“COMO que se ESCAPO SI la SEDENA SABIA TODO”: “INACCION de TODOS TRADUJO NOMBRAMIENTO de CRIMINAL LIGADO a MORENA como JEFE de POLICIA en CIENTOS de MUERTES y BRUTAL ENSANGRENTADERO..igual pasó en Sinaloa y pasa en Tamaulipas.

Cuando una autoridad en México,asi sea Militar, toma conocimiento de la corrupción cometida por otra autoridad y no actúa, incurre en responsabilidad penal y administrativa. Esta omisión está ampliamente regulada por la legislación mexicana, y esto ocurrió en Tabasco bajo otro gobierno de Morena al que el ejercito pudo servir deliberadamente con calculo politico en detrímento de la seguridad de ciudadanos,muy semejante a como ocurre hoy en Tamaulipas con Americo Villarreal.

El contexto

El 14 de febrero de 2025 se libró la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena. La información se hizo pública este fin de semana por admisión del general Miguel Ángel López, comandante de la 30 Zona Militar, en una entrevista con Radio Fórmula. Sin embargo, el año pasado, el actual gobernador de Tabasco, Javier May, había sugerido públicamente que los presuntos vínculos criminales de Bermúdez Requena eran de conocimiento común.

Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco por Adán Augusto López. La decisión se tomó a pesar de la existencia de informes de inteligencia militar que ponían en entredicho la integridad del funcionario.

De acuerdo al general López Martínez, el acusado huyó del país, viajando de Mérida a Panamá, luego a España y posteriormente a Brasil.

Bermúdez Requena y el huachicol de Dos Bocas

Según documentos filtrados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste de Sedena identificó a Bermúdez Requena como pieza central de una red criminal dedicada al robo de combustible en Dos Bocas.

Un primer reporte fechado el 22 de febrero de 2021 describe la intención de extraer 38 millones de litros de combustible de un barco en el puerto, operado por traficantes apellidados Ovando, con logística y documentación falsa para pipas de 30,000 litros cada una.

Ese mismo informe incluye un diagrama en el que Bermúdez Requena aparece en la cúspide de la estructura, junto a su asesor Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “El Licenciado Tomasín”.

Pese a un reporte de inteligencia del 12 de noviembre de 2019 que señalaba vínculos de Bermúdez Requena con “El Pelón de Playas” y otros funcionarios corruptos, Adán Augusto López lo ratificó en el cargo en diciembre de 2019, lo que desoyó la alerta militar y permitió el florecimiento de la organización criminal.

La filtración de Guacamaya Leaks

A raíz de la filtración de Guacamaya Leaks, en octubre de 2022, se hizo público un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional que involucraba a Adán Augusto López con “La Barredora”, un grupo criminal presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación que controla el trasiego de combustible, el tráfico de drogas y la trata de personas en Tabasco.

El Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste informó que Hernán Bermúdez, alias “Comandante H”, es el líder de la organización junto con dos directores de la policía estatal. Bermúdez fue designado como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, precisamente por Adán Augusto López.

El actual gobernador Javier May culpó explícitamente a Bermúdez de la explosión de violencia en el estado.

La Secretaría de la Defensa Nacional también informó que, bajo la influencia del gobierno de Adán Augusto López, floreció el “Cártel del Huachicol”. Los reportes militares señalaron que Gabriel González, alias “Gabo”, un presunto operador del CJNG, mantenía contacto de las operaciones con la oficina del gobernador de Tabasco. Adán Augusto López se puso “a la orden”, de acuerdo al documento de inteligencia, e incluso ofreció un enlace con la SEIDO.

El “Caso Olmeca” de la Sedena hizo referencia a un segundo operador del Cártel del Huachicol, un ciudadano americano con residencia en Reynosa de nombre Gerardo Ovando, alias “El Yayo”. De acuerdo al reporte, funcionarios vinculados a Adán Augusto López prometieron conectarlo con elementos civiles y militares de la Administración Portuaria Integral, de la Agencia Nacional de Aduanas y de la Secretaría de Marina.

