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miércoles, 3 de junio de 2020

A "7 de 10 POLICIAS LEVANTADOS": LOS MATARON,los DESCUARTIZARON y los TIRARON en CAMIONETA ABANDONADA en COLIMA... plagiados en territorio hostil del Cartel de Jalisco.


Los siete policías de Colima desaparecidos en los límites con el Estado de Jalisco el pasado jueves fueron hallados muertos al interior de una camioneta en el Municipio de Manzanillo.

ARMADOS Y EN GRUPO:

Los cuerpos fueron localizados el mediodía de ayer en una camioneta Chrysler Pacífica abandonada en la localidad de Los Cedros.

En el interior de la unidad estaban envueltos en bolsas negras las siete víctimas presuntamente torturadas, ejecutadas y descuartizadas.

EL ALIADO A LADO DEL CARTEL de JALISCO:

Este martes, el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, confirmó que los siete cuerpos coinciden con los rasgos de los agentes.

"La Fiscalía General del Estado informó que los cuerpos sin vida, localizados ayer, coinciden con los rasgos físicos de los 7 policías estatales que desaparecieron en Jalisco, en la zona limítrofe con nuestra entidad", comentó en Twitter.

"Las autoridades ministeriales deberán esclarecer los hechos, brindar información integral y señalar a los responsables para su debida persecución".

Además, el Mandatario informó que ordenó una investigación exhaustiva al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular es el Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, para determinar responsabilidades.

"Ya ordené una exhaustiva investigación al interior de @SSP_COLIMA, para que se analice la cadena de decisiones, actuación de los funcionarios y cumplimiento de protocolos, con el objeto de que se determinen responsabilidades. Es mi mayor propósito que estos hechos se esclarezcan", abundó.

Según la versión de la SSP, el pasado jueves un grupo de 10 agentes de la Policía del Estado -siete hombres y tres mujeres- fueron comisionados a acompañar al Municipio de La Huerta, Jalisco, a un grupo de inversionistas que arribó al Aeropuerto de Manzanillo.

Sin embargo, ese mismo día se perdió comunicación con los agentes, por lo que se inició su búsqueda con apoyo de autoridades federales y de Jalisco. También se reportó la desaparición de dos civiles que estaban con ellos.

La noche del sábado fueron liberadas las tres mujeres policías y los dos civiles, quienes -según la SSP- narraron haber estado privados de su libertad en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Sin embargo, ayer el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solis Gómez, afirmó que no existe certeza de que este contingente haya ingresado y desaparecido en su territorio.

Además, el Gobierno de Colima en ningún momento previo informó al Gobierno de Jalisco el ingreso de los agentes a su territorio.

Fuente.-


"AMOS del SKIMMING": LA BANDA de RUMANOS CLONADORES de la RIVIERA MAYA "BANDIDOS" de CLASE MUNDIAL...encontraron el paraíso de sol,arena,mar y complicidad federal.

Un grupo de jóvenes de Craiova, una ciudad pequeña, enclavada en una región agrícola de Rumania, aprendieron todo lo que pudieron sobre tecnología bancaria y construyeron un negocio de cajeros automáticos. Pronto, operaban en Europa, Asia y América. Invirtieron sus ganancias en nuevas tecnologías y en mano de obra calificada. Contrataron ingenieros inteligentes del sector tecnológico rumano, en pleno crecimiento.

BANDIDOS ALIADOS DE BANDIDOS:

Este grupo de rumanos hizo una importante inversión en México y la historia sería de éxito si no fuera porque este grupo de rumanos eran skimmers, gente que roba información de tarjetas bancarias insertando dispositivos o software ilegales en los cajeros automáticos.
Su líder no era un CEO, era Florian Tudor, una figura del mundo criminal apodada El Tiburón. Y cuánto más grande era su negocio, más crímenes tenían que cometer para que siguiera creciendo: lavado de dinero, intimidación, soborno, e incluso, presuntamente, asesinato.

Hoy, según la policía y ex integrantes de la banda, son uno de los mayores grupos criminales de skimming del mundo pues controlan cerca del 10 por ciento de un mercado global de 2 mil millones de dólares.
OCCRP y sus socios Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Quinto Elemento Lab revisaron miles de documentos, entrevistaron a personas en tres continentes, rastrearon redes sociales y ordenaron este rompecabezas sobre la delincuencia transnacional.
A pesar de que los agarraron en más de una oportunidad, la banda ha seguido operando en el mundo entero, sin que se vislumbre su final.

