Fue la aspirante con menor calificación; su gestión al frente de la CNDH, fue reprobada; ninguna organización no gubernamental la apoyó; presentó una carta de apoyo con firmas apócrifas. A pesar de todo eso, pasada la medianoche fue reelecta al frente de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
En la primera ronda, la hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra alcanzó la mayoría calificada con 87 votos; Nashieli Ramírez, la mejor calificada, sumó 36, y la tapatía Paulina Hernández apenas obtuvo un sufragio.
Hace cinco años, Piedra llegó a la CNDH en una votación polémica donde “desaparecieron” dos votos que al final sirvieron para darle una mayoría calificada.
La fracción mayoritaria de Morena tuvo una intensa discusión ayer al mediodía cuando Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, les ordenó votar por Piedra. Al menos una docena de senadores cuestionaron “la línea” por la reelección. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Javier Corral, rechazó la posibilidad de la reelección, pero al final se impuso la exigencia del coordinador.
El senador panista Marko Cortés, dijo en tribuna que la reelección de Piedra obedecía a una exigencia de AMLO. Aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum se inclinaba por Nashieli Ramírez y “que la mano que mece la cuna, es la de quien está en el rancho de Tabasco (sic)”, en referencia al ex Presidente López Obrador.
Durante la votación, senadores morenistas entonaron “Las Mañanitas” a AMLO quien hoy cumple 71 años. Su regalo fue la reelección de Piedra.
Cerca de la 01:30 horas, Piedra Ibarra rindió protesta. Ocupará el cargo hasta el 15 de noviembre de 2029.
Toda una fichita
Rosario Piedra Ibarra ha sido una figura muy controvertida al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México. Su gestión de 2019 a 2024 estuvo marcada por numerosas críticas y polémicas:
Falta de independencia: Se le acusó repetidamente de ser parcial y favorecer al gobierno del presidente López Obrador, comprometiendo la autonomía de la CNDH.
Omisiones graves: Fue señalada por guardar silencio ante violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
Mala evaluación: Obtuvo una de las peores calificaciones entre los aspirantes a dirigir la CNDH, pero aun así fue incluida en la terna final por motivos políticos.
Propuesta polémica: En 2024 sugirió disolver la CNDH para crear una “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”, lo que fue visto como un intento de debilitar la institución.
Renuncias internas: Durante su gestión, varios miembros del Consejo Consultivo de la CNDH renunciaron en protesta por su manejo del organismo.
Manejo cuestionable de protestas: Fue criticada por su respuesta a las protestas feministas, especialmente tras el desalojo de activistas que ocuparon las instalaciones de la CNDH en 2020.
A pesar de estas controversias y la oposición de numerosos defensores de derechos humanos, Piedra Ibarra logró ser reelegida para un segundo periodo de cinco años al frente de la CNDH en noviembre de 2024.
Era un día normal. Diana, de 30 años, se levantó temprano para irse a trabajar y dejó su teléfono en modo avión, sin saber que nada sería igual desde aquel 9 de septiembre en Culiacán, la capital de Sinaloa, en el noroeste de México.
Las cosas se habían puesto tan mal que hasta lo comentaron en su casa. “Está feo allá afuera, ¿qué creen? Seguro es otro culiacanazo”. Cuando Diana revisó, su celular no paraba de sonar y estaba repleto de mensajes del trabajo. “Me decían que no me presentara, que se cancelaba la actividad porque había detonaciones en toda la ciudad”, recuerda. Tras un mes y medio de tensión por la captura de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, se cumplió lo que todo mundo sospechaba que iba a pasar: la guerra entre El Mayo y Los Chapitos, las dos familias que han llevado las riendas del Cartel de Sinaloa durante décadas.
Dos meses
La batalla a sangre y fuego por el control de Culiacán, bastión histórico del cartel, roza los 320 asesinatos y se ha saldado con cientos de desapariciones forzadas, secuestros y robos, según los registros oficiales. Pero esos no son los únicos efectos después de dos meses de violencia ininterrumpida. EL PAÍS ha recopilado múltiples testimonios por escrito sobre la otra guerra de Sinaloa: la angustia que sientes por no encontrar a un familiar o a un amigo, los terrores nocturnos después de que ves como revientan la casa del vecino, la zozobra de no saber si volverás sano y salvo. “Dos meses”, escribe Diana, bajo la condición de que no se revele su nombre real. “Dos meses de incertidumbre, dos meses en los que la angustia se ha apoderado de mí, dos meses en los que las cosas no se han calmado”.
