Una de las principales dificultades que enfrenta el equipo comercial mexicano cuando negocia con la coalición trumpista es que ambos se comunican desde una lógica distinta.
El equipo mexicano está convencido de que el libre comercio entre países de América del Norte beneficia a Estados Unidos al darle acceso a manufactura barata y, por tanto, crecimiento económico y competitividad.
El equipo estadounidense cree que el libre comercio los ha debilitado, transfiriendo empresas y empleos de Estados Unidos a México, reduciendo su capacidad recaudatoria y afectando su seguridad nacional al volverlo dependiente de otros países.
Las diferencias son irreconciliables porque ambas, bajo su propia lógica, son acertadas. Lo que es también irreconciliable es que Estados Unidos es un país más fuerte que México y uno con el que, por ahora, conviene mantener buenas relaciones.
Ante ello, me parece que es tiempo de tomar la dolorosa decisión de que México deje su propia lógica a un lado y comience a hablar “Trumpañol”. Este es un idioma que, desde la lógica del trumpismo, defiende los intereses mexicanos. No más defender las virtudes del libre comercio. Lo que el equipo negociador mexicano debe argumentar es que, para terminar con el supuesto daño que el libre comercio le ha infligido a Estados Unidos, Trump necesita de México.
Hablar Trumpañol requiere entender su lógica y, dentro de ella, volvernos indispensables. Para Trump, los aranceles no son un castigo para los países desobedientes, sino un objetivo en sí mismo. Con ellos busca dos cosas: reindustrializar a Estados Unidos y recaudar más impuestos. En ambos objetivos, México es clave.
Para lograr el primero, esto es, para que Estados Unidos pueda llevar empleos y empresas de vuelta a su territorio, estas tienen que ser extremadamente eficientes, pues allá tendrán que pagar salarios más altos.
En Trumpañol, el equipo negociador mexicano podría argumentar que la mejor forma de lograrlo es colaborar con México, pues, para ser eficientes, las empresas estadounidenses necesitan un proveedor de confianza que les brinde insumos a buen precio. Ese proveedor es México.
Ser el proveedor de confianza de Estados Unidos sería una gran ventaja para México. Las autoridades mexicanas podrían, incluso, solicitar una lista concreta de las industrias que Estados Unidos desea desarrollar y proveer de planes de acción concretos para proveerlos de insumos.
Para lograr el segundo objetivo de Trump, que es recaudar mediante la imposición de aranceles, México debe dejar en claro que un arancel demasiado alto desincentivaría la exportación y, por tanto, limitaría la recaudación. El mejor equilibrio para Estados Unidos es un arancel modesto.
En este caso, hablar Trumpañol implica trasladar la discusión pública mexicana de un miedo irracional a los aranceles y un deseo por ceder cualquier cosa con tal de evitarlos a una discusión madura sobre cómo vivir con ellos de manera calibrada. Existen muchos escenarios en los que una batería modesta de aranceles permite la supervivencia de las exportaciones mexicanas al tiempo que recaudan impuestos para Estados Unidos.
En todos esos escenarios, México debe trasladar al consumidor estadounidense la mayor parte de ese costo. Y debe pensar en los aranceles como un costo relativo. Lo que importa no es el arancel de México, sino el arancel de México en comparación con los aranceles que Estados Unidos impondrá al resto del mundo.
Hablar Trumpañol no implica terminar con la lógica de ventaja comparativa del libre comercio, sino darle un ángulo nuevo. El objetivo de la relación bilateral ya no será la creación de empresas multinacionales que produzcan en México y vendan en Estados Unidos. Será la creación de empresarios mexicanos que produzcan insumos mexicanos para venderle a empresarios estadounidenses.
La diferencia no parece mayor, pero lo será si México no entiende rápidamente que esos empresarios no pueden ser los mismos y que el mercado doméstico debe ser, de ahora en adelante, el principal activo del país.
En cuestión de un año y mientras la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigaba por un desfalco millonario contra el gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles realizó 10 viajes a Estados Unidos, Europa y Brasil.
De acuerdo con la solicitud de la orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la juez de control Patricia Sánchez Nava, entre junio de 2023 y agosto de 2024 el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 10 salidas del país a nombre de Silvano Aureoles Conejo.
