La carrera profesional de Alejandro Aguilar López, exagente federal capacitado por elFBIy las policías de Francia, España, Japón e Inglaterra, se truncó cuando untestigo a sueldode la Procuraduría General de la República (PGR) deMarisela Moralesle hizo acusaciones mentirosas que lo ligaban alCártel de los Beltrán Leyva.
José Salvador Puga, con nombre clavePitufo, es unZeta “arrepentido” a quien la PGR utilizó en decenas de fallidos casos contra elcrimen organizado.
Él fue quién acusó que Aguilar López de haber colaborado en el intento de fuga de nueve narcotraficantes, entre ellos Gerónimo Gámez García, El Licenciado, supuesto primo de los Beltrán Leyva, por lo que el agente fue encarcelado cuatro años, cuatro meses y cuatro días.
La semana pasada laProcuraduría General de la Repúblicareconoció que en administraciones anteriores de la misma dependencia, “basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos, llegó a convertirse en una práctica recurrente, sin algún otro sustento”.
Tal fue el caso dePitufo, quien además de Aguilar López incriminó a decenas de funcionarios públicos de todos los niveles, incluidos militares de alto rango que fueron encarcelados y posteriormente liberados al acreditarse que se trató de acusaciones inverosímiles y en muchos casos aleccionados.
Alejandro Aguilar López fue despedido por la Procuraduría General de la República, dependencia que no le quiere regresar su empleo como agente de laPolicía Federal Ministerial, pese a que un juez ya lo exoneró y ordenó, desde el 29 de agosto de 2013, su inmediata libertad por falta de pruebas de la fallida fuga durante un traslado de reos hacia el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Jorge Luis Mejía Perea, juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, determinó que los dichos dePitufo y cuatro testigos protegidos más (Conde, Angélica, Fernando y Guadalupe), eran vagos, imprecisos y, sobre todo, inverosímiles.
El juzgador advirtió que ni el testigo protegidoPitufo ni los otros cuatro testigos “aportaron un sólo dato” que permitiera robustecer las acusaciones contra Aguilar López. Y estableció que al estudiar el expediente se detectaron indicios de que la PGR aleccionó a dichas personas.
“Se contradecían sus acusaciones y nunca pudieron comprobar con pruebas contundentes sus declaraciones. Es decir, fueron inducidas por los ministerios públicos e inventadas por lo que no tenían sustento legal, o sea, no tenían fundamentación ni motivación para hacer acusaciones”, apuntó el juez Mejía Perea.
Y aunque a Procuraduría General de la República apeló la sentencia, ésta fue ratificada el 27 de noviembre de 2013 por Fernando José de Jesús López López, titular del Primer Tribunal Unitario de Jalisco, dentro del expediente 344/2013.
Por ello, Aguilar López quedó libre y ya denunció ante la propia Procuraduría a los testigos colaboradores, así como a funcionarios y exfuncionarios de la dependencia, a quienes acusa de haber destruido, no sólo su carretera profesional, sino también su vida.
“Faltos de ética y de escrúpulos me incriminaron desde su imaginación perversa de un delito que jamás cometí, pues estos utilizaron e indujeron a verdaderos delincuentes con el disfraz de testigos protegidos para declarar en forma falsa en mi contra… Ello me sigue causando gravísimas consecuencias en el orden moral, social, económico, familiar, laboral, psicológico y jurídico”, afirmó en su denuncia presentada el 11 de abril pasado.
Entre los funcionarios y exfuncionarios de la PGR señalados están Julio Patessi Guedea Téllez, Miguel Ángel Sánchez Méndez, Kerem Hapuch Mares Palafox, Erandi Guadalupe Damián Abrego y Víctor Hugo Romero Cabañas, todos son o eran agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a laSIEDO, hoy SEIDO, de la Procuraduría General de la República.
En tanto, José Salvador Puga Quintanilla,Pitufo –quien ya dejó de ser testigo colaborador de la PGR–, tiene una orden de aprehensión pendiente, la cual no se ha ejecutado debido a que ya no es localizable.
El Congreso de la Unión alista una bolsa de 132 millones 515 mil 920 pesos para pagar a senadores y diputados sus aguinaldos, dietas mensuales, así como otras ayudas que corresponden al mes de diciembre.
Los diputados se preparan para recibir 194 mil 852 pesos y los senadores 274 mil 140 pesos por estos rubros.