Costosas vacaciones

Rod, un tejano que disfrutaba de sus vacaciones en la Riviera Maya, fue víctima de la banda. Al acudir a un cajero automático, en solo 15 minutos, los ladrones sacaron más de 800 dólares de su cuenta. Él lo notó de inmediato. Dice que tenía activado un sistema de alertas en su celular, que le notificaban cualquier transacción superior a 250 dólares.
Miles de turistas se han enfrentado al mismo problema desde 2012, cuando un grupo de criminales liderado por rumanos convirtió Cancún en su base de operaciones. OCCRP los apodó la banda de la Riviera Maya.

El Tiburón

Craiova es la ciudad natal de Florian Tudor, un hombre de negocios de 43 años y, según las autoridades rumanas, el líder de la banda de la Riviera Maya. Ésta, de acuerdo a la policía y a un exintegrante, cuenta con unos mil miembros. Varios de los edificios más nuevos de la ciudad son inversiones que vienen de las operaciones de skimming de Tudor, afirma la policía.
A partir de enero de 2020, la policía rumana empezó a investigarlo por dirigir un grupo de delincuencia organizada, por tres cargos de incitación al chantaje, por un cargo de chantaje y por uno más de incitación al asesinato. La policía mexicana también lo tiene en su punto de mira.
La fiscalía rumana alega que Tudor ordenó a amenazar, golpear, chantajear y asesinar a enemigos de la banda, incluyendo exintegrantes con los que se disputó. Según la policía rumana, en 2012 estaba en México, coordinando una trama de contrabando de personas de Rumania a Estados Unidos, vía México.
Tudor, que todavía está basado en México, niega estas acusaciones.
"No soy un criminal y nunca lo seré", dijo Tudor en un intercambio de correos electrónicos con OCCRP. "Nunca he matado a nadie y nunca he ordenado que maten a nadie".
Tudor afirma que es un empresario legal, víctima de autoridades corruptas de Rumania y México, sobornadas por criminales. En cambio, acusa a la policía mexicana de haberle robado. Y señala que los reporteros de OCCRP son aliados de estas autoridades corruptas.

