El número 13, que muchos temen, aquí juega como amuleto: los 13 nombres que se quedaron fuera de las órdenes de aprehensión son más bien un recordatorio de cómo en México la justicia sirve más para espectáculo que para redención. No es casualidad: se anuncian detenciones, se dejan caer cabezas menores y se preserva a los que tienen hilos más largos, a veces hasta familiares, en las más altas cúpulas del poder naval y militar.
Un teatro con uniforme
La red de huachicoleo en manos de marinos, empresarios y militares no es un caso menor, es una ópera bufa de corrupción: vicealmirantes, contralmirantes, capitanes y aduanales bailando juntos sobre los muelles, moviendo buques llenos de combustible ilegal frente a todos. ¿Pruebas? Testigos quebrados de miedo, listas de sobornados, grabaciones del cinismo. ¿Resultado? La narrativa oficial: “ya agarramos a 14”. Y un pendiente monumental de 13 que, curiosamente, parecen demasiado bien conectados para caerse de la silla.
Los intocables trece
Los marinos destacados como Camargo Vivero, Vargas Suárez y Goicochea Sotomayor fueron señalados sin anestesia, pero mientras uno pide amparo desde fuera del país y el otro se atora en la burocracia de las destituciones, los expedientes para procesarlos caminan en cámara lenta.
Empresarios de navieras y agentes aduanales siguen firmando papeles como si nada; funcionarios de módulo que dejaron pasar cisternas enteras de huachicol al puerto, hoy solo están “cesados” y libres. El mensaje es claro: algunos pagan con cárcel, otros con vacaciones largas.
El 13 como señal mediática
Aquí el 13 parece no supersticiosamente maldito, sino deliberadamente útil. Se convierten en un marcador: mostrar que hay más culpables, pero dejarlos sueltos para que la ciudadanía crea que la maquinaria de justicia sigue girando. Una suerte de “vean que sabemos quiénes son, pero tranquilos, no pasa nada”. El 13 no se atrapa, se exhibe como trofeo simbólico.
El mito del cumplimiento de la ley y la impunidad por litro de Harfuch el cuentachiles
Lo que se vio con el decomiso del Challenge Procyon fue la postal mediática: camiones y gasolina frente a cámaras, funcionarios diciendo que la limpieza de aduanas va en serio. Pero la realidad es otra: 69 operaciones de contrabando en menos de dos años, siempre con la misma agencia marítima y el mismo agente aduanal moviendo papeles como si fueran estampitas. Difícil hablar de infiltración del crimen organizado cuando en realidad son ellos quienes marcan el compás.
En este espectáculo donde la corrupción se disfraza de honor militar, lo verdaderamente supersticioso no es el 13, sino creer que esta maquinaria de contrabando quedó realmente desmantelada.
Asi lo cita el Diario Español/EL PAIS
«La red de contrabando de combustibles de los marinos, un desfalco a la altura de los más notables en la nutrida historia de corrupción mexicana, es una madeja de crimen organizado, aduanas, militares, funcionarios, miles de millones de pesos y barcos llenos de gasolina ilegal. Con 14 integrantes capturados hasta la fecha, las autoridades han repetido que habrá más detenciones, pero a la fecha no se han concretado. La orden de aprehensión de la primera tanda de detenidos, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aporta testimonios contra otros 13 implicados en esta mafia que quedaron fuera de la lista de nombres a detener.
La investigación tiene como pruebas testimoniales dos declaratorias. Una es la de Santo, alias de un capitán de marina que participó en la trama y al final, rendido y asustado, se convirtió en testigo colaborador, declarando contra los hermanos Farías Laguna y parte de sus compinches. La otra es la de H.R.V., trabajador con un puesto de responsabilidad y 22 años de experiencia en los puertos.
Los 13 implicados son siete marinos, tres empresarios y tres funcionarios aduanales. Uno de los militares, al ver su nombre en un listado de uniformados supuestamente sobornados, se suicidó. La lista incluye varios capitanes de navío y jefes de departamento, además de los agentes navales y aduanales involucrados en una conspiración criminal que tenía como cabezas a Manuel Roberto y a Fernando Farías Laguna. Con rango de vicealmirante y contraalmirante y sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina de 2018 a 2024, usaban su influencia para poner a gente de su confianza en puestos clave de aduanas.
