La corrupción en México, a diferencia de otros países, queda impune. Así lo afirman especialistas en el tema y organizaciones que han detectado que mientras continúe este daño –que podría costar hasta el 9 por ciento del PIB nacional– el país no prosperará.
Las cifras del costo económico que tiene la corrupción en México varían de acuerdo con diversos estudios, pero en todos ellos las pérdidas para el país significan cifras multimillonarias. El brazo financiero del Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional, estimó que esta práctica podría ser equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) registra que podrían estar entre el 2 y 10 por ciento del PIB.
El Banco de México (Banxico) coincide en que los costos pueden representar el 9 por ciento, lo que equivale a 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco Mundial también considera esa cifra y agrega que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en la última década para desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el Gobierno federal.
El daño, sin embargo, puede ser más grande si se toma en cuenta que frena el desarrollo de la economía, derrota el emprendedurismo, disminuye la productividad, favorece el rentismo e inhibe la inversión.
Además genera desencanto con la democracia, debilita a las instituciones, fomenta el clientelismo y daña la crediblidad; pero también disminuye el bienestar social, reduce la eficiencia del gasto, agrava la desigualdad, limita la movilidad y obstaculiza la justicia.
Todos estos riesgos fueron plasmados en el estudio “La corrupción en México: Transamos y no avanzamos” del IMCO, ante lo que los realizadores consideraron, con base en ellos, que está actividad se convirtió en el “enemigo público #1”.
El gerente general de la Corporación Financiera Internacional, Ary Naim, opinó: “Es inmenso, es masivo. Entonces no hay duda alguna de que México tiene una calificación baja en el índice sea cual sea este”.
En ese contexto, el Índice de Competitividad Internacional 2015 colocó a México una posición arriba de la que tenía, al pasar del lugar 37 al 36, entre los 43 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el rubro en el que salió peor evaluado fue en el de Estado de Derecho, en el que se encuentra entre los últimos tres puestos, precisamente por la corrupción.
Para los especialistas, la corrupción no es un asunto exclusivo de México. Existen otros casos como en Brasil o en Chile, en el que se denunció que funcionarios estuvieron involucrados en estas prácticas; sin embargo en estos hubo reacciones, sanciones y procesos que aún están en desarrollo
“La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí [...] la diferencia es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. Mientras aquí la impunidad sea la regla, en lugar de la excepción, México no podrá romper con la tradición que más enferma nuestra vida pública y nuestro potencial de prosperidad””, afirmó Juan Pardinas, director general del IMCO.
De acuerdo con el informe, en los últimos 16 años, se han reportado aproximadamente 272 escándalos de corrupción tan sólo para los gobernadores y de éstos, el 91.7 por ciento han quedado sin castigo (251 casos), mientras sólo 21, el 8.3 por ciento, tuvieron algún tipo de sanción.
Todo esto, como dicen las especialistas, causan un desencanto social y deterioran la imagen de México en el extranjero, pero también frena de distintas maneras el desarrollo y crecimiento del país.
Viridiana Ríos, directora del Observatorio México ¿Cómo Vamos?, dijo a SinEmbargo en días pasados que “la razón por la que México paso a ser el ‘Mexico dream’ al inicio de este sexenio al ‘México de Ayotzinapa’ es precisamente porque descubrimos escándalos de corrupción que no nos esperábamos”.
La aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto cayó en picada luego de que se dieron a conocer escándalos de corrupción como los casos “casa blanca”, el de la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL) o el del tren México-Querétaro, pero desde hace años que se enumeran situaciones en los que la corrupción ha sido protagonista.
SinEmbargo realizó un recuento de 10 casos emblemáticos que han estallado o continuado en los tres primeros años del actual sexenio, y en los que han sido involucrados el propio Presidente de México y su familia, secretarios de Estado, Gobernadores y ex altos funcionarios del Gobierno federal.
En el escándalo de supuesta corrupción que involucra a la empresa española Obrascón Huarte Laín (OHL) y principalmente algunos funcionarios mexiquenses, pero también del Gobierno federal, destaca el nombre de Apolinar Mena Vargas. Él, como Secretario de Comunicaciones de la administración de Eruviel Ávila Villegas, renunció a su cargo debido a la filtración de los primeros audios en los que se evidenciaba la colusión entre directivos de OHL con los mexiquenses para obtener beneficios con el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.
Cuatro meses después, Mena Vargas regresó al Gobierno estatal como Secretario Técnico del Gabinete y posteriormente, la semana pasada, se volvieron a filtrar grabaciones en las que intenta falsear cifras para obtener dinero del Edomex en un nuevo proyecto que parece ser el Mexibús.
