Visitanos tambien en:

martes, 3 de junio de 2025

“HAY OTILIA,OTILIA”: “EX-EDIL que DESAYUNÓ con CAPO como AMERICO CENÓ con ZETA quiere SENADO DESAPAREZCA PODERES en MUNICIPIOS para COMBATIR a sus AMIGOS”…ahora quiere gobernar Guerrero y ya tiene los requisitos de pudrición suficientes.


Norma Otilia Hernández Martínez, ex Edil de Morena en Chilpancingo exhibida en 2023 con su esposo en un desayuno con un líder criminal,igual que como Americo Villarreal cenó con Zeta en marzo de 2022, presentó en el Senado una iniciativa para darle a esa cámara la facultad de desaparecer los poderes en los municipios que hayan perdido gobernabilidad debido a la inseguridad y el crimen organizado.

“Se presenta esta iniciativa porque conocemos lo que padecen los municipios, en cuanto a fuerza policial, recursos económicos e inteligencia, por lo que se necesita la fuerza de la federación que evidentemente en materia de seguridad es superior a la municipal, ya que cuenta con el presupuesto e instituciones como lo es guardia nacional y las fuerzas armadas”..

La actuación de Norma Otilia Hernández Martínez, exalcaldesa de Chilpancingo por Morena, es un caso paradigmático de doble moral y contradicción política en el contexto de la narcopolítica mexicana. Su trayectoria reciente ilustra cómo el discurso público puede distanciarse radicalmente de la conducta privada y de los hechos comprobados.

Reunión con líder criminal y consecuencias políticas

En julio de 2023, se difundió un video donde Hernández Martínez aparece, junto a su esposo, en una reunión con Celso Ortega Jiménez, identificado por la Fiscalía de Guerrero como líder del grupo criminal “Los Ardillos”. 

La reunión ocurrió pocos días después de que ella asumiera la alcaldía y en una zona controlada por dicha organización. La difusión del video provocó su expulsión de Morena, bajo el argumento de que su conducta atentó contra los principios y la imagen del partido, así como contra la paz social y el bienestar de la población.

Aunque Hernández admitió la autenticidad del encuentro, negó haber pactado con el grupo criminal y argumentó que la reunión fue motivada por la crisis de violencia que vivía Chilpancingo, señalando que “la gente me pedía auxilio” y que la situación era insostenible para la población.

Posteriormente, afirmó que el video había sido manipulado y que ella desconocía la identidad criminal de Ortega Jiménez en ese momento, asegurando que creía estar saludando a un comandante de policía comunitario.

Restitución en Morena y discurso de victimización

Tras su expulsión, Hernández impugnó la decisión y, en marzo de 2025, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero ordenó restituirle sus derechos partidistas, argumentando que no se podía tomar como prueba suficiente una información difundida en medios de comunicación. Así, recuperó su militancia y fue nombrada consejera estatal de Morena, pese a la controversia generada y a las investigaciones abiertas en su contra.

Durante este proceso, Hernández se presentó reiteradamente como víctima de persecución política y violencia de género, comparando su situación con las “traiciones” sufridas por el propio Andrés Manuel López Obrador en su carrera política. Alegó que la campaña en su contra era orquestada por poderes fácticos y que su expulsión respondía a intereses internos dentro de Morena.

La iniciativa en el Senado: ¿doble moral?

En este contexto, resulta llamativo que Hernández haya presentado en el Senado una iniciativa para facultar a la cámara alta a desaparecer poderes en municipios donde la gobernabilidad esté comprometida por la delincuencia organizada. Justificó la propuesta por su experiencia como alcaldesa y la falta de capacidad de los municipios para enfrentar la inseguridad, subrayando la necesidad de intervención federal.

La contradicción es evidente: la misma funcionaria que fue exhibida en una reunión con un presunto líder criminal, y cuya gestión estuvo marcada por hechos de violencia e inseguridad, ahora impulsa una reforma para combatir la narcopolítica desde el ámbito federal. 

La iniciativa, en teoría, busca evitar que los municipios caigan en manos del crimen, pero proviene de una figura que ha sido señalada precisamente por vínculos o, al menos, cercanía con actores criminales.

