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lunes, 28 de diciembre de 2020

"ADERMATOGLIFIA": El y TODA su FAMILIA "NO TIENEN HUELLAS DIGITALES" por PADECIMIENTO que AFECTA a un PUÑADO en el MUNDO...y todo se complica.


Apu Sarker me mostró la palma abierta de su mano durante una videoconferencia desde su casa en Bangladesh. Al comienzo nada me pareció raro, pero cuando miré más de cerca me percaté de lo lisas que eran las superficies de sus dedos.

Apu, de 22 años, vive con su familia en una aldea en el distrito norteño de Rajshahi en la India. Hasta hace poco, trabajaba como asistente médico. Su padre y abuelo eran agricultores.

Los hombres en la familia de Apu parecen compartir una rara mutación genética que se cree que solo afecta a un puñado de personas en el mundo: no tienen huellas dactilares.

Antes, en las épocas del abuelo de Apu, no tener huellas digitales no era gran lío. "Nunca lo pensé como un problema", dijo Apu.

Pero después de décadas, esos pequeños surcos que se arremolinan en las puntas de nuestros dedos -llamados dermatoglifos- se han convertido en el dato biométrico más recopilado del mundo.

Se usan para todo, desde el paso por un aeropuerto hasta para abrir nuestros teléfonos inteligentes.

Un teléfono inteligente que se abre con la huella digital
AFP

Pie de foto,

Hoy en día, las huellas digitales se utilizan para operar un sinnúmero de dispositivos, como el teléfono inteligente.

En 2008, cuando Apu era niño, Bangladesh introdujo una Tarjeta de Identidad Nacional para todos los adultos y la base de datos requería una huella del pulgar.

Los funcionarios confundidos no sabían si emitirle una tarjeta al padre de Apu, Amal Sarker. Finalmente, recibió una tarjeta con el sello "SIN HUELLA DIGITAL".

En 2010, las huellas dactilares se volvieron obligatorias para pasaportes y licencias de conducción.

Después de varios intentos, Amal logró conseguir un pasaporte mostrando un certificado de una junta médica. Nunca lo ha usado, en parte porque teme que haya problemas en el aeropuerto. Y, aunque conducir una motocicleta es esencial para su trabajo de agricultor, nunca ha obtenido una licencia.

"Pagué la tarifa, pasé el examen, pero no me dieron la licencia porque no podía dar una huella digital", explicó.

Registro de datos biométricos en Bangladesh
GETTY IMAGES

Pie de foto,

Bangladesh ha realizado una extensa recopilación de datos biométricos de sus habitantes, sin los cuales no se puede aquirir un pasaporte, o una licencia de conducir, ni siquiera una tarjeta SIM para el teléfono.

Amal carga consigo el recibo de pago de la licencia, pero no siempre le ayuda cuando lo detienen. Le han multado dos veces. En ambas ocasiones explicó sobre su dolencia a los policías, dijo, y les mostró las puntas de sus dedos para que vieran. Ninguno le perdonó la multa.

"Siempre es un experiencia vergonzosa para mí", contó Amal.

En 2016, el gobierno hizo obligatorio comparar la huella digital con la base nacional de datos para poder comprar una tarjeta SIM para un celular.

"Parecieron confundidos cuando fui a comprar una SIM, el software de su sistema se congelaba cada vez que ponía mi dedo en el sensor", dijo Apu, con una sonrisa irónica.

Le rechazaron la compra. Todos los hombres de su familia tienen que usar tarjetas SIM bajo el nombre de su madre.

Amal
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Los dedos de Amal Sarker no tienen los patrones distintivos que se encuentran en la mayoría de las personas.

La dolencia rara que afecta a la familia Sarker se llama adermatoglifia.

Se dio a conocer ampliamente en 2007 cuando Peter Itin, un dermatólogo suizo, fue contactado por una mujer de su país que tenía problemas entrando a EE.UU.

