispuesto —al menos en papel— a enfrentar una violencia “inusitada”, como si Sinaloa hubiese despertado violenta por capricho y no por un equilibrio mafioso que se rompió entre facciones por culpa del mismo estado que antes los cultivó y abonó con omisión igual de criminal.
Tendra a su mando las zonas militares de Culiacán y Durango: justo los epicentros del pleito entre Los Chapitos y La Mayiza, esos a quienes parece que no se combate, sino se administra, buscando mas un enroque que un jaque mate.
Su perfil, dicen, lo vuelve ideal porque “entiende las preocupaciones de Estados Unidos” en materia de narcotráfico. Y sí: quizá el reto más grande del nuevo comandante sea explicarles a los gringos cómo es que seguimos “combatiendo” los mismos pendientes de siempre, fracasando una y otra vez, haciendo lo mismo, pero esperando resultados distintos y siempre con cada vez mas soldados.
Un general de División de Estado Mayor que pasó por la Tercera Región Militar, es decir, el corazón del narco —Sinaloa, Durango—, una de las zonas donde el Estado presume presencia pero no control real y que no logró un cambio estructural en violencia, eso no impidió que lo brincaran a la cúspide: la comandancia de la Guardia Nacional, el juguete uniformado de este y el pasado sexenio para simular “civilidad” con mando castrense.
Guillermo Briseño Lobera asumió el cargo el 4 de octubre de 2024 tras relevar al polémico General Francisco Jesús Leana Ojeda,quien dijo públicamente el 16 de septiembre de 2024,que el restablecimiento de la tranquilidad en Sinaloa no dependía de las Fuerzas Armadas, sino de los grupos criminales y…tenia razon.
El nuevo comandante de la Guardia Nacional
La narrativa oficial habla de “amplia experiencia en seguridad interior, planeación estratégica y mando de unidades de combate”, como si la pura fórmula burocrática fuera prueba de eficacia y no un copia y pega que le ponen a cualquiera que llega a general de División. Mucha condecoración, muchos cursos, mucho “mérito militar”, pero en el terreno los resultados se miden en homicidios,levantados,despojados y desplazados en territorios donde tácitamente aun manda el cártel, no el gobierno.
Lo que aqui se reconoce con una nueva responsabilidad, no es la reducción de la violencia ni la reconstrucción institucional, sino la lealtad al mando militar o al grupo que reparte las posiciones.
Así, la designación huele menos a “reconocimiento a una trayectoria impecable” y más a ascenso automático en una maquinaria que recicla a los mismos perfiles, sin importar que los territorios que dejaron atrás sigan igual o peor, por que a ratos son parte dl remedio y ratos de la brutal enfermedad.
Es la meritocracia al revés: mientras más evidente el fracaso colectivo, más alto el cargo.
En Papanoa, municipio de Petatlán, Guerrero —ese rincón costero donde el Pacífico no solo trae brisa sino cuerpos—, una familia presuntamente originaria de Puebla desapareció hace varios días sin que nadie en el gobierno parezca saber nada. Cuatro personas borradas del mapa: un matrimonio y sus dos hijas.
Llevaban al menos tres meses viviendo ahí, tranquilos, regenteando un taller mecánico, ganándose el aprecio de los vecinos. Nada que los hiciera blanco de algo más que la vida misma. Pero en Guerrero, la vida misma suele ser suficiente pretexto para desaparecer.
Desde hace días, comisarios, vecinos y algunos elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía de Guerrero (esa gran maquinaria del «ya se investiga») rastrean cerros, arroyos y playas de Santa Rosa, Coyuquilla Norte, Coyuquilla Sur y la misma Papanoa. Buscan entre la maleza y el silencio algo más que rastros: buscan sentido.
El comisionado estatal de búsqueda, Alejandro García Solorio, ofreció la declaración institucional de rigor: “no se sabe quiénes son, ni por qué desaparecieron, ni si eran turistas o residentes.” Tres negaciones en una frase. Manual básico de evasión burocrática.
Mientras tanto, la arena sigue devolviendo respuestas más rápidas que la Fiscalía. Primero fue una mujer asesinada, hallada cerca de la playa a ocho kilómetros del pueblo.
Luego, un hombre muerto junto a una tubería de desagüe, en la misma franja costera. Dos cuerpos sin nombre a metros del taller que ya nadie atiende.
