El auto de formal prisión a cinco marinos por la desaparición forzada de un joven en Nuevo León no soluciona el caso. Los denunciantes y los defensores de derechos humanos que los apoyaron para documentar el crimen han sido acosados y amenazados desde la Secretaría de Marina, además de que varias instancias del Estado siguen obstaculizando las investigaciones.
Más de dos años después de que Armando Humberto del Bosque Villarreal fuera víctima de desaparición forzada en Nuevo León, un juzgado civil ordenó la formal prisión de cinco marinos como presuntos responsables de ese delito de lesa humanidad, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
La dilación para consignar el caso y apresar a los marinos se explica por la “protección al más alto nivel, posiblemente hasta el secretario de la Marina (Vidal Francisco Soberón), quien no es ajeno a los graves abusos que han cometido sus elementos”, dice en entrevista Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), organización que documentó los hechos.
El martes 8 y el miércoles 9, el juez tercero de Distrito Penal en Nuevo León ordenó la formal prisión para el capitán de corbeta de la Secretaría de Marina (Semar) Raúl Enrique Sánchez Labrada y para los marinos Renato Juárez Arellanes y Alfi Ahumada Espinoza, así como el cabo de comunicaciones Carlos Adán Verduzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, tercer maestre administrativo.
Se les señala como presuntos responsables de la desaparición forzada de Del Bosque Villarreal, quien fue detenido el 3 de agosto de 2013 y cuyos restos fueron hallados dos meses más tarde en las inmediaciones de un campamento de la Marina cercano al poblado de Colombia, Nuevo León, y a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los elementos de la Semar rindieron su declaración preparatoria por exhorto a través de una videoconferencia en el Juzgado Octavo de Distrito en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y fueron internados en el penal del Campo Militar Número Uno.
Para este caso, consignado el 19 de enero último por la Procuraduría General de la República (PGR), el juez negó la aprehensión del teniente de Navío de Infantería José Domingo Sánchez Salinas, del segundo maestre de administración Ivanhoe Manuel Cisneros Chinchillas y del cabo David Sotelo Mendoza, señalados por el Ministerio Público federal como presuntos responsables de encubrimiento.
Este semanario y su agencia Apro han dado seguimiento al asunto, el cual fue retomado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional y que ha suscitado actos de hostigamiento y amenazas contra los denunciantes (Proceso 1921 y 1928).
Obstáculos a la investigación
Del Bosque Villareal fue detenido por el capitán Sánchez Labrada y personal a su cargo en la cabecera municipal del municipio de Anáhuac, Nuevo León, después de que el hombre de 33 años presentara ante la Policía Municipal una queja por allanamiento y daños en su propiedad en contra de un vecino que resultó ser informante de los marinos.
Además de múltiples testigos del arresto a plena luz del día, un parte informativo evidencia que el hombre quedó en manos de los elementos de la Semar: policías municipales notificaron al secretario de Seguridad Pública de Anáhuac que pusieron a disposición de los marinos a Del Bosque Villarreal y su automóvil.
El padre de la víctima, Humberto del Bosque Gutiérrez, atestiguó la detención y obtuvo de Sánchez Labrada el compromiso de liberar a su hijo, pero más tarde el oficial y la Semar negaron tener conocimiento del caso al responder a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la PGR.
El cadáver del joven, con huellas de tortura y un disparo en la sien, fue hallado por cazadores el 3 de octubre de 2013.
A la negativa del juez de procesar a personal de la Semar por encubrimiento, se añade que la PGR abrió un nuevo expediente por la muerte de Del Bosque Villarreal en vez de añadirlo al de la desaparición forzada, “lo que implica que tendremos que esperar por lo menos otro año para que lo consigne y se busque a los culpables”, lamenta Ramos Vázquez.
Además, mientras la causa penal se sigue en Monterrey, los denunciantes se encuentran en Nuevo Laredo y los inculpados en el Campo Militar. Por eso el presidente del CDHNL insiste en que se trata de “un encubrimiento que viene de los más altos mandos superiores de las oficinas de la Semar, en la Ciudad de México”.
Abunda: “Cuando denunciamos a ese capitán de manera pública, lo primero que hicieron (los mandos de la Semar) fue sacarlo de la región donde operaba, que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, y lo enviaron, tengo entendido, a Baja California y después a diferentes regiones navales para obstruir las investigaciones de la PGR.
“Cada vez que solicitaba su comparecencia o una ubicación, tardaban meses en responder que no estaba localizable y lo iban a buscar. Fue una obstrucción de la justicia del más alto nivel de la Marina, y es un tema que seguramente lo vamos a tratar a instancias internacionales.”
–Cuando habla del más alto nivel, ¿se refiere al secretario de la Marina? –plantea la reportera.
–Sí, definitivamente. En la Semar la información es vertical, a diferencia de otras instituciones, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyas regiones o zonas militares tienen cierta autonomía en el mando. Pero en la Semar no. Todo se informa al mando superior, de donde salen las órdenes, tanto de los operativos como las respuestas a la PGR.
“En este caso Sánchez Labrada tardó más de un año para ser sentado a declarar por la obstrucción que había de la Semar, y eso evidentemente se llama protección.”
–¿Cuál es la razón de ese encubrimiento?