Su cara correspondía a la foto de su pasaporte, pero los agentes de inmigración no podían registrar sus huellas dactilares. No tenía.

Tras examinarle, el profesor Itin encontró que la mujer y ocho miembros de su familia sufrían una rara condición, con las yemas de los dedos planas y un número reducido de glándulas sudoríparas en las manos.

Trabajando con otro dermatólogo, Eli Sprecher, y la estudiante de posgrado Jann Nousbeck, el profesor Itin examinó el ADN de 16 miembros de la familia -siete con huellas digitales y nueve sin éstas.

"Los casos aislados son muy raros y no se han documentado más que unas pocas familias", contó el profesor Itin a la BBC.

Agente de inmigración en EE.UU. verifica las huellas digitales de una pasajera
GETTY IMAGES

Pie de foto,

En muchos países, como en EE.UU., los agentes fronterizos verifican las huellas digitales de los viajeros antes de permitir su entrada.

En 2011, el equipo se enfocó en un gen, SMARCAD1, que mutó en los nueve miembros sin huellas de la familia y pudieron identificarlo como la causa de la rara dolencia. Prácticamente no se conocía nada de este gen. La mutación no parecía causar otros efectos negativos aparte de los cambios en las manos.

La mutación que se buscó durante todos esos años afectaba un gen "del que nadie sabía nada", expresó el profesor Sprecher. Por eso tardaron años en encontrarlo.

Una vez descubierto, la enfermedad fue nombrada adermatoglifia, pero el profesor Itin la apodó "enfermedad de demora migratoria"- por su primera paciente que tuvo problemas entrando a EE.UU.- y el nombre resultó.

Amal y Apu
Pie de foto,

Amal y Apu Sarker. "No está en mis manos, es algo que heredé", dijo Amal.

La enfermedad de demora migratoria puede afectar a varias generaciones de una familia. El tío de Apu Saker, Gopesh, que vive en Dinajpur, a unos 350km de Daca, tuvo que esperar dos años antes de que le autorizaran un pasaporte.

"Tuve que viajar a Daca cuatro o cinco veces en los últimos dos años para convencerles de que sufría la mutación", declaró Gopesh.

Cuando su oficina empezó a utilizar un sistema de control de asistencia con huellas digitales, Gopesh tuvo que convencer a sus jefes que le permitieran utilizar el sistema antiguo: firmando una planilla de asistencia todos los días.

Un dermatólogo en Bangladesh ha diagnosticado la condición de la familia como queratodermia palmoplantar congénita, que el profesor Itin cree que evolucionó en adermatoglifia secundaria, una versión de la enfermedad que también puede producir resequedad cutánea y reducción de la transpiración en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Los Sarker na reportado todos estos síntomas.

Se necesitarían hacer más exámenes para confirmar si la familia tiene alguna forma de adermatoglifia.

El profesor Sprecher expresó que su equipo estaría "muy contento" de ayudar a la familia con pruebas genéticas.

Los resultados de esas pruebas podrían darles a los Sarker alguna certidumbre, pero no les aliviaría la carga de navegar diariamente por un mundo sin huellas digitales.

El hermano menor de Apu Sarker, Anu
Pie de foto,

El hermano menor de Apu Sarker, Anu, también heredó la rara mutación genética.

Los Sarker que padecen de esta mutación están viviendo en una sociedad que no solo les resulta más difícil de manejar, sino que no ha evolucionado para acomodar su problema.

Amal Sarker pasó la mayoría de su vida sin mucho traspié, pero ahora dice que siente tristeza por sus hijos.

"No está en mis manos, es algo que heredé", declaró.

"Pero la manera en que mis hijos y yo nos estamos metiendo en todo tipo de problemas, es realmente doloroso para mí".

Amal y Apu acaban de recibir un nuevo tipo de tarjeta de identidad nacional emitida por el gobierno bangladesí, tras presentar un certificado médico. La tarjeta utiliza otros datos biométricos -un escaneo de la retina y reconocimiento facial.