De Craiova a Cancún

Antes de 2014, Tudor se mudó a la Riviera Maya, donde lo conocen como El Tiburón. Varios compatriotas de Craiova le siguieron los pasos.
Uno de ellos era Adrian Tiugan, de 36 años, un matón de poca monta que se hacía llamar Mufa o el Jack y que ya tenía antecedentes criminales en Italia y el Vaticano, pues en 2012 las autoridades lo condenaron a dos años y medio de prisión por alterar cajeros automáticos.
En diciembre de 2013, Tiugan apareció en las oficinas de registro empresarial de Cancún para crear Top Life Servicios, cuyo objeto era servir y operar cajeros automáticos en México.
Tiugan registró las compañías bajo el nombre de Paul Daniel Ionete, un rumano de Craiova conocido por los miembros de la banda. Para probar su identidad, Tiugan usó un permiso de residencia mexicano y un pasaporte temporal rumano falsificado, que llevaba la foto de Tiugan y el nombre de Ionete. Este documento tenía una vigencia de cinco años, aunque los pasaportes temporales rumanos sólo son válidos un año.
No hay evidencias de que Tiugan haya tenido problemas con las autoridades locales. A pesar del pasaporte falso y a pesar de que Rumania emitiera una orden internacional de captura.
En un email a OCCRP, Tudor refutó el hecho, argumentando que él, su hermano y sus socios no usan identidades falsas porque "no tenemos nada que ocultar".
Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en lugares tan lejanos como Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Adrian Enachescu, de 33 años y hermanastro de Tudor, lo siguió en 2015 a Cancún y se convirtió en accionista de Top Life junto a Tiugan.
Tudor también atrajo a Ion Damian Nedescu, de 49 años, un empresario y filántropo de la ciudad portuaria rumana de Constanțza. Nedescu era un empresario exitoso, que había caído en dificultades financieras. No está claro cómo se conocieron, aunque la novia en aquel momento de Nedescu era de Craiova y podría haberlos presentado.
Nedescu era conocido en Rumania por su historia inspiradora por los esfuerzos que hizo para ayudar a su hijo y a otros niños con autismo. En febrero de 2014 Nedescu se hizo con el 20 por ciento de las acciones de Top Life y se convirtió en representante de la empresa.
Registros judiciales conocidos por OCCRP muestran que la banda empezó a comprar cajeros chinos, incluyendo de las marcas Triton y Hyosung. Lo que hicieron fue hackear sus procesadores e instalar su propio software, diseñado a medida para capturar datos de tarjeta bancaria.
Enachescu se involucró con otras compañías dirigidas por la banda, incluyendo Intaller que compraba y vendía cajeros nuevos y usados.
Pero la banda de la Riviera Maya no se detuvo ahí. En 2014 lograron un acuerdo con Multiva, un respetado banco mexicano. Los cajeros que pertenecían a Top Life irían con el logo de la institución financiera.
Para 2017, Top Life operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca Multiva a lo largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México.
Un exintegrante de la banda, que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, describió en una declaración firmada de marzo de 2019, cómo trabajaba Top Life Servicios: "Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados en ellos... En promedio, cada máquina copiaba cada mes unas 1.000 tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes".
Recordó que tenían 20 cajeros en Puerto Vallarta, cuatro en Baja California, 24 en la isla de Cozumel, 30 en Playa del Carmen, cinco en Tulum y tres en el centro comercial Las Américas en Cancún.
Top Life Servicios terminó generando ingresos de 240 millones de dólares anuales, libre de impuestos. Eso convirtió la banda de la Riviera Maya en operadora de una de las operaciones de skimming más grandes del mundo, con cerca del 10 por ciento del total global manejado por sus miembros.
El exintegrante de la banda dijo que la organización creció hasta tener unos mil miembros, con un núcleo de unas 50 personas cercanos a Florian Tudor. 
Para manejar esos “beneficios”, la banda creó en 2015 la Inmobiliaria Investcun, a cargo de Enachescu, el hermanastro de Tudor. La compañía invirtió millones del grupo en propiedades en México. La banda construyó su sede, una imponente mansión de varios pisos con piscinas en la azotea y ascensores, en un terreno que Investcun compró en en una zona privilegiada de Cancún.
Para 2019 la empresa también estaba involucrada en el desarrollo de un proyecto residencial y de golf en Puerto Morelos, un destino turístico entre Cancún y Playa del Carmen.
Otras compañías mexicanas controladas por Enachescu incluyen Alto Mundo, una empresa de gimnasios y ropa deportiva; Mexrou, una sociedad de importación y exportación; Intacarrent, que alquila y repara vehículos; y Brazil Money Exchange, que tiene oficinas a lo largo de la Riviera Maya.
El Tiburón era accionista de Intacarrent y de Brazil Money Exchange y tenía poder notarial sobre Inmobiliaria Investcun. También era administrador de Europe Invest, otra empresa con sede en Cancún que usaba para inversiones en bienes raíces.
OCCRP también pidió su versión a Nedescu, quien dijo que no podía responder las preguntas, pues hay una investigación en curso sobre la organización de Tudor. "Hasta que terminen las investigaciones realizadas por los órganos competentes, me permitiré no expresar mi opinión. Gracias por su comprensión", dijo.

