Los agentes policiacos mexicanos, sobre quienes la población escucha casi a diario reportes e historias de extorsión, maltrato e incluso acusaciones de homicidios y secuestros, tendrán que aprender a investigar y a recolectar evidencia más allá de las confesiones de los detenidos.
El motivo es que las confesiones obtenidas en los procesos de investigación criminal no podrán, en teoría, ser ya presentadas como evidencia ante ningún tribunal de México, a menos que el detenido la realice en presencia de los jueces, junto a su defensa y en una audiencia oral y pública.
La transformación es parte de la Reforma al Sistema de Justicia Penal publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y cuyo plazo de implementación en todo el territorio nacional y para todos los delitos vence el 18 de junio de este año.
“Gracias a ello, por ejemplo, la etapa de investigación de los delitos será mucho más ágil y mucho más profesional. El juicio se desarrollará el audiencias orales y públicas ante la presencia obligatoria de un Juez, quien presenciará la presentación de las pruebas y alegatos. Con este, debemos ofrecer a los ciudadanos un sistema de justicia más transparente, respetuoso de los derechos humanos que proteja con mayor celeridad y eficacia sus derechos”, dijo el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Las cifras de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) muestran, por su parte, que para la modificación judicial considerada la de mayor profundidad en décadas, el Gobierno federal ha capacitado a menos de tres de cada diez de los agentes policiacos cuyos hallazgos, detenciones, lectura de derechos, interrogatorios, preservación de datos y demás reportes serán, dice el programa curricular oficial, cimiento de la investigación y sustento de todo el proceso acusatorio.
En cifras totales, de acuerdo con un reporte entregado a este medio por Setec, han recibido cursos de capacitación por parte del Gobierno federal 58 mil 971 agentes municipales y estatales de un total de 280 mil 959 que, de acuerdo con el conteo de Setec a enero, hay en las 32 entidades de la república.
“Que no estén bajo el subsidio de Setec no quiere decir que no hayan recibido ninguna capacitación”, precisa Medardo Valero Mota, director de Difusión de Setec. “Existen entidades que se capacitan con recursos propios u otros fondos”, agrega.
CAPACITACIÓN SIN EVALUACIÓN
Para Maureen Meyer, directora del programa sobre México en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, sus siglas en inglés), el tamaño del reto que tiene México en materia de procuración e impartición de justicia puede medirse a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en la cual hay policías municipales como sospechosos y una averiguación previa basada en confesiones que fueron refutadas por un grupo internacional de expertos.
Por tanto, considera Meyer, un proceso de capacitación no puede darse por descontado sólo con base en el número de asistentes a cursos “rápidos” que además, dijo la investigadora en materia de derechos humanos, carecen de mecanismos de evaluación sobre su impacto en los hábitos de los agentes.
“La preocupación sobre todo es que hay muchos cursos que se tratan de hacer con mucha rapidez, con mucho contenido, y no hay una valoración para saber si, después del hecho de estar sentado en una sala por 40 horas se cambia la capacitación de una persona; el riesgo es que, si se mide sólo el numero de personas capacitadas es como sólo checar que hicieron la capacitación, pero hay necesidad de hacer un monitoreo para ver qué tanto han impactado en el actuar de los agentes”, dijo en entrevista vía telefónica.
“También se necesita compromiso político para que sepan que hay apoyo a los operadores (del nuevo sistema) de hacer su trabajo, porque podríamos incluso ver el caso de Ayotzinapa, que muestra el tamaño de los retos cuando tienes un sistema nuevo que supuestamente evitará la tortura”, agrega.
La implementación de la reforma había sido motivo de advertencia por parte de Wola desde septiembre pasado, después de que, en su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto reportó que seis de cada 10 mexicanos vivían ya bajo el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
“Si bien es cierto que se están haciendo esfuerzos significativos para reformar el sistema judicial de México, es demasiado pronto para cantar victoria en su implementación”, escribió Meyer, en coautoría.
“Lo que es más, faltan evaluaciones significativas sobre los sistemas que ya han sido reformados, así como sobre la preparación y el desempeño de los operadores judiciales durante los juicios orales, la calidad, alcance y consecuencias de los mecanismos alternos de resolución de casos y, en general, sobre la calidad de la justicia que está siendo impartida (…) Sin este tipo de monitoreos, cualquier progreso estará en riesgo de ser superficial o de corta duración, haciendo tentador el caer en los viejos hábitos”, agregó el posicionamiento. “México debe priorizar calidad por encima de cantidad en el proceso de Reforma Judicial”, advirtió.
Hasta el pasado 5 de enero, la Setec reportó que, en delitos de fuero común, el porcentaje de población cubierta ya por el sistema procesal penal acusatorio era de 68.9 por ciento. Los datos corresponden, agrega la información, a siete entidades (Chihuahua, Morelos, Estado de México, Zacatecas, Durango, Yucatán y Nuevo León) en las que los delitos del fuero común se procesan en todo el territorio en el nuevo sistema, y 25 en las que la implementación aun es parcial, ya sea porque no está vigente en todo el territorio o porque, como en el Distrito Federal, todavía no se juzgan por este nuevo sistema los delitos considerados graves.
En el caso de delitos del fuero federal, aun hay ocho estados (Baja California, Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Veracruz) en los que aun no hay declaratoria de entrada en vigor del nuevo sistema.
“Se eleva a rango Constitucional la presunción de inocencia. Se investiga para detener. Desde el momento de la detención se protegen los derechos fundamentales del imputado y la víctima. Un Juez de Control verificará la legalidad de la detención. Prisión preventiva en casos excepcionales, pudiéndose aplicar otras medidas cautelares. Se privilegian mecanismos alternativos de solución de conflictos garantizando la reparación del daño”, dice un listado de características del nuevo modelo de justicia enviado por Setec.
“Las víctimas son parte en el proceso penal, desde la investigación hasta la sentencia. Se rige por audiencias públicas en presencia de un juez con plena contradicción entre las partes. La información es desahogada públicamente ante el juez de juicio. La confesión del acusado solo es válida si se realiza ante el juez. El proceso se rige por la oralidad, es público, transparente, continuo y expedito”, agrega.
Para Meyer, otro reto de la implementación es cambiar la mentalidad tanto de los operadores del sistema como de la población, porque los primeros tendrán que aprender a recopilar evidencia científica, pero la sociedad, explica, deberá también aprender que justicia no necesariamente significará poner a alguien en la cárcel.
“El mayor reto de México es cómo transformar la forma de pensar de los actores del sistema y de los ciudadanos, de que la justicia no es sólo ver a alguien atrás de las rejas, porque por un lado se abren las medidas alternativas de pagar multas o reparaciones”, dijo. “Con un sistema que a nivel de expectativa el castigo es igual a la cárcel, cambiar la mentalidad a un debido proceso basado en evidencia científica y no sólo testimonios, es una transformación que tarda mucho”, agregó.
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