Diana cuenta que no pudo dormir bien en los primeros días de la guerra, después de enterarse de que habían “levantado” a un conocido. Su coche apareció abandonado horas más tarde, pero de él no supo nada durante días. Lo confundieron con un sicario y después lo dejaron ir. “Culiacán está tranquilo”, declaró el gobernador Rubén Rocha en su conferencia matutina del 9 de septiembre. Después del mediodía, empezaron a llegar los primeros informes de enfrentamientos armados, narcobloqueos y asesinatos a plena luz del día.
La capital, desde las avenidas más concurridas hasta las barriadas más remotas, se convirtió en territorio de guerra y las rutinas diarias cedieron ante una nueva realidad. “La mayoría de los culichis nos sentimos en estado de alerta todo el tiempo”, afirma Diana. “Lo primero que hacemos al despertar es revisar qué pasó mientras dormíamos y ver si podemos salir o no, si es seguro o no”, cuenta. “Todos los días ocurre algo, aunque digan que no es así y el Gobierno nos quiera vender otra historia, los que sabemos qué ocurre somos quienes vivimos aquí”, asegura. “Todos los días, antes de las seis de la tarde, la ciudad se oscurece y se vuelve desértica, ¿cómo podemos volver a una ‘normalidad’ encubierta?”, cuestiona.
A menos de una semana de que se cancelaran los festejos masivos por el Día de la Independencia y el Estado viviera uno de sus mayores picos de violencia, una balacera sembró el miedo el 21 de septiembre en la zona comercial de Cuatro Ríos. “Escuché los disparos y vi a la gente correr, asustada, temerosa, en pánico”, cuenta Diana. Ese fin de semana, la incertidumbre se convirtió en indignación, cuando familiares y amigos de Juan Carlos Sánchez, un padre de familia de 34 años, denunciaron que había sido confundido y abatido por error durante ese tiroteo.
Mientras las autoridades y los medios hablaban de una guerra de carteles, en amplios sectores de la sociedad se expandió la idea de que “podía pasarle a cualquiera” y de que “nadie estaba a salvo”. Justo un mes después del tiroteo de Cuatro Ríos se registró la mayor masacre hasta la fecha: 19 civiles armados fueron abatidos en un enfrentamiento con militares el 21 de octubre.
Ansiedad, depresión y estrés postraumático
“Los impactos de la violencia en la salud mental están muy bien documentados, también los de la violencia colectiva, el contexto en el que se circunscribe lo que llamamos narcoviolencia y lo que pasa en Sinaloa, Guanajuato y otros Estados”, explica Rogelio Flores, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Flores señala que los efectos no se limitan a las víctimas directas, sino que también afectan a quienes son testigos de la violencia, a quienes conocen de casos a través de amigos y familiares, y a quienes están sujetos a una exposición repetida.
“El problema de Sinaloa no es de este sexenio, el pasado o el antepasado, viene de hace mucho tiempo, es atávico”, afirma Flores. La guerra contra el narco ha durado más de 20 años en México. Eso implica hablar de millones de jóvenes que han crecido en ese contexto y sólo conocen esa realidad. En Sinaloa, donde esa violencia se remonta a varias décadas antes, es hablar de generaciones enteras atravesadas por la violencia.
“Cuando empezaron a salir noticias sobre las desapariciones y homicidios de personas inocentes que estuvieron en los lugares erróneos en los momentos equivocados, eso me dio mucha ansiedad”, confiesa Valeria. “Cada que voy manejando me da mucho miedo, siempre pienso que me van a matar o que me van a quitar el carro”, narra la chica de 22 años. “A pesar de estar medicada, a veces considero que no puedo controlar lo que siento”. Ella dice que las sensaciones de ahora se parecen a las que sentía cuando empezó la pandemia de covid-19, una comparación recurrente por el encierro y el temor a salir a la calle que se extiende entre los culiacanenses. El lunes se cumplirán nueve semanas de guerra y asedio criminal. “Siento que el mundo está en pausa”, lamenta Víctor, de 25 años. “Pero la vida en todo el mundo sí sigue, a excepción de la narcopandemia que hay en Culiacán”.
