La delincuencia organizada tiene repartidos todos los municipios de Guerrero o se los disputa, pero se fortalece aún más con extorsiones a los presidentes municipales y a los constructores que realizan obras del gobierno. Los más afectados, como siempre, son los pobladores. Por eso cobran dimensiones alarmantes las denuncias de dirigentes del PRD sobre los presuntos acuerdos del gobernador priista Héctor Astudillo con el crimen organizado para intercambiar apoyos electorales por impunidad.
Convulsionado por el hallazgo de decenas de fosas clandestinas y la desaparición de los estudiantes normalistas, el estado de Guerrero enfrenta un “reacomodo” del crimen organizado a partir de que el priista Héctor Astudillo llegó a la gubernatura el pasado 6 de junio.
Además, los nueve grupos criminales que se disputan el territorio siguen exigiendo a los alcaldes entrantes un “derecho de piso” de 15% de los fondos que les entrega la federación; de lo contrario comienzan las amenazas, el cierre de los establecimientos que tengan y, finalmente, sus vidas penden de un hilo.
Es el caso del presidente municipal perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, quien le arrebató el municipio al PRI en junio pasado. Apenas asumió el cargo, Los Caballeros Templarios –que según un documento oficial no dominan esa zona– le exigieron 3 millones de pesos. Soto se negó a pagar.
Después de casi dos meses recibió la amenaza: o entregaba el dinero o “clausuraban” dos de sus comercios. El mensaje de texto fue el siguiente:
Buenaz nochez sr komo ezta? Oiga d favor ze le pidió d favor qce arrime a platikar, noc aarrimo, ez en buen plan i usted no kiere, me komenta mi apa q para mañana lunes kiere loz 3 millonez akordadoz, ia ez mucho tiempo, d lo kontrario si paza un día zera lo doble.
Soto volvió a negarse. El pasado lunes 23 Los Caballeros Templarios cerraron las dos refaccionarias del alcalde.
En entrevista con Proceso, Soto recuerda que cuando Carlos Navarrete era presidente nacional del PRD, le sugirió denunciar el caso ante Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad. Así lo hizo y el funcionario se comprometió a tomar medidas preventivas, pero nada ocurrió. Ante la inacción de la autoridad federal, Soto puso “a disposición de la dirigencia nacional” del PRD la presidencia municipal, aunque sigue despachando en Ciudad Altamirano, en Pungarabato.
Agustín Basave y Beatriz Mojica, presidente y secretaria general del PRD, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República medidas cautelares para el alcalde, además de hacer responsables a las autoridades federales de la vida de Soto y su familia.
Para este año la federación destinó a los 81 municipios de Guerrero poco más de 4 mil millones de pesos a través del Ramo 33. Si los extorsionadores demandan una cuota de 15%, esto implica que el gobierno federal “subsidia” al crimen organizado con 600 millones de pesos.
Esto, además de la cuota de 50 mil a 100 mil pesos que los delincuentes exigen a los pequeños comerciantes y al 20% que se les exige a los constructores por las obras estatales y federales que realizan en los municipios, como admiten algunos empresarios que pagan la extorsión con tal de seguir trabajando.
Templarios, La Familia, Guerreros…
Los peores enfrentamientos ocurren en dos de las seis regiones del estado: Centro y Tierra Caliente.
En el segundo, Guerreros Unidos entraron a disputar a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios los territorios que dominaban.
En un mapeo elaborado por autoridades del estado y del cual Proceso tiene copia, se considera que, en Tierra Caliente, los municipios de Zirándaro y Coyuca de Catalán están controlados por Los Caballeros Templarios; Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala y Arcelia por La Familia Michoacana, mientras que Cutzamala se la disputan Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana; y Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Teloloapan se los pelean La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.
Constructores radicados en el estado y que han ganado licitaciones de obras estatales y federales, relatan que después de una semana que las bandas criminales detuvieron los trabajos, tuvieron que pagar 150 mil pesos en Tlalchapa. “Ahí fue La Familia”, señala uno de los entrevistados.