Conclusión

El caso de Norma Otilia Hernández Martínez ,como el de Americo Villarreal en Tamaulipas,es un ejemplo claro de como los “desayunos y las cenas con narcos” pueden ser diluidos en doble moral política. 

Mientras en lo público promueven reformas o humanismo trasformador, en lo privado han sido señalados por conductas que, en los hechos, los vinculan con el fenómeno que dicen combatir. 

Esta situación no solo erosiona la confianza en las instituciones y los partidos, sino que también refleja la complejidad y los riesgos de la narcopolítica en México, donde la línea entre la autoridad y la criminalidad puede volverse difusa, y el discurso anticrimen puede ser instrumentalizado por quienes han sido parte del problema.

Con informacion: ELNORTE/

“NO ERA CLONADA,ERAN POLICIAS”: “ZAFARRANCHO entre POLIS dejo 7 DETENIDOS que SUMA la RIÑA entre SOLDADOS y TIROTEO vs INOCENTES por la GUARDIA NACIONAL”…es lo que llamaríamos un “vulgar pinche” desorden.


Siete elementos de la Policía Municipal de Culiacán fueron detenidos ,luego de protagonizar un violento altercado con agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el exterior de una clínica privada ubicada en la colonia Gabriel Leyva, al norte de la ciudad.

Cronología de los hechos

  • La intervención de las fuerzas estatales se originó a partir de una denuncia anónima recibida al número de emergencias 089, que alertaba sobre el ingreso de dos hombres heridos de bala a la clínica.
  • Elementos de la PEP acudieron al lugar para verificar la situación, encontrándose con una actitud hostil y agresiva por parte de un grupo de policías municipales, quienes intentaron impedir la labor de los estatales.
  • Según versiones preliminares, el enfrentamiento incluyó empujones, agresiones verbales y, presuntamente, detonaciones de arma de fuego.
  • Como resultado, siete policías municipales —seis hombres y una mujer— fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Identidad de los agentes detenidos

Los policías municipales detenidos fueron identificados como:

  • Luciano “N”
  • Pedro Luis “N”
  • Saúl “N”
  • Luis Alberto “N”
  • Jasiel Humberto “N”
  • Jesús Manuel “N”
  • Reyna Gloria “N”[8]

Durante el operativo, se aseguraron dos patrullas y armas de fuego en poder de los detenidos.

Contexto y versiones encontradas

  • Inicialmente circuló la versión de que policías municipales habían sido atacados por civiles armados a bordo de una supuesta patrulla clonada de la PEP. 
  • Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aclaró que la agresión fue perpetrada por los propios agentes municipales contra los estatales.
  • No se reportaron agentes lesionados durante el enfrentamiento, aunque medios locales mencionan que dos policías municipales habrían resultado heridos en hechos previos relacionados.
  • La clínica permanece bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras continúan las investigaciones y diligencias ministeriales.

Situación de los civiles heridos

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni el estado de salud de los dos civiles que ingresaron heridos de bala a la clínica. Tampoco se ha emitido una postura oficial por parte del Ayuntamiento de Culiacán ni de la corporación municipal respecto a los hechos.

Antecedentes de violencia en la zona

Cabe señalar que este incidente ocurre días después de que la misma clínica fuera escenario de otro hecho violento, cuando un grupo armado ingresó y ejecutó a un hombre dentro de un quirófano, lo que ha generado preocupación entre el personal médico y la ciudadanía.


Resumen:
El enfrentamiento entre policías municipales y estatales en Culiacán, motivado por la atención a un reporte de personas heridas de bala, derivó en la detención de siete agentes municipales, el aseguramiento de armas y patrullas, y el despliegue de fuerzas federales en la zona. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y esclarecer el trasfondo de este inusual choque entre corporaciones de seguridad pública

Con información: NOROESTE/

“ESPERARON que TERMINARA de CANTAR”: “EJECUTAN VOCALISTA de GRUPO MUSICAL al TRAS PRESENTACION en BAR”…a quien le importa, entre primer y segundo piso ya son casi 220 mil y sumados todos los desgobiernos mas de 710 mil.