Pero todavía no pueden comprar una tarjeta SIM ni obtener una licencia de conducción. Expedir un pasaporte es un largo y arduo proceso.

"Estoy cansado de explicar mi situación una y otra vez. He pedido consejo a mucha gente, pero nadie puede darme una respuesta definitiva", se quejó Apu. "Alguien me sugirió ir a un tribunal. Si todas las otras opciones fallan, eso es lo que tendré que hacer".

Apu espera poder conseguir un pasaporte, dijo. Le encantaría viajar fuera de Bangladesh. Sólo tiene que empezar a llenar la solicitud.

Las fotos son cortesía de la familia Sarker.

Fuente.-


"UNOS se QUEDAN y OTROS ESCAPAN": GARCIA LUNA y el "NARCOGENERAL CIENFUEGOS" MEXICANOS ILUSTRES que han TROPEZADO con APARATO de JUSTICIA "GRINGO"...el color del uniforme decidió diferente suerte.


Cada año pasan por el sistema judicial estadounidense decenas, sino centenares, o incluso miles de mexicanos. No todos los casos llegan a los medios de comunicación, no todos tienen el mismo seguimiento mediático ni tampoco el mismo interés en la opinión pública. En este 2020, sin embargo, los grandes casos han tenido un elemento en común: en la banca de acusados se han sentado importantes figuras y excargos públicos mexicanos, imagen de la corrupción en el país juzgada por la Unión Americana.

Si 2019 fue el año de la culminación de uno de los procesos más esperados: la condena y sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, personaje de aura casi mitológica; este 2020 el protagonismo lo han compartido tres figuras políticas de diferentes índoles. 

Tres casos que son como una historia en tres actos, en función de su final. 

Acto 1: Genaro García Luna. El que se queda

El fin del año 2019, con El Chapo ya en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, aguardaba una sorpresa: la detención en Dallas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y nada más y nada menos que acusado de narcotráfico con lazo al cártel de Sinaloa.

Sus primeras presentaciones ante los jueces, en época precoronavirus, sólo sirvieron para declararse no culpable y ver como los intentos de conseguir la libertad bajo fianza eran infructuosos, a pesar de propuestas millonarias de su abogado de oficio, César de Castro. El “serio riesgo” de fuga impidieron una resolución diferente; meses más tarde, razones basadas en la situación pandémica tampoco surgieron efecto.
 
Su caso se complicó con la vinculación al caso de Iván Reyes Arzate, exjefe de la Policía Federal y ex enlace mexicano con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), quien cuando pocos días antes de terminar su condena en Chicago por colaborar con el Cártel de Sinaloa y ser deportado a México, se encontró en Nueva York acusado en el mismo caso que García Luna. 

Por si fuera poco, en verano se incluyó a la causa el delito de liderazgo de una banda criminal, cargos por los que también se acusó a dos ex altos cargos de la Policía Federal mexicana: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, por dejar que el Cártel de Sinaloa actuara “impunemente”.

Con la negativa constante de que García Luna esté negociando una salida pactada con una declaración de culpabilidad -una declaración pública totalmente habitual pero no siempre cierta-, las audiencias judiciales se celebran ahora por videoconferencia que han tenido graves y constantes altercados técnicos, especialmente por la incapacidad de voces en español de silenciar sus teléfonos. Mientras, las partes revisan y analizan el casi millón de páginas de pruebas y decenas de horas de grabaciones que implicarían al exsecretario de Seguridad en una trama de narcotráfico sin precedentes.

Acto 2: Salvador Cienfuegos Zepeda. El que escapa

Al igual que la detención de García Luna, fue una sorpresa mayúscula la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, el que fuera secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cienfuegos aterrizaba a finales de octubre en Los Ángeles para vacacionar y terminó esposado y con destino a Nueva York, acusado de cooperación con el narcotráfico.