A decir de la dueña de una constructora, “Los Templarios” le quitaron parte de la maquinaria que utiliza en una obra federal en Cutzamala. Le exigieron primero 20% del presupuesto, y luego, sucesivamente, 15, 12 y finalmente, “para arrancar otra vez la obra”, recibieron 7%, es decir 400 mil pesos. “Pero no sé si regresarán”, dice la empresaria.
Este semanario documentó el 26 de octubre de 2014 que la empresa Coconal denunció ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el secuestro de trabajadores, detención de obras y cobro de “derecho de piso” por el crimen organizado (Proceso 1982).
El alcalde de Pungarabato asegura que también sus ocho colegas de Tierra Caliente enfrentan la exigencia de pagar 15% de las participaciones federales del Ramo 33.
Explica que a su ayuntamiento le corresponden 21 millones de pesos de esa partida por año. El 15% es de 3 millones 150 mil pesos, pero por esta ocasión le exigieron sólo 3 millones.
El Ramo 33 del Presupuesto de la Federación, que cada fin de año autoriza el Congreso de la Unión, es dinero destinado a estados y municipios a través de siete fondos. Uno de éstos se destina al pago de la nómina educativa y gasto operativo de escuelas; otro, para los servicios de educación tecnológica y educación para adultos; y existen otros para obras en beneficio de población en pobreza extrema, el pago de obligaciones financieras (como deudas), apoyos alimenticios, seguridad pública e infraestructura física.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Congreso y las autoridades del estado deben auditar los recursos que se entregan a los estados y municipios, en este caso los poco más de 4 mil millones de pesos para Guerrero. Además, tienen que entregar un reporte trimestral a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que maneja la mayoría de los programas sociales.
–¿Y cómo justifican ese dinero? –se le plantea al alcalde de Pungarabato.
–Aumentas el costo de las obras, reportas obras inconclusas, inflas los costos, por eso varios expresidentes municipales tienen problemas de comprobación del gasto.
Este semanario dio cuenta de que se inflaron los costos de obras federales realizadas en Guerrero debido al cobro de cuotas por el crimen organizado (Proceso 1982).
En el Ramo 33 se establece que los recursos de los siete fondos “se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población”.
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, originaria de Pungarabato, sostiene que la extorsión de las organizaciones criminales afecta directamente a la población,
Soto señala que la cuota de 15% de los fondos federales se pide “desde hace seis u ocho años; se están acabando la región y la gente no ha dimensionado este problema”.
Relata que en Tierra Caliente se cometen secuestros, extorsiones, cierre de negocios y desplazamiento de ciudadanos. Revela que su municipio tenía más de 50 mil habitantes y ahora son 46 mil: “En lugar de crecer, decrece”.
Preocupado, dice que si a él le han exigido esa cuota, a los comerciantes les piden de 50 mil a 100 mil pesos. “Amenazan, balacean el negocio o lo cierran. Por eso mucha gente se ha ido o ha cerrado sus negocios por sí misma”.
Pese a que continúa ejerciendo la autoridad, Soto dice: “No puedo seguir así, no hay condiciones. ¿Pero qué hago? No voy a hacer tratos con ellos. ¿Si agarro dinero y el gobierno federal nos ve? Me va a pasar lo que al presidente de Cocula “(que fue detenido cuando estaba con miembros de Guerreros Unidos).
Si se suma el 15% que exige a las presidencias municipales, el 10% a los constructores de obra local e igual porcentaje a la obra estatal, el crimen organizado se lleva en Guerrero 35% del presupuesto.
La perredista Mojica comenta que esto no sólo ocurre en Tierra Caliente, sino en toda la entidad, por eso reclama al gobierno federal que no haya actuado hace un mes, cuando la entonces dirigencia nacional de su partido y el alcalde de Pungarabato denunciaron la extorsión ante Renato Sales.
Añade: “Pero además se pide el dinero del Ramo 33, que es uno de los presupuestos más importantes para los ayuntamientos. Es de ahí de donde sale el dinero para obra pública, para seguridad, con esto se paran los municipios. Y si hacemos cálculos vamos a estar hablando de cantidades millonarias que se están entregando a los grupos criminales”.