En mayo de este año, a través de una cuenta de Youtube, se dieron a conocer varios audios en los que se reveló el supuesto caso de corrupción entre OHL y Apolinar Mena para inflar los precios del Viaducto, una concesión que le fue otorgada a la empresa española en 2008, cuando el ahora Presidente Enrique Peña Nieto era Gobernador del Edomex.
Durante 15 años, OHL ha sido beneficiado por grandes contratos. Los proyectos que tiene actualmente en el país le otorgan anualmente el 15 por ciento de sus ganancias a nivel mundial (524 millones de euros) e incluyen seis autopistas de peaje, ubicadas en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos –Distrito Federal, Estado de México y Puebla– que representan el 31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y pese a que Gerardo Ruiz Esparza (SCT), Emilio Lozoya Austin (Pemex) y Enrique Ochoa Reza (CFE), así como el Gobernador Eruviel Ávila han sido involucrados, no ha habido sanciones por el caso.
Una investigación realizada en noviembre de 2014 por el sitio Aristegui Noticiasevidenció la relación entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Higa. Los periodistas Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán informaron sobre una casa en la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
La residencia –con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, según un avalúo independiente contratado para el reportaje del medio– es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, pero que la Primera Dama Angélica Rivera se encontraba en proceso de adquirir.
Grupo Higa es una empresa que ha sido beneficiada por el Gobierno federal con contratos millonarios, incluso una de las licitaciones más controversiales, la del tren México-Querétaro, se canceló días antes de que se diera a conocer el escándalo. Sin embargo, casi un año después, el Secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, aseguró que el tema es un caso “legalmente cerrado” por la administración federal.
Meses después de la revelación de la “casa blanca”, el diario The Wall Street Journalinformó que tanto una segunda residencia de Peña Nieto como otra segunda residencia del titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, ambas lujosas, habían sido compradas a otro importante empresario, Roberto San Román Widerkehr.
Videgaray había comprado la casa en Malinalco, en la entidad mexiquense, siendo ya Secretario, mientras que el actual Presidente mexicano la compró poco después de ser elegido Gobernador del Estado de México.
Las empresas de San Román, que hasta esa fecha no habían ejecutado ningún contrato público, lograron ganar varias licitaciones públicas mientras Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México por un valor de unos 100 millones de dólares.
Finalmente, la comisión encargada de investigar estos supuestos conflictos de intereses dictaminó que no se habían cometido irregularidades ni por parte del Presidente ni por parte de Videgaray.
En medio de las acusaciones por la “casa blanca”, el entonces Diputado federal y ahora Jefe delegacional de Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, Ricardo Monreal Ávila, acusó que el Gobernador poblano Rafael Moreno Valle entregó proyectos por más de 26 mil 212 millones de pesos en tres años, al empresario Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
La filial del Grupo Hermes, La Peninsular, y la filial de Higa, Concretos y Obra Civil del Pacífico, participan en la obra del Museo Internacional Barroco de Puebla, con valor de 7 mil 280 millones de pesos. De acuerdo con Monreal Ávila la construcción se pagará en 23 años, con pagos mensuales de 22.4 millones de pesos.
La obra se licitó bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios, lo que permite contratar empresas privadas para “la edificación de obra pública afectando el erario por décadas. El proyecto se autorizó por Banobras en 8 días, se solicitó el 20 de junio y se aprobó el 28 de junio de 2012, tiempo récord”, dijo.
Por este caso, pidió que se investigara la construcción de este museo porque “es una corrupción enorme, tráfico de influencias y conflicto de intereses”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, por presunto lavado de dinero por hasta 3.3 millones de dólares proveniente de posibles recursos ilícitos y sobornos de un contratista.
El pasado 5 de marzo, el diario The Wall Street Journal publicó un artículo sobre presuntos actos de corrupción en Sonora, principalmente por el posible pago de sobornos al Gobernador y a su hermano Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, los hermanos Padrés Elías presuntamente transfirieron 8.9 millones de dólares de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que Guillermo Padrés entró en funciones como Gobernador de Sonora en 2009, de la siguiente manera: 3.3 millones de dólares que habrían recibido de empresas de Mario Aguirre que ganaron contratos públicos con el Gobierno sonorense para proveer uniformes escolares, equivalentes a 20 millones de dólares.
El rotativo también indicó que 5.7 millones de dólares en 2012 a una cuenta bancaria en Estados Unidos, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. Posteriormente 522 mil dólares en otra cuenta en EU, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda.
Hace unos meses, SinEmbargo reveló que el 10 de junio de 2013, el Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, inició un trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Ciudad de México, para registrar la marca “Que el cielo vendida a Chihuahua” como un “aviso comercial” creado para la “gestión de negocios”, trabajos de publicidad, administración de comercios y demás trabajos de oficina.