Responsabilidad penal de funcionarios que permitieron la permanencia de un jefe policial vinculado al crimen, y su fuga

1. Contexto legal sobre la responsabilidad penal de funcionarios públicos en México

Los funcionarios públicos, incluidos los Militares, tienen por mandato legal, la obligación de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Si a pesar de tener información sobre la conducta criminal, conflictos de interés o vínculos con el crimen organizado de un funcionario como Hernán Bermúdez Requena, permitieron su permanencia al frente de la institución policial y omitieron actuar de manera diligente, incurren en responsabilidades penales específicas.

2. Responsabilidades y delitos aplicables

• Responsabilidad penal por colaboración con el crimen organizado:
  La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada sanciona a los funcionarios públicos que, aún sin pertenecer formalmente a una organización criminal, colaboren, faciliten o se abstengan deliberadamente de actuar en contra de sus actividades. Esto incluye proteger o ratificar en el cargo a personas identificadas como líderes de células criminales.
• Responsabilidad por omisión deliberada:
  La omisión consciente de información relevante que permita el desarrollo delictivo puede ser considerada como participación indirecta en la comisión de delitos (por ejemplo, delincuencia organizada, abuso de autoridad, encubrimiento y cohecho). La doctrina y legislación penal sancionan tanto la acción como la omisión dolosa de funcionarios llamados a impedir delitos contra particulares.
• Favorecimiento de la evasión de detenidos:
  Si la huida de Bermúdez Requena fue posible por la falta de diligencia, omisión, complicidad o incluso colaboración de autoridades, los responsables pueden enfrentar cargos por el delito de evasión de presos. El Código Penal Federal establece que si la evasión es favorecida por funcionarios públicos, la pena puede incrementarse hasta en una tercera parte respecto a la sanción original:
• De seis a nueve años de prisión para quien facilite la evasión.
• Hasta veinte años si se trata de delincuencia organizada.
• Destitución e inhabilitación de ocho a doce años para ocupar cargos públicos.
• Concierto para delinquir (asociación delictuosa):
  Los servidores públicos que contribuyan voluntariamente, omitiendo alertas o reincorporando en el cargo a personas sospechosas, pueden ser considerados parte de una asociación delictuosa y sujetos a las mismas sanciones por concierto para delinquir, independientemente de su calidad de servidores públicos

3. Consecuencias legales individuales y colectivas

• Prisión, multas e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
• Indemnización por daños y perjuicios a víctimas o a la administración pública.
• Sanciones agravadas por el contexto de delincuencia organizada y violencia generada.

4. Ejemplo comparativo normativo

Delito/falta	Sanción posible	Fundamentación Legal
Favorecer la permanencia de criminal en cargo público	Prisión, multa, inhabilitación, destitución	Ley Fed. Delincuencia Organizada
Omisión de deber al no destituir/actuar	Prisión, multa, sanción administrativa	Código Penal Federal/art. 114-122
Encubrimiento y/o evasión de presos	Prisión (6 a 20 años), destitución, inhabilitación	CPF art. 150-154
Concierto para delinquir	Prisión (según delito principal), agravantes por función pública	Ley Fed. Delincuencia Organizada

5. Notas adicionales

• La responsabilidad penal solo se podrá acreditar si se demuestra que los funcionarios eran garantes y tenían conocimiento de los hechos y omitieron actuar deliberadamente
• Las sanciones suelen ser más severas cuando el daño a la ciudadanía o a la seguridad pública es comprobable y cuando se trata de estructuras jerárquicas que facilitaron la actuación delictiva.