“José”, “El Quille” y Astudillo
Las amenazas le llegaron a Soto de parte de quien se hace llamar “José”, “El J”, “José Pineda” o “Rodolfo Maldonado Bustos”.
De acuerdo con el reporte de la Sedena fechado el 22 de octubre de 2012, “José Pineda González y/o Rodolfo Maldonado Bustos (a) Don José, es lugarteniente de Gregorio Abeja Linares alias El Güero Abeja, jefe regional de Tierra Caliente en Guerrero por parte de Los Caballeros Templarios”. Ambos lograron huir de un operativo realizado el 16 de octubre.
Reportes elaborados por el gobierno del estado, fechados en octubre de 2015, ubican a “Gregorio Abeja Linares con el alias de El Güero y como uno de los líderes de todo el grupo criminal luego de que Enrique Plancarte fue abatido, Servando Gómez detenido y José Samer abatido”.
El mismo documento ubica a Euclides Camacho Goicochea, El Quille, como encargado de la Costa Grande de Guerrero, en el municipio de Atoyac de Álvarez. Otros lo ubican como “el operador financiero” de Los Caballeros Templarios.
El Quille es hermano del político experredista y hoy simpatizante del PRI Elí Camacho Goicochea, que de 2009 a 2012 fue presidente municipal de Coyuca de Catalán, y el 9 de octubre de 2012 aceptó que se vio obligado a realizar “acuerdos” con el crimen organizado, según reveló el corresponsal de Proceso en el estado, Ezequiel Flores.
Elí Camacho fue diputado local de 2012 a 2015. En el primer año, cuando fue vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso local, reconoció que tuvo que dialogar con bandas delictivas: “No hice pacto con las organizaciones, simple y sencillamente estuvimos platicando, poniéndonos de acuerdo, que ellos trabajaran en lo de ellos y nosotros en lo nuestro, na’más acuerdos”.
Y añadió: “Cuando fui presidente municipal (por el PRD) también tuve ese tipo de problemas. La mayoría de los exalcaldes que salimos recientemente tuvimos ese tipo de problemas y los nuevos alcaldes tienen ese tipo de problemas, pues los grupos del crimen organizado están en todos los municipios, en todas partes; incluso hay municipios que tienen dos o tres grupos”.
Actualmente Coyuca de Catalán es gobernada por el priista Abel Montufar Mendoza. Elí Camacho apoyó su candidatura y la del candidato del mismo partido para alcalde de Pungarabato, René Gómez Medina, que perdió ante Soto, el experredista Elí Camacho los apoyó en su candidatura el 25 de mayo, incluso dijo que le daría 2 mil 500 votos.
El 25 de mayo, Elí Camacho prometió darle 2 mil 500 votos a Gómez Medina y manifestó su respaldo al entonces candidato del PRI a gobernador, Héctor Astudillo. Hoy Camacho Goicochea es considerado por políticos locales como “asesor” de Astudillo aunque no figura como tal oficialmente.
El hermano de Abel Montufar Mendoza, Erit, pretendió ocupar la fiscalía del estado pero antes de inscribirse en la contienda fue impugnado por el diputado local Ricardo Mejía Berdeja, quien señaló que durante su gestión como director de la Policía Ministerial aumentaron los asesinatos y la mayoría quedaron impunes, entre ellos el del legislador perredista Armando Chavarría Barrera.
El 8 de junio, la dirigencia nacional del PRD y su excandidata al gobierno del estado Beatriz Mojica denunciaron que el crimen organizado actuó en favor del priista Héctor Astudillo. Una semana después presentaron ante la PGR una denuncia formal, pues había “indicios” de que el aspirante del PRI selló acuerdos de impunidad con los criminales a cambio de apoyos.
Además de las tres organizaciones delictivas mencionadas, en Guerrero operan otras seis: Los Rojos, Los Ardillos, Los Carrillos y Fuerza Guerrerense, que es una alianza entre el grupo local Los Granados y El Cártel de Jalisco Nueva Generación. Según documentos elaborados por el gobierno estatal, aunque los territorios están delimitados, al menos 11 municipios están en disputa.
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