La FGE, como siempre, guarda silencio. No ha confirmado si los cadáveres corresponden a los desaparecidos. No ha dicho si investiga un posible vínculo. No ha dicho nada, como si callar fuera parte del protocolo.
Entre tanto, los vecinos siguen rascando la tierra con sus propias manos. Los soldados miran, los ministeriales llenan reportes, y el mar —como siempre— guarda sus secretos.
En Culiacán ya hay modus operandi con marca registrada: llegan los desconocidos de un cartel muy conocido, tumban portones a chingadazos y luego convierten bodegas en fogatas monumentales, como si la “guerra” fuera pretexto para practicar piromanía industrial.
La noche de ayer lunes, en el Campo El Diez, un grupo de civiles llegó en vehículo, reventó el portón de una bodega de madera y antes de irse dejó la firma del crimen organizado grafiteada en la fachada, porque hasta para el terror les encanta el mercadeo. Ya con el sello estampado, entraron, rociaron, prendieron fuego y dejaron que el material –casi todo de madera– hiciera el resto, propagando el incendio como si fuera tutorial de YouTube de “cómo borrar un mensaje en llamas”.
No contentos con incendiar la bodega, también prendieron un vehículo de redilas estacionado enfrente, que terminó en pérdida total, otro recordatorio de que en Sinaloa el fuego no discrimina entre inmuebles y chatarra sobre ruedas. Todo esto ocurrió alrededor de las 20:00 horas, por la avenida del Dren, junto a la carretera Culiacán–Eldorado, pasando el famoso puente Piggy Back, perfecto escenario para el show de luces no autorizado.
Después llegaron Ejército y Bomberos, a hacer el papel de siempre: unos a “asegurar la zona”, otros a pelearse con el desastre con dos pipas de agua y ventiladores especiales, intentando apagar un mensaje que no va dirigido a ellos, sino a quienes entienden el código del fuego. Oficialmente “solo hubo daños materiales” y hasta aclararon que, aunque se reportaron disparos, no encontraron casquillos ni impactos, como si el detalle importante fuera que esta vez el terror vino limpio, a pura flama, sin balas de acompañamiento.
Así sigue la película en Culiacán: desconocidos muy conocidos, patrullas llegando tarde, comunicados diciendo que no pasó “nada grave” y una ciudad que ya se acostumbró a que cada tanto alguien estrene nueva temporada de guerra con la misma táctica piromaníaca de siempre.
México ya ni finge: cuando tus “penales de máxima seguridad” son básicamente call centers del narco y terminas exportando presos a Estados Unidos para que te los cuiden, eso no es política de seguridad, es tercerizar el Estado.
Cárceles-call center y el outsourcing del Estado
El propio Gobierno reconoce que casi un centenar de capos siguieron operando desde prisión, dando órdenes, extorsionando y tejiendo alianzas, así que la brillante solución fue mandarlos a EE UU “por seguridad nacional”. Traducido del burocratés: “no podemos controlar ni a los reos que ya tenemos tras las rejas, háganme el favor de guardármelos tantito del otro lado”.
Las prisiones federales, incluidas las “joyas de la corona” como el Altiplano, funcionaban (…y funcionaba) como centros de mando donde Zetas y otros seguían trabajando con toda comodidad, aprovechando visitas, abogados y familiares como mensajería certificada del crimen. Es una confesión involuntaria de que el Estado puede detener cuerpos, pero no estructuras criminales: las celdas son oficinas pequeñas con barrotes de adorno.
Hacinamiento, autogobierno y la fantasía de la “reinserción”
Más de la mitad de las cárceles del país están sobrepobladas y algunas, como el penal de Chalco, tienen cinco veces más presos de los que deberían, un buffet libre para el autogobierno criminal. Ahí la “reinserción social” es que el más fuerte manda, cobra, explota y extorsiona, mientras el Estado firma oficios y presenta grafiquitas sobre derechos humanos de humanos poco derechos que aprovechan los vacíos de autoridad para llenarlo ellos.
Con 77% de prisiones sin suficiente personal y casi la mitad de los custodios sin formación, la seguridad real la administran los internos que controlan agua, jabón, baños, drogas, prostitución y hasta el acceso a una llamada. Si quieres sobrevivir, pagas; si no puedes pagar, extorsionas a alguien afuera: el sistema convierte al preso pobre en franquiciatario forzoso del crimen.