Empezó una operación diplomática sin precedentes para liberar a El Padrino, algo inaudito y de lo que no disfrutó, por ejemplo, García Luna. México se quejó de injerencia soberana al no estar enterada de la investigación ni la detención, incluso con cable diplomático de por medio. Se celebraron las primeras audiencias judiciales, se aseguró que había pruebas claras… Y de repente, un mes después y sin esperarlo nadie, la fiscalía de EU sorprendió retirando todos los cargos al general por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”, a pesar de años de recabar información sobre los tejemanejes del exmilitar con narcotraficantes. 

En menos de un día Cienfuegos pasó de ser el alto cargo más importante en afrontar acusaciones de narcotráfico a ser hombre libre en territorio mexicano. De fondo sonaron rumores de amenazas de fulminar la cooperación antidrogas. 

La promesa del gobierno de AMLO fue que se investigaría a Cienfuegos, pero todo apunta que quedará en papel mojado. El mismo gobierno mexicano informaba hace poco que clasificaba el material relacionado con el general por cinco años. El The Wall Street Journal, citando fuentes de ambos países, añadía que las pruebas contra Cienfuegos no eran “sólidas”.

La opción de que el general acabe sin enfrentar a la justicia, ni de uno ni de otro lado de la frontera, gana enteros.

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Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, fue detenido a fines de octubre; la fiscalía de EU retiró sus cargos. Foto: ARCHIVO AP

 

Acto 3: César Duarte Jáquez. El que espera

A principios de julio, justo en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador entraba con su comitiva en la Casa Blanca, en el que era su primer y único viaje internacional, empezó a sonar el rumor de la detención en Miami de César Duarte Jáquez, exgobernador priísta de Chihuahua (2010-2016) acusado en México de peculado y otros delitos.

Las sospechas de intercambio de “regalos” era factible: Trump suavizando su perfil con los votantes latinos y recibiendo algo parecido a una bendición del presidente mexicano, AMLO se anotaba el punto de la detención de otro político acusado de corrupción. Todo el mundo lo negó.

Duarte, como todos los acusados, intentó primero evitar su proceso pidiendo libertad bajo fianza, que se le negó. Poco más tarde empezó la pelea por demostrar que la solicitud de extradición no tenía la validez como para ejecutarse y por tanto debería desestimarse ya que los delitos habrían prescrito.

A la espera de resoluciones y mociones que todavía tienen que presentarse este fin de año, a Duarte Jáquez se van acabado una por una todas las opciones. La que parece que será la audiencia de extradición definitiva, a no ser que se vuelva a postergar por la situación pandémica o cualquier otro menester sobre el caso, se realizará a mediados de enero.

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César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua, fue detenido con fines de extradición. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

 

Epílogo: los hijos del cártel

Que los mayores casos judiciales de mexicanos en Estados Unidos estén protagonizados por ex altos cargos públicos no significa que haya un respiro a líderes de cárteles mexicanos que son perseguidos por las autoridades de la Unión Americana. Este 2020, de hecho, ha sido un “mal año” para los hijos de los grandes capos.

Después del bochorno de la fallida aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, toda la presión cayó en los herederos de otros grandes nombres del narcotráfico mexicano.

A principios de año fue el turno de Rubén Oseguera González, Menchito, el hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, uno de los criminales más buscados por todas las agencias estadounidenses y enemigo público número uno de Chicago.

El Menchito esquivó la extradición por casi cinco años, pero en febrero de este año aterrizó en Washington DC para enfrentar los cargos de narcotráfico y uso de armas de fuego para cometer crímenes. En su primera presentación ante el juez, en la que se declaró no culpable, le acompañó en la banca del público Jessica Oseguera González, su hermana. 

Pocos esperaban que, a la salida, la Negra sería detenida por sus tratos con empresas vinculadas al cártel de su padre. Estuvo a punto de salir en libertad bajo fianza, pero finalmente no fue así. Su juicio ya tiene fecha de inicio: el 22 de marzo. 

