México ya ni finge: cuando tus “penales de máxima seguridad” son básicamente call centers del narco y terminas exportando presos a Estados Unidos para que te los cuiden, eso no es política de seguridad, es tercerizar el Estado.
Cárceles-call center y el outsourcing del Estado
El propio Gobierno reconoce que casi un centenar de capos siguieron operando desde prisión, dando órdenes, extorsionando y tejiendo alianzas, así que la brillante solución fue mandarlos a EE UU “por seguridad nacional”. Traducido del burocratés: “no podemos controlar ni a los reos que ya tenemos tras las rejas, háganme el favor de guardármelos tantito del otro lado”.
Las prisiones federales, incluidas las “joyas de la corona” como el Altiplano, funcionaban (…y funcionaba) como centros de mando donde Zetas y otros seguían trabajando con toda comodidad, aprovechando visitas, abogados y familiares como mensajería certificada del crimen. Es una confesión involuntaria de que el Estado puede detener cuerpos, pero no estructuras criminales: las celdas son oficinas pequeñas con barrotes de adorno.
Hacinamiento, autogobierno y la fantasía de la “reinserción”
Más de la mitad de las cárceles del país están sobrepobladas y algunas, como el penal de Chalco, tienen cinco veces más presos de los que deberían, un buffet libre para el autogobierno criminal. Ahí la “reinserción social” es que el más fuerte manda, cobra, explota y extorsiona, mientras el Estado firma oficios y presenta grafiquitas sobre derechos humanos de humanos poco derechos que aprovechan los vacíos de autoridad para llenarlo ellos.
Con 77% de prisiones sin suficiente personal y casi la mitad de los custodios sin formación, la seguridad real la administran los internos que controlan agua, jabón, baños, drogas, prostitución y hasta el acceso a una llamada. Si quieres sobrevivir, pagas; si no puedes pagar, extorsionas a alguien afuera: el sistema convierte al preso pobre en franquiciatario forzoso del crimen.
Extorsión vía prisión: negocio garantizado
Más de la mitad de las líneas usadas para extorsionar salen de una docena de cárceles, lo que todo mundo sabe y el propio Gobierno admite, pero aun así la extorsión sigue disparada. Hay inhibidores de señal, pero los custodios los apagan; hay cámaras, pero no sirven; hay normas, pero la corrupción las deja en modo decorativo.
Las prisiones no son centros de readaptación, son incubadoras de crimen donde el Estado pone el techo y los carteles ponen el modelo de negocio. El mensaje práctico a cualquier organización criminal es clarísimo: si te detienen, no te desanimes, desde la cárcel puedes seguir facturando.
Seguridad de escaparate, crisis de fondo
Mientras el Gobierno presume 37.000 detenciones, expertos advierten que sin sanear el sistema penitenciario, toda esa “estrategia” se va al caño: solo están concentrando líderes en ecosistemas donde pueden hacer alianzas y perfeccionar redes. Ni la contrainteligencia en penales, ni castigar a funcionarios corruptos, ni fortalecer instituciones está en el centro de la agenda; lo que sí vende son fotos de operativos, decomisos y traslados a EE UU.
Caso Marro: detenido en 2020 y, aun así, el Tesoro de EE UU lo sigue considerando operador activo del Cártel de Santa Rosa de Lima desde una cárcel federal mexicana, dando instrucciones por medio de abogados y familiares. Es la confirmación quirúrgica de la tesis incómoda: México no controla a los carteles, los hospeda; y no controla sus cárceles, las renta, a tiempo completo, como sucursales del crimen organizado.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/MICAELA VARELA
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