Flores habla de una dimensión individual (efectos psicoemocionales) y colectiva (efectos psicosociales) para distinguir cómo y a quién afecta la violencia. El psicólogo, a su vez, señala tres vías de impacto. Una primera categoría son los cuadros de ansiedad, marcados por el miedo, la inquietud, la zozobra o la desconfianza. Hay también cuadros depresivos, como estados de tristeza continuos y a veces, paralizantes: la gente deja de salir a la calle, está más irritable o apática, se aísla y rompe vínculos que tenía con su comunidad. Y están también los síntomas de estrés postraumático, también muy correlacionados con los de la ansiedad o la depresión, que se producen después de vivir o presenciar un evento traumático o perturbador: una muerte violenta, un asalto o un tiroteo. A finales de 2023, antes de que estallara el conflicto, casi uno de cada cinco sinaloenses mayores de 20 años (un 19%) presentaba síntomas de depresión, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
“Jamás en la vida me había sentido tan triste, perdida y desesperanzada como desde que empezó esta guerra”, afirma Daniela, de 20 años. Ella cuenta que su depresión regresó y que hay días en los que simplemente no podía salir de su cama. La fractura en el Cartel de Sinaloa revivió el fantasma de los culiacanazos: las respuestas violentas de la organización criminal a dos distintos operativos de captura contra Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en 2019 y 2023. La diferencia es que los culiacanazos duraron un día y la guerra, más de sesenta. Daniela asegura que estar presente en el primer culiacanazo provocó que siga teniendo estrés postraumático. “La enseñanza de esto es que lo más valioso en este momento es que mi mamá regrese del trabajo y yo pueda regresar de la escuela”.
“A un vecino le reventaron su casa y fue una de las cosas más terroríficas que he vivido”, comenta León, de 26 años. “Tuve terrores nocturnos, problemas para dormir bien durante la noche, siempre estando expectante, con mucho miedo, pánico, todo el tiempo en alerta, por si pudiese suceder algo en cualquier momento”, cuenta. León trabaja en terapia el temor de lo que le pueda pasar a su familia, amigos y a él. También siente enojo e indignación contra los grupos criminales. “El problema de dos personas nos ha privado de muchas cosas a todos, vivimos inseguros e intranquilos”, lamenta.
Otros como Óscar, un estudiante de 20 años, relatan cómo la frontera entre los problemas cotidianos y la excepcionalidad de la violencia se difumina hasta borrarse: es algo con lo que se convive cada día. “Cada que voy a Culiacán es una moneda en el aire: un asalto, un choque, una balacera, el calor, el tráfico… hago dos horas de la universidad”, cuenta. Hay también una sensación de lo que se va perdiendo en medio de la vorágine. Óscar dice que no salir, no poder disfrutar ni ser joven ha afectado su autoestima y su rendimiento académico. Con el paso del tiempo, la impotencia y la frustración por la ola de violencia se convierte en hartazgo y despierta un impulso de dejar de “sentir un peligro y un remordimiento de salir a la calle”. Él ha tanteado la posibilidad de irse de Sinaloa para seguir con su vida.
“La violencia impacta de manera diferenciada”, señala Flores. El especialista comenta que hay un debate vigente para entender qué factores provocan esas distintas respuestas y subraya que hay que tener cuidado de no “patologizar” eventos violentos o sociedades enteras, asumiendo que los efectos son los mismos para todos. “Reaccionamos por la historia que tenemos, por el contexto en el que crecimos, por el carácter o los rasgos de personalidad que tenemos y todo eso configura una respuesta u otra”, afirma el académico. “Algunas personas jamás desarrollan síntomas de ansiedad, ni depresión ni estrés postraumático”, agrega. “Hablar de psicosis colectiva es excesivo, hay que decirlo. Sabemos que la violencia afecta la salud mental, pero realmente se tiene que analizar caso por caso”.
Cerrar los ojos para seguir adelante
“Frente a la violencia crónica, al estar expuesto en repetidas ocasiones, opera algo paradójico: los procesos de desensibilización”, explica Flores, sobre lo que se conoce también como la normalización de la violencia. Mauricio Meschoulam, un internacionalista que ha estudiado las tácticas de los grupos criminales durante casi 15 años, decía a este diario que esos procesos de deshumanización también inciden en los perpetradores y en una manera más sofisticada y cruel de ejercer esa violencia. “Hay una estrategia de comunicación, no es sólo cometer la violencia, sino utilizarla para generar efectos psicosociales: la desesperanza, la frustración, las dudas sobre quién es realmente el Gobierno, el mensaje de que son ellos los que mandan en determinadas zonas”, comenta.