En ese periodo la FGR ya había iniciado la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MICH/000096/2022 contra Aureoles Conejo y siete de sus excolaboradores en el gobierno michoacano por un desfalco de tres mil 412 millones 165 mil 310.14 pesos por la adjudicación de contratos para renta, mantenimiento y compra de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En su petición, consultada por Proceso, la FGR indicó a la juzgadora que las ciudades y países que el exlegislador perredista visitó en ese periodo fueron Madrid, España; Houston, en Estados Unidos, y São Paulo, Brasil.
La mayoría de los viajes fueron cortos, principalmente los que realizó a Houston.
El primero fue realizado el 6 de junio de 2023 a Madrid y, según los registros, regresó a México el 12 de junio siguiente; el segundo viaje fue del 28 de agosto de ese año a Houston, de donde regresó el 4 de septiembre de 2023, pero en lugar de llegar a la Ciudad de México, su vuelo fue a Guadalajara, Jalisco.
Para el 25 de septiembre se registró otra llegada al aeropuerto de la Ciudad de México a nombre de Aureoles, proveniente de Houston; aunque la FGR no precisó cuándo salió del país a ese destino.
El 9 de noviembre viajó a Madrid y 10 días después regresó para volver a Houston el 7 de diciembre.
De nuevo estuvo en dicha ciudad el 29 del mismo mes y año e ingresó a México por el aeropuerto de Morelia, Michoacán, el 2 de enero de 2024. El 22 del mismo mes y año viajó a Madrid, de donde regresó el 28 de enero y al día siguiente voló a Houston regresando un día después.
El 9 de abril de 2024 viajó a Houston, aunque regresó a México desde el aeropuerto de Washington DC el 12 de abril siguiente; y para el 13 de junio abordó un vuelo desde Morelia con destino a Houston de donde regresó a la Ciudad de México el 10 de julio siguiente.
Houston. Destino frecuente del exgobernador michoacano. Foto: Especial
La última salida reportada por el INM, de acuerdo con el oficio número INM/SCJ/9737/2024 dirigido a la FGR, fue del 20 de agosto de 2024 desde la Ciudad de México con destino a São Paulo.
Fianza de cinco mil pesos
En la petición de la FGR también se incluyen los registros de salidas internacionales de Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, extitulares de la SSP, dependencia de la que el Ministerio Público federal afirma que se realizó el desvío millonario y contra quienes la juez también emitió órdenes de captura.
En el caso de Patrón Reyes, el INM informó seis salidas internacionales entre agosto de 2021 y julio de 2024 a ciudades como Miami, Houston, Paris, Francia y Madrid.
Mientras que Corona Martínez salió tres veces de México entre marzo de 2018 y agosto de 2021 a La Habana, Cuba; Dallas, Texas y Estambul, Turquía.
Asimismo la FGR tiene registro de un domicilio a nombre de Silvano Aureoles ubicado en la colonia Nueva Chapultepec, en Morelia y otro en la colonia Fuentes de la Estación en Zitácuaro; mientras que Patrón Reyes cuenta con tres domicilios en Morelia y Corona Martínez tiene dos en el mismo municipio.
Por ello, la juez Sánchez Nava consideró acreditada la necesidad de cautela para emitir órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios implicados en el desfalco millonario de Michoacán, en lugar de emitir un citatorio.
“De los datos de prueba es oportuno señalar que los investigados fácilmente podrían abandonar el país, pues cuentan con los recursos financieros y materiales para trasladarse fuera del ámbito territorial nacional, así como transitar dentro del país a cualquier entidad federativa.
Ya que como se desprende de la información de los datos de prueba -consideró la juzgadora- cuentan con domicilios en diversos estados, así como pasaportes vigentes, y registros de salidas internacionales, lo cual da información suficiente para evidenciar su capacidad de trasladarse sin complicación alguna y poder ocultarse de la prosecución procesal penal, pudiendo evitar su localización para una eventual citación a la celebración de la audiencia inicial.
Según registros judiciales, Israel Patrón Reyes tramitó un amparo para evitar su captura en el que consiguió que el juez Cuarto de Distrito en Morelia le concedió una suspensión provisional que se mantendrá vigente hasta el próximo 26 de marzo, para lo cual el exfuncionario tuvo que pagar una fianza por cinco mil pesos.
