Impulsada en el 2008 por los expresidentes Felipe Calderón y George Bush, la Iniciativa Mérida hoy es cuestionada por legisladores mexicanos como norteamericanos por sus pobres resultados. La fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, significó el tiro de gracia para este acuerdo de cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos.
Hace ocho años el Plan Mérida fue la vía por la cual Estados Unidos financió la costosa guerra que emprendió el expresidente Felipe Calderón contra el narco en México.
Polémica desde que se firmó en el 2008, por la violación a la soberanía nacional que implicaba este acuerdo, hoy la Iniciativa Mérida está bajo cuestionamientos en ambos lados del Río Bravo.
Los congresistas norteamericanos y mexicanos no ven resultados en la aplicación del Plan Mérida y piden cambiar la estrategia para aprovechar mejor los cientos de millones de dólares que recibe México del vecino país del norte.
La fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ocurrida el pasado mes de julio, fue un balde de agua fría para este acuerdo de cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos.
La reacción de EU no se hizo esperar: recortó el presupuesto que envía al país a través de la Iniciativa Mérida en 5 millones de dólares.
En México el director Antinarcóticos de Estados Unidos, Steve Kraft, asegura que la Iniciativa Mérida ha sido un éxito en el país y que ha ayudado a combatir el crimen organizado.
“Si observas el valor de las drogas que han sido decomisadas, verás que supera por mucho nuestra inversión en equipo y entrenamiento”, dice Kraft, entrevistado por Reporte Indigo.
Sin embargo esta opinión no es compartida en Estados Unidos por congresistas - tanto republicanos como demócratas – que critican duramente los resultados que ha dado esta Plan y están pidiendo una revisión en la estrategia.
En una reciente reunión en el Capitolio, el senador republicano, Chuck Grassley, cuestionó que pese a los mil 300 millones de dólares que se han canalizado a través de la Iniciativa Merida, la seguridad fronteriza con México no ha mejorado.
“La frontera no es segura y está peor que nunca”, aseguró Grassley.
La senadora demócrata Dianne Feinstein lo secundó.
“Mérida no está funcionando. Tal vez hemos incrementado la cooperación, pero pese a la cantidad de dinero que hemos gastado, la corrupción y el débil estado de derecho continúan amenazando cualquier progreso con México”.
Sus contrapartes mexicanos opinan lo mismo: es momento de relanzar la Iniciativa Mérida.
Para Fernando Torres Graciano, senador por el PAN e integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara alta, el Plan Mérida tenía buena intención, pero no logró consolidarse.
El panista comentó que sería conveniente relanzar el Plan Mérida con una mayor transparencia para no perder la coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Para Omar Fayad, senador del PRI y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, afirma que debe solicitarse a las autoridades una evaluación real sobre los logros de la estrategia conjunta para revisar su alcance.
El priista sostuvo que la cooperación entre Estados Unidos y México debe reforzarse en lugar de dejar de ayudarse, por lo que valdría la pena cambiar el esquema en que se ha venido trabajando en el Plan Mérida.
Una de las propuestas, por ejemplo, sería que en lugar de que sea Estados Unidos quien decida qué áreas de seguridad apoyará en México, se pregunte primero a México dónde necesita más inyección de recursos para aprovecharlos.
‘El dinero seguirá llegando’.-Kraft
Entrevistado por Reporte Indigo, Steve Kraft, Director Antinarcóticos de Estados Unidos, rechaza que el recorte de los recursos para México no obedeció a un castigo, sino a un problema interno.
Kraft asegura que el gobierno de Barack Obama seguirá apoyando a la administración mexicana en su lucha antidrogas.
“El Congreso cree totalmente en el proyecto. La importancia de la Iniciativa Mérida para los legisladores, particularmente con respecto a las drogas, va a continuar. Confío en que estaremos aquí por mucho tiempo más”, asegura Kraft.
Cuando el oficial estadounidense fue cuestionado sobre las áreas donde México necesita redoblar esfuerzos, Kraft no habló sobre derechos humanos y dijo que el reto más importante para México es establecer el nuevo sistema de juicios orales.