En estos dos meses, Sinaloa ha sido testigo de cadáveres a los que se les colocan sombreros, juguetes infantiles o mensajes para amedrentar a los rivales y a las autoridades. Se han dejado también pistolas de plástico afuera de El Debate, uno de los medios locales más conocidos. Al margen del reciente debate sobre si cabe la etiqueta de “narcoterrorismo”, el consenso es que se tratan también de estrategias para infundir el miedo en poblaciones que creían haberlo visto todo y que ven cómo, muchísimas veces, esa violencia se supera una y otra vez a sí misma porque no tiene consecuencias. De cada 100 asesinatos, 99 quedan impunes en Sinaloa, según México Evalúa.
La impunidad hace que los costos de atemorizar a la población sean relativamente bajos y los de enfrentarse a la violencia o denunciarla, bastante altos. Son situaciones en las que uno opta por cerrar los ojos para seguir adelante. “Es muy angustiante ver las noticias de lo que pasa en las calles, yo la verdad trato de no hacerlo, pero hay veces que no puedes evitar que te salgan en redes sociales y cada vez que leo alguna nota, me genera mucha inseguridad”, comenta Jazmín, de 19 años.
Ante los estigmas que prevalecen, muchas personas no tienen acceso a recursos útiles para lidiar con sus problemas y se encuentran con “respuestas de manual” o salidas fáciles. “Te dicen: ‘Relájate, respira, aborda las cosas de manera diferente”, comenta Flores. “¿De qué te va a servir eso si las condiciones objetivas no cambian y son hostiles? Estamos ante un problema estructural, hay que hablar de desigualdades, de las causas de la violencia, de mejorar los cuerpos policiales”, afirma el especialista. “No puede haber salud mental sin justicia social”. “Volver a la normalidad” es el deseo que tienen la mayoría de personas entrevistadas. Atrapada en el fuego cruzado, la población se pregunta cuándo terminará el conflicto y si será posible ponerle punto final. Mientras tanto, otra guerra se extiende por Sinaloa: la de la incertidumbre, el miedo y la desesperanza.
A unos pasos de Palacio Nacional, desde donde hace casi un mes despacha la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ocurren todos los males que padece a diario el Centro Histórico de la Ciudad de México: crimen organizado y violencia, comercio informal, mafias locales e internacionales, migración, mendicidad, discriminación, sexoservicio, cierres viales, manifestaciones…
El atentado armado contra la activista trans y líder de comerciantes informales Diana Sánchez Barrios, el 17 de octubre último, a plena luz del día y en una de las calles peatonales más concurridas de la zona (Motolinía), fue muestra del caos que sufre el corazón político, social y económico no sólo de la capital, sino del país, y que ninguna autoridad ha podido o no ha querido controlar. E
El ataque contra la activista, su primo y un conocido, quien murió tras las heridas por arma de fuego, obligó también a la nueva jefa de Gobierno, Clara Brugada, a reaccionar con el reforzamiento policiaco en la zona –330 uniformados más–, operativos de revisión a motociclistas y el nombramiento de un nuevo titular de la Autoridad del Centro Histórico.
Sin embargo, aunque en la zona hay más de tres mil cámaras de videovigilancia, ni los autores intelectuales ni los materiales del crimen han sido detenidos. Además, comerciantes consultados no creen que esas medidas cambien el desorden y el miedo que se vive en las calles de la zona Centro todos los días desde hace años.
Crimen organizado
Hace dos meses un migrante de 40 años, que pide el anonimato por temor a represalias, llegó del norte de Perú a la Ciudad de México con la idea de cruzar a Estados Unidos y reunirse con su familia en Chicago. En la espera de su cita en el Instituto Nacional de Migración consiguió trabajo de “diablero” con “Los Chinos”. Mientras, ofrece bancos de plástico plegables, termos y otros productos en una calle detrás de Palacio Nacional, recuerda:
“Los chinos me pagaban 250 pesos por todo el día, pero me salí porque era muy pesado. ¡Son unos explotadores capitalistas!”.