En conclusión: quien en el ámbito de la función pública permite la permanencia de individuos con evidentes nexos criminales en cargos estratégicos y luego es omiso o facilita su fuga, enfrenta responsabilidades penales graves equivalentes a colaboración con la delincuencia organizada, encubrimiento y evasión, agravadas por su función y el daño potencial causado a la sociedad mexicana

Con informacion: CODIGO MAGENTA/ redes/medios

“HARFUCH YA lo PROTEGIA en CDMX ?”: EL “RATON le VA PONER VENTILADOR a la MIERDA dice RAVELO y sus CONFESIONES VAN a APUNTAR la COLUSION del que DICE que COMBATE NARCOS ademas de MILITARES y POLITICOS”…el mapa politico-Moreno-criminal se va reconfigurar.

Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cuatro cargos federales la semana pasada en una audiencia celebrada en el Distrito Norte de Illinois. A sus 35 años, el hijo de El Chapo Guzmán aceptó los cargos por operar una organización criminal y conspirar para traficar drogas, incluyendo fentanilo y tráfico de armas.

La administración Trump continúa atacando a las organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa. Diversos medios de comunicación mexicanos informan que esta admisión de culpabilidad en delitos graves como narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado le permite solicitar expresamente una exención para apelar cualquier sentencia que se le imponga. Esta medida judicial podría permitir que Ovidio reciba una sentencia relativamente moderada por el grave cargo de coordinar envíos masivos de fentanilo a Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York transfirió el caso a Chicago el 1 de julio, lo que permite una resolución acelerada al concentrar los cargos federales en una sola jurisdicción.

El abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman, lanzó acusaciones contra el gobierno mexicano, calificando a la presidenta Sheinbaum de ser una publirrelacionista de la facción El Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa. 

La presidenta respondió desde Culiacán, calificando las declaraciones de irrespetuosas y reiterando que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie. La presidenta Sheinbaum declaró que no fue consultada sobre este acuerdo. Lichtman acusó a Sheinbaum de proteger indirectamente a El Mayo del Cártel de Sinaloa y criticó que, durante cuatro décadas, ningún gobierno mexicano ha logrado detenerlo, ni se ha hecho ningún esfuerzo serio para detenerlo, a pesar de tenerlo frente a sus narices.

La presidenta Sheinbaum no tardó en responder: ” Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie” allegando que las declaraciones del abogado de Ovidio son una completa falta de respeto a la institución presidencial.

El contenido exacto de las confesiones de Ovidio permanece clasificado. Sin embargo, muchos creen que el acuerdo no fue solo una reducción de sentencia. Se trata de un acto que podría tener efectos devastadores para las redes criminales con las que alguna vez colaboró. Incluso podría traer consecuencias para figuras políticas, empresariales y militares, tanto en México como en el extranjero.

El caso reveló que las confesiones de Ovidio podrían ir mucho más allá del narcotráfico, tocando fibras sensibles del poder político nacional. Es probable que Ovidio esté proporcionando información sensible sobre redes criminales, lavado de dinero y protección institucional del cártel.

Según el periodista Ricardo Ravelo, experto en crimen organizado y autor de varios libros sobre el cártel de Sinaloa, ya hay indicios de nerviosismo en el Partido Morena. En el programa Narcomundo, Ravelo aseguró que lo que está en juego no es solo el destino de un narcotraficante de alto nivel, sino la estabilidad de figuras políticas clave del régimen actual.

Uno de los nombres que más ha resonado estos días es el de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Según Ravelo, existen acusaciones de que designó a un miembro de Los Barredora, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, como jefe de seguridad en el estado mexicano de Tabasco. 

El vínculo directo de López con un grupo criminal genera alarma. Esto plantea la pregunta de por qué un gobernador tendría algún tipo de comunicación con un grupo criminal, y mucho menos nombrar a un miembro para un cargo gubernamental.

Otro nombre mencionado con insistencia es el de Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Ravelo lo acusa de acumular una fortuna millonaria en muy poco tiempo e indica, además, que compró ranchos y empresas tequileras sin una justificación financiera clara, insinuando que detrás de todo ese dinero se descubrirá delincuencia o corrupción.

