Desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, Michoacán se ha convertido en epicentro de la violencia contra los alcaldes en México, una sangría que se ha cobrado la vida de al menos 122 ediles en funciones entre 2006 y 2025 a nivel nacional, 18 de ellos en Michoacán, el Estado donde el expresidente Felipe Calderón lanzó un operativo contra la delincuencia organizada.
Casi dos décadas más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum alista los últimos detalles de un plan para pacificar la entidad, que sigue sin poder sacudirse los problemas que arrastra desde hace lustros. La ofensiva de Sheinbaum llega una semana después de que fuera asesinado Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, un homicidio que ha provocado una ola de indignación y una crisis en el Ejecutivo.
En lo que va del Gobierno de Sheinbaum han sido asesinados tres ediles en Michoacán: Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, miembro del PT, quien fue atacado el 6 de junio de 2025; Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, perteneciente a Morena, asesinada el 17 de junio, y Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, cuyo crimen desató una batalla política entre el Gobierno de Sheinbaum y la oposición.
Alcaldes asesinados a nivel nacional
Manzo es la más reciente víctima de una lista que incluye a políticos de todos los partidos, hombres y mujeres que, según todos los indicios, fueron acribillados por diferentes grupos del crimen organizado que controlan el territorio michoacano.
El Gobierno federal presentará este fin de semana el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, un conjunto de acciones en materia de seguridad, desarrollo económico, educación y cultura, que incluye un sistema de alerta municipal para que los alcaldes puedan pedir auxilio de las autoridades estatales y federales ante las frecuentes amenazas del crimen organizado.
El plan de Sheinbaum recuerda las anteriores intervenciones federales en Michoacán, considerado por los especialistas como un Estado bajo el dominio de una “gobernanza criminal”. “Representan un desafío al Estado y mandan el mensaje de que los grupos criminales no sólo disputan el territorio, sino que deciden quién puede gobernar”, considera Eduardo Guerrero, especialista de la agencia Lantia.
El analista explica que los asesinatos de alcaldes son síntomas de un proceso profundo de captura criminal de los gobiernos locales y de imposición de sus sistemas de gobernanza al margen de las instituciones.
El especialista sugiere combatir la crisis michoacana profesionalizando y depurando a las policías municipales, con apoyo federal y supervisión externa; que el gobierno estatal asuma el mando operativo de las policías municipales más vulnerables e infiltradas, y que el gobierno federal construya una estrategia de presencia sostenida y no sólo reactiva, priorizando la protección efectiva de alcaldes y líderes comunitarios.
Los primeros años de la guerra
Juan Marcelo Ibarra Villa, militante del PRI, fue el primero de la lista. Era alcalde del municipio de Madero cuando fue asesinado el 1 de junio de 2008, apenas seis meses después de haber asumido el cargo. Para entonces, habían transcurrido 18 meses del operativo lanzado por Calderón, que implicó el envío de tropas a territorio michoacano para combatir al cártel entonces denominado La Familia Michoacana.
El expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) defendió su estrategia afirmando que la intervención federal fue solicitada por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, un político del PRD que contaba con un linaje de gran simbolismo: nieto del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940, e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, el hombre que encabezó la ruptura del PRI a finales de los años ochenta.
Cárdenas Batel dejó la gubernatura en 2008 en manos de Leonel Godoy, otro militante del PRD, a quien le estalló la crisis por la ofensiva contra los cárteles y el surgimiento del cártel de los Caballeros Templarios, una escisión de La Familia Michoacana.
La reacción de los criminales a la declaración de guerra derivó en enfrentamientos en vías públicas, la exhibición de cuerpos desmembrados, decapitaciones, bloqueos carreteros, emboscadas a las patrullas del Ejército mexicano y actos terroristas como el estallido de dos granadas en la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza de Morelia, la capital del Estado, el 15 de septiembre de 2008. La violencia alcanzó también a los alcaldes de los 113 municipios, quienes se convirtieron en blanco de los cárteles.