En suma, la Cámara de Diputados erogará más de 97 millones 426 mil pesos y el Senado de la República 35 millones 89 mil 920 pesos.
Se despachan senadores.
Para este fin de año, el Senado de la República contará con 20 millones 49 mil 920 pesos para el pago de aguinaldos de los 128 legisladores, que sumado a su dieta mensual de 117 mil 500 pesos, forman una bolsa de 35 millones 89 mil 920 pesos para este mes de diciembre.
De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando 2015, los 128 legis- ladores federales tienen una dieta mensual de 117 mil 500 pesos, y como gratificación de fin de año reciben 40 días de salario.
Es decir, a cada senador se le depositará mañana 3 de diciembre, en su cuenta de nómina, 156 mil 640 pesos aproximadamente, sólo por concepto de gratificación de fin de año o aguinaldo, que más su dieta mensual de 117 mil 500 pesos, suma un monto total de 274 mil 140 pesos.
Además, los legisladores cuentan con apoyos para traslados —boletos de avión, tarjetas IAVE—, así como para asistencia legislativa y atención ciudadana.
También cuentan con un seguro de vida institucional equivalente a 40 meses de dieta, que significan 4.7 millones de pesos; un seguro de gastos médicos mayores que es equiparable a mil 500 salarios mínimos, y un seguro de separación individualizado.
El seguro se constituye con aportaciones voluntarias de 10% de la dieta por parte de los senadores y por un tanto igual del órgano legislativo, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
De acuerdo con senadores consultados por EL UNIVERSAL, también recibirán una “compensación”, sin embargo ésta se da de forma discrecional y a criterio de la autoridad de la Cámara Alta.
Los trabajadores del Senado recibirán también una gratificación de fin de año de 40 días de sueldo base, y en su caso, de la compensación garantizada, que en algunos casos equivale a 40 días de sueldo.
De acuerdo con fuentes del Senado consultadas, mañana jueves 3 de diciembre será depositada la gratificación de fin de año para los senadores de la República, dentro de los plazos que marca la ley.
Los grupos parlamentarios que tienen a su cargo personal tanto administrativo como personal de confianza y honorarios también deberán pagar el aguinaldo de fin de año.
No obstante, comentaron algunos legisladores consultados, el pago es variado, ya que puede ir desde los 30 a los 40 días. “Eso depende de cada grupo parlamentario”, comentaron.
San Lázaro, listo para la Navidad.
En el caso de la Cámara de Diputados, a pesar de que los 500 legisladores sólo tienen cuatro meses que llegaron a la curul, por ley se les depositará a cada uno aproximadamente 194 mil 852 pesos antes del 10 de diciembre, bajo el concepto de aguinaldo proporcional a cuatro meses de trabajo, dieta y otros apoyos, independientemente de la fracción parlamentaria a la que pertenezcan.
Para esto, el área administrativa de la Cámara de Diputados alista una bolsa de 97 millones 426 mil pesos destinados a cubrir las dietas, compensaciones y aguinaldos que recibirán los legisladores.
A los 500 diputados federales se les depositarán tan sólo de aguinaldo 46 mil 384 pesos, que es el equivalente a haber trabajado durante cuatro meses en la administración pública federal, es decir, entre los meses de septiembre y diciembre.
A este monto se le suman los casi 73 mil 910 pesos por concepto de dieta que reciben mes a mes los diputados federales; así como 45 mil 786 pesos para Asistencia Legislativa, y 28 mil 772 por Atención Ciudadana, lo que suma 194 mil 852 pesos por cada diputado federal.
De manera paralela y no cuantificados por este diario, se les depositarán 2 mil 780 pesos correspondientes a vales de despensa, y entre 3 mil 540 pesos y 10 mil pesos por Apoyo de Transporte a cada diputado. Este monto, con el que se le ayuda a cada legislador, varía de acuerdo con la entidad federativa a la que pertenece; la cantidad se deposita mes a mes, además de que no necesita alguna comprobación.
En el Diario Oficial de la Federación se encuentra establecido que la Asistencia Legislativa es la asignación que se cubre a los diputados en apoyo a su tarea legislativa, mientras que el concepto de Atención Ciudadana es la asignación complementaria por las actividades de gestión que realizan los legisladores en su carácter de representantes populares.
Los dos últimos rubros son ingresos directos y por los que no pagan impuestos ni tampoco se exige una comprobación de su gasto.