Atención no deseada

La banda de la Riviera Maya obtuvo en septiembre de 2015 una atención no deseada. El periodista estadounidense Brian Krebs publicó una historia sobre su negocio. La fuente de Krebs le hablaba de dispositivos de Bluetooth y skimming que fabricó Cristian Simion, un técnico rumano contratado para trabajar en la banda (y quien actualmente se encuentra como testigo protegido).
Krebs constató al visitar Cancún cómo operaban estos sistemas de skimming. Cuando publicó la historia, Florian Tudor se puso furioso y contactó con la aplicación Viber a Constantin Sorinel Marcu, uno de sus hombres y le ordenó cerrar todas las operaciones.
Marcu era uno de los hombres de confianza de El Tiburón. Éste le encargó a Marcu garantizar la seguridad de los cajeros de Top Life, sobre todo en Playa del Carmen. En Rumania el Tiburón y Marcu tenían una relación muy estrecha.
Rebeca Tudor, la esposa rumana del Tiburón, era madrina de la hija de Marcu y las familias se veían regularmente. Videos obtenidos por OCCRP muestran al Tiburón celebrando el cumpleaños de Marcu en un club. Los dos hombres brindan y se menean al ritmo de música rumana. Otro video muestra a Marcu en el cumpleaños de uno de los hijos del Tiburón.
Sin embargo, un año después de que Marcu se uniera al Tiburón en México, algunas tensiones empezaron a surgir. Miembros de la banda que son ahora testigos señalaron que Tudor le tenía envidia al éxito de Marcu con las mujeres. Y Marcu no estaba satisfecho con la cuota del negocio de skimming que recibía. Después las cosas se pusieron aún más feas.
Una serie de capturas de pantalla de celulares, obtenidas en archivos criminales, muestran a Marcu y Tudor intercambiar insultos en mayo de 2015.
El Tiburón le indicó a los miembros de la banda que cortaran relaciones con Marcu. El 2 de abril de 2018, cuatro matones atacaron a Marcu, frente a una oficina de DHL en Cancún. A Marcu le sacaron luego el bazo en un hospital local. En Rumania, el Tiburón y los cuatro atacantes fueron acusados por intento de homicidio.
Marcu nunca pudo vengarse. Dos meses después, el 11 de junio, le dispararon en la cabeza.

El policía mexicano

Tudor estaba ahora en el punto de mira de las autoridades mexicanas.
En mayo de 2019, la policía y la armada realizaron sendas entradas y registros tanto en el cuartel general de Top Life como en la casa de Tudor en Cancún.
Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en libertad. Tudor denunció que el verdadero objetivo de la operación policial fue robarle joyas, arte, dinero en efectivo y material informático por valor de 2,7 millones de dólares.

Pero contraatacó rápido. Tudor lanzó una batalla legal los meses posteriores a los registros. Presentó varios amparos, argumentando que sus derechos humanos habían sido violados.
En febrero de 2020, Tudor y dos de sus colaboradores publicaron una carta abierta de dos páginas en un periódico mexicano contra el secretario de seguridad del Estado de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra. Lo acusaron de haberlos extorsionado.
Los registros fueron el segundo encontronazo de Tudor con la ley aquella primavera. Seis semanas antes, el 30 de marzo, él junto a su amigo y mano derecha, Nicolae, fueron detenidos mientras conducían por la carretera conocida como la Ruta de los Cenotes.
El 16 de marzo, el Tiburón organizó una rueda de prensa en su casa de Cancún en la que insistió que él es un hombre de negocios respetuoso de la ley que se había convertido en el objetivo de policías sin escrúpulos, periodistas y criminales.
Afirmó que conoció a Marcu y a su hermano en un restaurante en Cancún, donde ellos mismos se le presentaron y le pidieron trabajo.

Tudor sostuvo que, desde 2015, Marcu y su gente intentaron extorsionarlo y chantajearlo. Según el Tiburón, Marcu lo amenazó de muerte después de que rechazara de involucrar su negocio legal en una trama de tarjetas clonadas.
Afirmó que Marcu no sólo le entregó información falsa a Krebs, si no que incluso le pagó para que publicara su investigación. Señaló que la historio de Krebs fue el inicio de una “campaña de difamación” que destruyó años de trabajo duro y que lo llevó a perder su contrato con Multiva.

Añadió que las autoridades estaban a sueldo de la banda de Marcu, incluyendo Capella, que lo quería muerto. Denunció que la policía le colocó las armas para justificar sus arrestos, que agentes amenazaron con violar a su mujer y con dejar a su hijo - a quien le apuntaron con una pistola en la cabeza - de seis años huérfano. No entregó ninguna prueba de esas acusaciones.
Capella, el jefe de la policía, respondió a esos ataques en Twitter, denunciando “una campaña mediática perversa orquestada y financiada por intereses oscuros”. La secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo afirmó que las denuncias de Tudor contra Capella eran ante todo un intento de obstruir las investigaciones en curso contra él y su organización.
En Rumanía, cinco de los principales colaboradores del Tiburón fueron arrestados y el propio Tudor está siendo investigado por el intento de asesinato de su antiguo amigo Marcu.
Fuente.-

martes, 2 de junio de 2020

LA "ILEGALIDAD PRESIDENCIAL" en TIEMPOS del CORONAVIRUS...cuando hay otros datos y otras pruebas deberia callar los necios.