El 24 de febrero de 2009, fue asesinado el priista Octavio Manuel Carrillo Castellanos, alcalde de Vista Hermosa, un municipio de 20.000 habitantes que, como casi todoslos de Michoacán, viven bajo el acoso de grupos criminales dedicados al narcotráfico y la extorsión. En los años siguientes, otros dos presidentes municipales fueron abatidos por la delincuencia mientras Calderón era presidente y Godoy gobernador.
En diciembre de 2009, todo el cabildo del municipio de Tancítaro decidió renunciar ante la situación de violencia y narcotráfico, por lo que el Congreso estatal nombró como alcalde interino a Gustavo Sánchez Cervantes, un profesor de karate y líder local sin militancia partidista. Diez meses después, el 27 de septiembre de 2010, el edil sustituto fue asesinado a golpes junto con su secretario particular. Sus cuerpos fueron encontrados atados de las manos por la espalda y vendados de los ojos con paliacates; “sus cabezas quedaron destrozadas por los golpes propinados”, según el reporte de la fiscalía estatal.
El 2 de noviembre de 2011, el alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, fue asesinado a tiros cuando faltaban sólo 11 días para las elecciones estatales. El alcalde militaba en el PAN y fue asesinado mientras repartía propaganda en favor de la candidata de su partido a la gubernatura, Luisa María Calderón, hermana del presidente de la República. Al igual que Carlos Manzo, fue acribillado en medio de las festividades del Día de Muertos, que en Michoacán se celebran con verbenas populares.
Estos cuatro ediles michoacanos forman parte de los 47 alcaldes que, según la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), fueron asesinados en todo México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Los asesinatos en el sexenio de Peña Nieto
El PRI regresó al poder en 2012; primero en Michoacán, con el gobernador Fausto Vallejo, y luego a nivel nacional, con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero el cambio de partido no detuvo la violencia.
En 2013, fueron asesinados dos alcaldes en el estado: Wilfrido Flores Villa, priista que fungía como presidente interino de Nahuatzen, acribillado el 4 de febrero mientras almorzaba en un restaurante, e Ygnacio López Mendoza, alcalde de Santana Maya, militante del PT, asesinado el 7 de noviembre, un mes después de llevar a cabo una protesta en el Senado de la República para denunciar que los ediles michoacanos eran obligados a pagar cuotas al crimen organizado.
En ese año, en varios municipios de Michoacán surgieron grupos de autodefensa que, ante la incapacidad de las autoridades para brindar seguridad, se armaron para enfrentar a los cárteles de la droga. En ese contexto, en enero de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto creó una comisión especial para la seguridad en Michoacán encabezada por Alfredo Castillo, un hombre de su entera confianza que había sido su fiscal en el gobierno del Estado de México y que tenía como misión dialogar con los grupos de autodefensa, apoyarlos en su lucha contra los cárteles y pacificar la entidad.
Castillo fracasó y, en el camino, otro alcalde fue asesinado, esta vez en Tanhuato, un municipio ubicado en el noroeste del estado, colindante con Jalisco, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación ya le disputaba el territorio a la Familia Michoacana. El alcalde Gustavo Garibay fue asesinado el 24 de abril de 2014; era un político panista que en 2012 ya había sobrevivido a un atentado.
El cuarto caso en el sexenio de Peña Nieto ocurrió en octubre de 2017, cuando fue baleado el alcalde de Paracho, Stalin Sánchez González, al salir de su casa. El asesinato de este alcalde emanado del PRD ocurrió cuando su partido ya gobernaba nuevamente la entidad. Fue el primer asesinato de un edil en el periodo del gobernador Silvano Aureoles, quien había ganado la elección en 2015.
En 2018, cuando agonizaba el sexenio de Peña Nieto, ocurrieron dos crímenes en el mismo municipio: Javier Ureña González, alcalde perredista de Buenavista Tomatlán, que fue asesinado el 27 de junio, y Eliseo Delgado Sánchez, el alcalde electo de la misma localidad, quien había ganado las elecciones bajo las siglas de Morena y fue acribillado el 20 de julio.