Valida Cámara cifras.
La Secretaría General de la Cámara de Diputados ratificó a EL UNIVERSAL las cifras de las percepciones y apoyos legislativos que serán recibidos por los diputados en el mes de diciembre.
Precisaron que por “percepciones” a los diputados se les otorgará por aguinaldo la cantidad de 46 mil 384 pesos; por dieta 73 mil 910 pesos y por vales de despensa 2 mil 780 pesos.
En lo que se refiere a los apoyos que reciben en su trabajo legislativo se desglosa que percibirán 45 mil 786 pesos por Asistencia Legislativa; 28 mil 772 pesos para Atención Ciudadana y hasta 10 mil pesos de Apoyo por Transporte.
Además, por ser fin de año los diputados federales de la 63 Legislatura recibirán también 12 mil 778 para Apoyo de Atención Ciudadana —ayuda al personal— y nueve mil 717 para Apoyo al Personal de Recepción en los Distritos, de acuerdo con las autoridades.
Se van con un millón. EL UNIVERSAL publicó en agosto pasado que la Cámara de Diputados desembolsaría más de 577 millones de pesos para concluir su relación laboral con los 500 diputados federales que integraron la 62 Legislatura.
A manera de finiquito, cada diputado federal, independientemente del grupo parlamentario al que pertenecía, recibiría en promedio más de un millón 155 mil 357 pesos por haber finalizado los tres años de labor parlamentaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
De acuerdo con un recuento de sus percepciones, si un diputado federal aportó cada mes durante los tres años de la Legislatura, 12% bruto de su dieta —aproximadamente 12 mil 645 pesos—, recibió por concepto de su Fondo de Ahorro aproximadamente 910 mil 440 pesos.
Los legisladores recibieron aproximadamente 93 mil 669 pesos bajo el concepto de la parte proporcional de los 40 días de aguinaldo al que tienen derecho.
La Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) incurrieron en contradicciones al momento se informar lo sucedió durante el operativo de Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015 para presuntamente ocultar una ejecución extrajudicial y la muerte de otras cinco personas por el uso excesivo de la fuerza pública.
En los dos eventos –el primero alrededor de las 2:30 horas y el segundo a las 7:45 horas- las fuerzas federales incurrieron en inconsistencias básicas, como en el origen del operativo, la hora en que se montó y la versión sobre el enfrentamiento, lo que va en detrimento del acceso a la verdad y la justicia.
-PRIMERO EVENTO
Origen del operativo
El propio Ejército mexicano no pudo aclarar cómo se originó el operativo en Apatzingán. En el oficio DH-I-7567, la SEDENA aseguró a la CNDH quea las 20:45 horas del 5 de enero de 2015 de la 43/a. Zona Militarrecibió una llamada telefónica de AR13, quien le comunicó que detrás de la presidencia municipal de Apatzingán se encontraban aproximadamente 80 civiles, de los cuales presuntamente 40 se encontraban en posesión de armas de fuegoy que había 20 vehículos de diferentes características, y que se solicitó apoyo para “llevar a cabo la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos” (sic), por lo que integrantes del Ejército Mexicano se coordinaron con personal de la PF y de la PGR para realizar las acciones correspondientes.
Mientras que en la puesta a disposición de la SEDENA y de la Policía Federal se indicó queel 6 de enero de 2015 a las 3:30 horas en la 43/a. Zona Militar se recibió “un reporte ciudadano”que se los alertó de que había un grupo numeroso de personas armadas en las inmediaciones de la presidencia municipal, por lo que se dirigieron a dicho lugar a fin de verificar la veracidad de los hechos denunciados
Hay una contradicción en relación con los actos que dieron origen al operativo realizado por las autoridades federales, puesto que personal militar informó al Organismo Nacional que llevó a cabo el operativo a solicitud de AR13; y en el escrito de puesta a disposición de personas, armamento y vehículos asegurados se indica que realizaron tales actos en atención a “un reporte ciudadano” el 6 de enero de 2015, a las 3:30 horas. La diferencia entre la hora de la llamada telefónica y el “reporte ciudadano” es de 6 horas con 45 minutos.
Hora del operativo
Los documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre la hora en que se realizó el operativo en el palacio municipal de Apatzingán no coinciden con los testimonios del personal militar que participó en la recuperación del inmueble.