Incluso se hizo alusión a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aunque sin pruebas. Ravelo alega que la participación de la familia presidencial en negocios turbios genera sospechas. En la audiencia de Ovidio, se destapará una cloaca enorme, advirtió Ravelo. El impacto de las confesiones de Ovidio también se extiende al sistema de justicia y a la Fiscalía General de la República.

El mes pasado, Breitbart News informó sobre la llegada de al menos 17 familiares cercanos de Ovidio, lo que podría interpretarse como parte de una estrategia de negociación más amplia. Estos acontecimientos sin duda han generado preocupación entre quienes pudieron haber estado involucrados en actividades ilegales que ahora podrían quedar expuestas como parte de un acuerdo de colaboración.

El silencio del gobierno federal mexicano se ha convertido ahora en declaraciones defensivas de la presidenta Sheinbaum, quien afirmó que no protegerá a nadie y que las instituciones actuarán conforme a la ley. Sin embargo, los nombres de muchos políticos y funcionarios del gobierno que podrían estar conspirando con el cártel han sido mencionados, lo que ha generado revuelo, ya que muchos políticos se señalan mutuamente con el dedo.

Existe una profunda diferencia entre las estrategias de ambos países contra el crimen organizado. El gobierno de Trump impone designaciones de terrorismo, que incluyen al cártel de Sinaloa, y negocia sentencias con los líderes capturados a cambio de inteligencia mientras que México exige pruebas sólidas y respeto a su soberanía judicial.

La Procuraduría General de la República (PGR) de México ha reiterado que cualquier información proporcionada por Ovidio Guzmán será evaluada conforme a la ley y que no se descartará ninguna línea de investigación si se presentan pruebas verificables.

Desde el anuncio oficial de su declaración de culpabilidad, analistas y periodistas han advertido que el pacto con Ovidio Guzmán no es solo un procedimiento legal, sino una estrategia que podría beneficiar a ambos gobiernos. Obtener confesiones, nombres valiosos, tácticas operativas e información sobre la infraestructura del cártel de Sinaloa representa una victoria operativa de gran éxito para Estados Unidos. El Departamento de Justicia ya ha indicado que las declaraciones de Guzmán podrían ser consideradas y podrían reducir su sentencia si resultan útiles.

El abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman, insiste en que su cliente no solo colaborará, sino que también revelará las conexiones de alto nivel que durante años protegieron al Cártel de Sinaloa. La colaboración de Ovidio podría abrir una caja de Pandora y cambiar la forma en que entendemos plenamente la relación entre los políticos mexicanos y las organizaciones criminales.

Las estructuras del crimen organizado en México no son simples grupos criminales. Históricamente han estado vinculadas a figuras económicas, políticas y, en muchos casos, influyentes. Revelar los nombres de políticos, empresarios y militares mencionados como beneficiarios o cómplices podría perturbar las instituciones mexicanas, lo que podría tener un impacto duradero en la integridad del gobierno mexicano.

Fuente: Breitbart News/TX/ Narcomundo/

LA “MUERTE TRAE PERMISO”: “CERO DETENIDOS por MATAR 43 POLICIAS en SINALOA es una BOFETADA a la LOGICA FUNDAMENTAL que ATENTA vs la LEY de la PROBABILIDAD y ESTADISTICA”…esto no es azar: es corrupción, colusión y parálisis sistemática.

La cifra de 43 policías asesinados sin ningún detenido en Sinaloa, gobernada por morena,un Narcogoebrnador y el crimen organizado,no solo significa un fracaso legal e institucional; es, además, una bofetada a la lógica fundamental de la probabilidad y la estadística.