Prácticamente no hay conferencia mañanera del presidente de México en la que no se diga que al fin vivimos en un país de leyes: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Por fin ha llegado el Estado de derecho, dice el presidente. Pero hay otros datos.
La discusión pública está concentrada en la emergencia sanitaria y económica. Todo lo demás parece irrelevante. Son tiempos propicios para que las autoridades estén menos vigiladas y puedan invocar la emergencia para justificar sus decisiones, las ilegales incluidas.
Desde que el pasado 28 de febrero se presentó el primer contagio de COVID-19, han quedado fuera del escrutinio público numerosas decisiones ilegales o de dudosa legalidad. Unas pueden parecer menores, pero tendrán consecuencias difíciles de revertir. Otras pasaron inadvertidas o bien se denunciaron, pero su reverberación fue opacada por la prioridad de la misma pandemia. Otras más, caen en el ámbito de las “omisiones”.
En los códigos penales y en las leyes de responsabilidad se configuran los delitos y faltas de servidores públicos “por acción”. Pero existen también irregularidades cometidas por omisión. Empecemos por éstas.

OMISIONES

1. Tardía convocatoria del Consejo de Salubridad General
El Consejo General de Salubridad, cuya creación se prevé en el artículo 73, fracción XVI de la Constitución, tiene competencia para clasificar nuevas enfermedades como transmisibles y de vigilancia epidemiológica. Tiene también el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, obligatorias en el país.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. Su director general recordó a todos los países “la necesidad de activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia para frenar el coronavirus”. Aconsejó estar en “permanente contacto con su población de riesgo y alertarla de cómo protegerse”. También “localizar, aislar y diagnosticar cada caso de COVID-19, siguiendo su contacto”. En México no se atendió la recomendación. No fue sino hasta el día 23 de marzo cuando se reunió el Consejo General de Salubridad para declarar al COVID-19 enfermedad grave de emergencia y atención prioritaria. El 31 de marzo se declaró la emergencia sanitaria. ¡Tres semanas después de haber sido declarada la pandemia!
2. Adquisición de medicamentos y equipo médico
Desde el inicio del sexenio fue clara la falta de previsión en la adquisición de medicamentos para el sector salud por ineptitud en el proceso de compras consolidadas que se asignó a la SHCP y por la omisión de Cofepris sobre las reglas para importar medicamentos. La ineficiencia se agudizó con la pandemia, provocó escasez en el equipo indispensable para que el personal médico pudiera atender, con la protección necesaria, a los contagiados que requerían hospitalización. Lo mismo puede decirse del bajísimo número de pruebas aplicadas para identificar COVID-19. Al 27 de abril, México había aplicado sólo 0.4 pruebas por cada mil habitantes (la media de los 36 países de la OCDE está en 22 por cada mil).
3. Falta de apoyo a migrantes
Una omisión notable ha sido la falta de apoyo a albergues de migrantes en ambas fronteras. El propio coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación reconoció que el gobierno ha sido omiso en tomar las medidas de salubridad pertinentes y en reubicar a los migrantes.
4. Transparencia y manejo de recursos públicos
Sigue existiendo una gran omisión en el principio de máxima publicidad sobre uso de recursos públicos. El último censo sobre las condiciones del sector salud es de 2018 y no se ha actualizado.
No hay padrones consultables delos beneficiarios de los programas sociales que serán ampliados, ni sobre los tres millones de créditos anunciados en la emergencia, “sin necesidad de garantías”, para las mipymes.
Con todo y la frecuencia cotidiana de las conferencias “matutinas” y “vespertinas” las cifras que da el gobierno son cuestionables y parciales. Peor, no hay manera de someterlas a escrutinio.