El personal militar precisó quearribó a las 2:15 horas del día 6 de enero de 2015y que la autoridad “legal” en el operativo estuvo a cargo de cinco agentes del Ministerio Público de la Federación, un agente de la Policía Federal Ministerial y dos secretarios administrativos pertenecientes a la PGR, así como diversos elementos de la Policía Federal, y que además participaron cinco jefes, 12 Oficiales y 270 integrantes de tropa pertenecientes a la 43/a. Zona Militar, 30/o., 19/o. y 26/o. batallones de Infantería.
En la puesta a disposición de la SEDENA se indicó quellegaron a las 4:00 horas y se percataron que a un costado de la Casa de la Constitución se encontraba un grupo de 6 personas armadasrealizando disparos contra elementos de la Policía Federal, por lo que personal militar intervino de inmediato y aseguró a seis personas.
La diferencia entre la hora del arribo tiene una diferencia de una hora con 45 minutos.
En elvídeo del C-4 se puede observar que a las 2:39 horas del 6 de enero de 2015, dos vehículos tipo Pick-Up con características similares a las utilizadas por la PolicíaFederal en las inmediaciones del palacio municipal.
Uso excesivo de la fuerza pública
La SEDENA y la Policía Federal aseguraron que siguieron protocolos para la detención de personas en Apatzingán el 6 de enero de 2015, sin embargo, la mecánica de lesiones reveló un uso excesivo de la fuerza pública.
El Ejército informó a través del oficio DH-I-7567, que ese día aplicó el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas; mientras que la Policía Federal mediante oficio PF/DGAJ/11349/2015, informó que aplicó seis procedimientos sistemáticos de operación: 1. Reacción inmediata, 2. Apoyo a operativos conjuntos, 3. Seguridad pública y Patrullaje, 4. Actuación contra la delincuencia organizada en zonas rurales, 5. Optimización de municiones durante un enfrentamiento y 6. Desplazamiento en convoy, y que la diligencia por parte de la “5ta. U.R.I” la comandó AR13.
La CNDH concluyó que en el momento de la detención de 8 personas, el personal de la Policía Federal y de la SEDENA empleó de manera excesiva la fuerza y las armas de fuego, “lo que puso en riesgo la vida de civiles que se encontraban, por diversas razones, en el lugar de los hechos, y afectaron su integridad física”.
Por lo que se acreditó que “los servidores públicos federales que participaron en el operativo produjeron lesiones innecesarias para su sujeción y/o sometimiento”.
Trato cruel, inhumano y degradante
La SEDENA ocultó las fotografías que tomó personal militar a los detenidos en el operativo de Apatzingán. La Cámara del C-4 registró a las 3:27 horas del 6 de enero de 2015, que un detenido al encontrarse bajo la custodia del personal del Ejército mexicano, se arrodilla ante personal militar quienes le toman fotografías, después al estar recostado gira y le toman otras fotografías, hecho lo cual lo auxilian para que se ponga de pie y lo conducen al vehículo militar del cual descendió.
La CNDH pidió investigar la conducta descrita, “toda vez que de las imágenes del C4 se acredita trato cruel, inhumano y/o degradante”.
Abusos y robo
Un vecino de Apatzingán levantó una queja contra elementos de la Policía Federal, ya que él y sus familiares fueron víctimas de golpes y robo, describió que el día de los hechos, su hijo, su sobrino y el amigo de ellos, quienes son menores de edad, circulaban en una camioneta tipo RAM, en compañía de otras dos personas, sobre la calle Cornelio Ortiz de Zárate, y que al pasar junto a camionetas de la Policía Federal, los elementos policiacos les apuntaron con sus armas, los bajaron de la camioneta, los golpearon a todos durante aproximadamente 20 minutos y les dijeron que si les sucedía algo a sus compañeros “los iban a matar”.
Después los llevaron afuera de la tienda OXXO, les cubrieron sus rostros con sus camisas y, al preguntarles su edad, hicieron que tres de ellos se ubicaran frente al OXXO por fuera de la Catedral, donde permanecieron hasta las 6:00 horas del 6 de enero, les dijeron que caminaran hasta el banco BANAMEX, lo cual hicieron y abordaron un taxi para regresar a su casa. El denunciante señaló que personal de la Policía Federal robó dinero a dos de sus acompañantes.