Mientras que Juan Bernardo Corona Martínez, al igual que Silvano Aureoles, permanece en calidad de prófugo de la justicia.
La orden también fue emitida contra Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas y Administración; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado, delegados administrativos de dicha dependencia, quienes fueron vinculados a proceso el 7 de marzo último por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y permanecen en prisión preventiva.
Cerca de su exoneración, la empresa del desfalco
De acuerdo con la carpeta de investigación, el desfalco imputado al exgobernador y a sus excolaboradores fue ejecutado mediante la adjudicación directa de contratos millonarios a la empresa Inmobiliaria DYF entre 2015 y 2021.
Dicha empresa, constituida en 2015 poco tiempo antes de recibir los primeros contratos, tiene como accionistas a Fomento de Negocios del Centro, y Promotora y Fomento de Negocios del Centro, ambas constituidas por Ricardo y Joaquín Martínez del Campo y cuyo presidente del Consejo de Administración es Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand.
Conforme a la imputación de la FGR, los primeros contratos adjudicados a Inmobiliaria DYF tenían por objeto la renta de siete inmuebles ubicados en Apatzingán, Coacolmán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, donde se constituirían los cuarteles de la SSP.
AICM. Los viajes del exgobernador y exfuncionarios de Michoacán al extranjero. Foto: Eduardo Miranda
Luego de obtener estos contratos, el gobierno de Michoacán le adjudicó otros más para realizar los servicios de mantenimiento y limpieza en dichos inmuebles.
En 2016 los contratos de arrendamiento fueron modificados para incorporar la opción jurídica que permitiría al gobierno de Aureoles comprar los inmuebles al precio que la empresa estipulara sin ninguna condicionante.
Proceso informó que para el año 2020 el entonces gobernador Aureoles autorizó la compra de los siete cuarteles, por lo que en el caso del inmueble de Apatzingán, el valor es de 210 millones de pesos y fue adquirido con un sobreprecio de 76 millones de pesos; el de Coalcomán valía 216 millones de pesos y el sobreprecio fue de 116 millones.
El cuartel de Huetamo valía, según las escrituras, 128 millones de pesos y fue adquirido con sobreprecio de 37 millones; el de Jiquilpan valía 212 millones y el sobreprecio fue calculado en 90 millones; el de Lázaro valía 294 millones de pesos y el gobierno michoacano pagó 163 millones de pesos más.
Finalmente, el cuartel de Uruapan tiene un valor catastral de 268 millones de pesos, aunque fue adquirido a un sobreprecio por 63 millones, y el de Zitácuaro valía 220 millones, pero el pago de la administración de Aureoles excedió por 103 millones de pesos.
Durante la audiencia de vinculación a proceso de los excolaboradores de Aureoles la defensa de Elizabeth Villegas dio a conocer que el 19 de noviembre de 2024 el gobierno de Michoacán firmó un acuerdo reparatorio con Inmobiliaria DYF, cuyo cumplimiento debía ser inmediato y pagar más de 900 millones de pesos para que el Ministerio Público federal desista de proceder penalmente contra la empresa.
Sin embargo, la Contraloría del estado informó que Inmobiliaria DYF no ha cumplido con el pago, por lo que todavía no se decreta la extinción de la acción penal en su favor.
Esta no es la primera vez que los hermanos Martínez del Campo y Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand están implicados en un desfalco millonario mediante obras públicas.
En el año 2022 obtuvieron por adjudicación directa un contrato de 400 millones de pesos a través de la empresa Desarrolladora M para la adquisición de aulas prefabricadas que no fueron entregadas según lo pactado.
Por ello, el 1 de abril de 2022 el gobierno de Nuevo León denunció a la exsecretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón y al menos a seis de sus colaboradores.
En enero de 2023 la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León inhabilitó a Errisúriz Alarcón, mientras que no existen datos de qué ocurrió con la empresa Desarrolladora M.