¿Pero, México puede hacer algo para recuperar los 5 millones que perdió por la penalización?
“No podemos regresarles ese dinero, pero esos 5 millones representan un porcentaje muy pequeño de los fondos que México ha obtenido con la Iniciativa Mérida”.
Según Kraft, el Congreso llevó a cabo varios cambios en los procesos burocráticos para la presentación de resultados, entre ellos los de la Iniciativa Mérida, y esto impactó directamente la decisión de reubicar aproximadamente 15 por ciento de los recursos originalmente asignados a México.
“El Congreso hizo algunos cambios en la legislación que nos da el dinero, cambió el lenguaje y lo hizo tan amplio que sentimos que no podíamos enviar el reporte este año.
“Este es el primer año (en siete) que no hemos podido entregar el reporte. No sé que pasará en el futuro.
“Ya hemos hablado con nuestras contrapartes en México y el lenguaje que se cambió si está relacionado con los derechos humanos”.
Por su parte, Kraft cree que México ha hecho un gran trabajo apoyando a los derechos humanos en México y en los foros internacionales.
“Nuestra incapacidad para entregar el reporte este año, debido a la actualización en el lenguaje de la legislación, no debe reflejar negativamente el amplio compromiso de México con los derechos humanos”.
Los gadgets del Plan Mérida
México ha recibido en estos 7 años de la Iniciativa Mérida más de mil 400 millones de dólares para combatir el narcotráfico. Desde radares, vehículos militares y helicópteros para enfrentar a los cárteles de la droga.
Equipos móviles de rayos X que permiten identificar la carga de un vehículo sin necesidad de inspeccionarlo manualmente, aviones para lanzamiento de paracaídas y hasta identificadores portátiles de sustancias como la cocaína, entre otros, son los materiales que ha recibido la Secretaría de Marina dentro de la Iniciativa Mérida.
A pregunta expresa, a través de una solicitud de información la Armada de México dio a conocer los artefactos que ha recibido por parte del gobierno de Estados Unidos para realizar su trabajo contra el crimen organizado.
La lista comprende 24 equipos de buceo profesional para brigadistas con todo y válvulas de repuesto, 12 equipos de protección personal contra químicos (trajes, mascarillas, guantes y botas), 20 equipos denominados CT-30 con accesorios para detección de narcóticos y artefactos explosivos y además 28 equipos detectores de radiactividad, 12 de ellos modelo 161M Geiser-Müller y 16 modelo 915 PalmRAD II.
Los detectores de radiactividad son aparatos que caben en una mano y son utilizados normalmente en el control de los materiales de importación, al igual que en la medición de alimentos irradiados, aunque han mostrado su utilización en la detección de narcolaboratorios.
En el listado otorgado por la Semar se describe que fueron entregados a la Marina por parte de Estados Unidos cuatro equipos de detección para líquidos desconocidos y sólidos Smiths Detection Hazmat ID 360. Es un artefacto que parece una caja de herramienta que arroja resultados en dos minutos para la identificación de sustancias químicas industriales tóxicas, polvos blancos, explosivos y Clan precursores de laboratorio, precursores de drogas, productos químicos comunes, medicamentos forenses y pesticidas
El gobierno estadounidense entregó a la institución encargada de perseguir a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera 292 chalecos balísticos y aeronaves.
En el listado aparecen cuatro aeronaves CASA C-235. Son aviones que se utilizan para el transporte de pasajeros y carga, pueden lanzar hasta 46 paracaidistas, realizan vigilancia marítima, la aerofotografía y la enseñanza militar. Es un artefacto que vacío pesa 8.8 toneladas y puede volar con un peso total de 16 y alcanza velocidades de 452 kilómetros por hora y puede volar con un máximo de carga hasta 600 kilómetros. No tiene armamento.