El Organismo nacional señaló que “lo anterior deberá investigarse por las autoridades competentes a fin de realizar el deslinde de responsabilidades que corresponda”.
-SEGUNDO EVENTO
Civiles Armados
En el parte informativo rendido el 7 de enero de 2015 suscrito por personal adscrito a la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata de la Policía Federal ratificó que los tripulantes de una camioneta blanca tipo Pick-Up y otra de color negro Acadia detuvieron su marcha y descendieron, al tiempo que realizaban disparos en contra de los policías federales.
Y agregaron que los Policías Federales repelieron la agresión, manteniendo un intercambio de fuego cruzado por aproximadamente 15 minutos.
Sin embargo, del acta de levantamiento de los cadáveres se desprendeque los cuatro occisos de la camioneta Acadia no poseían armas de fuego y tampoco se encontró algún arma cerca de sus cuerpos, aun cuando localizaron un fusil de asalto, el cual estaba fuera de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediato, es decir, en el interior del vehículo, además el cargador estaba desabastecido.
Del análisis de las fotografías que la procuraduría de Michoacán entregó a la CNDH se advirtió que en el área “pericircundante íntima” a los cuatro cuerpos únicamente se observaron palos y no armas de fuego cortas o largas, lo que permite considerar que los occisos se encontraban desarmados.
La CNDH consideró que “la PF incurrió en el uso excesivo de la fuerza pública, dado que las víctimas no opusieron resistencia ante la autoridad; gritaron y levantaron los brazos en señal de rendición y, tal y como se advirtió de la opinión de mecánica de lesiones emitida por este Organismo Nacional, los agraviados no realizaron maniobras de resistencia y la PF disparó en su contra, al menos en 49 ocasiones”.
Robo de armas de la escena
Elementos de la Policía Federal en un parte informativo señalaron que una camioneta tipo Pick-Up de color rojo, detuvo su marcha a la altura de la camioneta Acadia de color negro, y de la primera descendieron varias personas del sexo masculino, quienes realizaron disparos, al mismo tiempo que levantaron del suelo varias armas de fuego llevándoselas.
En el video de C4 de la cámara ubicada en la calle Luis Moya y avenida Constitución de 1814 Norte con vista al norte, se observó que una camioneta de color rojo arribó al lugar de los hechos a las 07:46 horas y se mantuvo estacionada a la altura de la sede de un partido político, después se observan personas que descienden de la referida camioneta y se retiran en dirección sur.
La camioneta permaneció en ese lugar, lo que desvirtúa la versión de la Policía Federal respecto a que vehículo de color rojo se detuvo a la altura de la camioneta Acadia, de la cual descendieron dos personas del sexo masculino y que levantaron del piso armas de fuego llevándoselas consigo.
Agresión armada
La CNDH evidenció una ejecución extrajudicial, la cual fue ocultada por las autoridades. En el parte informativo de la Policía Federal se indicó que “a fin de preservar el orden y la paz públicos, además de su integridad y estando en peligro real e inminente sus vidas”, los policías federales repelieron una la agresión, manteniendo un intercambio de fuego cruzado por aproximadamente 15 minutos.
Se comprobó V49 –quien viajaba en la camionera Acadia- no realizó maniobras de lucha o forcejeo, esto es, que no opuso resistencia alguna para ser sometido por los policías federales, la víctima recibió 14 impactos de proyectil de armas de fuego.
El peritaje exhibió que “la herida producida por el proyectil que impactó en la mejilla izquierda y salió en la parte frontal del cráneo, la que provocó la muerte, haciendo la precisión que la lesión referida y otra en la cara anterior externa tercio proximal de muslo izquierdo, de acuerdo a los trayectos de los proyectiles de arma de fuego, le fueron producidas mientras se encontraba caído, en tanto que su agresor estaba de frente y de pie respecto a la víctima, lo que evidencia la intencionalidad de privarlo de la vida, puesto que se encontraba neutralizado e indefenso”.
De acuerdo con la CNDH “los policías federales no debieron ejercer la fuerza letal contra V49, toda vez que de acuerdo con los testimonios de T9, T10, T45, T46 y T47, la declaración ministerial de V53 y la entrevista de V54 ante personal de esta Institución, V49 gritó que no se encontraba armado, no portaba armas y alzó las manos en señal de rendición, sin desconocer que la herida de proyectil de arma de fuego que le causó la muerte le fue producida cuando se encontraba en el piso”.