La periodista Anabel Hernandez,corresponsal de “Deutsche Welle” o DW ,un servicio de noticias internacional financiado por el presupuesto fiscal federal alemán,reconocida en Mexico porque fue quien primero se atrevió a acusar los narconexos de Genaro Garcia Luna,muy y pese a que este aun estaba en el poder, ahora esta señalando al ex-presidente Andres Manuel Lopez Obrador y de manera muy enfatica,dos Gobernadores de Morena,Americo Villarreal de Tamaulipas y Ruben rocha Moya de Sinaloa.
Que dice Anabel
“…Desde diciembre 2024 existe en una fiscalía federal de Nueva York, un expediente contra el ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de extracción morenista Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Tuve acceso a una versión pública del documento. Se trata de una denuncia presentada por un particular, que señala que al tener conocimiento de actos posiblemente delictivos ha entregado al Departamento de Justicia de Estados Unidos los elementos de prueba.
En el expediente de más de 192 páginas se acusa a AMLO y a los dos gobernadores en funciones de presuntamente haber sido parte de una compleja trama de diversos delitos, en la cual carteles de la droga como el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste y Cartel del Golfo, hoy declarados como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, financiaron campañas políticas de candidatos del partido oficial MORENA entre 2018 y 2024.
En la narración de hechos y pruebas testimoniales presentadas el escándalo salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima, y a la Secretaria del Bienestar, responsable de administrar los programas sociales emprendidos por AMLO para atender la pobreza.
Los documentos que se encuentran en una corte federal de NY contienen testimonios directos, en audio y video de operadores electorales de MORENA.
Los hechos narrados en la denuncia coinciden con el modus operandi revelado en este espacio desde enero 2024 cuando di a conocer una investigación de la DEA sobre el financiamiento del Cartel de Sinaloa a la campaña presidencial del 2006 de Andrés Manuel López Obrador.
Y coinciden con la acusación del gobierno de Estados Unidos hecha a principios de febrero pasado y reiterada el 4 de marzo, de que en México existe una relación entre el gobierno actual y los carteles de la droga que es “intolerable”.
En esta colaboración en DW comparto la primera parte de la truculenta historia de corrupción, ambición, dinero y narcos denunciada ante fiscales federales de NY.
La denuncia
En el expediente en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos se acusa a AMLO, Rocha Moya y Villarreal, de aceptar acuerdos con distintos organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo, declarados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.
En la denuncia se afirma: “El Cártel de Sinaloa, entre otros cárteles, mantiene una relación simbiótica con MORENA, incluyendo a Américo Villarreal Amaya (“Villarreal”). Estos cárteles proporcionaron dinero en efectivo para financiar las campañas a la gubernatura de MORENA en Sinaloa (2021) y Tamaulipas (2022)”.
También se asegura que hubo “financiamiento ilegal de campañas políticas para candidatos de MORENA por parte de Sergio Carmona Angulo, un empresario mexicano con vínculos con múltiples cárteles de la droga (incluyendo el Cártel del Noroeste, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Los Zetas), quien fue asesinado en noviembre de 2021. Este financiamiento formaba parte de un esquema de sobornos y comisiones ilegales por un monto de 500 millones de pesos mexicanos dirigido al gobierno federal mexicano”.
De ambos hechos, se acusa que el expresidente López Obrador tenía conocimiento y dio su anuencia.
Si una corte federal encontrara culpabilidad de los tres morenistas por dicha acusación, la sanción a la que podrían ser sujetos va de diez años de prisión hasta cadena perpetua.
El expediente consta de 192 páginas. Contiene páginas redactadas, como es habitual en documentos que se encuentran en fiscalías o en cortes federales, bajo sello.
El denunciante es una persona moral privada. Presentó la denuncia bajo sigilo tras acceder a información sobre posibles delitos y como opera en EE.UU., notificó a las autoridades de justicia.
La entidad denunciante dijo haber llevado a cabo su propia investigación en el primer semestre de 2023, asegurando que cumplió con las normas legales de cada jurisdicción y obtuvo asesoría legal. Grabó conversaciones respetando las leyes locales, incluyendo aquellas que permiten la grabación con el consentimiento de una sola parte.
A través de LinkedIn y otras plataformas, contactó a testigos clave de una red de narco-política vinculada a MORENA, incluyendo a María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez y Horacio García Rojas, operadores electorales del partido. Sostuvieron reuniones con ellos en espacios públicos y por teleconferencia, contando con testigos.
