No sólo “El Chapo” está en la mira de las autoridades de México y de Estados Unidos.
Lo están también los penales federales donde están recluidos los capos más importantes del narcotráfico que han sido detenidos.
Además del operativo para la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, en el que oficialmente están involucradas agencias de seguridad de EU, las autoridades mexicanas revisan -en conjunto con las norteamericanas- las condiciones de seguridad de las cárceles federales para evitar otras fugas como la del 11 de julio pasado cuando el líder del Cártel de Sinaloa escapó por un túnel del penal del Altiplano.
El viernes pasado la cadena NBC dio a conocer de un fallido operativo que realizó la Marina en un rancho ubicado en Cosala, Sinaloa, en la zona del Triángulo Dorado, para detener a Guzmán Loera.
La información fue confirmada después por las autoridades mexicanas, quienes revelaron que en este plan para localizar a “El Chapo” se utilizan los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
La posible localización de “El Chapo”, en la sierra entre Sinaloa y Durango, la habría proporcionado a la Marina los U.S Marshals y el Departamento de Seguridad Nacional.
Hoy se sabe que en la revisión de los penales federales mexicanos están involucradas también las agencias de seguridad de los Estados Unidos.
Los enviados
A fin de detectar fallas en el sistema de seguridad de las cárceles federales y prevenir la fuga de reos, el gobierno de EU envió a México un grupo de especialistas que están sometiendo a revisión la operatividad de los centros penitenciarios de máxima seguridad, en donde se encuentran recluidos los presos más peligrosos.
El grupo de funcionarios, que desde hace un mes supervisa las condiciones bajo la que operan los 17 centros penitenciarios federales del país, está integrado por especialistas de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos también conocida como BOP, por sus siglas en inglés (Bureau Federal de Prisiones), así como por funcionarios del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service).
La presencia del gobierno de EU no fue confirmada ni desmentida por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El subdirector de información, José Ramón Salinas, dijo no tener conocimiento del tema, pero ofreció a Reporte Indigo ahondar sobre el caso a fin de manifestar una postura oficial.
Sin embargo, fuentes del área de custodia de al menos tres Centros Federales de Readaptación Social confirmaron la versión y aseguraron hay funcionarios norteamericanos no solo revisando las condiciones bajo las que están operando las cárceles, sino detectando “focos rojos” de corrupción al interior de esos centros.
Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos están trabajando de manera coordinada con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en donde participan también miembros de la Policía Federal Preventiva, Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, revelaron los custodios.
Aun cuando el resultado de la revisión del sistema de seguridad se pudiera conocer en unos días, trascendió que los funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos ya han emitido opiniones hacia los integrantes de la comisión que los guía por las cárceles mexicanas.
Hicieron señalamientos de algunas fallas las áreas de video vigilancia y seguridad perimetral, como fue el caso del Cefereso 10 de Monclova, Coahuila.
Hasta el momento, indican las fuentes consultadas por Reporte Índigo, por lo menos cinco cárceles federales han sido puestas bajo la mira de los especialistas norteamericanos, al no pasar el proceso de revisión.
En ellas se detectaron fallas en la ejecución de los controles de seguridad, que van desde los protocolos para el acceso y egreso de personal de trabajo hasta focos de corrupción en diversas áreas de contacto con familiares de los internos.
Los cinco centros penitenciarios calificados con probabilidad de fuga de reos federales son Puente Grande, Almoloya, Matamoros, Tepic y Monclova, en donde los protocolos de seguridad interna son frecuentemente rotos por los propios oficiales de custodia, los que mantienen en muchos casos relaciones de amistad con algunos de los internos a quienes vigilan.
De acuerdo a la versión obtenida por Reporte Índigo, la presencia de la comisión de especialistas en prisiones no solo es para revisar protocolos de seguridad, instalaciones físicas de los centros penitenciarios o focos de corrupción al interior de esas dependencias, también se evalúa la posibilidad de fuga de algunos de los internos que en su momento fueron jefes de carteles.
De acuerdo a fuentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la revisión al interior de las cárceles federales es una reacción del Gobierno Federal ante dos intentos de fuga en Almoloya y Puente Grande, luego del escape de Joaquín Guzmán Loera.
‘La Tuta’ el más vigilado
Las dos cárceles federales que fueron vulneradas por Joaquín Guzmán Loera tras su fuga, son las que están siendo revisadas minuciosamente por el grupo de especialistas en seguridad penitenciaria.
Y es que en Puente Grande y Almoloya –a decir de la autoridad- se concentran los reos más peligrosos y con mayor posibilidad de fuga, los que tienen mayor poder económico para una empresa de ese tipo.
Tras la fuga de Guzmán Loera, y a fin de evitar un nuevo evento de las mismas dimensiones mediáticas y políticas, el Cisen integró una lista de los reos con mayor posibilidad de fuga, a fin de extremarles medidas adicionales de seguridad dentro de la prisión.
La lista de los 50 reos más vigilados, por su posibilidad de salir de prisión de manera ilegal, la encabeza el que fuera el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
Los funcionarios de la comisión que revisa las condiciones de seguridad al interior de las cárceles federales han recomendado una observación permanente sobre “La Tuta”, toda vez que se le considera participe de la fuga de “El Chapo” Guzmán, pues existen registros en el Cisen que indican que Gómez Martínez distrajo al personal de custodia, con un reclamo médico, minutos antes de que Guzmán escapara de su celda.
A “La Tuta” se le considera como un reo proclive a la fuga dadas sus relaciones políticas y empresarias.