Julio Eusebio Labra, vocalista principal del grupo norteño Conquistadores de la Sierra, fue asesinado la noche del domingo 1 de junio de 2025 mientras ofrecía un concierto en el restaurante-bar “El Huamuchilito”, ubicado en la colonia El Guante, municipio de Emiliano Zapata, Morelos. 

Sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon directamente contra el cantante mientras se encontraba en el escenario, provocando pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio o huyeron del lugar.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas. Según testimonios, Labra intentó escapar tras los disparos, pero fue alcanzado y cayó sin vida sobre la avenida Ferrocarril, a pocos metros de la salida principal del local. Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El área fue acordonada y personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de casquillos y otros indicios balísticos, mientras que el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para la necropsia de ley.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el crimen y las autoridades han abierto una carpeta de investigación.


Líneas de investigación y declaraciones oficiales

El secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible crimen pasional, aunque no se descartan otras hipótesis, incluyendo la posible relación con el crimen organizado. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha emitido hasta ahora un informe detallado ni ha confirmado el móvil del asesinato.

“Ahorita están diversas líneas de investigación, ahí se menciona quizás una pareja sentimental. Es lo que estamos dando seguimiento”, declaró Urrutia Lozano.


Reacciones y contexto social

El asesinato de Labra ha generado consternación entre seguidores del grupo, la comunidad artística y habitantes de Emiliano Zapata, municipio que recientemente ha registrado varios hechos violentos. La ejecución del músico en un evento público ha incrementado la preocupación por la seguridad en la región, especialmente porque el ataque ocurrió el mismo día de la jornada electoral en Morelos, lo que podría haber limitado la reacción y comunicación oficial de las autoridades.

La agrupación Conquistadores de la Sierra era reconocida por su presencia en ferias, bailes y eventos sociales en Morelos y estados vecinos, lo que le había otorgado una notable popularidad en la zona.


Violencia contra músicos en México

El caso de Julio Eusebio Labra se suma a una preocupante ola de violencia contra músicos del género regional mexicano. Apenas días antes, los cinco integrantes del Grupo Fugitivo fueron hallados asesinados y calcinados en Reynosa, Tamaulipas, tras haber sido reportados como desaparecidos. Este patrón de ataques ha generado un debate sobre la seguridad de los artistas y la relación de la música regional con contextos de violencia y crimen organizado.


Conclusión

El asesinato de Julio Eusebio Labra, vocalista de Conquistadores de la Sierra, refleja la vulnerabilidad de los músicos regionales ante la violencia en México y pone en evidencia la falta de resultados inmediatos en las investigaciones de estos crímenes. El caso sigue abierto, sin detenidos y con múltiples líneas de investigación, mientras el hecho genera indignación y temor en la sociedad y el gremio artístico.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

“AYUDEN a INTERPRETARLA…es la CLAVE de TODO”: UN “BURRO ABUSADO y ABUSADOR,el GANSO MANIPULADOR que NO se FUE a la CHINGADA,la RATA CORRUPTA y el CHONGUITO ESCUALIDO (a) TODAS las PULGAS”…pagando por todo.


La caricatura muestra a cuatro animales en una cadena de abuso y desgaste: un burro etiquetado como “CNTE”, un ganso, una rata y un perro flaco. El texto “AGARRARÓNIA DE SU…” alude a una expresión coloquial mexicana sobre ser explotado o manipulado.

  • El ganso simboliza al ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
  • La rata representa la corrupción.
  • El burro es la CNTE.
  • El perro flaco representa a Claudia Sheinbaum, la presidenta.

Cada cual en su papel: 

