De ser ciertos los dichos del presidente y si su gabinete hubiera percibido una amenaza de salud que derivara en un problema de seguridad nacional, por las implicaciones y riesgos ante los que se expondría al pueblo, el accionar lógico indicaría que se debieron activar los protocolos de los lineamientos para la emisión de alertas epidemiológicas de la Dirección General de Epidemiología. Esto es que, en cumplimiento con el Reglamento interno de la Secretaría de Salud, de acuerdo con el Capítulo X, Artículo 32 Bis, inciso XIII, “la Dirección General de Epidemiología debe ‘Difundir, en forma oportuna los resultados e información generada por las acciones de vigilancia epidemiológica’ (según el Boletín Epidemiológico de la semana 14, de la Secretaría de Salud, publicado el 13 de abril de 2020). Lo anterior no ocurrió hace cuatro meses y puede calificarse como un acto de negligencia que ha generado caos en diferentes regiones del país por la falta de estrategias reales de prevención, para contrarrestar una epidemia que sacude a la sociedad en su totalidad, y en específico a la región fronteriza del país, muy particularmente a Tijuana, un foco de infección donde perderán la vida centenares de bajacalifornianos.
Haciendo una retrospectiva de nuestro momento histórico, podemos hacer los siguientes apuntes: lo que sí ocurrió el 15 de diciembre de 2019, días en los cuales cobraba fuerza la epidemia en Wuhan, fue la consulta del Tren Maya que nada tiene que ver con temas de salud. Así pues, la pandemia del país asiático no estaba en la mira del presidente. Para el 11 de enero de 2020 se registraba el primer muerto por coronavirus en Wuhan, mientras que, en México, el 13 de enero, Andrés Manuel López Obrador anunciaba la creación de la Universidad de la Salud y aceptaba públicamente que existía un desabasto de medicamentos así como de personal médico capacitado; además, las calles eran tomadas por ex trabajadores del Seguro Popular que se manifestaban en contra del INSABI.
El 21 de enero se registró la aparición en conferencia de prensa del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien mencionó la existencia de una nueva cepa de la enfermedad coronavírica 2019 sin “evidencia para sugerir que el comportamiento epidémico del coronavirus tuviera características de una enfermedad de alto impacto”, por lo tanto, se desestimó una estrategia de prevención inmediata y se optó por una actitud pasiva e informativa sin consecuencias.
Para el 30 de enero, la OMS declaraba emergencia mundial por el coronavirus, mientras que en México se presentaba, en otra conferencia matutina, el boleto de la Lotería Nacional, para la rifa del avión presidencial, sin referencia alguna a la pandemia. Un par de días más tarde, se anunciaba el Proyecto para la Constitución Moral del país que habrá de regir a más de 120 millones de mexicanos. No fue sino hasta mediados del mes de marzo, ante la innegable tragedia italiana, española y pronto estadounidense, que la sociedad mexicana misma comenzó a prevenirse de la pandemia promoviendo el cierre de escuelas, iniciando un aislamiento autoimpuesto y organizando sesiones de trabajo desde casa, mucho tiempo antes de que se hicieran las recomendaciones pertinentes por parte del presidente de la nación, mermado en su liderazgo real más no discursivo.
Donde inicia la patria
Desde hace medio siglo y gracias a las políticas nacionales que sentaron las bases del Programa de Industrialización Fronteriza en México, puestas en marcha por el fin del programa bracero estadounidense de mediados de la década de 1960, Baja California se convirtió en un oasis industrial. En esta región se conglomeraron distintas empresas maquiladoras, de diversos giros comerciales, que posicionaron al municipio de Tijuana como un eje estratégico y económico relevante para la franja norte de México. La ciudad dejó de ser un laboratorio comercial para convertirse en una potencia manufacturera gracias al Tratado de Libre Comercio y fortalecida ahora por el T-MEC.
Según comenta Miguel Ángel Félix Díaz, tesorero del Clúster de Productos Médicos de Tijuana y dueño de Ensambles de Calidad de México S.A. de C.V., en un publirreportaje editado por la revista Newsweek en su sitio digital, esa ciudad fronteriza concentra 50 empresas afiliadas al clúster que exportan a Estados Unidos, y otros países como China e Italia, desde componentes para marcapasos, jeringas, catéteres, equipos de especialidades, materiales quirúrgicos, de laboratorio y ventiladores artificiales. Este rubro industrial especializado genera un promedio de 70 mil empleos fijos y las maquiladoras tijuanenses exportan al país vecino del norte el 17% de sus adquisiciones globales totales de insumos médicos.
Para ponerlo en perspectiva, esta industria maquiladora representa un total de 5 mil millones de dólares en exportaciones anuales (cifras de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, de 2019), y la ciudad de Tijuana concentra el 50% de la producción nacional. Es por eso que esta zona es líder en su ramo y se posiciona en el lugar 18 del mercado médico global, según datos de la agencia auditora KPMG. Por ello, cuando en mayo del 2019 el presidente estadounidense intentó penalizar a México con un aumento del 5 por ciento en sus exportaciones, fueron los empresarios del rubro médico de Estados Unidos representados por la Advanced Medical Technology Association quienes alzaron la voz para detenerlo debido a que dañaría el mercado interno del país.