ACCIONES ILEGALES O DE DUDOSA LEGALIDAD

1. Recursos públicos
El origen y destino de los recursos para enfrentar la emergencia no se apegan a las normas constitucionales y legales. El gobierno no ha informado con un mínimo de exactitud de dónde procederán los supuestos 622 500 millones de pesos con los que enfrentará la emergencia. Pero algo se ha podido indagar.
Buena parte de esos recursos vendrán de las adecuaciones presupuestarias que, sin mayores requisitos, admite la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta práctica, propia de los tan denostados gobiernos neoliberales, “legaliza” la manipulación de la voluntad del congreso y provoca que grandes cantidades de recursos acaben en un lugar distinto al originalmente asignado. Ésta ha sido una conducta reprochada por López Obrador, pero él ha roto el récord de adecuaciones. El más alto lo tenía Peña Nieto en 2016 con el 15.9 % de modificación al presupuesto (Leonardo Núñez, ¿Y dónde quedó la bolita?). En 2019, López Obrador ha hecho adecuaciones por el 17.3 % del presupuesto aprobado. Hablamos de una reasignación de 753 539 millones de pesos a destinos distintos a los aprobados por la Cámara de Diputados.
Otra parte de los recursos excedentes saldrá de un decreto de dudosa legalidad (2 de abril) que ordena la extinción o terminación de fideicomisos públicos que no hayan sido constituidos por ley o decreto, o que no tengan “estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal”. Se calcula que estos fideicomisos alcanzaban 250 000 millones al cierre del 2019. Estos recursos no tienen un plan oficial, se encuentran fuera de cualquier presupuesto y hasta ahora no hay transparencia en su destino.
Los tres millones de créditos “ala palabra” adolecen también de falta de transparencia: no tienen padrón consultable y violan el artículo 4.º constitucional pues sólo pueden recibirlos las personas inscritas en el Censo de Bienestar que, como se ha dicho, no es consultable.
Una tercera violación fue la circular de la Secretaría de la Función Pública (10 de abril) que ordenó a todas las dependencias y entidades del gobierno federal que reduzcan sus gastos al 50 % en las partidas de servicios generales y operación, salvo la Secretarías de Salud y Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional. A través de una circular, un acto administrativo, se anula la voluntad del legislador expresada en el presupuesto aprobado en el congreso para el año 2020.
2. Actividades “esenciales”
Habría que preguntarse por la discrecionalidad aplicada en el decreto sobre las actividades clasificadas como “esenciales”.
 El día 31 de marzo, la Secretaría de Salud hizo oficial la lista de los sectores “esenciales” que, ante la declaratoria de emergencia por la pandemia de COVID-19, no detendrían actividades. El 6 de abril, en edición vespertina, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece que las empresas de producción de acero, cemento y vidrio con contratos vigentes con el Gobierno Federal continuarán las actividades para cumplir sus compromisos con los proyectos gubernamentales de Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, Corredor Transístmico y los considerados indispensables para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Estos sectores productivos no fueron listados como esenciales pero se asumió como prioritaria y esencial una parte de su producción: la necesaria para los proyectos consentidos del gobierno. La trampa legal es evidente: la norma es arbitraria e injustificada.
3. Contratación de profesionales de la salud
En el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril, se expidió un decreto mediante el cual se faculta a los gobiernos federal y estatales a contratar a “personal profesional de la salud” con tan sólo contar con una “carta responsiva de la autoridad sanitaria del país de origen”. Esta medida viola el artículo 79 de la Ley General de Salud, que establece que “para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina (…) se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes”. Vale decir que la Secretaría de Salud no tiene facultades para dictar disposiciones que impliquen una relajación en los requisitos para la contratación de personal de la salud.
4. Decretos al margen de la ley
Cuando se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana (19-11-19) se modificó la de por sí ya laxa Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al establecer en el artículo 61 que los ahorros generados por la austeridad podrían ser dedicados “al destino que por decreto determine el titular del poder ejecutivo”.
El decreto del 23 de abril de 2020 que establece las “medidas de austeridad” ante la emergencia atropella la facultad de la Cámara de Diputados para decidir el destino de los recursos.
Primero, muchos de los recursos que se pretenden utilizar con este decreto, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, no son producto de la “eficiencia, honestidad y austeridad”, sino de lo acumulado en gobiernos anteriores.
Segundo, en el presupuesto 2020 se estableció que el Fondo Metropolitano (3300 millones de pesos) se destinaría a programas y proyectos de infraestructura. Pero ahora irá para otras prioridades.
Tercero, el decreto ordena un nuevo recorte a las partidas de servicios generales y gastos de operación en 75 % y que no se cumpla con los compromisos de gasto adquiridos.
Cuarto: se establece que la reducción de 25 % en los salarios de los altos funcionarios públicos será “de forma voluntaria”. Esta indicación trasgrede el artículo 127 constitucional, que indica que las remuneraciones de los servidores públicos son irrenunciables. Viola también el artículo 123 (apartado B, fracción IV), según el cual “los salarios NO PUEDEN disminuirse dentro del año que fueron presupuestados”. Tampoco pueden eliminarse los aguinaldos ni para éste ni para los siguientes ejercicios fiscales, al ser una prestación protegida por nuestra tan vapuleada Constitución.
Quinto, el decreto referido anuncia una iniciativa de ley para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reoriente de manera discrecional los recursos del presupuesto, sin limitación alguna, en caso de una “emergencia económica”.
La redacción propuesta se presta para todo tipo de abusos. ¿Qué es una emergencia económica? En ausencia de un concepto claro y específico, el presidente podría establecer que vivimos en una constante emergencia económica debido a cómo nos “dejaron” el país los llamados gobiernos neoliberales. La discrecionalidad que ya tiene el poder ejecutivo conforme a la ley vigente se convierte en auténtica arbitrariedad.