El otro gran vástago narcotraficante que ha pasado un 2020 entre rejas estadounidenses es Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo. A finales de 2019 fue extraditado a los Estados Unidos; más allá de la audiencia inicial, en la que se declaró no culpable de dos delitos de narcotráfico, el hijo de el Mayo no ha salido de la cárcel mientras espera juicio, en parte porque su defensa está revisando la multitudinaria evidencia en su contra (documentos y mensajes de Blackberry interceptados) y la pandemia de coronavirus, que ha congelado las vistas judiciales en San Diego (California) desde mediados de abril. 

Además, los Estados Unidos han renovado su interés por Rafael Caro Quintero, objetivo prioritario de la DEA desde 2018 pero sobre el que se está intentando cercar todavía más, tras poner en la lista negra al que se considera uno de sus principales socios y testaferros.

fuente.-



CHINA CONDENA a 4 AÑOS de CARCEL a PERIODISTA CIUDADANA por el DELITO de "BUSCAR PELEA y CREAR PROBLEMAS" TRAS COBERTURA de la PANDEMIA...su voz narro los primeros dias del virus.



La periodista Zhang Zhan ha sido condenada este lunes a cuatro años de cárcel por su cobertura sobre la pandemia en China. La reportera ha sido declarada culpable de “buscar pelea y crear problemas”, un delito de definición legal ambigua y empleado a menudo por las autoridades contra la disidencia. Zhang es lo que en China se conoce como periodista ciudadana, alguien que informa a través de redes sociales sin estar empleado por un medio de comunicación, sino más bien con vocación de justicia y transparencia.

La suya fue una de las pocas voces independientes que narraron los primeros días del virus desde su epicentro original, la ciudad de Wuhan, adonde acudió en febrero. Allí contó el acoso contra los familiares de las víctimas que reclamaban una investigación, así como las detenciones de otros reporteros independientes. “El Gobierno ha gestionado esta ciudad por medio de intimidación y amenazas... Esa es la auténtica tragedia de este país”, se lamentaba en el último de sus vídeos desde Wuhan.

Como consecuencia, Zhang, de 37 años, fue arrestada el pasado mes de mayo en Shanghái y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva. En septiembre recibió una acusación formal, pero los cargos contra ella no vieron la luz hasta noviembre. Según los documentos oficiales, se le acusaba de distribuir “información falsa mediante textos, vídeos y otros medios a través de redes sociales como Wechat, Twitter o YouTube” y de “aceptar entrevistas de los medios extranjeros Radio Free Asia [emisora pública estadounidense] y el periódico Epoch Times [propiedad de la organización religiosa Falun Gong, prohibida en el país]”.

Zhang enfrentaba una pena máxima de cinco años de cárcel, de los que se ha llevado cuatro. Su abogado defensor, Zhang Keke, ha comentado el proceso judicial a través de sus redes sociales. “El fiscal solo ha leído en alto la lista de pruebas, sin mostrar parte de ellas, incluyendo las más importantes. Zhang Zhan declaró que la expresión de los ciudadanos no debe ser censurada. Pero más allá de eso, básicamente no dijo palabra”.

Zhang, quien ya fue detenida el año pasado por su apoyo a las protestas prodemocracia de Hong Kong, ha mantenido su inocencia en todo momento. El pasado 2 de septiembre se declaró en huelga de hambre, campaña que ha mantenido desde entonces aunque en un primer momento las autoridades del centro de detención la intubaron para alimentarla a la fuerza, según denunció su abogado. Zhang había anunciado que, en caso de que el fallo judicial no fuera justo, seguiría adelante con su protesta. “Acudió al juicio en silla de ruedas y su salud es mala”, ha detallado hoy el letrado. “No ha manifestado de manera inmediata si piensa recurrir [la sentencia]”.