Extorsión vía prisión: negocio garantizado
Más de la mitad de las líneas usadas para extorsionar salen de una docena de cárceles, lo que todo mundo sabe y el propio Gobierno admite, pero aun así la extorsión sigue disparada. Hay inhibidores de señal, pero los custodios los apagan; hay cámaras, pero no sirven; hay normas, pero la corrupción las deja en modo decorativo.
Las prisiones no son centros de readaptación, son incubadoras de crimen donde el Estado pone el techo y los carteles ponen el modelo de negocio. El mensaje práctico a cualquier organización criminal es clarísimo: si te detienen, no te desanimes, desde la cárcel puedes seguir facturando.
Seguridad de escaparate, crisis de fondo
Mientras el Gobierno presume 37.000 detenciones, expertos advierten que sin sanear el sistema penitenciario, toda esa “estrategia” se va al caño: solo están concentrando líderes en ecosistemas donde pueden hacer alianzas y perfeccionar redes. Ni la contrainteligencia en penales, ni castigar a funcionarios corruptos, ni fortalecer instituciones está en el centro de la agenda; lo que sí vende son fotos de operativos, decomisos y traslados a EE UU.
Caso Marro: detenido en 2020 y, aun así, el Tesoro de EE UU lo sigue considerando operador activo del Cártel de Santa Rosa de Lima desde una cárcel federal mexicana, dando instrucciones por medio de abogados y familiares. Es la confirmación quirúrgica de la tesis incómoda: México no controla a los carteles, los hospeda; y no controla sus cárceles, las renta, a tiempo completo, como sucursales del crimen organizado.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/MICAELA VARELA
Entre lo que podríamos llamar “usos y costumbres” de las autoridades judiciales en nuestro país está la de culpar al “chofer”. Que se accidenta la pipa con gas y explota, se procede a culpar al chofer; que se descarrila el tren, es culpa del conductor. La fiscal Godoy parece sentirse cómoda con esas acusaciones que recaen en los más vulnerables de la cadena de responsabilidad; gente que, al fin y al cabo, no tendrá abogados competentes que le ayuden. Como en el juego de Clue (también conocido como “¿Quién es el culpable?”), Ernestina Godoy lanza sus primeras cartas acusando al chofer que conduce el vehículo que fuese. Así de sencillo: ¿quién chocó? Pues el que manejaba, así que rapidito para la cárcel.
La investigación del accidente del Tren Interoceánico que dejó catorce muertos y casi un centenar de heridos, no ha logrado generar credibilidad, pero sí indignación.
Fue como todo en la 4T: lento y fallido. Son múltiples los señalamientos que se han hecho sobre esa obra orgullo del lópezobradorato: la compra de vagones viejos, los amigos de los hijos del presidente como proveedores de material delicado y otras denuncias de carácter técnico respecto a la puesta en marcha de ese tren incluida la participación de un hijo de López Obrador como “asesor honorífico” del proyecto ¿Qué podía salir mal? Pero claro, desde un principio la tapadera mayor optó por deslindar al señor López Beltrán como si fuera esa la encomienda principal para investigar. Una vez dada la señal de la impunidad, se procedió a la investigación que ha concluido con el señalamiento oficial sobre el chofer homicida.
Además de anomalías que van desde la carencia de equipos de emergencias como sistemas contra incendios, la falta de velocímetro —lo que supone que evitaba que el conductor pudiera saber a qué velocidad conducía—, la compra de vagones usados hace décadas y del uso de vías de carga en lugar de pasajeros, la propia investigación de la FGR menciona que tanto el maquinista como el conductor, no tenían su licencia ferroviaria vigente.
Es el colmo. Ni siquiera eso se supervisa. La responsable es ni más ni menos que la Marina Armada de México. El Secretario de Marina dio una de las declaraciones más tontas de lo que va del sexenio: dijo que las licencias vencidas “no eran la causa del descarrilamiento”. Qué tranquilidad. No cabe duda que todo se pega.
En su afán destructivo, los gobiernos de la cuarta transformación han terminado por reventar lo que medianamente funcionaba: el Ejército la hace de empresa hotelera y la Marina administra trenes. Los que no fallaban por dedicarse exclusivamente a lo suyo son ahora un amasijo de problemas. La Marina está metida desde el tráfico de huachicol hasta el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Tener a la fiscal que deseaba debe ser una tranquilidad para la presidenta en ocasiones, pero en otras, como esta, será un dolor de cabeza. Habrá que esperar que sigan las investigaciones para saber si Godoy mete a la cárcel al personal de limpieza y a los veladores de las bodegas del tren, que seguro algo tuvieron que ver o por lo menos conocían al conductor, lo que los hace sospechosos.