El poder económico con el que cuenta y la reactivación del cártel que lideró, sumado a las relaciones que ha logrado fortalecer con el mismo Guzmán, son los focos de alerta que han hecho que el Gobierno Federal le decrete medidas especiales de seguridad.
Las medidas de vigilancia incluyen la supervisión de al menos dos agentes del Cisen, tres custodios y un comandante de guardia y custodia.
Esa medidas las tenía Sergio Enrique Villareal, “El Grande”, sicario de los Beltrán Leyva, antes de ser extraditado a Estados Unidos por su nivel de peligrosidad.
Otros reos a los que ya se les han decretado medidas especiales, en tanto resultan las conclusiones de los expertos extranjeros en materia de seguridad penitenciaria, son Héctor Beltrán Leyva que también está siendo requerido en extradición por Estados Unidos, y Miguel Ángel Treviño, el “Z-40”, del que el Cisen estima que sigue teniendo el control del cartel de los Zetas.
Cierran Cefereso de Monclova
El caso más grave de violación al sistema de seguridad de las cárceles federales es el de la cárcel federal de Monclova. Allí la seguridad estaba tan comprometida que el Gobierno Federal optó por desalojar la prisión, para evitar el incidente de una fuga. Las fallas fueron detectas por el grupo de especialistas extranjeros.
Los especialistas detectaron deficiencias en el sistema de video vigilancia, que los rondines no estaban bien diseñados, los procesos de control y confianza para empleados de esa prisión fueron vulnerados, que existía camaradería entre reos y custodios y que además el poder corruptor del narco iba en aumento hacia algunos funcionarios de primer orden de la dirección de ese penal.
En base a lo anterior, el Gobierno Federal tomó la decisión de evacuar la prisión. Desde la semana pasada comenzó el traslado de internos del Cefereso número 10 de Monclova hacia las cárceles federales de Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Durango y Guasave, los centros penitenciarios ya evaluados, los únicos de todo el país que no registran riesgo de una fuga hasta el momento.
La semana pasada, un grupo de ciudadanos amenazó con tomar el lugar donde operaba el Centro Federal de Readaptación Social número 10 como media de presión para que sus familiares recluidos en los centros penitenciarios de Torreón y Saltillo los reubiquen a estas instalaciones.
Tras el cierre Cefereso los ciudadanos exigieron que los reos de la Región Centro regresen a Monclova a cumplir sus condenas, como lo hacían antes de que el penal federal entrara en función.
La mayor parte de los reos federales que fueron trasladados de Monclova no han sido sentenciados. Se les siguen procesos penales que en su mayoría son referentes a delincuencia organizada, secuestro, lavados de dinero y narcotráfico en sus diversas modalidades.
En menos de cuatro días, apenas se alertó de la posibilidad de fuga en la cárcel de Monclova, el Gobierno Federal ordenó el traslado de los 45 internos del fuero común y los 361 presos federales para otras prisiones.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Coahuila solicitó le sea cedido a la entidad la instalación del Cefereso de Monclova para convertirlo en un penal estatal.
Recomiendan revaloración
El sistema de clasificación del nivel de peligrosidad de los internos en los Ceferesos fue considerado obsoleto por los especialistas en seguridad penitenciaria norteamericanos.
Los funcionarios del vecino país estiman que para bajar la posibilidad de una nueva fuga de una cárcel federal se debe evaluar a los internos en renglones específicos como poder económico, relaciones políticas, actividad delincuencial del grupo al que pertenecieron o lideraron, popularidad entre los reos, amabilidad y buenas relaciones con el personal de custodia.
La revaloración psicocriminal propuesta para todos los internos de las cárceles federales, también incluye una reorganización en los esquemas de control de confianza del personal de primer contacto con los reos.
Los especialistas han dejado ver la necesidad de incrementar el salario a los custodios, cuyo ingreso en la mayoría de los casos apenas rebasa los 4 mil pesos semanales, lo que abre la posibilidad a la corrupción.
La áreas que se han detectado como las más vulnerables para corromper el sistema penitenciario federal, son criminalística, seguridad y custodia, jurídico, trabajo social y psicología, en donde las primeras evaluaciones de los especialistas norteamericanos ya han detectado casos de corrupción que bien podrían posibilitar la fuga de reos.
Las recomendaciones
Los funcionarios del vecino país estiman que para bajar la posibilidad de una nueva fuga de una cárcel federal se debe evaluar a los internos en renglones específicos:
1. Poder económico
2. Relaciones políticas
3. Actividad delincuencial del grupo al que pertenecieron o lideraron
4. Popularidad entre los reos
5. Amabilidad y buenas relaciones con el personal de custodia
Acuerdos de Homeland
La visita de Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para firmar con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, un convenio de la operación de un predespacho aduanal, puso sobre la mesa la intención del gobierno norteamericano de mejorar su seguridad nacional desde el territorio mexicano.
Si bien es cierto que la presencia de Johnson en México fue para encaminar acciones de un comercio binacional más seguro, también se puso de manifiesto que desde marzo del 2014 existe un acuerdo binacional estratégico para colaborar en materia de seguridad de los dos países.
El acuerdo binacional firmado el año pasado bajo la clasificación de Declaración de Principios y un Plan Estratégico, permite a la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos intervenir en la supervisión de instalaciones y operatividad física de diversas áreas, cuyas fallas puedan afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, principalmente las aduanas, sin descartar centros de reclusión que contienen a los reos de más alta peligrosidad.
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