  • Ganso (AMLO): En la cultura política mexicana reciente, el “ganso” se asocia directamente con López Obrador, derivado de su famosa frase “me canso ganso”. Aquí, el ganso va montado sobre la CNTE, sujetando la cuerda de control, lo que sugiere que AMLO, durante su sexenio, no solo tejió una alianza con la CNTE sino que la manipuló políticamente para sus propios fines, alineándose con sus demandas y la sigue utilizando. El ganso, además, tiene una expresión dominante y de control, evidenciando su papel como actor principal en la cadena de poder.
  • Rata (corrupción): La rata va encima del ganso y también sobre el burro, simbolizando que, pese al discurso anticorrupción, la corrupción sigue montada sobre los actores políticos y sindicales, infiltrándose en las estructuras de poder y en los movimientos sociales. La rata se beneficia y se perpetúa gracias a la relación entre el ganso (AMLO) y la CNTE.
  • Burro (CNTE): El burro, tradicionalmente símbolo de carga y terquedad, aquí es la CNTE, que ha sido utilizada y manipulada tanto por el ex-presidente como por intereses corruptos. 
  • La CNTE soporta el peso de las alianzas políticas y de la corrupción, y a pesar de su protagonismo en la protesta social, aparece como un actor explotado,desgastado y aunque abusado,es abusador.
  • Perro flaco (Sheinbaum): El perro flaco, al final de la cadena, representa a Sheinbaum, quien hereda los conflictos, el desgaste y las consecuencias de la manipulación y corrupción previas. El dicho mexicano “al perro flaco, todas las pulgas” refuerza la idea de que Sheinbaum carga con los problemas irresueltos y el desgaste político generado. Su figura es la más debilitada, arrastrada y sin poder de decisión real, víctima de las dinámicas heredadas.

Contextualización política

Durante el sexenio de López Obrador, la CNTE fue un aliado clave para Morena y la 4T, especialmente en el rechazo a la reforma educativa de Peña Nieto y en la defensa de los derechos laborales del magisterio. Sin embargo, esta relación estuvo marcada por el uso político y la manipulación, donde AMLO capitalizó el apoyo de la CNTE para consolidar su proyecto, mientras la corrupción seguía presente en las estructuras sindicales y gubernamentales.

Con la llegada de Sheinbaum al poder, la CNTE se vuelve un actor incómodo y desafiante, exigiendo el cumplimiento de promesas no resueltas y radicalizando sus métodos. Sheinbaum, representada como el perro flaco, recibe las consecuencias de la manipulación y la corrupción previas, enfrentando una CNTE empoderada y una opinión pública cada vez más crítica ante la falta de soluciones.

Lectura crítica

La caricatura denuncia cómo el poder político (AMLO/ganso) manipula y utiliza a la CNTE (burro) como instrumento de control, mientras la corrupción (rata) se mantiene como parásito sobre ambos. Al final, el costo político y social recae sobre Sheinbaum (perro flaco), quien hereda un conflicto sindical y una estructura corrupta que la debilitan y limitan su margen de maniobra.

Así, la imagen sintetiza la cadena de manipulación, abuso y desgaste en la política mexicana reciente, donde los actores centrales (AMLO y la CNTE) se beneficiaron mutuamente, la corrupción nunca fue erradicada, y la nueva administración termina siendo la más afectada y vulnerable.

Con informacion: ELNORTE/PACO CALDERON/

“QUIEN DIJO CRIMEN NO PAGA ?”: “TODOS con FIERRO de MORENA y TANIA CONTRERAS con LOGO del CARTEL del GOLFO en la ESPALDA seran TUS IN_DIGNOS REPRESENTANTES de la IN_JUSTICIA”…y queda “bien parado” el viejo narco Moncada.


No podía saberse: la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene estampada la huella de Morena. Los nueve candidatos que se perfilan como ministros del máximo tribunal fueron postulados por el Poder Ejecutivo o por una decisión conjunta del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Llevan el visto bueno de Arturo Zaldívar, de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador. 

El conteo del Instituto Nacional Electoral indica que ningún candidato postulado por el Poder Judicial tenía la menor posibilidad de ganar. En los hechos, la Elección Judicial fue una simulación de la democracia. Los acordeones difundidos por el oficialismo ratifican que la historia ya estaba escrita. El “dedazo” de la 4T que sepulta a la República.

Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero llevarán togas teñidas de guinda. Morena, finalmente, ha capturado al último contrapeso que se interponía con la construcción de un régimen de partido hegemónico. En la nueva Corte, el gobierno nunca pierde.