Violación a la Ley de Probabilidad

• En un contexto real, incluso los sistemas de justicia más ineficaces logran esclarecer al menos un caso de cada decena, aunque sea por azar, presión social o errores de los perpetradores.
• Cuando la cifra de cero detenidos se repite tras decenas de crímenes, no estamos ante una variable aleatoria ni ante fallas aisladas; se trata de un fenómeno estadísticamente anómalo e inaceptable y claramente complice que equivale a que la muerte trae permiso.
• La probabilidad de que 43 asesinatos —cometidos en plena vía pública, en operativos criminales, a plena luz del día y bajo miradas institucionales— terminen todos “sin responsable”, tiende matemáticamente a cero en cualquier democracia funcional. Esto no es azar: es corrupción, colusión o parálisis sistemática.

Atentado contra la Estadística Criminal

• En países con índices elevados de impunidad, como México, solo el 0.9% de los delitos logra resolverse judicialmente, cita IMPUNIDAD CERO. Incluso así, los sistemas más colapsados registran alguna detención accidental o parcial.

• Si 43 homicidios quedan todos sin esclarecerse, ni castigarse , la propia estadística pierde sentido; el sistema simplemente deja de producir datos útiles y solo refleja una omisión deliberada de investigar o castigar.
• Este fenómeno que se replica desde las “mañaneras del pueblo”, es muestra de lo que especialistas llaman “impunidad estadística”: la incapacidad —y manipulación intencional— para reflejar a modo la realidad delictiva y procesal del país, agrava la erosión del Estado de derecho.

Imposibilidad Matemática = Indiferencia Deliberada

• “Cero detenidos” en 43 asesinatos no es resultado de mala suerte: es evidencia de un sistema que renuncia públicamente a perseguir el delito cuando las víctimas son policías, ademas de ciudadanos.
• Lo que ocurre es la cancelación de la justicia como expectativa social; si la estadística ordinaria indica que debería haber al menos uno o dos avances, la ausencia absoluta de investigaciones exitosas es una decisión política, no un accidente estadístico.

En conclusión:
La impunidad masiva rompe la ley, destruye la esperanza de los policías y pisotea la lógica misma de las ciencias que miden lo social. Donde la estadística dice “debería haber detenidos”, el sistema genera “nunca los hay”. Eso —matemáticamente— solo se logra con desprecio institucional absoluto por la vida y por el Estado de derecho.

Aunque la ausencia de detenidos también se extiende a otros rubros del delito, porque la impunidad ya es estrategia selectiva.

Con informacion: MEDIOS/REDES/

“NO SIRVIO la BLINDADA y YA son 43”: “CARTEL de SINALOA AMETRALLÓ COORDINADOR de GRUPO de ELITE de la POLICIA en CULIACAN y siguen INVICTOS SIN NINGUN DETENIDO”…la ley ha desertado y el crimen ha tomado el control.

El Comandante “Nitro”, identificado como Cristóbal David Barraza Sainz, quien era coordinador del Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Sinaloa,se convirtió ayer en el ejecutado #43 por parte del Cartel de Sinaloa,quien de paso sigue invicto antes las fuerzas del orden, pues ninguno de sus ejecutores ha sido detenido.

Con esta brutal ejecucion,el CDS acabó no solo con su vida,tambien con una trayectoria que abarcó más de una década, con experiencia en operativos de alto riesgo y tareas tácticas en zonas de alta presencia criminal. 

En septiembre de 2023 fue designado líder del Grupo Élite y, en febrero de 2025, fue comisionado a Mazatlán, aunque recientemente había regresado a Culiacán para tramitar su baja voluntaria, proceso que aún no concluyó, de modo que seguía en servicio activo al momento de su muerte.

Detalles del Asesinato

El crimen ocurrió la tarde del martes 15 de julio de 2025, alrededor de las 13:00 horas, sobre el transitado bulevar Pedro Infante, en el poniente de Culiacán, cerca de una plaza comercial y las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Barraza Sainz viajaba en una camioneta Volkswagen Tiguan blindada acompañado de su esposa. Un comando armado los atacó de carro a carro, provocando la muerte inmediata del mando policial y dejando gravemente herida a su pareja, quien fue trasladada de emergencia a un hospital.

