Durango arde entre extorsiones, comunicados y la indolencia del poder. En la Comarca Lagunera, empresarios y ganaderos ya se cansaron del cuento oficial: denuncian desde hace más de un año las presiones, cobros ilegales y amenazas de la CATEM, ese sindicato “moderno” que factura al actual Diputado de Morena Pedro Haces, aliado del gobierno federal y el Cartel del Golfo en Tamaulipas, presunto brazo protector de los trabajadores, pero claramente una franquicia del crimen disfrazada de central obrera que posa junto al «superpolicia» Omar García Harfuch.
El gobernador Esteban Villegas, priista pero en paz con la 4T, promete que “si hay denuncias él lo arregla”. Bonito eslogan para redes, pero el campo, las obras y los pequeños negocios siguen bajo extorsión. No hay resultados, no hay sentencias, no hay ni un solo expediente con justicia tangible. Solo hay discursos y una Vicefiscalía en Lerdo que se hunde en su propia parálisis, sin credibilidad y sin resultados al que le estan matando lideres.
Las organizaciones civiles y empresariales ya se hartaron. Trece agrupaciones, desde la Unión Norte de Engordadores hasta los avicultores y transportistas, firmaron un desplegado que suena más a acta de desesperación que a exigencia formal. “Seguimos sin ver justicia”, reiteran. Mientras tanto, el gobernador posa en giras y presume que acabar con las extorsiones “es fácil”. Claro, fácil cuando el problema no pasa por tu rancho ni por tu nómina.
La CATEM, bajo la sombra del diputado y dirigente Pedro Haces, opera como si tuviera licencia para intimidar: cuotas por transportar ganado, “peajes” en obras públicas, cobros por hectárea de cultivo, amenazas a comerciantes y hasta control de pollinaza. Todo con sospechosa impunidad y un silencio ensordecedor desde el gobierno federal, que prefiere voltear hacia otro lado antes que tocar a su aliado sindical.
Morena calla. Los gobiernos morenistas responden con evasivas. Y las víctimas, en medio, siguen contando pesos y rezando que la siguiente “cuota” no venga acompañada de un arma.
La 4T presume justicia social, pero en Durango la justicia se extravió entre oficinas selladas, cateos sin informes y funcionarios que maquillan la realidad.
El hartazgo se respira. Las organizaciones exigen informes bimestrales, auditorías, depuración policial y, sobre todo, resultados. Pero el patrón de siempre se repite: promesas de “ya merito” y respuestas vacías desde el poder.
En la Comarca Lagunera, el gobierno juega al avestruz mientras la extorsión se volvió el nuevo impuesto revolucionario de la CATEM.
Durango no necesita más comunicados. Necesita que alguien, de una vez, cumpla la ley.
Con informacion: ELNORTE/
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