El cambio político más profundo en la historia de la joven democracia mexicana fue avalado por una secuencia de asaltos a la Constitución: la captura del INE y del Tribunal Electoral; un cuestionado fallo que garantizó la sobrerrepresentación de la 4T en el Congreso; la extorsión, soborno o intimidación de cuatro senadores de oposición y una Elección Judicial marcada por una abstención del 87 por ciento. El solo pacto de Adán Augusto López con la familia Yunes es motivo suficiente para descalificar el proceso.

Además, la organización civil Defensorxs documentó, ampliamente, la operación de compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, el reparto de acordeones y la “asistencia” de observadores electorales para dictarle la boleta a los adultos mayores. El cambio de régimen apenas requirió de 12.8 millones de votos para controlar la totalidad del Poder Judicial y del 54 por ciento de los votos para obtener la mayoría calificada en el Poder Legislativo. La compra de la República fue una ganga.

Fareed Zakaria, el prominente periodista y analista internacional de CNN, argumenta que la Reforma Judicial coloca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la par de sus homólogos de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Israel, Benjamín Netnayahu. Los tres jefes de Estado han promovido ataques frontales contra el Poder Judicial para quitarle límites a la expansión del Poder Ejecutivo. La 4T ha seguido al pie de la letra el manual del autoritarismo.

Sin embargo, Zakaria comete una imprecisión. No es Claudia Sheinbaum quien es equiparable a Erdogan o Netanyahu. El artífice de la Reforma Judicial se llama Andrés Manuel López Obrador. Salvo el caso de Sara Irene Herrerías, funcionaria de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República, el resto de los nuevos ministros tienen mayor afinidad con el ex presidente. La nueva Corte tendrá un tufo transexenal.

De hecho, la Reforma Judicial no era parte del programa original de gobierno de López Obrador. Prueba de ello fue la nominación a la Suprema Corte de dos perfiles que han defendido la Constitución a cabalidad: Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. En un acto de congruencia, ambos renunciaron a sus pensiones. No se prestaron a la farsa de una elección simulada.

No obstante, algo cambió en el semblante del presidente López Obrador cuando la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la Reforma Eléctrica y de la Reforma a la Guardia Nacional. Ahí nació el proyecto para capturar a la Corte. Antes de morir, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que López Obrador se convirtió en una víctima del adagio de Lord Acton: “El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”. No es casualidad que la ira del ex presidente contra el Poder Judicial tuviera su origen en dos fallos que trastocaron intereses del más alto nivel: la condición de monopolio de Pemex y CFE, las dos empresas que son epicentro de negocios privados de la cúpula política de la 4T, y la autorización legal de la militarización de la seguridad pública. La presencia de elementos del Ejército en la sesión del Consejo General del INE del 1 de junio y la influencia del dinero del huachicol fiscal en la Elección Judicial subrayan el origen del problema y le dan la razón a Diego Valadés. El constitucionalista mexicano argumenta que la Reforma Judicial desencadenó a los poderes fácticos.

En octubre, González Alcántara presentó un proyecto para resolver una acción de inconstitucionalidad que pretendía invalidar la Reforma Judicial. Aunque la sentencia fue frenada por el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, a quien hoy ubican como un futuro miembro del cuerpo diplomático mexicano, las palabras del ministro fueron casi proféticas: “No existe la certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”, se lee en el proyecto de sentencia. “En esta última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, continúa.

En el proyecto de sentencia se concluye que “aún sin analizar la mera elección popular como un método compatible con el régimen democrático y republicano para la elección de personas juzgadoras, es claro que tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas generado para la votación corrompen los fundamentos de nuestra República representativa y democrática”. Tenía razón: el Comité de Evaluación que presidieron el ex ministro, Arturo Zaldívar, y el abogado privado del ex presidente, Javier Quijano Baz, tuvo el privilegio de escoger las candidaturas idóneas entre un ‘pool’ de más de 55 mil candidatos. La destitución anticipada del polémico abogado panista Roberto Gil Zuarth fue evidencia de que se trató de un proceso politizado.

La Reforma Judicial no mejora la impartición de justicia a nivel de ras de suelo y deja abierta la puerta a la injerencia del crimen organizado en los tribunales. Ahora, más que nunca.  Un caso ejemplifica este riesgo: Tania Contreras López, quien tiene vínculos familiares con personajes asociados a la Columna Armada Pedro J. Méndez y al negocio del huachicol fiscal, lidera las preferencias para el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. 

