El general José Carlos Beltrán, director de
Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó que los
militares están en las calles, en funciones de seguridad, porque gobernadores,
presidentes municipales y directores de policía no habían hecho su trabajo.
El Secretario de Gobernación, Miguel Osorio
Chong, anunció el lunes 14 de marzo que habría un “mando especial” de seguridad
en la zona de La Laguna, que estará bajo las órdenes militares.
¿Esto quiere decir que los gobernadores de
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, así como todos los
presidentes municipales de esa región, no hacen su trabajo? Y son, a
priori, de acuerdo al discurso militar, unos irresponsables…
¿Por qué insistir, desde el mando civil de
este gobierno, en poner en manos militares la seguridad? Lo que ya vimos,
son muy claras las definiciones en ese sentido, molesta enormidades a los
militares. Y tiene como saldo muchos muertos civiles. Tanto como
consecuencia de enfrentamientos que levantados, torturados y asesinados.
Ya en octubre del 2015, el citado general
Beltrán, cuestionó a los diputados que buscaban que los integrantes de la
Comisión Especial del Caso Ayotzinapa hablarán con los militares del 27
Batallón, con sede en Chilpancingo. Su posición quedo establecida:
“Habría que ver en calidad de qué los interrogarán, cómo va a quedar la
declaración de los soldados… Hay que establecer qué papel juegan ustedes, los
diputados…”
O sea, ya sabemos, no se permitió ninguna
injerencia de un poder constitucional vigente.
El general Beltrán, ya hemos hablado de esto,
se quejó amargamente de que los funcionarios, esos gobernadores y demás, que no
cumplen con su obligación, no están sujetos a tribunales internacionales,
mientras que los militares sí lo están.
Para quienes no entendieron su enojo, habrá
que recordar que de acuerdo a la ONU se ordenó que cuatro presuntos
secuestradores fueran “indemnizados” por el Ejército.
Lo que Beltrán
aceptó.
El 27 de mayo del 2015, mediante oficio DH-IV-7939 el
general admitió que los cuatro sujetos fueron “víctimas directas de personal
militar”, y, por lo tanto: “sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico
consagra a su favor”.
Sobre esto habría que leer el interesante
análisis de Héctor de Mauleón, donde se cuenta como el juez Francisco Javier
Montaño, determinó que los detenidos por el Ejército fueron “objeto de tortura
y malos tratos para obtener las declaraciones ministeriales… por tanto su contenido
debe invalidarse”.
Estos cuatro sujetos fueron detenidos en
Tijuana por “una llamada anónima” … O sea, el método ilegal que utilizan para
justificar sus acciones. Dicha “llamada” llevó a los militares a una
“casa de seguridad” donde estaban cuatro presuntos secuestradores y un
secuestrado…
Estas personas, después se supo, ni siquiera
estaban dónde dijeron los militares. Ni son quienes afirmaron que
eran. Por eso el juez los dejó en libertad, y la ONU pidió que fuesen
indemnizados. La tortura ninguno se las puede quitar.
Lo más interesante de eso es que los
“presuntos culpables” afirman haber sido llevados a la Zona Militar. Lo
que implica, forzosamente, conocimiento, complicidad de los altos mandos
militares.
Ahí, dicen, se les aplicó toques eléctricos,
bolsas de plástico en la cabeza y les arrancaron uñas.
¿Puede suceder esto en México con total
conocimiento del comandante supremo de las fuerzas armadas? ¿O toda
responsabilidad recae sobre el general Salvador Cienfuegos?
Sobre todo, preguntémonos si esto sucede en
verdad… Y si los militares pueden justificar su conducta porque los civiles no
hicieron su trabajo…
El diputado federal Víctor Sánchez, que fue
subprocurador en Jalisco, miembro de la Comisión de Ayotzinapa del Congreso,
declaró que el general Salvador Cienfuegos se había portado con ellos “de
manera soberbia e intransigente” … ¿No podríamos esperar otro tanto con
relación a los militares torturadores?…
¿Qué pasará en La Laguna con este nuevo mando
militar en materia de seguridad pública?
Fuente.-
Isabel Arvide
@isabelarvide
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