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Frente a la entrada del Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong se concentraron varias decenas de personas para expresar su apoyo a la periodista. Todos ellos, así como los medios de comunicación presentes en el lugar, fueron dispersados por las fuerzas de seguridad. Entre los presentes se encontraba el activista Li Dawei. “Estuve en contacto con ella hasta que la detuvieron. Saber que está en huelga de hambre me genera ansias aún mayores. Tengo que apoyarla. Estoy impactado por la sentencia. Debería ser liberada ahora mismo y recibir tratamiento”, apuntó en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Además de Zhang, otras personas que ejercían el llamado periodismo ciudadano desde Wuhan también han sido arrestadas este año. Chen Qiushi fue detenido en enero, mientras que Fan Bing, residente en la ciudad, desapareció varios días más tarde y sigue en paradero desconocido. Todos ellos documentaron el caos y sufrimiento que caracterizaron los primeros días de la pandemia, contra la narrativa oficial promulgada por el Gobierno. El pasado 16 de diciembre, las autoridades apresaron también al fotoperiodista Du Bin, antiguo colaborador de The New York Times, acusándole de “buscar pelea y crear problemas”, los mismos cargos de los que Zhang ha sido declarada culpable este lunes.

fuente.-Diario español/Jaime Santirso/

"BIEN HONESTOS": AL MENOS CUATRO SUPER-DELEGADOS FEDERALES de AMLO GANARON CANDIDATURAS con DINERO PUBLICO...cuando es ajeno es mas fácil gastarlo



Al menos cuatro de los llamados superdelegados del Gobierno federal en los estados consiguieron la candidatura de Morena a sus respectivas gubernaturas, con lo que se cumplió la advertencia de sus adversarios: que aprovecharían sus cargos para posicionarse políticamente.

Juan Carlos Loera, en Chihuahua; Lorena Cuéllar, en Tlaxcala; Indira Vizcaíno, en Colima; y Victor Manuel Castro, en Baja California Sur, lograron su nominación.

Como delegados de los programas de Bienestar en sus estados, los ahora precandidatos viajaron por los municipios, sostuvieron encuentros con pobladores, ofrecieron apoyos, supervisaron obras, participaron en reuniones de seguridad y dejaron registro en redes sociales de prácticamente todas sus actividades públicas.

En espera de una eventual designación se encuentra el ex superdelegado Pablo Amílcar Sandoval, en Guerrero, y están pendientes las nominaciones de Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa.


Pese a que desde el Gobierno federal se les pedía no promocionar su imagen en redes sociales, todos los ahora candidatos subían fotos abrazando, comiendo y entregando recursos a nombre de la Presidencia.


Asimismo, coinciden en que todos fueron señalados por la oposición, e incluso por correligionarios, de promocionarse antes de tiempo.

Tal es el caso de Lorena Cuéllar, quien el 8 de octubre en sus redes sociales publicó una imagen donde promocionaba a Morena, cuando todavía no renunciaba a su función federal. "La transformación de Tlaxcala comienza ya", decía la imagen. Juan Carlos Loera fue elegido el 20 de diciembre, pese a que en noviembre la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició una carpeta por presunto uso de programas sociales para promocionar su imagen.


Según reportes locales, entregó folletos, tarjetas personalizadas, con sus redes sociales y rostro, y también apareció en espectaculares resaltando su nombre y los programas federales.

En octubre de 2019, la Secretaría de la Función Pública reveló que 10 superdelegados, entre ellos Juan Carlos Loera e Indira Vizcaíno, eran investigados por el supuesto uso electoral de programas en sus redes sociales publicó una imagen donde promocionaba a Morena, cuando todavía no renunciaba a su función federal.

Incluso, la diputada federal de Colima, Claudia Yáñez, acusó a Vizcaíno ante la Secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, por el presunto uso electoral de programas para atender la pobreza en la entidad.


En noviembre de 2018, previo a la creación de los "superdelegados", 12 Gobernadores del PAN acusaron que esta figura era una imposición del Presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados para controlar los recursos de los programas sociales y las acciones de seguridad.

En otro contexto, pero también aprovechando la exposición de su cargo, la maestra Delfina Gómez, superdelegada en el Edomex, ahora formará parte del Gabinete federal, al ser nombrada Secretaria de Educación.