OTRAS ILEGALIDADES

Otras ilegalidades han ocurrido durante el tiempo de la pandemia sin tener que ver con ella.
Una es la supuesta “cesión” del 3 de abril de 2020 cuando el presidente anunció que emitiría un decreto para “devolver” a las empresas concesionarias de radio y televisión los llamados tiempos fiscales. Esto implica: i) que las empresas tendrán que invertir para generar mayores contenidos, pues los tiempos fiscales no podrán sustituirse con mensajes publicitarios, y ii) que las empresas tengan que pagar el impuesto correspondiente, pues los tiempos fiscales representaban el pago de dicha contribución. En el decreto, publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se redujeron los tiempos fiscales a 11 minutos diarios de transmisión en televisión y 21 en estaciones de radio.
Otro ejemplo es la persistencia en las adjudicaciones directas como método regular para compras gubernamentales y obras públicas en contravención al artículo 134 de la Constitución que establece que ese mecanismo sólo puede ser utilizado de forma excepcional. En 2019, el 78.5 % de las compras y los contratos del gobierno federal fueron por adjudicación directa. Sólo el 14.7 % por licitación. A finales de marzo de 2020, el porcentaje de adjudicaciones directas llegó a 81.7 %. Esto, sin tomar en la cuenta las adjudicaciones de dependencias que deben atender la emergencia sanitaria (Leonardo Núñez, Más allá del coronavirus: más adjudicaciones directas en 2020, MCCI, abril 2020).
Aprovechando la pandemia, el Ejecutivo incurrió en la promoción personalizada de programas sociales, prohibida por el artículo 134 constitucional. Nos referimos a las cartas entregadas por el IMSS y firmadas por el presidente en las que se ofrecía el programa de créditos para aliviar los efectos económicos de la emergencia. El Instituto Nacional Electoral objetó las cartas, el IMSS acató la resolución y en una tercera modalidad de la carta se sustituyó el nombre del presidente por el de Gobierno Federal.