Se trata de la beneficiaria de un esquema de difusión de acordeones desde el poder. A pesar de sus conexiones, o precisamente gracias a ellas, fue que el oficialismo movilizó al aparto gubernamental para promover su candidatura.

Las consecuencias de la nueva composición del Poder Judicial apenas están por conocerse. En el caso de la Suprema Corte, se espera una recomposición total de la interpretación y las sentencias. Hugo Aguilar será el nuevo presidente del máximo tribunal. El perfil de quien ha sido un defensor jurídico de los pueblos originarios durante décadas anticipa un clima mucho menos adecuado para la inversión. Desde la izquierda, argumentan que esto no necesariamente es negativo. ¿Aguilar ganó por méritos propios, por ser el favorito de la 4T o por ser el primer nombre de la lista en la parte superior de las boletas?

A pesar del inminente giro a la izquierda en la Suprema Corte, hay intereses corporativos que ya empiezan a rodear a las togas de la 4T. La injerencia de Lenia Batres en asuntos como la demanda de las hermanas Garza Delgado contra Santander o el crédito fiscal de Grupo Salinas van a marcar la línea. Con la nueva Corte, el T-MEC pende de un hilo.

El desaire de la ciudadanía a la Elección Judicial, la de mayor abstención en la historia reciente del país, demuestra que el proceso fue un fiasco, un desastre y una simulación. No podía saberse.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

LOS “HINCARON y EJECUTARON ?”: “COBARDIA ASESINA y PENDEJA de GUARDIAS NACIONALES MILITARIZADOS quitaron la VIDA a EMBARAZADA y su ESPOSO en SINALOA”…y todavia no se seca la sangre de dos niñas.


En forma pacífica ante las instalaciones de la Guardia Nacional, familiares y amigos de la pareja formada por Néstor “N” de 48 años de edad, comerciante y Karla Yesenia “N”, de 28 años, con un embarazo de cuatro meses, los cuales fallecieron virtualmente ejecutados por otra confusión de fuerzas federales militares que les dispararon sin que nadie les disparara, demandaron justicia.

Contexto y hechos del caso

Ausencia de agresión y testimonios

Familiares, amigos y habitantes de la comunidad han negado categóricamente que la pareja estuviera armada o que hubiera agredido a los elementos federales. 

Testigos señalan que los efectivos de la Guardia Nacional obligaron a la pareja a bajar de la camioneta, los hincaron y los encañonaron antes de las detonaciones. Incluso, algunos pobladores intentaron intervenir para explicar que eran personas de bien, pero fueron alejados del lugar por los agentes, cita Luz Noticias.

No se ha reportado el aseguramiento de armas, drogas u otros objetos ilícitos en el sitio, y hasta el momento las autoridades no han presentado pruebas que acrediten una agresión por parte de las víctimas.

Obligaciones legales y uso de la fuerza

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el Manual del Uso de la Fuerza de las Fuerzas Armadas mexicanas establecen que el uso de la fuerza letal es un recurso extremo y solo puede emplearse cuando exista una agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida de los agentes o de terceros. 

Además, el uso de la fuerza debe ser proporcional, racional y justificado, y se prohíbe explícitamente el uso de fuerza letal contra personas ya sometidas, desarmadas o que no representen una amenaza. El uso indebido de la fuerza genera responsabilidad penal y administrativa para los elementos y sus mandos.

En este caso, la ausencia de evidencia sobre una agresión por parte de la pareja, sumada a los testimonios de que se encontraban sometidos y desarmados, sugiere que la actuación de los elementos de la Guardia Nacional fue contraria a los principios legales y a los protocolos de actuación.

Condición de “asesinos” de los elementos

A la luz de la información disponible y la ausencia de agresión por parte de las víctimas, la conducta de los elementos de la Guardia Nacional podría constituir homicidio doloso, no solo por el uso injustificado de la fuerza letal, sino por la posible ejecución extrajudicial de personas sometidas y desarmadas, lo que se agrava por el hecho de que una de las víctimas estaba embarazada. La ley y los manuales castrenses son claros: no se puede justificar el uso letal de la fuerza si no existe una amenaza real y actual, y mucho menos contra personas sometidas.