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CON "IMPUESTOS CRIMINALES": DELINCUENTES MERMAN GANANCIAS del EMPRESARIADO con COSTO 226 MIL MILLONES de PESOS en 2019...son otro gobierno paralelo.


Pese a que el porcentaje de empresas víctimas de la delincuencia disminuyó, al pasar de 33.7% en 2017 a 30.5% en 2019 —es decir, tres puntos porcentuales menos—, los costos de la inseguridad se han incrementado para el sector empresarial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020, que el Inegi publicó recientemente, el costo de la inseguridad y la delincuencia que afecta a las empresas creció 34% entre 2017 y 2019. 

Pero ¿de qué clase de delitos estamos hablando? ¿Qué tanto ha cambiado la victimización empresarial en los últimos años? ¿Cuáles son los delitos que generan más pérdidas económicas a las empresas? En esta entrega responderemos estas preguntas con base en el análisis de la ENVE 2020, y plantearemos algunas recomendaciones para atender los delitos que más afectan a las empresas, como la extorsión.

¿Qué delitos ‘pegan’ más a las empresas?

Si analizamos las empresas por tipo de sector, descubrimos que la extorsión es el delito más frecuente en la industria y los servicios, mientras que el robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes afecta más a los comercios. Además, la extorsión también es el delito más común, sin importar el tamaño —micro, pequeña, mediana o grande— de la unidad económica.

En cuanto a prevalencia delictiva, que es la proporción de unidades económicas que han experimentado uno o más delitos, detectamos que la extorsión es el tercer delito más frecuente y el de mayor aumento en la tasa de víctimas por 10,000 unidades económicas, al pasar de 544 empresas en 2017 a 688 en 2019; es decir, un aumento de 26%. Por el contrario, se observa que la mayoría de los delitos como el robo hormiga, el robo o asalto de mercancía, dinero o bienes y el fraude, tuvieron reducciones de 20.7%, 10.5 y 35.1%, respectivamente, del año 2017 a 2019.

¿Cuáles son los delitos que más aumentaron?

Por lo que concierne a la incidencia delictiva, la extorsión empresarial es el delito que más se comete a nivel nacional, con 911,506 delitos perpetrados. Entre 2017 y 2019 la tasa de extorsión mostró un incremento de 58%, al pasar de 1,150 a 1,821 delitos. Es importante señalar que en el 92.5% de los casos estas extorsiones se cometen por vía telefónica. Pues bien, hubo un aumento en 5.6 puntos porcentuales en extorsiones telefónicas con respecto a 2017[1].

Sin embargo, la extorsión telefónica se concentra más en ciertos estados que en otros. Por ejemplo, en Yucatán el 100% del total de delitos de extorsión son cometidos por la vía telefónica, seguido de Guanajuato y Sonora con el 98.2%; Durango con 98.1% y, finalmente, Querétaro con el 97.2%.

¿Cuánto les cuesta la inseguridad a las empresas? 

A nivel nacional, aunque los delitos contra las empresas disminuyeron en tres puntos porcentuales, su costo aumentó en un 34% de 2017 a 2019. Es decir, la delincuencia es menos frecuente, pero más ‘cara’.

En 2019 el gasto de los empresarios en medidas preventivas —como cambiar o colocar cerraduras, instalar alarmas o videcámaras— aumentó en un 11% con respecto a 2017. Y, por primera vez, la erogación que hicieron los empresarios por gastos en medidas preventivas fue mayor a la pérdida económica a consecuencia del delito en sí. En efecto: aunque las empresas en términos de incidencia fueron menos victimizadas en 2019 que dos años atrás, gastaron más en medidas de protección.

Si sumamos el gasto en medidas preventivas y las pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, tenemos el costo promedio por empresa que, durante 2019, ascendió a 85,329 pesos, mientras que en 2017 fue de 66,031 pesos a nivel nacional. Sin embargo, hay estados en donde el costo se elevó hasta cuatro veces más, como es el caso de Querétaro y Ciudad de México, en donde alcanzó los 349,236 y 312,216 pesos, respectivamente, tal y como se muestra en el siguiente mapa: 

¿Qué hacer para atender el problema?