Aunque V49 resultó positivo en la prueba de rodizonato de sodio en la mano derecha, sin embargo, dicha prueba es orientativa, es decir, de ninguna manera se puede afirmar que usó un arma de fuego en el momento de los hechos, y no se encontró un arma de fuego dentro de su radio de acción.
El mexicano Francisco Colorado Cessa comenzó a ser juzgado de nuevo en una corte federal de Austin, seis meses después de que se anulara el fallo de culpabilidad y la sentencia por participar en una operación de lavado de dinero de la organización criminal “Los Zetas”, mediante la compra de caballos.
Colorado, de 55 años de edad, enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero, misma pena que le dictaron en septiembre de 2013 y que fue anulada por una corte federal de apelaciones.
En mayo pasado, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, concedió a Colorado la oportunidad de un nuevo juicio al considerar que el gobierno no sustentó las acusaciones de que el empresario participó voluntariamente en la conspiración para el lavado de dinero.
El caso contra Colorado se desprende de una acusación presentada por un gran juradofederal en Texas en junio de 2012, contra 14 sospechosos de conspirar para lavar parte de las cuantiosas utilidades que obtienen “Los Zetas” por el tráfico de drogas.
De los 14 acusados, nueve fueron detenidos en Estados Unidos. El líder de la pandilla, Miguel Ángel Treviño Morales, quien también estaba enlistado en la acusación fue aprehendido el 15 de julio 2013 en México y otros cuatro más permanecen prófugos.
A lo largo del juicio, los procuradores federales argumentaron que desde 2008 hasta 2012, los presuntos conspiradores habían blanqueado millones de dólares mediante el uso de dinero de la droga para comprar caballos de carreras a través de empresas fantasmas, para pagar por sus gastos y sobornar a personal de las pistas de carreras.
Chris Flood, el abogado defensor de Colorado, dijo en su presentación inicial del caso al comenzar el segundo juicio contra su cliente este lunes, que el grupo delictivo forzó a Colorado a participar en el esquema de lavado de dinero adquiriendo caballos cuarto de milla.
Flood insistió en que “Colorado era un hombre de negocios” y pagó por los caballos utilizando su propio dinero, de procedencia legítima.
Sin embargo, el procurador federal Douglas Gardner, argumentó que Colorado sabía que todo el dinero de los Zetas procedía de ganancias del tráfico de drogas y la extorsión.
Colorado tenía una estrecha relación con el líder de los Zetas, Efraín “Z-14” Torres, y utilizó el dinero de éste para construir su negocio y fue arrastrado a la trama por el dinero que le debía, dijo Gardner.
En el juicio, la fiscalía planea llamar a testificar a más de 30 personas, varias de ellas entrenadores y compradores de caballos que trabajaron con Colorado y con José Treviño Morales, hermano del líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño.
José Treviño administraba las actividades de lavado de dinero en Estados Unidos, haciéndose pasar como “legítimo” propietario de caballos de carrera cuarto de milla.
El resultado del juicio será independiente a una sentencia de cinco años de cárcel impuesta a Colorado en febrero de este año, por intentar sobornar con un millón de dólares a un juez federal. Con información de Notimex/
El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa anunciaron el nacimiento de su hija, Max, así como planes para donar la mayor parte de su riqueza, unos 45 mil millones de dólares, a una nueva organización dedicada a combatir una amplia gama de enfermedades a nivel mundial.
La esposa de Zuckerberg, Priscilla Chan, dio a luz la semana pasada. La pareja no dio a conocer la noticia hasta que Zuckerberg envió un mensaje el martes, obviamente, en Facebook.
En ese mismo mensaje, Zuckerberg dijo que Chan y él comprometerán el 99% de sus acciones en Facebook para causas como el combate a las enfermedades, mejoría en la educación, aprovechamiento de energías limpias, la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad en los derechos. Formarán una nueva organización de nombre Chan Zuckerberg Initiative, con la cual buscarán alcanzar sus metas.
La banda de extranjeros y mexicanos, desarticulada por la PGJDF el fin de semana, hizo retiros durante dos días; la lideraba un venezolano.
La banda de extranjeros y mexicanos clonadores de tarjetas desarticulada este fin de semana por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF), logró de alguna forma infectar el sistema de cajeros automáticos de Banamex.