Pronto contactó a un mexicano que tiene un puesto ambulante en la zona y le ofreció un pago de 300 pesos por unas horas. Aceptó. Un día, al terminar su jornada, intentó vender mercancía como independiente en otra esquina y le pasó lo inevitable:
“Llegó la mafia y me quería cobrar 200 pesos por pararme en esa esquina, y si no lo hacía, me iban a levantar. Dijeron que eran de La Unión Tepito. Mejor me quedé en el puesto, aquí el dueño sí les paga 200 pesos por el derecho de piso, pero ya lo conocen, ya es seguro”.
El ciudadano peruano se topó con el poder de dos de los muchos grupos mafiosos que lideran en el Centro Histórico: Los chinos, quienes introducen mercancía presuntamente ilegal al país y la almacenan en cientos de bodegas que acaparan en viejos edificios de la zona, y La Unión Tepito, una de las organizaciones delincuenciales más grandes y violentas que opera en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, principalmente.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha identificado a La Unión Tepito como la que desde hace más de 10 años aterroriza a vecinos, comerciantes y visitantes al cometer homicidios y descuartizamientos, secuestros, levantones, narcomenudeo, extorsión o cobro de derecho de piso.
Sólo para “mexicanos”. Oferta laboral en el primer cuadro de la ciudad. Foto: Sara Pantoja
Pero no es el único grupo criminal. La SSC tiene registro de actividad delictiva de La AntiUnión Tepito, grupo que surgió para disputar el control de la plaza a La Unión y se caracteriza por ser más violento en sus actos delictivos.
Comerciantes entrevistados, quienes también piden el anonimato por temor a los delincuentes, mencionan a grupos menores de extranjeros que ya también son mafias: los colombianos, venezolanos y coreanos.
Recientemente se ha mencionado la organización 2 de abril, que tendría su base de operación en los alrededores del mercado del mismo nombre, a espaldas del Teatro Blanquita, cruzando el Eje Central. En una vecindad de esa zona vivían los dos adolescentes de origen mazahua asesinados y descuartizados muy cerca de ahí: en el número 86 de la calle República de Cuba, en noviembre de 2020, en la gestión de Sheinbaum Pardo en la capital del país.
Comerciantes aseguran que ciertos lugares de la Plaza Santo Domingo, conocida por albergar imprentas donde se falsifican todo tipo de documentos oficiales, sirven como “casa de seguridad” para secuestros exprés de comerciantes que se niegan a pagar la extorsión. En redes sociales abundan videos de los castigos físicos que aplican a sus víctimas.
Caminar más allá de Santo Domingo, rumbo al Eje 1 Norte, por las calles de Cuba, Chile, Argentina, Brasil, Honduras, Belisario Domínguez y Manuel Doblado se torna más peligroso, pues, advierten los comerciantes, varias de sus vecindades están coptadas por el crimen organizado que las usa como “casas de seguridad” y de narcomenudeo. El olor a mariguana es común.
En todas esas calles es habitual observar a jóvenes, solos o en pareja, sin cascos protectores que circulan rápido y en sentido contrario en motocicletas pequeñas y que, según los comerciantes, son quienes cobran las extorsiones. Casualmente ellos no son revisados por los policías en los operativos.
Más: en las entrañas del Centro Histórico también es común observar a migrantes de Venezuela y Cuba, principalmente, que se emplean en los puestos de las calles de mayor venta informal como República de Argentina, de Brasil y de Colombia, así como Correo Mayor, Corregidora y Moneda; las mismas que rodean Palacio Nacional.
También abundan personas de nacionalidad haitiana y africana, quienes, por la dificultad del idioma, se emplean más como “diableros” y cargadores de mercancía de la gente que va a comprar por mayoreo.
Motociclistas. Pendiente para la autoridad en las calles del Centro: Foto: Sara Pantoja.
En la esquina de Moneda y Correo Mayor tres jóvenes corpulentos (dos mexicanos y uno sudamericano) vigilan a los vendedores conocidos como “toreros” y se organizan con otros vigilantes mediante un radiocomunicador. “¡Quítalo de ahí, ese no es de nosotros!”, ordena uno en el aparato electrónico. Al lado de ellos, tres elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) y uno más de la Policía Militar los miran y los dejan seguir con el control de la calle en total impunidad.
Y pese a ser una de las zonas más visitadas por el turismo nacional e internacional, además de las visitas oficiales que llegan a Palacio Nacional, en sus calles es recurrente la presencia de personas en situación de calle tiradas en el suelo, algunas inconsientes por consumo de droga o dormidas y otras que piden limosna mientras cargan a bebés o niños pequeños.