Las experiencias internacionales e iniciativas nacionales se han enfocado principalmente en atender el problema de la extorsión empresarial. Como lo hemos analizado en entregas previas, el caso de varios países de América Central es prometedor. El reporte Una cultura criminal. Extorsión en Centroamérica, de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, documenta cómo algunas de las respuestas centroamericanas a la extorsión pasan por la consolidación de asociaciones público-privadas. Por ejemplo, el sector azucarero de El Salvador ha establecido un marco oficial para ofrecer a la policía apoyo logístico en la atención de la extorsión y el control de las pandillas. En el caso de Guatemala, la Cámara de la Industria ha construido, durante los últimos años, una relación con la Fiscalía General para hacer frente a la extorsión.

Desde México Evalúa también hemos analizado iniciativas locales enfocadas en la contención y prevención de la extorsión. En el estudio La extorsión empresarial en Ciudad Juárez. El impuesto criminal: lecciones y precauciones se analizan las causas, características y efectos del “cobro de piso” en el municipio fronterizo de Chihuahua. Entre las lecciones aprendidas de esta investigación destacan la creación de una Unidad de Antiextorsión Empresarial al interior de la Fiscalía estatal, la aplicación de protocolos estandarizados para ofrecer protección directa a las víctimas que sufrieron alguna agresión física y la operación de ministerios públicos especializados en extorsión. Estas iniciativas fueron promovidas y respaldadas por el sector empresarial del estado.

Estos ejemplos tienen en común el involucramiento del sector empresarial, tanto en el acompañamiento como en el financiamiento de estrategias enfocadas en atender y prevenir la victimización de empresas, principalmente, del delito de extorsión. En 2019, las empresas gastaron 33 veces más en medidas de protección que el presupuesto destinado a los municipios para fortalecer a sus policías y desarrollar programas de prevención, suministrado a través del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg).

Trágicamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 ya no contempla la asignación de presupuesto para Fortaseg, por lo que la mayoría de los municipios de las zonas urbanas se quedarán sin estos recursos para hacer frente a la delincuencia, incluyendo la que afecta a las empresas. Frente a este panorama, es momento de plantearse de qué manera el sector empresarial puede participar de manera más activa en la construcción de seguridad.

Un ejemplo es el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), que se ha implementado en el estado de Chihuahua desde 2012. Este fondo, financiado por una sobretasa sobre el Impuesto de la Nómina, busca fortalecer las capacidades institucionales para prevenir la violencia, garantizar el Estado de derecho y fomentar la cultura de la legalidad. Su operación es supervisada por un Comité Técnico conformado por integrantes sector empresarial y del sector gubernamental[2].

Esta iniciativa podría inspirar la construcción de alianzas entre los sectores público y privado de otras entidades federativas o de las zonas metropolitanas del país, con el fin de diseñar (e incluso adoptar) acciones que reduzcan la victimización de las empresas, como la creación de Unidades Antiextorsión.

Sin duda, con estos antecedentes el próximo año en materia de seguridad no será alentador. Hoy más que nunca se requiere del trabajo colaborativo entre autoridades y sociedad. Juntos debemos caminar hacia la pacificación de nuestro país.

[1] En el caso mexicano, el Gobierno federal presentó recientemente un instrumento para combatir la extorsión telefónica en el país: la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude. Esta herramienta forma parte de una estrategia federal cuyos objetivos consisten en recopilar información detallada sobre este delito, fomentar la denuncia ciudadana a través de los números nacionales de emergencias 089 y 911 —lo cual ayudaría a reducir su alta cifra negra—  y neutralizar, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuentas bancarias donde se realiza el pago de las extorsiones.   

[2] El Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Innovación y Desarrollo Económico y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Fuente.-