La Armada informa que recibió también tres helicópteros Sikorsky UH-60 Blackhawk. El “halcón negro” la empresa fabricante lo promueve como el helicóptero perfecto para las maniobras militares, porque puede funcionar “en cualquier condición climática sobre la Tierra”. Está diseñado para recibir impactos de bala y el Ejército de Estados Unidos lo usa desde 1979.
La Marina mexicana reporta la recepción a través del Plan Mérida de “24 unidades para inspección de espacios ocultos” y tres vehículos de inspección no intrusiva de rayos X, Z Bacscatter Van reforzados con chasis Ford-550.
El Z Bacscatter Van es un equipo portátil de escaneo de vehículos en tiempo real. Los oficiales de Marina pueden escanear al momento para descubrir amenazas como explosivos, drogas, divisas y artículos de comercio contra el fraude, como el alcohol y el tabaco, “incluso en entornos de alto rendimiento como los cruces fronterizos y los controles de seguridad”.
Dentro de la Iniciativa Mérida tiene cuatro pilares: afectar la capacidad operativa del crimen organizado, la institucionalización de la capacidad de mantener el Estado de derecho, la creación de estructura fronteriza para el siglo XXI y, la construcción de “comunidades fuertes y resilientes”.
Testigos protegidos, la incongruencia
Por un lado Estados Unidos aporta millones de dólares a México, a través de la Iniciativa Mérida, para reforzar el sistema de justicia en el país.
Pero por otro México, en colaboración con Estados Unidos, se valen de figuras polémicas como los testigos protegidos para fabricar culpables en su lucha antidrogas.
La Iniciativa Mérida no fue el único acuerdo de cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos durante el calderonismo para combatir al narcotráfico.
El Programa de Testigos Protegidos fue promovido tanto por la PGR como la DEA para incriminar -no solamente a narcotraficantes- sino también a funcionarios y militares mexicanos.
Los dos gobiernos fueron exhibidos por Roberto López Nájera, conocido como testigo protegido ‘Jennifer’, un personaje clave en la Operación Limpieza que se emprendió en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Cada uno de los casos que sostuvo la PGR en contra de militares y funcionarios, cada una de las acusaciones presentadas, con el paso de los años se han caído en el Poder Judicial.
Gracias a ‘Jennifer’, que hoy está bajo el cuidado de la DEA, en el 2012 se encarcelaron a cuatro militares, entre ellos al General Tomás Ángeles Dauahare, el oficial del Ejército de mayor rango que ha sido encarcelado.
En la actualidad todos ellos están liberados.
Durante el paso de Eduardo Medina Mora, luego con Marisela Morales, la PGR abusó de la figura del programa de Protección de Personas para fincar acusaciones criminales en contra de capos y funcionarios.
Por las declaraciones de ‘Jennifer’ se encerró al mayor Arturo González Rodríguez, quien estuvo en prisión cuatro años por sus presuntos vínculos con el narco.
También los dichos de ‘Jennifer’ sostenían la acusación en contra del general Roberto Dawe de estar coludido con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Dawe estuvo un año recluido en el penal del Altiplano acusado de delincuencia organizada, pero igual que sus compañeros fueron liberados por órdenes judiciales.
tro de los casos donde quedó en evidencia el programa de Testigos Protegidos utilizado durante el sexenio de Calderón fue la acusación en contra del extitular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, quien también fue liberado tras 4 años de estar recluido acusado de recibir dinero del narco.
Este caso sustentado con testigo protegido–como en los demás- estuvo avalado por las autoridades de los Estados Unidos.
La PGR también utilizó a capos como Sergio Villarreal ‘El Grande’, como informantes en colaboración con la Agencia antidrogas norteamericana.
El exlugarteniente de los Beltrán Leyva se convirtió en colaborador de la PGR y la DEA para acusar a militares de proteger los cargamentos de cocaína en los aeropuertos internacionales del DF, Toluca y Cancún.
En la actualidad la actual procuradora de México, Arely Gómez, se ha propuesto reducir el uso de figuras como los testigos protegidos en los casos en contra de narcotraficantes y funcionarios.
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