El nuevo Cedes Victoria todavía no tiene definido su esquema financiero, pero ya asoma una idea que Tamaulipas haría bien en examinar con lupa: entregar a una empresa privada la administración y el mantenimiento del penal mediante una asociación público-privada. La alimentación, los talleres y el vestido de las personas presas también quedarían del lado empresarial; la seguridad y la custodia seguirían a cargo del Estado.
Según Pedro Cepeda Anaya,el primo del Gobernador de Morena Américo Villarreal Anaya,que aun finge de secretario de Obras Públicas, el gobierno aportaría 50% del costo de la obra.
La fórmula merece una pregunta incómoda: ¿cuánto terminará pagando el contribuyente, durante cuántos años y por cuáles servicios, aunque el penal no esté lleno?
No es una ocurrencia alarmista. Durante la gestión federal de Genaro García Luna se firmaron ocho contratos de prestación de servicios para penales federales cuyo costo global, antes de renegociarse, ascendía a 276 mil 619 millones de pesos.
El gobierno federal informó que se pagaba el monto mensual completo sin importar la ocupación; los contratos fijaban costos diarios de entre 2 mil 600 y 6 mil 600 pesos por persona privada de la libertad. Una cárcel medio vacía podía facturarse como llena. Negocio redondo para quien cobraba; no tanto para quien ponía los impuestos.
Conviene ser puntillosos: el proyecto de Victoria no es, por ese solo hecho, el esquema de García Luna. Aún no se conocen sus cláusulas definitivas ni se ha demostrado un desvío en este proyecto.
Pero el antecedente sí obliga a preguntar antes de firmar, no cuando llegue la factura. García Luna cumple una condena de 460 meses de prisión en Estados Unidos por ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
Por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera atribuyó a una red auspiciada por él la extracción de 745.9 millones de dólares mediante contratos con distintas instituciones de seguridad pública.
Tamaulipas, además, llega a esta discusión con un problema propio de confianza en sus contrataciones. Una investigación de Artículo 7señaló que JF Konstruyendo y Megamax, empresas que vinculó con José Francisco Mendoza Gómez y su pareja, recibieron contratos estatales por aproximadamente 68 millones de pesos.
Mendoza Gómez fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de narcotráfico. El propio Cepeda Anaya reconoció contratos con Megamax, aunque habló de unos 27 millones de pesos y seis contratos; negó, en cambio, el vínculo atribuido a JF Konstruyendo con Mendoza Gómez. Hay una denuncia periodística y una parte reconocida por el funcionario, pero también una discrepancia que no debe borrarse a conveniencia.
Antes de que la palabra «APP» sirva para envolver la operación en papel brillante, el gobierno de Villarreal debería publicar la propuesta completa, el plazo de los pagos, la fórmula de actualización, los riesgos que asumirá el Estado, los criterios para elegir a la empresa y las verificaciones sobre sus beneficiarios reales.
No se trata de prohibir por reflejo la participación privada. Se trata de impedir que, dentro de unos años, Tamaulipas descubra que compró una prisión a plazos y regaló la calculadora.
Con información: HoyTamaulipas/
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