Por lo pronto, si estaba en cuestionamiento un hijo de Andrés Manuel López Obrador, los proveedores consentidos de la familia, la improvisación generalizada del gobierno anterior y al frente la Marina de México, pues había que rescatarlos con una frase: Por el bien de todos, primero el chofer. De hecho, ya está en la cárcel.
Con informacion: JUAN IGNACIO ZAVALA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
Hace 18 años se murió el sacerdote Marcial Maciel, pero a la justicia ni le avisaron: el tipo se fue cómodo, viejo, enfermo y en impunidad total, mientras el Vaticano apenas alcanzó a llamarlo “criminal carente de escrúpulos” cuando ya estaba bajo tierra. Abusó sexual, física y psicológicamente de al menos 60 menores —incluidos sus propios hijos biológicos— y aun así su congregación siguió vendiendo la marca “Legionarios de Cristo” como si fuera franquicia premium de santidad empresarial.
Maciel no sólo violaba cuerpos: violaba fe, conciencia y hasta la idea de Dios, usando la sotana como pase VIP para romper cualquier límite emocional. Las víctimas crecieron atrapadas en la “violencia espiritual”: si el “padre santo” te pide que lo toques, ¿es delito o sólo un “pecado” que debes confesarle al mismo cabrón que te está usando. Cuando te dicen que tiene permiso del Papa Pío XII para masturbarse y que hacerle eyacular es “un acto de caridad”, ya no es religión: es crimen organizado con rosario en la mano.
El mecanismo era de manual: el acoso piadoso, buenos tratos, seducción disfrazada de vocación, promesa de estudios y comida para chavitos pobres, y luego el salto al abuso bajo el sello de “voluntad de Dios”. Las expertas describen esa ambivalencia afectiva donde el niño siente repulsión y agradecimiento al mismo tiempo, porque el agresor le da techo y escuela mientras le destruye identidad, sexualidad y proyecto de vida. Y la cereza teológica: si te callaste, años después hasta dudas si fuiste víctima o “cómplice”, porque así de fino opera la culpa cuando la administra una sotana.
Todo esto ocurre en una sociedad patriarcal y adultocéntrica donde los menores son “objeto de pertenencia”, no personas con derechos, perfecto caldo de cultivo para que un sacerdote se vuelva intocable.
No hay ni siquiera una carpeta de investigación abierta por los abusos a más de 60 menores; el mensaje es claro: tocar niños con uniforme clerical pesa menos que robarte una vaca. La experiencia, la fuerza física y el aura religiosa le dieron a Maciel ventaja total para ejercer un poder abusivo centrado en su propia gratificación sexual, cosificando a la niñez mientras la Iglesia miraba para otro lado.
Las especialistas insisten en lo obvio que el clero lleva décadas saboteando: la educación sexual integral es parte de la dignidad humana y no una conspiración contra la fe. Pero mientras el Estado “laico” se arrodilla políticamente y la Iglesia se protege en su fuero espiritual, las víctimas siguen peleando por lo básico: verdad, justicia y reparación, en un sistema que siempre ha cuidado más la imagen del agresor que la vida de los niños que destruyó. Maciel está muerto; la impunidad de la sotana, vivita, coleando y dando misa.
El ex-senador de morena,Alejandro Rojas Díaz Durán, le dio una entrevista a Meganoticias para enseguida hacer algo que en Morena se considera sacrilegio: decir en voz alta lo que todos murmuran en corto y que ya son investigaciones formales en EE.UU, que mas pronto que tarde, llevaran al gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal ,entre muchos otros próceres a una prision federal con aire acondicionado en EE.UU.
El huachicol sexenal y la “honestidad valiente”
Rojas básicamente dice que el huachicol como negocio industrial, protegido y aceitado por el poder político, no es herencia del “pasado neoliberal”, sino criatura de la 4T, apadrinada desde Palacio y operada por marinos cercanos al exsecretario de Marina, ascendidos con bendición presidencial. No habla de changarritos con manguera, habla de una caja chica de 700 mil millones de pesos que, según él, terminó financiando campañas de Morena de 2021 para acá, incluida la del jefe máximo.