A las diez u once de la noche y hasta las siete u ocho de la mañana hay una especie de “toque de queda” en el primer cuadro de la capital, cuya razón los policías de las esquinas no saben o no quieren explicar.
La informalidad, sin control
La diputada local Silvia Sánchez Barrios, hermana de la activista Diana, ambas hijas de Alejandra Barrios, histórica lideresa del comercio informal en el centro de la capital, asegura que, a diferencia de hace unos 15 años, cuando se contaban unas 16 agrupaciones de comercio popular que tenían más de 50 años de existencia, “¡ahora hay más de 100, casi uno por cuadra!”.
En entrevista, recuerda los primeros intentos por ordenar al comercio ambulante, en la administración de Marcelo Ebrard, con la adecuación de plazas comerciales que, al final, no dio resultado. Ahora, dice, “ya no hay control, esto se desbordó!”, además de que hay comerciantes que ya no tienen líderes visibles.
Un breve repaso por reportes periodísticos recuerda cómo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera creció la presencia del ambulantaje en el Centro Histórico y de las mafias delictivas que lo controlan. Además, comenzó el despojo y apropiación de vecindades y predios, a manos de grupos mexicanos y extranjeros, para hacerlos bodegas o plazas comerciales construidas en no más de tres meses; “elefantes blancos”, les dicen.
Ebrard. Fracaso contra los ambulantes. Foto: Montserrat López
A la par, por la gentifricación, las rentas de las viviendas comenzaron a subir y hacerse impagables, por ello gran parte de los pocos habitantes originarios del Centro se fueron. Y esos espacios los ocupó el crimen organizado, al mismo tiempo que creció su control y su cobro de piso, no sólo a comerciantes informales, sino a los establecidos. Ninguno se salva.
El poderío creciente de esas mafias, en particular de La Unión Tepito, también se reflejó en el asesinato de al menos 14 líderes de comerciantes ambulantes: Armando Becerril, Óscar Liebre, Raymundo Pérez, Miguel Ángel Lemus, Miguel Ángel Galán y Jaime Vázquez Mendoza, entre otros. La mayoría fueron acribillados a balazos por sicarios a bordo de motocicletas. El mismo modus operandi aplicado contra Diana Sánchez Barrios.
Estos ataques se registraron entre las administraciones de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, aunque la mayoría durante la gestión del primero.
Ya sin sus líderes, los comerciantes de distintas calles afectados quedaron bajo el yugo de esas mafias y con el control de parte de los millones de pesos que a diario se mueven en la zona.
Con Mancera, más ambulantes y crímenes en el Centro. Foto: Montserrat López
Llega la autoridad a “aprender”
Al día siguiente del atentado contra Diana Sánchez Barrios, la jefa de gobierno, Clara Brugada, nombró a Carlos Cervantes Godoy, exdiputado local de Morena y exfuncionario de sus administraciones en la alcadía Iztapalapa, como el nuevo titular de la Autoridad del Centro Histórico.
Se trata de una figura creada en enero de 2007 por el entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, con la intención de planear y ordenar el desarrollo territorial, económico y social del Centro Histórico. Según el acuerdo publicado para su creación, tiene atribuciones en materia de Gobierno, Desarrollo Urbano y Vivienda, así como Económico y Social, Medio Ambiente, Transportes y Vialidad, Turismo y Seguridad.
La primera en ocupar el cargo fue la historiadora Alejandra Moreno Toscano y le siguieron Jesús González Schmal, la exdiputada priista Dunia Ludlow y el expresidente del PRD local Manuel Oropeza.
Sin embargo, para Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC), esos funcionarios son “como un regente de antes”, pero que “llegan a aprender” de la problemática del Centro Histórico, sin resolverla de fondo. Recuerda que uno de sus objetivos era combatir la corrupción y el desorden, pero al paso de los años, eso no se ha logrado.
En entrevista, evita mencionar la operación de grupos de la delincuencia pues dice que los jefes de Sector de la SSC saben quiénes son y qué calles dominan con sus extorsiones.
Entonces, se enfoca en las preocupaciones de los pequeños comerciantes del Centro Histórico: caída de ventas de hasta 40%, competencia desleal de productos chinos más baratos, exceso de ambulantaje, rentas exorbitantes, falta de alternativas de movilidad, decisiones del gobierno sin consultarles, como la reciente peatonalización del Zócalo, descuido de la autoridad del nodo de giros comerciales: farmacias, clínicas, perfumerías, ópticas, vestidos de ocasión, zapaterías, bicicletas, etcétera.