Las pruebas incluyen grabaciones en audio y video de sus testimonios. En México algunas fracciones de esas grabaciones han sido filtradas a medios de comunicación durante los últimos meses. Pero es hasta hoy que se sabe que esas registraciones son parte de las pruebas que constan en la denuncia presentada contra AMLO, gobernantes y líderes del partido MORENA.
Además de leer el expediente, pude escuchar las grabaciones completas de las revelaciones de Jocelyn Hernández y Horacio García, de este modo se puede entender con crudeza el modus operandi de la complicidad de miembros de MORENA con el crimen organizado.
Candidatos del partido Morena a cambio de dinero criminal recibido para sus campañas dieron posiciones políticas a los carteles de la droga como cargos en los equipos de gobierno estatales, alcaldías, diputaciones, y regidurías.
Testigo directo de la narcopolítica en MORENA
Jocelyn Hernández es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido funcionaria de la Secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de AMLO, según los registros oficiales del gobierno federal a los que tuve acceso. También ha sido integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. Ha impartido clases en el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA. Y ha sido amiga y colaboradora de Citlalli Hernández cuando esta fue Secretaria general nacional de MORENA.
Ella aseguró en el testimonio que fue presentado ante la fiscalía federal de NY que participó en la fundación del partido MORENA y fue operadora electoral de ese instituto político en Sinaloa para la elección presidencial de AMLO en el 2018.
También fue operadora electoral en la campaña de Rubén Rocha Moya en la elección de gobernador del 2021.
De acuerdo al expediente la entidad denunciante habló con Jocelyn Hernández tres veces entre mayo y junio de 2023. Dos veces en Houston, en persona. Y una ocasión vía tele-conferencia.
En su presentación Jocelyn explicó su carrera política y profesional. Al poco tiempo de graduarse creó una asociación civil donde apoyaban a jóvenes desplazados por la violencia de los carteles de la droga. Jamás imaginó que años después ella misma sería testigo del contubernio entre esas organizaciones criminales y la política.
Participó en la construcción del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), gracias a su amistad con los dos hijos mayores de AMLO, José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán, éste último actual Secretario de Organización de dicho partido.
Su paso por MORENA fue difícil desde el inicio. Afirmó haber sufrido violencia política y acoso sexual por las autoridades del partido en la secretaria de jóvenes de la Ciudad de México. Dijo que denunció su caso ante el instituto político del partido y de ahí se creó un protocolo de atención por violencia sexual.
Explicó que por invitación de un hijo de López Obrador, ella viajó al estado de Sinaloa y operó para que AMLO ganara ahí en la elección presidencial del 2018. Su área de acción fue el Triángulo Dorado, la zona que estaba bajo el control del Cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Ismael Zambada García “El Mayo” y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Consta en los registros electorales que de manera atípica López Obrador arrasó en el estado como candidato presidencial, ganó más del 65 por ciento de los votos a la Presidencia. MORENA y sus aliados ganaron las dos senadurías y 7 diputaciones federales. Al menos 19 diputaciones locales y 7 presidencias municipales y decenas de regidores.
La misión suicida de negociar con narcos
Jocelyn Hernández reconoció que para que MORENA pudiera ganar elecciones en Sinaloa hubo peligrosas negociaciones con el Cartel de Sinaloa que dio recursos a la campaña.
“¡Así nos decían!”, cuenta, “kamikazes, yo nunca lo hice pero había quienes lo hacían, yo nunca estuve y agradecía que no estuviera, mejor que no me sentaran ahí pero si hubo niveles que lo hicieron, no era en todas las zonas porque si había zonas donde el crimen no estaba tan metido, donde la vida es mucho más noble, más natural, más tranquila, pero bueno, así es como entré a trabajar al partido”.
Tras ganar las elecciones en 2018 la invitaron a la Secretaria del Bienestar donde le dieron el cargo de subdelegada en Sinaloa. Afirma que aceptó por consejo directo de Andy, el hijo de AMLO, que hoy es Secretario de Organización de MORENA.
Su experiencia ahí no fue mejor.
Robaba MORENA a los más pobres?