El nivel de audacia del ataque generó alarma social, pues se perpetró en horario de alto flujo y en una zona vigilada. Tras el ataque, se desplegó un operativo con participación del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales, pero con los mismos resultados de siempre,NADA.

Reacciones y Repercusiones

Hasta el cierre de la noche de ayer martes, las autoridades estatales no habían emitido una versión oficial sobre los motivos del crimen ni la identidad de los responsables, solo se limitaron a lamentarla especialidad de la casa. 

El asesinato de “Nitro” se suma a una ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos 31 policías solo en lo que va del 2025 y 43 desde septiembre de 2024,incluido un cercano colaborador de Omar García Harfuch.

Este patrón recurrente de matar policias y que no se capture a nadie, echa por tierra la sedicente estrategia que presume “inteligencia + coordinacion” y evidencia una escalada inédita de ataques contra mandos y efectivos policiales en la entidad.

Citadinos y colectivos han exigido mayor transparencia institucional y acciones contundentes para frenar la violencia y garantizar la integridad de los elementos de seguridad pública. El clima de impunidad y la capacidad operativa de grupos criminales han sido señalados como factores clave tras el atentado[3][6].

Perfil e Impacto

Barraza Sainz era considerado un mando táctico y respetado en la PEP, reconocido por su trabajo en operativos y su conocimiento de la delincuencia organizada. Su asesinato podría desencadenar reacciones más enérgicas de la autoridad y, al mismo tiempo, acentuar el riesgo para otros elementos policiales. La situación demanda, de acuerdo con analistas y voces civiles, un replanteamiento urgente de las estrategias de protección a los cuerpos de seguridad en Sinaloa.

Resumen de hechos destacados

• Fecha y hora del ataque: 15 de julio de 2025, alrededor de las 13:00 horas.
• Lugar: Bulevar Pedro Infante, Culiacán, Sinaloa.
• Víctimas: Comandante Nitro (fallecido), esposa (herida grave).
• Situación institucional: Ola de asesinatos contra policías estatales tras incremento de violencia criminal.
• Reacciones: Demandas de mayor transparencia y fortalecimiento de la seguridad pública.

Reflexión Cruda: Impunidad Cuando Matan Policías

Cuando el crimen organizado ejecuta policías y ni un solo responsable es detenido, se instala una impunidad total que corroe la idea misma de Estado. En Sinaloa, la cifra es brutal: al menos 43 policías asesinados en 10 meses, 34 en solo nueve meses, sin un solo detenido. La impunidad es absoluta —ni flagrancia, ni órdenes de aprehensión ejecutadas— y ese dato evidencia una realidad devastadora: quienes matan policías están seguros de que no habrá castigo.

¿Qué ocurre con las instituciones?

• Quebranto del Estado de Derecho: Si un gobierno permite que sus agentes sean cazados sin consecuencias, ¿qué garantías hay para el ciudadano común?
• Desmoralización policial: Saber que sus colegas son asesinados y los crímenes quedan impunes debilita la moral, inhibe la acción y facilita la corrupción o el éxodo de elementos.
• Mensaje para el crimen: La ausencia de detenidos es, en efecto, una invitación directa a seguir matando. Los grupos criminales perciben carta blanca para aniquilar a la autoridad con una peligrosidad inusitada, incluso a plena luz del día y en público.
• Colapso de la confianza social: La sociedad observa con horror cómo la autoridad está a merced del crimen. Se anula la confianza en instituciones, se dispara el miedo y cualquier esperanza de justicia se ve extinguida.

Las consecuencias estructurales

• Impunidad endémica: En México, solo el 5% de los asesinatos terminan con una sentencia; en el caso de policías es todavía peor: en Sinaloa, reciente y oficialmente, el índice de detención es de cero.
• Victimización doble: Los policías no solo mueren en el cumplimiento del deber; también mueren dos veces en la narrativa social: pasan de ser guardianes a ser símbolos del fracaso institucional.
• Fortalecimiento del crimen: Cada policía asesinado sin justicia es un logro para las organizaciones delictivas. Ganan territorio, amedrentan a la autoridad y cultivan el miedo colectivo.

