Visitanos tambien en:

viernes, 14 de septiembre de 2018

JUSTICIA "FEDERAL TRAMPOSA y SIMULADORA" RETA el PLAN de AUSTERIDAD de LOPEZ OBRADOR...el sueldo es primero, no la patria.

El miércoles pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia se propone un recorte de 853 millones de pesos en su presupuesto del año próximo.
La noticia se entendió como parte del ofrecimiento de ahorrar cinco mil millones de pesos en todo el Poder Judicial Federal (Corte, Consejo de la Judicatura y Tribunal Electoral), durante el ejercicio fiscal del año entrante, que planteó su presidente Luis María Aguilar a AMLO durante la visita de cortesía que éste realizó al máximo tribunal del país hace unas semanas.
Estas, a primera vista, parecen señales claras y fuertes de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Poder Judicial del país se suman al esfuerzo de austeridad convocado por el nuevo gobierno.

En días recientes, sin embargo, apareció en redes una grabación del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura en la que asegura que de ninguna manera se reducirán las prestaciones y los salarios de la alta burocracia judicial.
Esa grabación, hasta donde pudo indagar este reportero, habría sido filtrada por algunos de los jueces y magistrados presentes en la reunión donde fue pronunciado ese discurso, lo que evidencia un mal ambiente al interior del PJF.
En ella reitera el argumento de que, en lugar del recorte de sueldos, se harán ahorros por cinco mil millones de pesos en otros rubros.

Pero revisemos a detalle los números, para que vea lo que realmente está pasando con la propuesta de austeridad del ministro Aguilar.
De entrada, dejemos en claro que la mayor parte del presupuesto del PJF no corresponde a la Corte sino al Consejo de la Judicatura Federal.
Para el ejercicio fiscal de este año, la Corte opera con mil 600 millones de pesos mientras que el Consejo dispone de 61 mil 838 millones. De manera que el Consejo tiene un gasto once veces mayor que el de la Corte. Y es ahí donde podría estar la trampa.

En los presupuestos asignados durante los últimos años al CJF se registran, de entrada, enormes subejercicios, es decir, recursos no gastados en los rubros para los que fueron solicitados.
Tan sólo en 2016, el CJF tuvo, según sus propios informes, un subejercicio de más de 6 mil millones de pesos (11.04% de su presupuesto); en 2017 de cinco mil 232 millones (5.50%) y para este año se estima en cinco mil 292 millones de pesos, de acuerdo con el punto ADM/001 del acta del pleno del CJF celebrado el pasado 11 de julio, una copia de la cual llegó a manos de este reportero.

Y aquí es donde la cosa se pone interesante, pues el monto de lo que no se gastó el Consejo de la Judicatura Federal este año, es decir sus subejercicios, coincide con los ahorros que el presidente del Consejo, Luis María Aguilar, ofreció al presidente electo como plan de austeridad.
Eso no es entonces un esfuerzo de ahorro serio. Es quitarse lo que no pudieron o no supieron gastar.
La citada acta no solo reporta los subejercicios, sino también un errático manejo financiero del CJF y sus efectos en la administración de justicia.
Este 2018, por ejemplo, el “programa de justicia cotidiana” tuvo un subejercicio de cien por ciento. Se trata de un programa que tiene el objetivo de acercar la justicia a la gente y no lo ejercieron. Peor aún: el programa de instalación de nuevos órganos jurisdiccionales trae un subejercicio de 88.1% , esto es 850 millones de pesos. Pero a pesar de eso, el CJF pide para es rubro en 2019, un aumento que lleva esa cifra a mil 518 millones de pesos.
Así que el Consejo de la Judicatura parece no comprender los nuevos tiempos que vienen y que sus números están siendo severamente fiscalizados.
No se entiende por qué manda mensajes de ahorro, cuando en realidad no los hay y, al contrario, solicita un incremento presupuestal.
La situación en el Poder Judicial Federal es tan delicada que la falta de credibilidad en sus números y operaciones ya ocasionó que los legisladores de Morena presentaran, el martes pasado, iniciativas de reforma constitucional y legal para reducir sueldos y prestaciones, incluidos ministros y magistrados, así como la cancelación de choferes, asesores y asistentes particulares.
La información parcial y sesgada que ha dado el titular del CJF parece haber abierto la puerta a un enfrentamiento con los otros dos Poderes de la Unión (el Legislativo y el Ejecutivo) que ya han anunciado medidas para frenar excesos administrativos y oscuros manejos.
Quizá otra cosa sería si hubieran atajado oportunamente la corrupción en sus filas y aprovechado las reuniones de transición para hablar de retos y lograr acuerdos. Ahora, dos Poderes de la Unión se sienten traicionados. Y seguramente habrá consecuencias.
fuente.-Raul Rodriguez Cortez/