“Ahí estuve bien, bastante bien, hasta que se me invitó a ejercer prácticas evidentemente corruptas y yo ya no acepté y tuve que renunciar a mi cargo”.
Jocelyn Hernandez explica que le pidieron cometer actos de corrupción en la Secretaría del Bienestar al inicio del gobierno de López Obrador. Cuando ocurrieron los hechos Javier May Rodríguez era el titular de la Secretaria del Bienestar. Actualmente es gobernador de Tabasco por el partido MORENA. Es uno de los amigos y colaboradores más cercanos de AMLO.
De acuerdo al audio del testimonio al que tuve acceso para este reporte ella afirma que el entonces super delegado del Bienestar, José Jaime Montes Salas, nominado por AMLO, le pidió que le entregara cientos de tarjetas destinadas para dar recursos públicos a adultos mayores.
Se le ordenó que esas tarjetas debían ser reportadas como robadas para que se pudiera sustraer el dinero destinado a los pobres para las campañas electorales del 2021 de MORENA en Sinaloa.
Jocelyn aseguró que al negarse comenzó a sufrir acoso político e incluso amenazas.
La ex funcionaria federal y operadora electoral del partido oficial aseguró que presentó una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública, cuya titular era Irma Eréndira Sandoval quien le dijo que había ya recibido otras denuncias similares e iba a unirlas en un solo expediente.
Afirma que después de eso corrieron a Sandoval.
“Le llamé a su secretaria particular y ella me dice ‘ciertas personas se enteraron que ella ya venía preparando esta carpeta y como para nosotros electoralmente el tema de los programas sociales era tan importante no querían que lo sacaran en este momento porque ya viene la otra elección y pues la movieron y ya la quitaron”, afirmó Jocelyn Hernández.
“De ahí la verdad me deprimí muchísimo, chocó con la pandemia (COVID-19) y entonces como que me olvide del mundo, no?, ahora yo lo digo tranquila pero para mí fue un choque fuerte emocional muy fuerte porque como dices tu construyes algo y le inviertes tanto tiempo y tanto esfuerzo y descubres que va a ser lo mismo”, aseguro.
Después aceptó participar seis meses en la campaña a la gubernatura de Rocha Moya en Sinaloa. Su jefe inmediato enviado por la dirigencia del partido fue Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas del partido MORENA. Afirmó que de nuevo fue una amarga experiencia
Dinero del narco financia campañas electorales de MORENA
Desde que llegó al equipo de campaña detectó que el crimen organizado apoyaba la candidatura de Rocha Moya. Cuando se comenzó a negociar cuál sería su salario y los equipos que requería le dijeron: “Lo que tú quieras por dinero no paramos’. Entonces yo dije ¿qué, los patrocina un capo? Y me dice el chofer: hay amiguita ya le atinaste”.
Detalló que durante la campaña de Rocha Moya, Villarreal “llevó a uno de los capos más pesados de Tamaulipas a Sinaloa a comer jabalí con Ricardo Monreal y con Rubén Rocha Moya y otros más”. Afirmó que el encuentro fue en territorio de la facción del narcotraficante “El Chapo” Guzmán.
Jocelyn Hernández reconoce en su testimonio que tenía miedo del ambiente criminal que la envolvía como operadora electoral de MORENA. Por su experiencia explicó cómo los carteles de la droga trabajan en distintas formas de acuerdo a la zona del país.
“Es muy diferente como trabajan los carteles en la política en el norte, en el centro y en el sur del país.”
“En el norte quieren (los carteles de la droga) ser políticos, ellos quieren estar ahí, quieren que tú les des candidaturas, no les es suficiente con tener dinero”.
Aseguró que varios alcaldes y regidores de MORENA en Sinaloa “son capos” de la droga. Y citó como ejemplo al alcalde de Badiraguaro, José Paz López Elenes.
En 2021 ganó la presidencia municipal de ese poblado. Desde 2022 en esta columna he revelado los distintos señalamientos contra López Elenes a quien se acusa de haber participado en reuniones con Los Chapitos para obtener ayuda para Rocha Moya.
