Era 14 de mayo de 2014. Había un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.
Arturo Escobar caminaba por los pasillos de San Lázaro hasta llegar a su oficina y de ahí se pasaba a su curul.
A la hora de someterse a votación la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la línea en el Partido Verde Ecologista de México era votar a favor de la misma.
Al final de la discusión, se aprobó en lo general con 384 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones. 23 votos en pro fueron de diputados del PVEM, entre ellos Escobar.
Algunos artículos fueron reservados, pero hubo ya pocos cambios. La votación fue similar:362 a favor, 29 en contra y 11 abstenciones. 98 diputados ya se habían retirado.
Quien siguió en la sesión fue Escobar. No dudó en votar nuevamente a favor. Otra vez fueron 23 votos de legisladores del Verde, a favor de esa ley.
Los votos en lo particular fueron a favor de los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 24 y tercero transitorio.
Es precisamente el artículo 15 el que presuntamente habría violado el propio Escobar, al firmar contratos para repartir Premia Platino antes de las elecciones de junio pasado:
Dicho artículo dice:
Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.
“Las tarjetas Premia Platino son un buen ejemplo de esto, era una prestación que se le daba a las personas que recibían la tarjeta, para obtener descuentos no inmediato sino mediato, algo directo, respecto al beneficio que podrían obtener las personas cuando acudían a los centros comerciales al presentar estar tarjetas y esa es una situación prohibida por la ley, la ley lo prohibió y eso equivale a entrar en el tipo delictivo del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece que no se pueden realizar, ni destinar, ni recibir aportaciones en dinero o en especie”, dijo Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en entrevista paraAristegui CNN.
De acuerdo con su página de internet, con dicha tarjeta se obtienen descuentos, al presentarla “en los negocios afiliados y recibes el descuento o beneficio de acuerdo a lo publicado en el directorio de Descuentos“.
El Partido Verde entregó miles de ellas. Incluso, hasta con nombre de la persona a la que estaba dirigida.
Incluso, la ex pareja del presidente Enrique Peña Nieto, Maritza Díaz, recibió una:
Las denuncias sobre el reparto masivo de estas tarjetas del Verde llegaron a la mesa del Instituto Nacional Electoral el pasado viernes 6 de marzo.
Quien hizo pública la denuncia fue Horacio Duarte, del Movimiento de Regeneración Nacional: “Hoy una nueva tarjeta de descuentos que se manda por parte del Partido Verde Ecologista de México, mensajes de celular del número 356991899022, que están mandando mensajes SMS, el reparto de calendarios con el uso de la base de datos del Padrón Electoral, son todos estos elementos claramente identificados que son el desafío a la autoridad, son el desafío al Instituto Nacional Electoral, que pasivamente regresa y toma acciones cuando se ha afectado, se ha trastocado la equidad en la contienda.. el problema no es el Partido Verde Ecologista de México… no es con sus dirigentes, es lo de menos, el problema es, al servicio de quién está el Partido Verde Ecologista de México, al servicio de quién los patrocina, les genera un manto de impunidad y los va a utilizar para que, según ellos, logren su ansiada mayoría en la Cámara de Diputados, es para el Partido Revolucionario Institucional, están al servicio del Partido Revolucionario Institucional y de Enrique Peña Nieto”.
En tanto, el perredista Fernando Belaunzarán comentó: ”Me preocupa ver hasta dónde está llegando el Partido Verde Ecologista de México, con su insolencia, con su desafío a las instituciones; efectivamente, aquí está ya su tarjeta de descuento, descuento de 10, 15, 20 por ciento, lo cual es apoyo en especie y está también prohibido en la legislación; ¿por qué generar este problema electoral, por qué generar este elemento de descomposición, de enturbiamiento? Eso es lo que yo estoy tratando de buscar, un razonamiento, ¿cuál es su lógica?, ¿por qué desafiar así a las instituciones, a la ley?, ¿por qué estar de esta manera golpeando y convirtiéndose en el protagonista de la campaña electoral?”.
Al respecto, el panista Javier Corral señaló: “El Partido Verde Ecologista de México es un partido político consuetudinario del vicio tramposo, es adicto a la violación legal, ha desafiado al Instituto Nacional Electoral con todo tipo de conductas, desde esta propaganda electoral, disfrazada de informes legislativos, el manejo de los programas sociales en los que llegó al extremo de incorporar en su propaganda al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ni más ni menos, en el peor de los usos y manipulaciones electorales de programas sociales, también usa el Padrón Electoral, pero, también da ahora tarjetas de descuento.
“Ahora ofrece, a través de una tarjeta que circula ya en estos días, como lo dijo Horacio Duarte… descuentos en no sé cuántos establecimientos del país, cerca de 8 mil, otra vez, violentando abierta y directamente la reciente Reforma Electoral, que en el artículo 209, en el apartado 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohibió las condonaciones en especie, para incluso, otorgar beneficios directos o indirectos porque es una conducta desafiante, es una conducta impune, y lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿en dónde basa el Partido Verde Ecologista de México su impunidad? Por supuesto, que no sólo en su aliado, hoy absolutamente demeritado, no solamente en el poder del Presidente de la República, hoy debilitada su imagen, por los suelos en materia de credibilidad, tan es así, que él mismo lo ha tenido que reconocer en el Reino Unido. Basa su impunidad en el poder de Televisa, en el cañón del Canal 2″, acusó.
A las denuncias de los políticos se sumaron ciudadanos que protestaron por el uso de sus datos.
Por lo pronto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales consignó ante un juez a Arturo Escobar, contra quien solicitó se gire una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en la violación a un artículo de una ley que él mismo aprobó. El juez tiene diez días para definir qué procede. Sin embargo, el titular de la FEPADE reconoció anoche en CNN que “los delitos electorales no son delitos graves”.
Pero hay más.
Otra empresa con la que firmó contratos Escobar, para transmitir los llamados cineminutos, es de su propia familia.
Se trata de Rabokse (Escobar al revés, pero con la letra K), propiedad de Adrián Escobar y Vega, quien es hermano del ex diputado del Verde. En agosto pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoal investigar a dicha empresa Rabokse. Esa investigación sigue su propio curso.
Tras varios meses de propaganda del Partido Verde en el cine y en las calles, en marzo pasado, el Tribunal Electoral razonó que había toda una estrategia publicitaria del PVEM.
Después de los cineminutos, las bardas, los espectaculares, las tarjetas, los boletos de cine regalados, lentes gratuitos, siguieron los kits escolares y las mochilas del Verde. En las elecciones del 7 de junio, ese partido obtuvo 2 millones 758 mil 152 votos, lo que lo colocó en quinto lugar a nivel nacional; no obstante, por su alianza con el PRI, fue el cuarto partido mejor posicionado en la Cámara de Diputados.
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