A ese ecosistema lo bautiza con humor negro: “los Carmonizados”, discípulos del empresario asesinado Sergio Carmona, retratados abrazados de dirigentes morenistas como Mario Delgado, Américo Villarreal y compañía, felices de posar con el cajero automático del sexenio. Rojas asegura que lo denunció desde el Senado y ante la Comisión de Honestidad y Justicia, esa oficina que sirve para expulsar disidentes, no para tocar a los untados.
AMLO, el presidente que “todo sabía”
El exsenador revienta uno de los dogmas centrales del lopezobradorismo: el cuento de que “el presidente no sabía”. Repite la frase del propio AMLO —“no hay negocio importante en México que el presidente no conozca”— y la voltea como arma homicida: si el huachicol era un negociazo, entonces el presidente sabía, era cómplice o de mínimo encubridor.
A partir de ahí, la narrativa se pone más incómoda: Rojas dice que el esquema no sólo necesitó marinos huachicoleros, sino protección en aduanas, SAT y toda la estructura para colocar la gasolina robada como si fuera legal, mientras en público se hablaba de “abrazos, no balazos”. Abrazos para la tele, impunidad para la caja registradora.
Trump, Rubio y la pesadilla de las extradiciones selectivas
Luego Rojas cruza la frontera del análisis clásico y entra al terreno de la geopolítica de la extorsión legalizada: asegura que, con el retorno de Trump, Washington ya no se conforma con capos, ahora quiere estructuras políticas completas y narcopolíticos con fuero, cargo y escoltas. Según su dicho, el FBI está liderando operaciones binacionales —porque la DEA fue “corrida” por AMLO— y ya tiene el menú de políticos mexicanos, de todos los partidos, listos para ser rebanados.
La clave, dice, es que Estados Unidos le está “dando chance” a Claudia Sheinbaum de que primero los procese en México, para luego pedir su extradición con las pruebas cruzadas con lo que cuentan los capos que ya están encerrados allá. En la lista suelta apellidos pesados: gobernadores como el de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, y figuras como Adán Augusto López, a quienes vincula con cárteles y con la industria del huachicol.
Ahí suelta la frase que le da título al desastre: si en Venezuela pudieron “extraer” a Maduro armado hasta los dientes, en México —dice— un operativo de extracción de narcopolíticos sería “como un picnic”. Picnic en el infierno, pero picnic.
Claudia entre Trump y Palenque
Para Rojas, Claudia Sheinbaum no está entre “el pueblo” y la Constitución, sino entre Trump y Palenque: o rompe con la narcoprotección que heredó de AMLO, o se convierte en daño colateral de un Trump urgido de “big bangs” mediáticos para ganar la Cámara de Representantes. Su tesis: todo el poder de Sheinbaum se sostiene sobre la “moral” prestada de López Obrador; si se cae el mito del prócer impoluto, se derrumba la legitimidad política y se viene el tsunami de reformas electorales para blindar el régimen.
Rojas pinta a la 4T como una maquinaria que en cinco años pasó de “no tener nada” a tener gubernaturas, Congreso, presidencia y sucesión, lubricada con dinero del huachicol y de cárteles regionales de Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Baja California, Guerrero, Veracruz, Puebla y demás. La multiplicación de espectaculares, precampañas adelantadas y “corcholatas” bañadas en propaganda, según él, no se pagó con cooperacha de boteo, sino con billetes que olían a gasolina robada y amapola.
El converso que dice que siempre lo dijo
Cuando la conductora le pregunta qué lo hizo “romper el velo”, Rojas se indigna: asegura que no se convirtió tarde, que lleva años denunciando el huachicol político, la judicialización de la política, la “moronización” del Poder Judicial y el desvío de la llamada Cuarta Transformación hacia un régimen autoritario, militarista y enemigo de la libertad de expresión. En su relato, Morena no transformó nada, sólo maquilló una regresión histórica con discurso de izquierda y contratos de nueva élite.
Remata con una especie de acto de contrición laica: dice que su lucha, como la de millones, era por un país democrático, seguro, con Estado de derecho parejo, no este sistema con una ley para los de arriba y otra para los de abajo, administrada por un partido que se ostenta como pura virtud mientras sus cuadros, excompañeros incluidos, se hacen millonarios en seis años.
En resumen: Rojas Díaz Durán no dio una entrevista, tiró un misil narrativo contra el relato fundacional de Morena y dejó flotando una frase que debería quitarle el sueño a más de uno en la 4T: Estados Unidos no quiere ya narcos; ahora quiere narco políticos con boleto de ida, aunque el picnic de extradiciones empiece en Palenque.