La experiencia documentada por organismos como la CNDH y organizaciones internacionales muestra que en México existen precedentes de alteración de escenas del crimen, falsos testimonios y obstrucción de justicia por parte de fuerzas federales, lo que obliga a exigir una investigación independiente y exhaustiva.

Resumen del hecho

  • La muerte de la pareja, en un contexto de ausencia de agresión y estando sometidos, es un caso paradigmático de uso excesivo e ilegal de la fuerza letal por parte de la Guardia Nacional.
  • El hecho de que las víctimas no estuvieran armadas, no opusieran resistencia y fueran ejecutadas tras ser hincadas, elimina cualquier presunción de legítima defensa o de enfrentamiento.
  • El caso se inscribe en una tendencia preocupante: en México, el índice de letalidad de fuerzas federales es muy superior al aceptable, con más muertes de civiles que de agentes, lo que evidencia un patrón de abuso de la fuerza leta.
  • La ausencia de una investigación oficial transparente y la omisión de los hechos en los informes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa refuerzan la sospecha de encubrimiento y falta de rendición de cuentas.

Por que cobarde y pendeja

Argumento: Cobardía asesina y falta de preparación

La brutal ejecución de Karla Yesenia, una joven embarazada, y su esposo Néstor a manos de la Guardia Nacional en Sinaloa, no solo es un crimen atroz, sino un síntoma alarmante de la profunda crisis de profesionalismo y humanidad en las fuerzas de seguridad militarizadas en México.

Torpeza y falta de entrenamiento

El hecho de que los elementos hayan obligado a la pareja a hincarse, para después dispararles sin que existiera una agresión real o inminente, revela una absoluta carencia de protocolos básicos de actuación. La Guardia Nacional, concebida para proteger a la ciudadanía, ha demostrado en este caso una alarmante incapacidad para distinguir entre civiles inocentes y verdaderos criminales. La falta de entrenamiento adecuado en derechos humanos, manejo de crisis y uso proporcional de la fuerza, expone a la población a los peores riesgos: ser víctima de la incompetencia y el miedo de quienes deberían protegerles.

Miedo y cobardía

Lo más grave es la actitud cobarde de los elementos involucrados. El miedo irracional, la paranoia y la incapacidad de controlar situaciones de tensión los llevó a disparar contra una pareja indefensa, incluso después de haberlos sometido. No se trató de un enfrentamiento, ni de una reacción ante una amenaza real: fue un acto de pánico y brutalidad, un reflejo de la falta de temple y criterio que debería ser indispensable en cualquier agente armado.

Militarización fallida

La militarización de la seguridad pública, lejos de profesionalizar a las fuerzas, ha multiplicado los casos de abuso, letalidad y errores fatales. La Guardia Nacional, integrada en gran parte por personal militar sin formación policial ni sensibilidad civil, opera bajo lógicas de guerra, donde el “enemigo” es cualquiera que no entiendan o no reconozcan. La consecuencia: ejecuciones sumarias, como la de Karla y Néstor, y una sociedad aterrorizada por quienes deberían garantizar la paz.

Indignación social y precedente sangriento

La indignación crece porque, apenas días antes, dos niñas también fueron víctimas de la violencia de las fuerzas federales. La sangre de inocentes aún no se seca y ya hay nuevas víctimas. ¿Cuántas tragedias más serán necesarias para que las autoridades reconozcan el fracaso de la militarización y la urgente necesidad de depuración, capacitación y rendición de cuentas en los cuerpos de seguridad?


En conclusión:
Lo ocurrido en Sinaloa no es solo un caso de abuso de poder, es el resultado de una cobardía asesina y pendeja, alimentada por la torpeza, el miedo y la falta de entrenamiento de una Guardia Nacional militarizada que, lejos de proteger, pone en riesgo la vida de los ciudadanos. La exigencia de justicia es también un grito para que nunca más la incompetencia y el miedo de los uniformados se traduzcan en muerte para inocentes.

Con informacion: ELUNIVERSAL/