Líder de pequeños comerciantes formales desde hace años, critica también el constante cierre de vialidades por múltiples motivos, entre los que destaca la seguridad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador desde que se volvió inquilino de Palacio Nacional.
Operativos para retirar al comercio informal. Foto: Sara Pantoja
Esos y otros factores, asegura, han causado que la gente evite ir al Centro Histórico. “El consumidor ha cambiado sus puntos de consumo, ya no va a comer o a pasear porque no hay estacionamiento, roban, la vialidad está obstruida, no puedes llegar ni salir rápido. Por eso prefieren las plazas comerciales”, lamenta.
Ah, qué maravilla de representación política tenemos en México. Parece que nuestra estimada Diputada Herminia Lopez Santiagode Morena, ha descubierto una nueva forma de servir al pueblo: durmiendo plácidamente en su curul durante una sesión del pleno este martes.
¡Qué dedicación! Seguramente estaba soñando con nuevas leyes y reformas para mejorar el país.
Es reconfortante saber que nuestros Diputados aprovechan al máximo su tiempo en el recinto legislativo,aunque después de todo, ¿qué mejor manera de resolver los problemas de la nación que con una siestecita en plena sesión? Quizás la Diputada por Oaxaca estaba practicando una nueva técnica de meditación legislativa para encontrar soluciones innovadoras mientras ronca suavemente.
No nos sorprendería si pronto vemos a otros Diputados o Senadores siguiendo su ejemplo. ¿Para qué molestarse en debatir y discutir cuando puedes simplemente echarte una pestañita? Tal vez deberíamos considerar cambiar el lema de la “Patria es Primero” por la “siesta es primero”.
Y por supuesto, no olvidemos el arduo trabajo que implica cobrar un jugoso salario por estas sesiones de sueño profundo. Es agotador recibir tanto dinero por tan poco esfuerzo, ¿no creen?
En fin, queridos ciudadanos, duerman tranquilos esta noche sabiendo que sus representantes están haciendo lo mismo… pero en horario laboral y con su dinero. ¡Viva la democracia somnolienta!
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró que no fue detenido Jesús Esteban Machado Meza, alias “El Güero Pulseras”, señalado como objetivo prioritario y operador, en Chiapas, del grupo encabezado por el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.
El Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que el arresto se registró el día de ayer, durante un cateo realizado en Tuxtla Gutiérrez, en el que también fueron aseguradas armas, drogas y vehículos. Más tarde, la dependencia precisó que en realidadsolo se registró un cateo en una presunta propiedad del líder criminal.
Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que en el operativo conjunto participaron las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad, así como la Fiscalía General de la República (FGR).
“Resultado de labores de inteligencia e investigación, se obtuvo la ubicación de un lugar utilizado para almacenar objetos ilícitos y colocar blindaje artesanal a vehículos usados por grupos delictivos”.
García Harfuch detalló que en el operativo se aseguraron 935 kilos de marihuana, 54 armas de fuego largas, 545 cargadores, 65 cajas de cartuchos, un vehículo con blindaje artesanal, dos con blindaje de fábrica, además de nueve automóviles y tres motocicletas.
De acuerdo con el Informe de Seguridad, presentado en Palacio Nacional, las autoridades federales realizaron “un cerco técnico” a los operadores de líder de esa célula.
El pasado fin de semana lograron detectar que, al interior de un taller mecánico, se descargaron varios camiones con mariguana.
Tanto las armas como la droga asegurada fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Justicia de Chiapas.
El pasado 3 de julio, Grupo REFORMA publicó que la conformación del Cártel de Chiapas y Guatemala, compuesta por desertores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recrudeció la violencia en la zona fronteriza de la entidad.
De acuerdo con fuentes militares, la inseguridad se acentuó cuando sicarios rivales se enteraron de una supuesta protección gubernamental al Cártel de Sinaloa, liderado en la entidad por Jesús Esteban Machado, “El Güero Pulseras”.
Una prueba de ello habría sido la acusación de que éste recibió la ubicación de algunas autoridades sobre los 19 presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala, que posteriormente aparecieron asesinados en un camión de volteo en un camino de terracería de La Concordia.