¿Por qué ocurre esto?

• Deficiencia en investigación: Fiscalías sobrecargadas, falta de recursos, exceso de miedo y/o complicidad.
• Corrupción y colusión: Estructuras policiales y sistemas de justicia penetradas por el crimen.
• Abandono político: Ausencia de respaldo real desde el gobierno. El silencio o tibieza oficial solo profundiza la percepción de vulnerabilidad institucional y ciudadana.

En suma: Cuando el crimen puede ejecutar policías sin enfrentar nunca la justicia, no solo hay colapso legal: hay un aviso de que la ley ha desertado y el crimen ha tomado el control. En ese vacío, la sociedad queda expuesta y la democracia enferma irremediablemente. Las cifras no dejan lugar a dudas: la impunidad se ha vuelto la regla, no la excepción.

Con informacion: NOROESTE/

“SI le JALA el DIPUTADO”: “RAMBO LEGISLATIVO AMBIDIESTRO DISPARA FUSCA con la DIESTRA con VASO DESECHABLE en la SINIESTRA y le ACERTÓ DIRECTO al CORAZON de la INDIGNACION PUBLICA”…

En la lejana serranía de Juárez,en el estado de Hidalgo, donde todo parece decirnos que los acuerdos se sellan con cerveza y el civismo se mide en calibres, emergio un nuevo héroe de la democracia: el honorable diputado plurinominal Leonel Perusquía Muedano, también conocido como el Vaquero del PRD o el Comanche de Cuarta Transformación Ajena. A falta de iniciativas legislativas, el legislador decidió dejar su huella a balazo limpio con vaso desechable en mano.

Según testigos (es decir, las redes sociales), Perusquía no dudó en sacar la artillería mientras sostenía su trago entre los dientes como buen vaquero moderno. Aunque lo que disparó no fue precisamente una reforma, sino municiones al aire, su puntería fue certera: acertó directo al corazón de la indignación pública y el ridículo institucional.

Su cuadrilla de valientes –incluyendo funcionarios locales, una agente municipal y el infaltable compa que grita “¡llénala, güey!”– completaban la escena de esta versión serrana de Los Indestructibles 8, patrocinados por alguna cervecera no oficial. Todo ocurrió, por supuesto, en “el Cerro”, porque no hay mejor lugar para violar el sentido común que en la cumbre del exceso.

El Congreso de Hidalgo, conmovido hasta el último escaño, emitió un comunicado que básicamente decía: “Nos deslindamos…pero con clase”. Ignoran si el arma es legal, si el diputado tiene permiso o si el video fue grabado antes o después del segundo six de caguamas, pero eso sí: exigen respeto a los valores del servicio público… entre disparo y disparo.

No hay pronunciamiento del diputado hasta ahora, quizá porque sigue buscando su vaso o recargando la pistola. Mientras tanto, las dudas permanecen:

• ¿Era una reunión de trabajo o de puntería?
• ¿El cartucho iba dentro de la Ley Orgánica?
• ¿Perusquía aspira al Senado o al próximo remake de Narcos México?

En tanto se esclarecen los hechos, proponemos que su próxima iniciativa sea institucionalizar la portación de armas Cal.9MM mientras se legisla sobre seguridad pública rural… o al menos instalar tribunas contra balas en el pleno del Congreso.

Porque en Hidalgo, cuando se dice que un diputado “toma decisiones importantes”,ya no sabe si eso se refiere al Congreso o al parque de tiro entre el monte hidalguense ,tierra de Heriberto Lazcano,alias “Lazca”, aquel militar de elite fundador de Los Zetas desde el glorioso ejercito mexicano que hasta iglesia se mando construir buscando expiar sus pecados.

Con informacion: PROCESO/