Gracias a ello, durante dos días pudieron hacer retiros individuales de entre 20 y 30 mil pesos con las falsas tarjetas que tenían, cuando el máximo que está programado en cada cajero debe ser de 6 mil pesos.
De acuerdo con reportes de la SSP-DF y de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que ahora indaga el caso, los clonadores venezolanos, rumanos, colombianos, cubanos y mexicanos fueron alertados desde la noche del jueves por uno de sus líderes.
Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana, que es quien les da todos los plásticos y la información que necesitan para hacer retiros bancarios o, en su caso, realizar compras en algún negocio. Esta persona se encuentra libre. Fue él quien desde la medianoche del jueves les informó a sus cómplices sobre la falla que habían logrado en los cajeros automáticos de Banamex, para que pudieran hacer los retiros de efectivo.
Las autoridades que participaron en los operativos de detención descubrieron que hubo quienes sacaron en un solo cajero hasta 200 mil pesos, en diferentes momentos.
Según el reporte que forma parte del expediente FACI/T3/115/15-01, en las detenciones efectuadas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, también se capturó a un hombre originario de Cuba. El clonador identificado como Oiledi Pineda Reyes obtuvo 20 mil 500 pesos en una hora. El hombre se encontraba retirando dinero con un par de tarjetas Banamex del cajero automático que se encuentra en ubicado en Insurgentes y Baja California, se detalla en el informe.
Debido a que estuvo durante un tiempo prolongado, las autoridades lo consideraron sospechoso y al lugar enviaron a una patrulla. Al ver a los agentes, el hombre salió aprisa, pero una calle adelante fue detenido. Ahí le decomisaron las tarjetas y el dinero que había sustraído.
En seis horas, los elementos de Seguridad Pública lograron detener a 13 venezolanos, dos búlgaros, un colombiano, un rumano, un cubano y 12 mexicanos.
En la más reciente encuesta del periódico Reforma, difundida este martes 1 de diciembre, se apunta la calificación que el presidenteEnrique Peña Nieto obtiene a la mitad de su sexenio: 4.9.
El mandatario tiene una aprobación de 39 por ciento, frente a una desaprobación de 58 por ciento de los ciudadanos. La encuesta señala que EPN tiene una mayor aprobación entre la ciudadanía (39%), que con los líderes de opinión (21%).
Hombres armados al servicio de Luis Antonio Torres González “El Americano”, ex líder autodefensa y actualmente vinculado con el narcotráfico, iniciaron este medio día el bloqueo de diversas carreteras en la región de Tierra Caliente.
Los bloqueos se registran en vialidades que comunican los municipios de Apatzingán, Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, donde los hombres de “El Americano” cortaron la circulación utilizando tractocamiones, autobuses y otros vehículos. Los responsables se retiraron de los bloqueos pero las unidades permanecen en los distintos puntos.
De acuerdo a fuentes internas del gobierno estatal, los integrantes del grupo autodenominado “H-3”, que encabeza “El Americano”, bloquearon las carreteras tras el asesinato de uno de sus compañeros, ocurrido el pasado domingo en el municipio de Buenavista Tomatlán.
El pasado 10 de noviembre hombres de “El Americano” también bloquearon las carreteras de Tierra Caliente tras el asesinato de dos de sus colaboradores.
David Korenfeld, antiguo colaborador de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, cobró notoriedad en marzo de este año, cuando era director de la Conagua y utilizó un helicóptero oficial para dar inicio a unas vacaciones con su familia. El escándalo derivado de la difusión de ese abuso culminó con la renuncia del funcionario. Pero ahora un anónimo “mexicano indignado” revela otro caso –confirmado con fuentes de la SRE– que empaña más el sexenio peñanietista: la esposa de Korenfeld fue enviada como empleada del consulado mexicano en San Diego con uno de los salarios más altos para personal de la Cancillería… Pero ella simplemente nunca se presenta a trabajar.
WASHINGTON.- Sandra Kershenobich, esposa del exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) David Korenfeld, percibe desde julio pasado un salario mensual de 4 mil 995 dólares como “agregada administrativa C” del consulado general de México en San Diego, California, aunque a laborar en la sede diplomática sólo se presentó una semana, denuncia un “mexicano indignado” y confirman funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Pese a los escándalos de corrupción, conflicto de interés y abusos de autoridad que se han destapado durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, los amigos, colaboradores y exfuncionarios –o sus cónyuges– del mandatario siguen gozando de los privilegios que les brinda el erario.