¿Qué representa para México esta capacidad industrial en tiempos de pandemia?
El gobierno de Estados Unidos publicó el pasado 3 de febrero un memorándum de la Casa Blanca que puso en efecto la Ley de Producción de Defensa de 1950, una ley federal de guerra que prioriza la producción total de sus industrias para consumo interno del país. Lo anterior confrontó al gobierno con compañías como 3M, líder en la producción de cubrebocas N95 con certificación del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por su sigla en inglés), que aún exportaba a otros mercados internacionales; asperezas económicas internas que pronto encontraron salidas no muy amables. Por su parte, en Italia, el primer ministro Giuseppe Conte ordenó que únicamente las fábricas necesarias para ayudar al bienestar del país podrían continuar con su cadena de producción durante la pandemia. En ambos casos el gobierno hizo valer las necesidades del estado para brindar bienestar y seguridad al pueblo.
En el caso de México estamos en una encrucijada comercial y médica, sin definición gubernamental. La falta de previsión estratégica frente al coronavirus, que bien podría haberse planificado hace cuatro meses, tanto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como de Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, además del accionar constreñido (políticamente subyugado) del subsecretario Hugo López-Gatell, y el negligente desempeño del director del IMSS, Zoé Robledo (y podríamos sumar aquí a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín), han puesto contra la pared al sistema médico del país, que cuenta con instalaciones en caída libre, con personal médico agotado y sin las herramientas necesarias y obligadas para hacer frente a la pandemia, situación ante la que ya no se puede blandir como argumento de defensa que se heredó un sistema médico en ruinas. El pasado ha quedado atrás.
La herramienta primordial para atender la emergencia médica del momento es el ventilador mecánico que ayuda a los pacientes con fallas respiratorias a contar con el oxígeno necesario, además de ayudar a la eliminación del dióxido de carbono y mantener el ritmo adecuado de respiración del paciente; en pocas palabras es un asistente que salva vidas, sobre todo la de aquellos con baja actividad pulmonar ocasionada hoy por el coronavirus. En nuestro país existen alrededor de 5 mil respiradores artificiales, según un informe que presentó López Obrador en su conferencia mañanera del 24 de marzo; no obstante, en otras cifras que podemos leer en las diapositivas de sus conferencias, contabilizamos 8,228 ventiladores artificiales distribuidos entre hospitales de alta especialidad, IMSS, ISSSTE, Pemex, y otros centros médicos estatales. Se necesitarían por los menos 10 mil ventiladores más para enfrentar la pandemia, los cuales fueron solicitados, muy amablemente, por el presidente mexicano a su su homólogo estadounidense quien, en este momento, consume toda la producción médica manufacturada en las maquiladoras de Tijuana.
Ante este panorama surgen los siguientes cuestionamientos: ¿por qué ante la pandemia el gobierno de México no reaccionó con previsión como lo hicieron otros países, de manera proteccionista, preocupados por el bienestar de su población? ¿Por qué aún en el mes de febrero, cuando la pandemia ya mostraba sus estragos en el mundo, México continuaba vendiendo sus producción médica a otros países como China (a quien por cierto se le pagarán más de 56 millones de dólares para abastecernos de materiales clínicos)? ¿Por qué el gobierno mexicano no se protegió e hizo las negociaciones pertinentes con las maquiladoras mexicanas para abastecerse de los insumos necesarios para enfrentar la pandemia, a sabiendas de que México es uno de los principales exportadores internacionales de estos productos? La respuesta es sencilla y obvia: hubo negligencia por parte del Estado y, por falta de previsión, tal vez no existía partida presupuestaria para enfrentar la crisis, sino hasta mucho tiempo después cuando la pandemia era inminente. Tristemente, a México no le sirve de nada ser potencia exportadora.
El no tan inesperado foco rojo de la frontera norte
Jaime Bonilla Valdez, el polémico gobernador de Baja California, enfrenta un desafío sin precedentes que pareciera ser un castigo divino, por sus procederes políticos de los últimos dos años. El estado afronta una crisis por la pandemia que tiene justo a Tijuana como el foco rojo que los medios internacionales han comenzado a reportar. Y uno de los problemas fundamentales de la región es la falta de productos de protección personal (PPEs, por su sigla en inglés) para el cuerpo médico, además de la escasez de ventiladores, lo cual torna risible la situación por la zona geográfica comercial del caos. Además, las acciones de Bonilla lo confrontan con el IMSS (juguete preciado del presidente Obrador), al contradecir, exponer y atacar a la delegada de la institución en el estado Desirée Sagarnaga Durante, que tampoco hace su parte como líder en tiempos de crisis, ante las peticiones de auxilio de los médicos que laboran en la región.
El doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, en conversación para Confabulario vía telefónica el sábado 11 de abril, comentaba que, hasta ese momento, en la entidad se contaba con 101 ventiladores artificiales, a los cuales se sumaban 8 más enviados por el INSABI de los más de 30 solicitados. Al ser cuestionado sobre por qué no se habían adquirido más respiradores de las fábricas de la entidad, comentó que en el estado no se fabricaban las máquinas al cien por ciento, sino que únicamente se manufacturaban aditamentos que se ensamblaban en otras partes del mundo. Además, aseguró que desde hace tres meses, digamos que al mismo ritmo del gobierno federal, se habían tomado las medidas necesarias para afrontar la pandemia, lo cual no se refleja ante los hechos y el caos generado ya en el Hospital General de Tijuana. No obstante, comentó que sí había una fábrica, cuyo nombre no podía hacer público y que estaba en los mejores términos para donar parte de su producción al estado.
Un par de días antes, charlamos con Miguel Ángel Larre, vocero del presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, quien confirmó la existencia de una fábrica de ventiladores artificiales a la cual se le había hecho un exhorto para donar parte de su producción al estado, pero sin un porcentaje fijo, y que dependería de la “buena fe” de la empresa, de la cual tampoco podía revelar el nombre. También nos confirmó que aún había centenares de trabajadores de la industria maquiladora que seguían laborando y que solo la empresa estaría en condiciones de decidir cuándo se detendría su producción, sin injerencia del municipio.
Desde principios del mes de abril, Jaime Bonilla entró en conflicto con el Clúster de Productos Médicos de Tijuana, además de otras industrias maquiladoras de la zona, clausurando a todas aquellas que no fueran consideradas esenciales por este momento de emergencia. Lo que buscaba en realidad era ejercer presión sobre la compañía Smiths Healthcare Manufacturing, especializada en la fabricación de ventiladores para obligarla a venderle parte de su producción al estado. No obstante era imposible ya que las empresas médicas estaban accediendo a las demandas del mercado estadounidese, dejando a la región en el desamparo total, y técnicamente no están obligadas a vender sus productos a nuestro país.
Si bien la empresa accedió, sin comprometerse, a dejar parte de su producción en Baja California, lo cual permitió que ésta continuara con sus operaciones, dichas acciones generaron de inmediato reacciones negativas por parte del conglomerado del corporativo de la empresa con sede en el Reino Unido. Tanto Smiths Healthcare Manufacturing como las fábricas estadounidenses Integer, Medtronic, Nypro y Hill-Rom (que sí manufactura al cien por ciento ventiladores artificiales como el Life2000 y que pensaba trasladar su producción a Tijuana desde otros países), empresas que presionó el gobierno del estado, operan regidas por el Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que depende de la Secretaría de Economía y su titular Graciela Márquez Colín (habría valido la pena escuchar su voz para saber cómo ayudaría a eliminar las trabas legales que arriesgan a los mexicanos).
Lo anterior implica que: “el gobierno autoriza a que se dé el proceso industrial de manufacturar, maquilar o brindar servicios destinados a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera, importados temporalmente, para su posterior retorno al extranjero”. Esto tiene su fundamento en el Decreto IMMEX publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de noviembre de 2006. En pocas palabras, una empresa perteneciente a este programa que venda sus productos en suelo mexicano puede incurrir en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero debido a que no tributaría a favor del Estado. Queremos creer que esta es la razón ingenua por la cual la federación no se acercó al clúster de Baja California para negociar, aunque el Estado pudo haber puesto las reglas sobre la mesa ante la emergencia, como lo hicieron otros países, lo cual nos lleva a cuestionarnos si se priorizó la actividad económica por encima de la salud de la ciudadanía.
De esta gran telenovela podemos concluir que, mientras el gobierno bajacaliforniano muestra su músculo, la población y el personal médico sufren las carencias de los materiales para sobrellevar el caos clínico.
Hasta el cierre de la edición, el número de muertos en la ciudad líder en exportaciones mundiales de la industria médica asciende a 72, y Baja California ha entrado en condición para declarar la fase 3 según los lineamientos epidemiológicos. Sabemos que Jaime Bonilla no perderá su fuero por las acciones ilegales en contra de las empresas y continuará gobernando el estado con el desorden acostumbrado. Pero es claro que hace tres meses, no previno la pandemia, y se ocupaba en promover su imagen con cargo al erario, modificando la constitución de Baja California. Y hasta hace un mes lo que ocupaba al gobernador en tiempos de pandemia era la consulta ciudadana en contra de Constellation Brands, aplaudida por AMLO.
Por otra parte, no queda claro si el gobierno de la república es incapaz de hacer uso de su poder para modificar todos los candados propios de la burocracia que han frenado la adquisición de los materiales médicos que nos ayudarían como país a sobrellevar la pandemia. Continuamos, con desilusión, siendo un país que depende de la caridad de los otros, como en la reciente negociación
de la OPEP. La mejor imagen de México que puede representarnos ante el mundo es la de un personaje en camisa de fuerza, que sonríe maniatado sin saber qué hacer.
Cuatro meses eran suficientes para ejecutar una estrategia inteligente de prevención que nos ayudara a enfrentar la pandemia con total efectividad, pero para nuestra desgracia el coronavirus no es un programa social que beneficie a nadie.
Con información de: Hugo Alfredo Hinojosa/Sara Cantera/