“Antes yo no era así, yo nunca criticaba al partido pero ahora lo tengo que criticar porque ya lo vi, antes me decían y yo decía ‘no, es que…’pero ya lo vi, vi las maletas llenas de dinero”, dijo la fundadora del partido oficial.
Ella afirmó que el Cartel de Sinaloa financiaba la campaña de Rocha Moya a la gubernatura. “Llegaban con maletas llenas de dinero a la casa de campaña y se las entregó literal a Rocha. Y Rocha muy digno, porque me parece que Rocha es mucho más digno que él, le dijo, perdón pero usó una palabra, una grosería, dijo, ‘no seas cabrón como me traes esto aquí”.
De acuerdo a su testimonio el dinero venía del Cartel de Sinaloa por conducto de Fausto Isidro Meza Torres alias El Chapo Isidro, miembro del Cartel de Sinaloa, asociado a la facción de El Mayo Zambada, uno de los diez criminales más buscados por el FBI. Acusado de tráfico del mortal fentanilo, entre otras drogas.
Afirmó que entre los acuerdos que hizo Américo Villarreal con el crimen organizado también a él le metieron “algunos diputados locales y regidores”. Afirmó que el operador en esos temas del hoy gobernador de Tamaulipas era Norberto Barrón.
“Él es ahijado de Américo, él es el que le hace todas esas negociaciones, él es el que lo contacta con todas esas personas y la verdad mis respetos, es muy brillante para hacer cosas malas, eso del dinero, las camionetas, las casas…”.
Américo Villarreal “quería ser gobernador y sabía que se tenía que portar bien y ganar si quería que le dieran ese premio”, dijo al explicar porque ayudó a como diera lugar a que Rocha Moya ganara la elección en 2021.
Los festejos de Claudia Sheinbaum
El 4 de marzo la Casa Blanca reiteró su acusación de que existe actualmente una relación de complicidad entre el actual gobierno de México y los carteles de la droga.
En un comunicado de hechos, que tiene el tono de una denuncia formal, se lee: “Las organizaciones mexicanas de narcotráfico, que son las principales traficantes de fentanilo en el mundo, operan sin obstáculos debido a una intolerable relación con el gobierno de México”.
“El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses”.
Tras leer el expediente que se encuentra en poder del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, esa afirmación cobra un sentido mucho más serio.
Entre los invitados VIP del “festejo” de Claudia Sheinbaum el 9 de marzo pasado estaban al menos tres de los políticos morenistas señalados por Jocelyn Hernández: Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal y el diputado Ricardo Monreal.
Caótica, incoherente, impulsiva, irracional, errática, La política arancelaria de Donald Trump ha provocado un terremoto económico y financiero a nivel global: pérdidas de 4.4 billones de dólares en el valor de capitalización de mercado de las empresas que cotizan en las bolsas estadounidenses, un debilitamiento del dólar sin precedentes desde la Gran Recesión de 2009, un aumento significativo en las expectativas de inflación y un creciente riesgo de que la economía de Estados Unidos entre en terreno de contracción. El sismo tuvo como epicentro Washington D.C., pero los daños comienzan a sentirse en México.
El primer día de Édgar Amador Zamora como el nuevo secretario de Hacienda del gobierno de Claudia Sheinbaum coincidió con el lunes negro de los índices accionarios de Estados Unidos. Los mercados recibieron al flamante jefe del gabinete económico mexicano con un mal augurio: apenas viene lo peor. El miércoles, la agencia Moody’s cambió a negativa la perspectiva del sistema bancario mexicano.
Detrás de la destrucción de billones de dólares de valor de mercado yace el miedo a una recesión profunda en Estados Unidos, el único motor significativo de crecimiento de la economía global y el destino del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas. Jamie Dimon, director general del JP Morgan y un asesor informal cercano al presidente Trump, declaró este miércoles que el riesgo de una contracción de la economía estadounidense se ha elevado a 40 por ciento.
Si Estados Unidos entra en recesión, México también lo hará. El 25 por ciento del PIB nacional depende de los bienes y servicios que el país vende al norte de la frontera. Édgar Amador dijo en su comparecencia frente al Congreso que “no va a haber una guerra de aranceles”. Falso. Este es el mito fundacional del nuevo secretario de Hacienda.