Buenavista Tomatlán es un municipio de 12 mil habitantes, ubicado en la región conocida como Tierra Caliente de Michoacán. En el municipio se localizan varias empacadoras de limón que en los últimos años han sido víctimas de extorsión y es una de las localidades donde surgieron grupos de autodefensa como el que encabezó Hipólito Mora, quien fue asesinado en 2023 tras una década de lucha en su comunidad. Buenavista ha sido escenario de hechos violentos, como el reciente asesinato de Alejandro Torres Mora, sobrino del viejo líder de autodefensas.
El 2018 fue año de elecciones federales y locales y, en ese contexto, decenas de políticos michoacanos fueron atacados. Entre ellos, el presidente municipal de Taretan, Alejandro Chávez Zavala, quien había pedido licencia para realizar su campaña para la reelección. El edil y candidato fue atacado a balazos mientras hacía campaña proselitista en una colonia del municipio, acompañado por su esposa. Taretan, de 12 mil habitantes, es una localidad ubicada a 100 kilómetros de Morelia, colindante con Uruapan.
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en el sexenio de Peña Nieto fueron asesinados 37 alcaldes entre 2012 y 2017 en todo el país, a los que se sumaron cinco homicidios más en 2018. Seis de los 42 alcaldes asesinados en ese sexenio gobernaban municipios de Michoacán.
Los asesinatos con la Cuarta Transformación
De acuerdo con los datos de la organización Data Cívica, la Asociación Nacional de Alcaldes y otras consultoras, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 23 asesinatos de alcaldes en funciones y tres alcaldes electos. Y, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, han ocurrido diez asesinatos más. Michoacán ha seguido en el ojo de esa violencia, con ocho alcaldes asesinados en el periodo de la 4T, cinco con AMLO y tres con Sheinbaum.
En los primeros meses del sexenio de López Obrador ocurrió el primer asesinato, en Nahuatzen, un municipio de menos de 30.000 habitantes, ubicado en el norte del estado y que es escenario de varios enfrentamientos. El alcalde, David Eduardo Otlica Avilés, fue secuestrado y asesinado el 23 de abril de 2019. Como en casi todos los casos, la Fiscalía estatal abrió carpetas de investigación y, meses después, informó sobre la detención de los presuntos autores materiales sin detallar el móvil.
En 2022 ocurrieron dos homicidios: el de Enrique Velázquez Orozco, alcalde priista de Contepec, un municipio de 35.000 habitantes colindante con el estado de Querétaro, y el de César Arturo Valencia Caballero, edil de Aguililla, un municipio del sureste, de 14.000 pobladores y altos niveles de marginación.
En 2024, último año del sexenio de López Obrador, hubo dos casos más: Guillermo Torres Rojas, militante de Morena que gobernaba en Churumuco, y Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa panista de Cotija. En ambos casos, el homicidio ocurrió cuando estaban por finalizar los gobiernos municipales.
La violencia en Michoacán también ha afectado a candidatos a alcaldes en los recientes procesos electorales. Tan sólo en 2024, ocurrieron dos asesinatos en un mismo municipio, con sólo horas de diferencia.
Los hechos ocurrieron el 26 de febrero en el municipio de Maravatío, gobernado por el PRD. Primero, fue asesinado el precandidato de Morena a la presidencia municipal, Miguel Ángel Reyes Zavala, a quien le dispararon dos sujetos armados mientras el político estaba estacionando su camioneta. Horas más tarde, Armando Pérez Luna, precandidato del PAN, también fue baleado dentro de su vehículo.
Los ajustes de cuentas y la violencia desatada por el crimen organizado también se han cobrado la vida de cinco expresidentes municipales de Michoacán en los últimos años. Según los registros de Data Cívica, estos asesinatos ocurrieron en los municipios de Penjamillo (2018), Morelia (2020), Aquila (2022), Cotija y Maravatío (2024).
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ
