La Fiscalía de Sinaloa —esa institución que aún sirve al gobernador morenista con licencia, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico— y la FGR parecen llegar siempre tarde, incluso cuando el expediente les grita en la cara. Dejaron pasar casi un año para llamar a declarar a Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía y socio del grupo empresarial propietario de Terraza Valentinos, el último lugar público donde fue visto Carlos Emilio Galván Valenzuela antes de desaparecer en Mazatlán.
El joven desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán. Había acudido con sus primas a Terraza Valentinos y, según la información reunida por su familia y sus representantes legales, fue visto salir del baño acompañado por dos sujetos y abandonar el lugar en un vehículo. Desde entonces no se conoce su paradero. Pero a la fiscalía sinaloense, aparentemente más ocupada en administrar silencios que en perseguir responsables, le pareció razonable aplazar las preguntas elementales.
A la Fiscalía le tomó casi un año hacer lo obvio: citar a quien debió haber sido llamado desde el primer día. No a los doce meses, no después de que la madre de Carlos Emilio peleara contra la indiferencia institucional, no cuando el expediente ya arrastraba sospechas de irregularidades y omisiones.
La Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO, atrajo el caso en diciembre de 2025 ante las irregularidades detectadas en la investigación local. Y hasta ahora, casi un año después de la desaparición, citó como testigo a Ricardo Velarde Cárdenas, conocido como “Pity”, quien era secretario de Economía del Gobierno de Rubén Rocha Moya cuando ocurrió el caso y tiene participación accionaria en el conglomerado empresarial al que pertenece Terraza Valentinos.
Velarde acudió a declarar y, de acuerdo con fuentes citadas por EL PAÍS, negó cualquier relación con quienes habrían desaparecido a Carlos Emilio. Sostuvo que solo es socio del grupo comercial, que no participaba en la administración de los negocios y que desconoce a los sujetos que acompañaron al joven fuera del establecimiento. También afirmó haber colaborado con la entrega de videos del sitio. Esa es su versión; la obligación de contrastarla, exprimirla y verificarla no corresponde a los boletines ni a las familias: corresponde a la autoridad.
El retraso no es un detalle
La demora es especialmente insultante porque no se trataba de un bar cualquiera ni de un asunto periférico. Terraza Valentinos forma parte de Grupo Eleva, consorcio de restaurantes, bares y antros con presencia en varias ciudades, y Velarde estuvo ligado al grupo como director comercial durante años. Además, su salida de la Secretaría de Economía ocurrió después de la desaparición de Carlos Emilio, mientras su nombre ya estaba inevitablemente asociado al establecimiento donde el joven fue visto por última vez.
Y no era el único antecedente preocupante. En agosto de 2025, tres jóvenes fueron reportados como desaparecidos tras un altercado en Cotorritos, otro establecimiento del mismo grupo empresarial. Fueron localizados posteriormente, pero denunciaron amenazas. En un estado desgarrado por las desapariciones, la violencia criminal y la desconfianza hacia las instituciones, esos antecedentes exigían diligencias inmediatas, exhaustivas y sin contemplaciones. No una burocracia en modo siesta.
Preguntas que la Fiscalía dejó pudrir
La FGR también llamó a declarar a Isacc Aguayo Roacho, vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa, por las anomalías señaladas en la investigación original. Eso no es una medalla institucional: es la confirmación de que la investigación local necesitó ser rescatada desde fuera.
Las líneas de investigación revisan una posible relación entre Los Chapitos, negocios asociados a Velarde y la utilización de bares o restaurantes como presuntos puntos para actividades criminales, entre ellas venta de droga y privaciones ilegales de la libertad.
La detención reciente de Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, señalado por autoridades federales como operador de Los Chapitos y presuntamente vinculado a logística, recursos económicos, venta de droga y secuestros, vuelve todavía más urgente esclarecer todas las conexiones relevantes.
La pregunta no es por qué la FGR citó ahora al exfuncionario. La pregunta es por qué la Fiscalía de Sinaloa no lo hizo de inmediato. ¿Quién decidió que un posible testigo clave podía esperar meses? ¿Qué diligencias se omitieron? ¿Qué videos se preservaron íntegramente, cuáles se analizaron y cuáles llegaron tarde? ¿Qué pasó con las cámaras, los registros de personal, los accesos, los vehículos y las comunicaciones de aquella noche?
No es revancha: es investigación
Ricardo Velarde tiene derecho a la presunción de inocencia,pero Carlos Emilio también tenía derecho a no desaparecer; su madre tiene derecho a una investigación seria, y la sociedad tiene derecho a saber por qué las autoridades locales permitieron que el tiempo se convirtiera en el mejor aliado de la impunidad.
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Velarde en un expediente distinto, y el exfuncionario promovió recursos para combatir esa medida. Ese asunto no prueba responsabilidad alguna en la desaparición de Carlos Emilio, pero sí demuestra que el personaje y su entorno empresarial estaban bajo escrutinio institucional mientras la investigación por la desaparición avanzaba a paso de tortuga.
En Sinaloa, la justicia no puede seguir funcionando como servicio de emergencias que llega cuando ya no quedan huellas, testigos frescos ni margen para corregir la negligencia. Citar a “Pity” Velarde casi un año después no parece una muestra de eficacia; parece el reconocimiento tardío de que, desde el principio, alguien decidió no hacer las preguntas que ardían sobre la mesa.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ZEDRIK RAZIEL/
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