La administración de Donald Trump fue clara cuando estableció que sólo los productos que se exporten bajo el marco del T-MEC estarán exentos de pagar un arancel de 25 por ciento. De acuerdo a Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, el 51.5 por ciento del total de las importaciones que Estados Unidos recibió de México estuvieron fuera del T-MEC. La mayoría los bienes y servicios de exportación recae en el marco de “nación más favorecida” de la Organización Mundial del Comercio. La mitad del sector externo mexicano pasará de pagar una tarifa de alrededor del 2 por ciento a pagar un arancel de 25 por ciento. Contrario a lo que sugiere el nuevo secretario de Hacienda, el impacto económico es monumental.
Por eso insistimos, la posibilidad de una recesión en Estados Unidos sería devastadora para las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana. Gerardo Esquivel, ex subgobernador de Banco de México y un asesor económico de antaño de Andrés Manuel López Obrador, argumenta que los datos recientes de agregados del PIB sugieren que ya estamos en plena desaceleración. Aún sin la imposición de aranceles, el consenso de analistas consultados por Banco de México espera, en promedio, que el PIB aumente sólo 0.8 por ciento en 2025.
Estas son malas noticias para un gobierno que pretende reducir el déficit fiscal más alto desde el sexenio de Miguel de la Madrid, una cifra récord de 5.9 por ciento del PIB. Andrés Manuel López Obrador heredó a Claudia Sheinbaum una bomba financiera. La estabilidad macroeconómica que tardó tres décadas en construirse podría derrumbarse si México no cumple con sus planes de consolidación fiscal. Esos planes dependen, a su vez, que los objetivos de crecimiento de la Secretaría de Hacienda se vuelvan realidad. El problema es que las cuentas no cuadran. El gobierno diseñó su política fiscal con base en un escenario de crecimiento de entre 2 y 3 por ciento del PIB para este año. Sin embargo, en los hechos, la tasa de crecimiento podría ser negativa.
La situación está lejos de resolverse. Lo único peor que los aranceles es la incertidumbre derivada de los aranceles. The Wall Street Journal reportó que la Casa Blanca ha recibido una cascada de llamadas de empresarios y cabilderos para que el gobierno de Trump aclare cuál va a ser su política de tarifas. La iniciativa privada estadounidense entiende que el presidente no va a abandonar su obsesión por los aranceles, pero está pidiendo señales concretas de cuáles van a ser las reglas del juego. El diario también refiere que, a diferencia de su primera gestión presidencial, ningún asesor del gabinete económico está intentado cambiar el curso de la política comercial de la Casa Blanca.
La incertidumbre relacionada con las tarifas se suma a la incertidumbre relacionada con la Reforma Judicial. Hace meses, durante la implementación de la agenda legislativa del Plan C, The Wall Street Journal publicó que se habían suspendido alrededor de 50 mil millones de dólares de inversiones norteamericanas en México. El riesgo político, interno y externo, está acabando con el sueño del ‘nearshoring’.
En un escenario de recesión, el gobierno mexicano puede caer en la tentación de utilizar el remanente de operación de Banco de México para pagar deuda o destinar recursos privados de las Afores y el Infonavit para financiar los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno federal.
No es casualidad que Édgar Amador haya llegado a la Secretaría de Hacienda por recomendación de la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez: fueron compañeros de maestría en el Colegio de México; Amador fue asesor de Rodríguez en el banco central y, antes, fue su jefe en la Secretaría de Finanzas en el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera. Más allá del potencial conflicto de interés, la relación Rodríguez-Amador explica cómo un funcionario inhabilitado por el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum terminó siendo su secretario de Hacienda federal. La presidenta pasó de acusarlo de dirigir un esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas fachada en el gobierno de Miguel Ángel Mancera a convertirlo en el dueño del destino financiero del país.
En medio del sismo arancelario de Donald Trump, el gabinete económico de Claudia Sheinbaum tiene que responder preguntas fundamentales: ¿Cuál va a ser el motor de crecimiento que permitirá financiar el gasto social del gobierno? ¿Qué medidas deben tomarse para mitigar el riesgo a la inversión? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la Secretaría de Hacienda para cumplir los objetivos de consolidación fiscal? En este momento, las cuentas no cuadran.