Hay dos militares que destacan sobre el resto. Uno es el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, director general del puerto de Tampico, en Tamaulipas, de abril de 2024 a enero de 2025, periodo en el que entraron en casi 20 envíos ilegales de combustible.
Supuestamente, dio órdenes para que, “cuando empezaban a arribar los transportes para la descarga de los buques con supuesto aditivos”, los vigilantes no registraran los vehículos como es su obligación legal. La misma semana de la detención de los primeros integrantes de la red, Camargo Vivero intentó protegerse solicitando un amparo, pero fue rechazado por el juez en turno, que dio como una de las razones que ni siquiera se encuentra dentro de México.
Su sucesor, el almirante Ruben Vargas Suárez, estuvo al frente del puerto de Tampico de enero a mayo de 2025, cuando fue destituido en relación al decomiso del buque Challenge Procyon, el primer gran caso mediático de huachicol fiscal y clave para desmantelar la conspiración criminal de los Farías Laguna. A Vargas Suárez se le señala por proteger las descargas del combustible ilegal. Durante su mandato hubo al menos 20 operaciones de contrabando.
Un tercer marino de alto rango es el contralmirante Luis Goicochea Sotomayor, que se quedó en el puesto de Santo cuando este fue trasladado de aduanas en enero de 2025. Santo, el testigo, era titular de la aduana de Tampico y colaboró con esta red, ayudando a gestionar y repartir los sobornos. Los otros marinos señalados son Federico Castro Domínguez, quien reclutó a Santo para entrar en la mafia de los Farías Laguna; Gastón Ramos Delgado, primer jefe de Santo en la aduana de Tampico y el que le prometió un doble sueldo; y José Rafael Duncan Dekin, que le entregó su primer soborno y del que se dice en la investigación que estaba “involucrado en las actividades probablemente ilícitas de contrabando de mercancía en las aduanas”.
Aunque no están en los testimonios de prueba, a estos habría que sumar a Luis Alfredo García Arellano Villegas, capitán de navío y encargado de la Aduana de Guaymas, Sonora, y a Juan Carlos Sario Pichal, también capitán y subdirector de Operación Aduanal en el mismo recinto, que firmaron la entrada de al menos dos buques de contrabando en el puerto de Guaymas en Sonora. Ninguno de ellos está detenido y no hay registro de que haya orden de aprehensión.
La red de los Farías Laguna estuvo en activo en cuatro aduanas de México, principalmente Altamira y Tampico, de junio de 2023 a marzo de 2025. En ese tiempo, gestionaron al menos 69 operaciones de contrabando, siempre usando la misma agencia marítima—que se encarga de la logística de los barcos— y, por lo menos en la mitad de los casos, al mismo agente aduanal, una persona autorizada por el Servicio de Administración Tributaria en México que representa a los importadores y exportadores y asegura el cumplimiento de la ley.
Los nombres de Luis Omar Chong y Ernesto Cárdenas, gerente y auxiliar de operaciones de la naviera Altamaritima, y el de Benito Abad Pérez, agente aduanal, salen en los dos testimonios. “Luis Omar Chong se apoyaba de Ernesto Cárdenas, quien es su auxiliar de operaciones, persona que realizaba todas las gestiones con capitanía de puerto para el ingreso de los buques”, dicen de los primeros; “los permisos que saca a la par el agente aduanal que es Benito Abad, S.A, quien este hace el trámite ante Aduanas”, y “solicitaba el ingreso y salida de vehículos” para la descarga del combustible, explican del agente aduanal. También sale el representante legal del recinto fiscal donde arribaban los buques, al que nombran Capiterucho Pinto.
De acuerdo a testimonios de trabajadores de aduanas que vieron pasar los buques con combustible ilegal, recabados por EL PAÍS, es prácticamente imposible que estas figuras no supieran que estaban contrabandeando combustible adentro de México.
En las declaraciones, salen también tres trabajadores de la aduana y puerto de Tampico: Raúl Mendoza, jefe de departamento de módulos y que aparece en la lista de sobornados; Hugo Alonzo Rodríguez Aguilar, subgerente de operación portuaria, y su segundo, Abraham Hernández Ávila, implicado en encubrir las entradas de camiones cisterna para descargar el combustible. Alonzo Rodríguez y Hernández Ávila fueron cesados a mediados de 2025, resultado de las investigaciones internas en Tampico.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA
