Sinaloa está sitiada, militarizada y, aun así, desprotegida. Con más de 17 mil militares, aviones, helicópteros, patrullajes y operativos que ya parecen una franquicia de la misma promesa incumplida, la violencia volvió a sentarse a cenar en Culiacán: un hombre asesinado y siete personas heridas dentro de un restaurante en Tres Ríos.
Sinaloa, el estado más militarizado del país, vuelve a exhibir el fracaso del “reforzamiento” perpetuo
En los lamentables hechos, Culiacán volvió a confirmar que el poder armado del Estado puede estar por todas partes… menos donde hace falta.
La noche de ayer jueves, un ataque armado dentro de un restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos dejó una persona asesinada y siete lesionadas. No fue en una brecha perdida, ni en una zona inaccesible, ni en algún rincón donde el Gobierno pueda fingir sorpresa: fue en una plaza comercial, en uno de los sectores más visibles y transitados de la capital sinaloense.
Una balacera a la hora de cenar, con clientes, trabajadores y familias como espectadores forzados de la normalidad criminal que nadie ha logrado desmontar.
Entre los heridos se encuentra el cantante Víctor Valverde, de 21 años, además de una mujer de 72 años y otros jóvenes. Tras el ataque, como dicta el libreto de siempre, llegaron Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal y Fiscalía: el dispositivo posterior, la fotografía de rigor, el acordonamiento y las diligencias. Es decir, la presencia institucional que aparece con puntualidad después de que las balas hicieron lo suyo.
Porque en Sinaloa ya no se habla de seguridad, sino de reforzamientos: reforzar al reforzamiento que reforzó el operativo anterior, que a su vez llegó a reforzar la estrategia que tampoco funcionó.
La entidad acumula tropas como si la solución dependiera exclusivamente de engordar la cifra del despliegue, no de producir inteligencia, desarticular estructuras criminales, investigar homicidios, proteger a la población y castigar a quienes convierten espacios públicos en campos de tiro.
El saldo que acompaña esta lógica de ocupación es brutal y crece minuto a minuto: del 9 de septiembre de 2024 al 23 de septiembre de 2026, el registro difundido contabiliza 3 mil 886 homicidios dolosos —un promedio de 5.2 al día—, 4 mil 424 personas privadas de la libertad, 12 mil 552 vehículos robados, 3 mil 986 detenidos y 211 personas abatidas.
Las cifras sirven para medir el tamaño de la tragedia, pero también para desnudar una contradicción: hay miles de efectivos en el estado y, aun así, la vida cotidiana sigue subordinada a la capacidad de fuego de los grupos criminales.
La pregunta ya no es cuántos militares faltan. La pregunta es qué está fallando cuando el mayor despliegue militar del país no impide que una balacera irrumpa en un restaurante de una zona comercial de Culiacán. Porque si la respuesta oficial vuelve a ser “mandar más”, entonces habrá que admitir que Sinaloa no tiene una estrategia de seguridad: tiene una rueda de prensa permanente, escoltada por uniformes, mientras el estado sigue pagando la cuenta.
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