8 MILLONES de MEXICANOS VICTIMAS del MERCADO NEGRO de MEDICAMENTOS FALSOS,ROBADOS y CADUCOS....

En México, aproximadamente 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de los fármacos; es decir, consumen medicinas falsas, robadas o caducas que adquieren en puestos semiclandestinos y en internet, refiere la Cámara de Diputados.
Con base en información de la Secretaría de Salud y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el análisis legislativo indica que las ventas ilegales van de los 650 millones a 1 mil 500 millones de dólares anuales, y tienen mayor incidencia en Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México.
Según la Canifarma, el crimen organizado obtiene ganancias por 11 mil 500 millones de pesos anuales por la comercialización de este tipo de medicamentos falsos, robados o caducos.
El problema es tan grave que México se ubica ya como el sexto lugar mundial en venta de medicinas ilegales, pues seis de cada 10 fármacos provienen de ese mercado clandestino, indica el reporte de la Cámara de Diputados, de mayo pasado.
Pero si hablamos de fármacos, la problemática va mucho más allá, porque el país carece de una política pública en la materia, advierte el doctor Alejandro Nieto Rodríguez.
El investigador de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de México explica que una política de este tipo no sólo atendería el tema criminal, sino que también fijaría criterios para atacar otros problemas relacionados con la industria.
Y es que si hablamos del mercado mexicano de las medicinas, el desastre que heredará la próxima administración federal es mayúsculo. “Si el próximo gobierno quiere reducir costos y mejorar la atención sanitaria debe cambiar la visión en este tema, y no sólo aplicar las compras consolidadas”, señala el experto.
En entrevista, el químico farmacobiólogo, maestro en biotecnología y doctor en ciencias biomédicas indica que además de combatir el mercado clandestino, se deben atender los otros problemas: la excesiva importación de productos, que a su vez genera dependencia hacia India y China; la nula vigilancia de la calidad de los productos importados; las anomalías en la adquisición y distribución de las medicinas; la carencia de criterios para la atención de enfermedades; la pululación de consultas en farmacias, y la ausencia de profesionales –licenciados en farmacia– en el sistema de salud.
Una política nacional farmacéutica debe regular desde la adquisición de medicamentos –que incluya los tópicos de precio, calidad y cantidad–, hasta la distribución de los mismos; e incluso debe determinar las enfermedades prioritarias.
Al respecto, sugiere que se deben atender los padecimientos que más afectan a los mexicanos, en vez de gastar en enfermedades raras o poco presentes en la población; además, que se deben generar políticas para prevenirlos. Sólo así el gasto social será efectivo y en beneficio de la sociedad.
Actualmente, por la falta de una política farmacéutica, cada clínica y hospital del sector público define qué y cómo compra, dejando en la indefensión a muchos enfermos, asegura. Es decir, cada unidad médica decide arbitrariamente qué enfermedades atender y con qué protocolo médico.
No obstante, la Secretaría de Salud asegura que sí cuenta con una política farmacéutica, que “está alineada con las tres prioridades en salud establecidas por el gobierno de la república y tiene como objetivo principal fortalecer el acceso efectivo y oportuno de la población a un mercado debidamente abastecido con productos seguros, eficaces y de calidad a los menores precios”.