El expediente quedó integrado con el número 83251, a nombre de César Horacio Duarte Jáquez. La dirección: Periférico de la Juventud número 8725, colonia Lomas Universidad, Chihuahua. En esa misma dirección, de acuerdo con el padrón de proveedores de la Secretaría de Hacienda de aquella entidad, está también registrada una compañía de servicios médicos que ha ganado contratos millonarios para surtir al gobierno del mismo mandatario.
La empresa se denomina “Servicios y Atenciones Médicas K”, y aparece en la relación de empresas que hacen negocios con el gobierno estatal con el número de registro A-32-27621. De acuerdo con Jaime García Chávez, autor de la investigación sobre el banco y de la denuncia ante Procuraduría General de la República (PGR), la oficina donde ahora está el negocio “Que el cielo bendiga a Chihuahua” es el domicilio fiscal generado para registrar algunas de las empresas que, de acuerdo con diversos indicios, podrían estar participando en un entramado de corrupción en beneficio de otros funcionarios estatales.
El año pasado, Luis Téllez renunció a su cargo como presidente del Consejo de Administración y director general de la sociedad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De acuerdo con una investigación realizada en Estados Unidos, él y Carlos Ruiz Sacristán participaron en una operación irregular.
Téllez Kuenzler es directivo de Sempra Energy Inc, una empresa acusada de delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y contrabando y cuya filial mexicana, Infraestructura Energética Nova (Ienova), es la única empresa en el sector energético que cotiza en la BMV y quien ganó uno de los primeros contratos requeridos por la actual Reforma Energética: la construcción de un gasoducto en el estado de Chihuahua, en la región de Ojinaga.
Sempra Energy es investigada por haber operado empresas offshore que no estaban reportadas al Departamento del Tesoro ni a la Comisión de Valores. Pese a esto, Luis Téllez fue nombrado como consejero independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, uno de los organismos emanados de la Reforma Energética, hasta el 2017.
Citigroup Inc informó en febrero de 2014 que descubrió un fraude en contra de su filial mexicana Banamex relacionado con la firma de servicios petroleros Oceanografía. La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó la intervención de la compañía y las investigaciones correspondientes, lo que puso en duda la forma en la que se habían otorgado a la firma contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios panistas.
La investigación de la PGR reveló una posible red de tráfico de influencias, en la que la se exponía que Oceanografía formaba parte de una red de complicidades entre funcionarios y ex funcionarios panistas durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, en la que estarían involucrados Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex Presidente Fox. Los directivos de la paraestatal habrían beneficiado ilegalmente a la empresa de Amado Yáñez Osuna, con la adjudicación de 321 contratos por 8 mil 744 millones de pesos en el periodo de 2010 y 2012.
Por el caso, Carlos Morales Gil, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), fue investigado por la PGR junto con 20 ex funcionarios más por el caso Oceanografía. Pero en febrero de 2014 renunció a su cargo a la paraestatal, justo antes de la discusión de la Reforma Energética, la prensa sospechó que se debió a la investigación al respecto, sin embargo poco después se dio a conocer que sería integrante de la nueva compañía petrolera mexicana Controladora Petrobal, del empresario Alberto Baillères González, que en septiembre obtuvo la cuarta zona contractual de la Segunda Licitación Pública Internacional de la Ronda Uno.
En 2012, una investigación de The New York Times titulada “El pasillo del soborno: ¿Cómo Walmart utiliza pagos para salirse con la suya en México?” reveló que Walmex habría pagado sobornos a las autoridades mexicanas para construir tiendas en el país.
El caso más controvertido en la investigación del diario estadounidense fue el de la instalación de la tienda en San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, que se dio cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad. También involucró al actual Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, y al entonces titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo.
De acuerdo con documentos en posesión del Congreso de EU, Walmart pagó cientos de miles de dólares en sobornos para obtener los permisos para construir su tienda en la zona arqueológica.
La revelación provocó que las acciones de Walmart cayeran alrededor de 5 por ciento y las de su filial en México bajaran 12 por ciento. Sin embargo, la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso que lleva más de tres años previó que las denuncias de corrupción podrían resolverse con una multa y sin la presentación de cargos criminales.
El 10 de abril de 2014, la fabricante de equipo de cómputo Hewlett-Packard (HP) llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar una multa de 108 millones de dólares, luego de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) descubrió casos de sobornos para conseguir contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en México.
Según un comunicado de la agencia estadounidense, HP en México pagó más de un millón de dólares en comisiones para obtener un contrato de un paquete de software con Pemex, lo que le generó ganancias ilícitas por 2.5 millones de dólares.
Un año después, Pemex reportó a la Comisión de Valores de EU que su Órgano de Control Interno no encontró ningún pago inapropiado por parte de Hewlett-Packard a empleados de la petrolera, pese a que el caso sigue abierto en el vecino país del Norte.
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Con información de Daniela Barragán y Xanath Lastiri.