LA CORRUPCIÓN EN LA PANDEMIA

Finalmente cabe destacar algunos de los casos de corrupción documentados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que se relacionan con la pandemia:
1.  Convocatorias fantasma. El 26 de marzo de 2020, para atender la emergencia sanitaria del coronavirus y como parte del PLAN-DN-III-E, la SEDENA publicó una convocatoria para contratar a profesionales de la salud y mano de obra calificada, como trabajadores eventuales. Personas de diferentes estados de la República que intentaron postularse denunciaron que en las zonas militares y hospitales les dijeron que “no hay plazas vacantes”, desde el primer día de las convocatorias.
2.  Adjudicaciones millonarias. El IMSS contrató con la empresa Levanting Global Servicios (LLC) para surtir ventiladores con los que se atenderá a enfermos de COVID-19, lo cual derivó en una adjudicación directa por un monto de 93 millones de dólares. Empresarios del mercado declararon que un ventilador pulmonar cuesta alrededor de 20 000 dólares. La adquisición del Gobierno fue a un promedio de un millón de pesos por instrumento. Además, quien se encuentra a cargo de la empresa, está sancionado por la SEC (equivalente al SAT) del Gobierno de los Estados Unidos. El IMSS se vio obligado a rescindir el contrato ante el previsible incumplimiento de la empresa.
Por otro lado, el IMSS adjudicó de manera directa un contrato a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Se acordó la adquisición de veinte ventiladores pulmonares por 31 millones de pesos, los más caros de los que se tenga registro a nivel federal, con un precio unitario de 1 550 000 pesos.
3.  Contrataciones con empresas bajo investigación. Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), que el exfuncionario Carlos Lomelí Bolaños no reconoce como suya, recibió en marzo una adjudicación directa por más de 7 millones de pesos para un hospital en Chiapas. La Función Pública asegura que, pese a estar investigada, la empresa puede seguir vendiendo a la administración federal.1
La legitimidad política no coloca a presidente alguno por encima de la ley o la Constitución. Las prácticas ilegales que se describen son preocupantes en sí mismas. Muestran el desprecio al Estado de derecho por parte de las autoridades. Son más preocupantes aun cuando tocan el corazón de principios fundamentales de una democracia: el principio de legalidad, la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales. Cabe preguntarnos nuevamente, ¿tenemos un Estado de derecho o los derechos y las leyes dependen de lo que “decrete” el presidente en cada conferencia mañanera?. 
fuente.-Ma. Amparo Casar
Analista política y presidenta de MCCI.

Gerardo Carrasco
Director jurídico de MCCI/

"SE "PACIENTE y DURO" DICE el "CHAPITO en el INSTAGRAM y que "ALGUN DIA el DOLOR SERA UTIL"...y se regocija con un corrido de Roberto Tapia.



Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias el Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo“ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), compartió en redes sociales una nueva fotografías en la que él aparece.

Fue mediante Instagram en la que aseguran es la cuenta oficial del Chapito, @therealivanguzman, donde compartió la fotografía en la que luce más joven, al parecer fue tomada hace ya algunos años y aparece con una sudadera y una gorra color caqui, esta última con una W estampada.

La fotografía fue acompañada con la siguiente frase: “Sé paciente y duro, algún día ese dolor será útil para ti”, escribió el hijo del capo.

Esa misma imagen y frase la compartió en Instagram Stories, pero ahí la acompañó de un narcocorrido dedicado a él titulada Iván El Chapito, interpretada por Roberto Tapia.

Apenas horas antes, también mediante Instagram Stories, posteó una imagen de su hermano asesinado Édgar Guzmán López, quien días antes había cumplido 12 años de muerto.

Es la ocasión número 33 que Iván Archivaldo, el Chapito, comparte publicaciones mediante Instagram Stories, mientras que en su perfil tiene nueve posteos, ya que solo ha compartido 11 fotos (5 de ellas en una misma publicación), una carta y un video; así como cinco historias destacadas.

Fuente.-

"IMPARABLE el COVID_19": MATO 470 PERSONAS en un SOLO DIA y DEJA en EVIDENCIA al DOMADOR de EPIDEMIAS "REGION IV"...pasamos del triunfalismo al derrotismo.

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó que suman 97 mil 326 casos confirmados de Covid-19 en México, 3 mil 891 más que ayer, la cifra más alta registrada para un sólo día, la cual agrupa contagios de este martes, pero también de fechas anteriores.

Además, se reportaron 470 nuevas muertes, para un total de 10 mil 637.

En conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que desde que inició la epidemia en el País se han estudiado hasta ahora a 293 mil 78 personas y, de éstas, 153 mil 601 resultaron negativas a coronavirus. 

Asimismo, Alomía comentó que son 16 mil 940 los casos activos de Covid-19, los cuales mantienen la epidemia y que a través de estos la enfermedad podía seguir dispersándose, ya que en ellos está actualmente la capacidad de tranmisión del virus. 

Por otra parte, la Ssa comentó que las entidades en las cuales se concentra el mayor número de casos confirmados de coronavirus desde que inició la epidemia nacional son las siguientes: Ciudad de México con 26 mil 509; Estado de México, con 15 mil 720; Baja California, con 5 mil 231; Tabasco, con 4 mil 609; y Veracruz, con 4 mil 311. 

El director general de epidemiología agregó que hasta hoy hay 924 defunciones sospechosas, pues aún tienen pendiente el resultado de laboratorio que indique si fallecieron por Covid-19.

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