Dependencia y deficiente calidad

Uno de los peores problemas en el sector es la dependencia. Según la Canifarma, más del 95 por ciento de los medicamentos comercializados legalmente en el país proviene del extranjero. Al respecto, Nieto Rodríguez explica que México ha quedado a merced de los dos grandes productores internacionales: India y China.
Tan sólo entre abril y junio pasados, las importaciones de productos farmacéuticos ascendieron a 1 mil 242 millones 26 mil dólares (unos 24 mil 840 millones de pesos), refiere el Sistema de Información Económica del Banco de México. De ese tamaño es el negocio de las medicinas importadas.
La dependencia conlleva otra anomalía en la cadena, concretamente en el ámbito del control de calidad, en el cual México prácticamente está en pañales.
La encargada de evaluar este aspecto es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “concebida como una agencia de regulación sanitaria con amplias competencias, en comparación con otras agencias internacionales que regulan individualmente los sectores de la economía”, indica el órgano de la Secretaría de Salud.
Agrega que su actividad primordial es prevenir riesgos sanitarios transversalmente, al ofrecer al consumidor las mejores alternativas en el mercado de calidad y precio de insumos para la salud, así como con una vigilancia sanitaria inteligente y efectiva.
Además de los insumos para la salud, la Cofepris regula alimentos y bebidas; servicios de salud; productos de uso y consumo (cosméticos); plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas; emergencias; salud laboral, y riesgos ambientales.
Nieto Rodríguez observa que, en el caso de los fármacos importados, la Comisión no se da abasto para evaluar su calidad y, por tanto, no lo hace. “Ha homologado los criterios de calidad con los de otros países, particularmente con Estados Unidos. Así, el que evalúa es Estados Unidos y México acepta esa conclusión”.
Advierte que esto ha derivado en que nadie vigile que esos productos realmente tengan las propiedades que aseguran, porque pueden ser distintos a los que se venden en el vecino país. El riesgo, dice, es para la salud de los mexicanos: una medicina de mala calidad no sólo no cura el malestar sino que puede generar un daño.
Otro problema asociado es que los laboratorios ya no producen aquí las medicinas, sólo las importan, porque en el sexenio de Felipe Calderón se eliminó la obligatoriedad de poseer una planta en México para poder vender sus medicinas, asegura el doctor Nieto.
Para dar una respuesta integral a la salud de los mexicanos, el próximo gobierno estará obligado a atender toda esta problemática que es, sin duda, uno de los grandes pendientes que deja el gobierno de Enrique Peña.
Fuente.-Nancy Flores

En JUEVES y de NOCHE DIPUTADOS "TUMBAN" PENSIONES a EX-PRESIDENTES REMORAS...remoras presupuestales.

Ayer jueves por la noche, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló en lo general y en lo particular la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que establece que ningún funcionario ganará más que el Presidente de la República, además de la reducción del salario de la burocracia y la eliminación de las pensiones a los ex mandatarios nacionales.
Cuando dicha Ley entre en vigor en noviembre próximo, como está previsto después de que el titular del Poder Ejecutivo Federal la publiqué en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría Álvarez dejarán de recibir su millonaria pensión.



¡Si cumplimos! ¡Adiós a la burocracia dorada y a las pensiones de ex presidentes! No más excesos y privilegios a costa del presupuesto público. @PartidoMorenaMx @DiputadosMorena @Mx_Diputados @tatclouthier
Sin embargo, se desconoce si dejarán de contar con el apoyo del personal de seguridad que los resguarda y el administrativo que los auxilia -un total de 65 funcionarios para los 5 ex presidentes vivos, que representan un gasto anual de 22.6 millones de pesos-, ya que en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, avalada ayer, sólo se prohíben percepciones de retiro, jubilaciones o pensiones que no estén sustentadas jurídicamente por Ley, decreto legislativo o contrato.
El 11 de febrero del año pasado, cuando aún era presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador compartió un video a través de sus diversas cuentas en las redes sociales como parte de la iniciativa “Ideas de Cambio”, en el cual se aseguraba que México es uno de los países en el mundo que más gasta en pensiones y manutenciones de ex presidentes en el mundo, ya que año con año se destinan en ello más de 244 millones de pesos.
Además, en el mismo video, el político tabasqueño aseguró en ese momento, que en caso de ganar la elección presidencial destinaría el dinero que se la da a los ex mandatarios nacionales, para apoyar a 18 mil personas con el programa universal de pensiones para adultos mayores que se implementó por el Gobierno de la Ciudad de México desde el año 2000.
Para poner en contexto el gasto millonario del gobierno mexicano en concepto de pago a ex presidentes, Morena comparó la pensión de Calderón Hinojosa quien recibe más de 50 millones de pesos anuales, con la del ex mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, quien percibe un pago de alrededor de 20 millones 300 mil de pesos anuales.
“En Estados Unidos, una economía quince veces más grande que la mexicana su ex Presidente recibe menos de la mitad que el ex Presidente mexicano. Respecto a Reino Unido, cuya economía es dos veces más grande que la mexicana, los anteriores Primeros Ministros reciben 28 veces menos”, se indicó en el video.
Ayer, Gerardo Esquivel Hernández, próximo subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que el proyecto de Presupuesto para 2019 prevé un gasto de 108 mil millones de pesos para el programa de becas para jóvenes y 112 mil mdp para apoyos a adultos mayores.

Durante su participación en la celebración de los 100 años de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el economista señaló que el incremento se dará en el programa de pensiones para adultos mayores, la cual se duplicará y se otorgará a partir de los 68 años, no a los 65 años como se da en la actualidad.
Fuente.-