“De forma sigilosa, desde julio de 2015, la Secretaría de Relaciones (Exteriores) ordenó al consulado de México en San Diego la contratación como ‘agregada’ de la esposa de David Korenfeld, Sandra Kershenobich”, dice la breve carta que recibió la semana pasada la oficina de Proceso en Washington, firmada por “un mexicano indignado”.
La carta –aunque no está fechada, por el sello del servicio postal se sabe que fue enviada desde San Diego– hace las siguientes anotaciones sobre los beneficios de la esposa del exdirector de la Conagua: “Sueldo de más de 5 mil dólares, visa americana y pasaportes diplomáticos para toda la familia, coches con placas diplomáticas, seguro médico, etc.”
Varios funcionarios de la SRE en la Ciudad de México, consultados telefónicamente por el reportero, confirmaron la asignación al consulado mexicano de Sandra Kershenobich.
“Sí, efectivamente, la señora Kershenobich está registrada en el consulado como empleada técnico-administrativa desde julio de 2015, pero su sueldo no es superior a los 5 mil dólares; gana 4 mil 500 dólares al mes”, dice a Proceso uno de los cuatro funcionarios de la Cancillería consultados…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2039 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
México tuvo durante los últimos ocho años el séptimo deterioro de paz más grande en la historia del Índice de Paz Global (IPG) debido a los conflictos internos y la percepción de la delincuencia exhibió el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) en su índice 2015.
El IPG se publicó por primera ocasión en el 2007 y de acuerdo con lo reportado, en estos ocho años en la historia del IPG la paz en el país se deterioró 24% debido, principalmente, “al agravamiento en los indicadores que miden las muertes por conflictos internos, los conflictos internos combatidos y la percepción de la delincuencia”.
México se encuentra en el puesto 144 de 162 países medidos en el Índice de Paz Global de este año, en donde el uno es el mejor calificado y el 162 el peor. Es el país menos pacífico de la región Centroamérica y el Caribe, por debajo de Venezuela, nación que se sitúa en el escalafón número 142, y por encima de Colombia, ubicado en el 146.
El IPG reporta que éste fue el séptimo deterioro de paz más grande en la historia de dicho índice. El equipo de investigadores estimó que el impacto económico que implicó contener y manejar las consecuencias de los niveles de violencia de México le costó a la economía nacional 221.4 billones de dólares en el 2014. Esto equivale a 10.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, o a 1,810 dólares por persona.
El documento arroja que el precio de la violencia para la economía en México se encuentra en el puesto seis de los costos más altos del mundo y en el puesto 27 de los más altos per cápita.
De acuerdo con las cifras analizadas por el (IEP), la tasa de impunidad en homicidios empeoró en 24 de los 32 estados del país en el último año. En estados como Guerrero, Morelos y Chihuahua el porcentaje de homicidios impunes es de 89.
Los tres factores de paz positiva más débiles en México son: bajos niveles de corrupción, buen funcionamiento del gobierno y buenas relaciones con los vecinos; es decir, la participación ciudadana.
Los investigadores del Instituto para la Economía y la Paz han examinado el comportamiento de la paz en México en un periodo comprendido entre el 2003 y el 2014.
De acuerdo con la línea de tiempo de este instituto, a la llegada del presidente Felipe Calderón al poder, finales del 2006, hubo una intensificación de la guerra en contra de las drogas. Para el 2008 eran miles los que se unían a una protesta histórica en contra de la violencia de la guerra contra el narco.
A inicios del 2009, el Ejército ya estaba en Ciudad Juárez debido a una escalada de violencia, y en el 2010 comenzaron a aparecer grupos de autodefensa.
En el 2011 hubo una leve mejoría de la paz en México (1.4%) y en el 2012, último año de Calderón fue de 6% la mejora.
En el Índice de Paz Global de 2013 (primer año completo gobernado por Enrique Peña Nieto que asumió el poder en diciembre del 2012), México ocupó el sitio 133 de 162 naciones medidas tomando en cuenta 22 indicadores.
Hacia el año siguiente el país se ubicó en el lugar 138 y en la edición 2015 se colocó en el puesto 144 tomando en cuenta 23 indicadores.
El IPG mide conflictos internos e internacionales actuales, la seguridad y la protección en la sociedad, así como la militarización en 162 países; en total, 23 indicadores.
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