–Evitar que se ponga en evidencia la forma en que opera la Marina. A ese capitán, como a muchos otros, se les dan órdenes desde la Ciudad de México para ir a una comunidad y hacer lo que sea para tomar el control de la zona, arrebatarles a los delincuentes el poder de una plaza. En ocasiones se exceden, como en este caso, pero quien actúa se siente protegido por sus superiores y su institución. No le tiene que rendir cuentas a nadie.
“Lo estuvieron protegiendo porque si cae Sánchez Labrada deben caer más mandos de la Marina, no tanto procesados, porque difícilmente se va a probar la responsabilidad penal, pero sí el área de responsabilidades por encubrir, por ordenar y por la falta de control que tienen de su personal.”
Basado en información confidencial obtenida de marinos inconformes con las presuntas estrategias “de exterminio” de la Semar en el noreste del país, Ramos Vázquez agrega que en las evaluaciones periódicas sobre los operativos que se realizan en las oficinas centrales de la dependencia “se informa de lo bueno y lo malo; si ellos cometieron una desaparición, una ejecución extrajudicial o una violación, ahí mismo se hace una estrategia de cómo van a responder. No es algo que el propio secretario de la Marina ignore, porque han sido intocables”.
Para este caso, apunta, la estrategia de la Semar incluyó amenazas e intimidación contra denunciantes, testigos e “incluso para personal de la PGR, aunque no lo quiere decir, pero tuvo muchas presiones internas y externas” para detener las indagatorias.
Tras comentar que la Marina dispuso para su personal “un staff de abogados impresionante”, el presidente del CDHNL cuenta que también pretendieron desaparecer el parte informativo de la Policía Municipal, amenazando con denunciar a los agentes por “falsedad de declaración ante una autoridad” e involucrarlos con la delincuencia organizada.
A don Humberto, el padre de la víctima, lo cercaron: “Durante todas las noches de un mes, helicópteros sobrevolaban su domicilio en círculo. Después llegaban vehículos particulares y oficiales para rondar su casa, hasta que lo obligaron a salir del poblado, y no sólo eso: los dueños de la empresa que daban trabajo a don Humberto, que es contratista en la extracción de carbón, los marinos los amenazaron de que iban a detenerlos si lo seguían empleando”.
Las acciones de intimidación se extendieron hacia el CDHNL. El 15 de mayo de 2014 la agencia Apro informó sobre el asedio de un centenar de marinos a las oficinas de la organización civil, y un año después los marinos Conrado Valdez Ruiz, Rubén Martínez Monroy y Erika Aguilar Ocampo acusaron a Ramos Vázquez ante la PGR de recibir dinero de procedencia ilícita.
“Presentaron un parte informativo a la PGR solicitando que la SEIDO me investigara porque habían detenido en Nuevo Laredo a un presunto delincuente, de nombre Jesús Alberto Cruz Contreras, alias El Chiquillo, que supuestamente les había dicho que me daban 5 mil dólares semanales para que yo actuara en contra de la Marina”, recuerda Ramos Vázquez.
Detener y negar
El defensor apunta que la relevancia de la detención de Sánchez Labrada radica en que puede ser procesado por al menos cinco desapariciones forzadas más ocurridas en Nuevo Laredo entre julio y agosto de 2013, documentadas por el CDHNL. Esos casos tienen el mismo patrón que el de Armando Humberto: “los detienen y después niegan los hechos” (Proceso 1921).
Es más, agrega, “se le debe investigar por su paso por Monclova –de donde venía antes de llegar a la región de Nuevo Laredo y Colombia–, donde hay cientos de desaparecidos, ciertamente no todos atribuibles a la Marina; hay casos en los que se señala a otras fuerzas federales y a la delincuencia”.
Para Ramos Vázquez el arresto del oficial y sus subalternos abre una oportunidad de acceder a información que se ha mantenido vedada para la sociedad.
“Sánchez Labrada es una pieza del rompecabezas de impunidad que implica a las Fuerzas Armadas en la tragedia de las desapariciones forzadas, de la que no tenemos aún el panorama del tamaño de la gravedad en México durante al menos los últimos nueve años”, agrega el presidente del CDHNL.
Ramos Vázquez ha solicitado a la titular de la PGR, Arely Gómez, extremar medidas de seguridad para Humberto del Bosque Gutiérrez, su familia y su defensa. Aclara que no está en contra de la Semar:
“Lo que nos mueve son los abusos que se derivan de algo insignificante: la denuncia de Armando Humberto contra un vecino, al parecer un delincuente que estaba coludido con los marinos, quienes cometen un asunto grave. ¿Para qué encubrirlo? ¿Por qué no sancionarlo? ¿Para qué esperar a que la impunidad se exponga en el plano internacional?”, concluye el defensor.
El 13 de marzo la Semar emitió el comunicado 046/16 por el que informaba que entre el 3 y 4 de marzo puso a sus cinco elementos a disposición del juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, y que se les dictó formal prisión entre los días 8 y 9 por el delito de desaparición forzada.
Sin mencionar los nombres de los marinos, la dependencia sostiene que “colaboró estrechamente con la PGR desde el inicio de la investigación” y, aludiendo al principio de presunción de inocencia, advierte que “se presume la inocencia del personal naval involucrado en tanto el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria”.
Al declararse como “institución respetuosa de las determinaciones que emitan las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia”, la Semar puntualiza que “corresponderá al Ministerio Público demostrar plenamente la culpabilidad en los hechos que les imputa”.
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