La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la obligación de los bancos de colaborar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar evasión al fisco, establecida para cumplir con la ley antilavado de dinero de Estados Unidos, conocida como Ley Facta.
La Segunda Sala de la Corte negó el pasado 9 de marzo un amparo a Fundación Dondé Banco contra el artículo 32-B del Código Fiscal, vigente desde 2014, que obliga a los bancos a remitir al SAT una larga serie de datos sobre sus clientes y sus operaciones.
Los datos incluyen nombre, razón social, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y clave de RFC, o en su defecto clave CURP.
La información se está solicitando a todos los bancos y casas de bolsa dos veces al año, sobre saldos de cuentas existentes y nuevas cuentas, particularmente cuando el monto disponible exceda de 50 mil dólares para personas físicas y 250 mil para personas morales, informaron fuentes tributarias.
El banco alegó que el Congreso generó una distinción inconstitucional y arbitraria entre el sector financiero y otras empresas, como las de telecomunicaciones, que también acceden a datos fiscales de sus clientes.
"El supuesto que se persigue no puede recaer en instituciones relativas a telecomunicaciones y radiodifusión, pues la meta que se pretende alcanzar es concreta y consiste en erradicar la práctica fiscal evasiva a partir del supuesto de préstamos y créditos otorgados a los particulares por las entidades financieras", replicó la Sala al aprobar un proyecto del Ministro Eduardo Medina Mora.
También rechazó que el artículo 32-B implique la aplicación retroactiva de una ley que perjudica a los bancos y sus clientes.
"(El artículo 32-B) de ninguna manera modifica las condiciones contractuales aceptadas por las partes, ya que la exigencia de su cumplimiento recae únicamente en la institución financiera frente al fisco, sin trascender en el cuentahabiente, en tanto que éste no es objeto de requerimiento alguno", agregó la Corte.
Banco Azteca fue la institución de mayor perfil que impugnó esta medida, luego de que el SAT le requirió en 2014 una remesa de datos de 2 millones de cuentahabientes.
Si bien obtuvo una suspensión para no entregar los datos, las fuentes consultadas informaron que Azteca sí mantuvo la colaboración con el SAT, pues de no haberlo hecho, sus clientes estadounidenses con cuentas en México hubieran quedado expuestos a sanciones en ese país bajo reglas de la Ley Facta, que permite al Gobierno retenerles hasta 30 por ciento de su saldo.
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