El Presidente de México, Enrique Peña
Nieto, no tiene calidad moral para hablar de justicia y seguridad. No tiene
hechos que le respalden, ni cifras para presumir un real combate al
narcotráfico y al crimen organizado. De hecho, la persona en la que delegó la
política de combate a la inseguridad, lo abandonó aun con un año de gobierno
por delante.
Efectivamente, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien quiso convertirse en el policía de la política al concentrar en la
Secretaría de Gobernación que encabezó durante cinco años, las acciones de
seguridad, operación policíaca y combate al crimen, no solo no dio los
resultados esperados, sino que durante su labor, se incrementaron los
homicidios, crecieron las células del narcotráfico, se consolidaron cárteles, y
México llegó a los primeros sitios de las estadísticas internacionales de los
países más inseguros, más violentos y más impunes.
Aun así, el ejecutivo nacional
arremetió. Leyó ufano en uno de sus discursos: “No puede haber borrón y cuenta
nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría fallarle a la
sociedad y traicionar a México”. Si por sus palabras es evaluado, Enrique Peña
Nieto ha traicionado a México.
“Desde el inicio de mi Administración
hemos hecho la parte que nos corresponde en la lucha contra las organizaciones
delictivas, y lo seguiremos haciendo con determinación hasta el último día de
esta gestión”, completó el Presidente Peña al inaugurar un Batallón de
Infantería en Jalisco.
Pero la realidad que vive México está
muy lejana de la retórica presidencial. Es cierto que en este sexenio se “ha
dejado de hacer, se ha dejado pasar” en materia de seguridad. Si bien no hay un
acuerdo de facto con los criminales, ni se negocia oficialmente con ellos, si
existen acuerdos ilícitos que permiten a los delincuentes seguir en su escalada
de violencia y drogas en total impunidad a partir de la corrupción.
Veamos, en promedio en México y durante
la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto, asesinan de manera
violenta y por asuntos relacionados con la inseguridad pública, el crimen
organizado y el narcotráfico, a un promedio de 1 mil 900 personas. El año 2017,
octubre fue el mes más violento en el país cuando esa cifra se alzó hasta las 2
mil 700 víctimas.
A septiembre de 2017 y contando desde el
día en que Peña Nieto tomó posesión, en el semanario ZETA de
Baja California se contabilizaron 104 mil 602 ejecutados. Si sumamos los 2 mil
700 de octubre, y asignamos el promedio de 1 mil 900 por mes a los meses de
noviembre y diciembre, se contabilizan 111 mil 102 ejecutados en los cinco años
del gobierno peñista.
Normalmente relacionados con el
narcotráfico estos homicidios dolosos no se resuelven. Se cuentan pero no
cuentan. Sirven para la estadística y como parámetro de medición de la
violencia en el país, no solo de autoridades que deberían accionar estrategias
de combate para contener la violencia, sino para organizaciones de la sociedad
civil, y aún más para la medición de la inseguridad en el mundo. De ahí que
México siempre ocupe los primeros lugares en la materia.
Otro hecho. La impunidad. La Procuraduría
General de la República mantiene un alto nivel de impunidad, especialmente en
los asesinatos, que aun originados en delitos del fuero federal como
narcotráfico y crimen organizado, ignorar esas investigaciones y las dejan en
los estados de la República en el fuero común, como si se tratase de cualquier
otro homicidio. En esas condiciones, la impunidad en los casos de ejecuciones
alcanza niveles de 90 por ciento.
De acuerdo al Índice Global de Impunidad
2017, realizado por la Universidad de las Américas en Puebla, México es el
cuarto país con mayor impunidad en el mundo. El indicador en materia de
seguridad, justicia y derechos humanos, ubica el nivel de impunidad en 69.21
por ciento en nuestro país. Si consideráramos ese indicador sobre los 111 mil
102 ejecutados en cinco años, resultaría que 76 mil 893 ejecuciones permanecen
en la impunidad.
Los desaparecidos es otro rubro en el
que el Presidente Peña ha fallado a los mexicanos, y de acuerdo a su parámetro,
los ha traicionado. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas, a agosto de 2017 se contabilizaban en el país 32
mil 277 personas desaparecidas. Es justo recordar que en febrero de 2013 la
Secretaría de Gobernación, ya en facultad de Osorio Chong, dio a conocer –para
sustentar la violencia y la inseguridad en el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa- que en México se registraban poco más de 26 mil desaparecidos.
En estricto sentido y con cifras del
gobierno federal, esos datos indican que durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, los desaparecidos incrementaron en 6 mil 277, tan solo en números
oficiales y descartando en automático los casos resueltos, si es que los hubo.
Un tema muy relacionado con las más de
mil 75 fosas clandestinas que entre 2007 y 2016 se han localizado en México de
acuerdo al informa Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en
México, realizado por la Universidad Iberoamericana.
Otra falla: Mientras parece que el
cártel de Sinaloa está siendo desmantelado poco a poco por la autoridad federal,
con la ayuda de las corporaciones de investigación y antinarcóticos de los
Estados Unidos (así cayó Joaquín Guzmán Loera luego que se escapó en el sexenio
de Peña), el cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido un ascenso impresionante
durante este sexenio, hasta llegar a controlar la criminalidad y el trasiego de
drogas en 22 de 32 estados de la República Mexicana, mientras su líder, Nemesio
Oseguera “El Mencho”, goza de impunidad al encabezar una de las organizaciones
delictivas más sanguinarias de los últimos años.
La impunidad que el gobierno federal
provee al narcotráfico y al crimen organizado inicia cuando renuncia a su
facultad y obligación de investigarlos a partir de las delegaciones de la
Procuraduría General de la República en los Estados, oficinas que han sido
reducidas a tramitadoras y representaciones de un centralismo que no resuelve a
lo lejos los delitos locales.
Al igual que Felipe Calderón, aun cuando
en otra medida, el Presidente Peña descargó la persecución del narcotráfico en
el Ejército Mexicano y la Armada de México, instituciones que coordinadas con
fuerzas policíacas de los Estados Unidos, fueron las encargadas de aprehender a
los pocos criminales que fueron capturados este sexenio.
Tan es su respaldo a la persecución de
criminales por parte de las fuerzas armadas, que ahora pretende con la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior, dar facultades legales a los
militares y marinos en materia civil. Que persigan la criminalidad y provean
seguridad en municipios y estados, antes que depurar las policías civiles y
combatir la corrupción en las mismas.
Sí, México es uno de los países más
inseguros en el mundo, y esa violencia e inseguridad incrementó en el presente
sexenio, y sí, de acuerdo a sus palabras, Enrique Peña Nieto ha traicionado a
México al no ejercer el Estado de Derecho, al no detener a los asesinos ni a
los secuestradores, al no aprehender a los narcotraficantes y no encontrar a
los desaparecidos.
Fuente.-Adela Bello/
