La Fiscalía General de la República anda en alta mar, sin brújula y aparentemente sin Google Maps: dice que no ha podido localizar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán para citarlo como testigo en la trama de huachicol fiscal que salpica a sus sobrinos políticos, Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna. Extraño naufragio institucional: al almirante lo han visto jugando golf y comiendo en restaurantes de lujo de la Ciudad de México, pero para la Fiscalía su paradero sigue siendo un insondable misterio marítimo.
No es que Ojeda haya desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Está, al parecer, lo suficientemente visible para una ronda de golf y lo suficientemente localizable para sentarse a la mesa, pero demasiado escurridizo cuando se trata de explicar lo que ocurrió en las aduanas marítimas que estuvieron bajo su mando.
La acusación es de calibre pesado. Los sobrinos políticos del exsecretario son investigados por encabezar una red de tráfico de huachicol fiscal a través de puertos y aduanas marítimas: un boquete estimado en 600 mil millones de pesos al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y otros 123 mil millones durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. No es una lancha con bidones: es un trasatlántico de evasión fiscal navegando, presuntamente, con viento a favor.
Y, sin embargo, quien fue responsable de la Marina, los puertos, la marina mercante, las aduanas marítimas, el Tren Interoceánico y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aparece cubierto por una niebla de seguridad nacional. Sus bienes, inversiones, ahorros, declaraciones patrimoniales y conflictos de interés permanecerán fuera del alcance público hasta enero de 2030. Porque, según la versión oficial, revelar esa información podría ponerlo en riesgo si cae en manos de la delincuencia organizada.
La pregunta es inevitable: ¿y si el problema no es que la delincuencia organizada conozca sus bienes, sino que la ciudadanía conozca el tamaño del blindaje?
Un barco con demasiadas cubiertas cerradas
Al asumir el cargo, en 2018, Ojeda Durán declaró ingresos mensuales de 129 mil pesos, ningún bien a su nombre y una camioneta Mitsubishi modelo 2009. Una declaración de austeridad franciscana para quien después administraría una de las estructuras presupuestales y logísticas más poderosas del Estado mexicano.
Durante el gobierno anterior, la Secretaría de Marina dejó de ser exclusivamente una fuerza naval para convertirse en una especie de pulpo institucional: controló puertos, aduanas, terminales, infraestructura ferroviaria y aeropuerto. Un almirantazgo con más llaves que un conserje de Palacio Nacional. Pero mientras el poder crecía, la información sobre quien lo ejercía quedó guardada bajo siete candados, un ancla y el rótulo de “seguridad nacional”.
Lo que sí parece navegar con puntualidad británica es su nómina. Aunque la Fiscalía no logra ubicarlo para tomarle declaración, Ojeda Durán continúa recibiendo alrededor de 150 mil pesos mensuales y conserva un puesto como asesor naval del actual secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales. Para citarlo, nadie da con él. Para depositarle, la Marina no pierde coordenadas.
Los sobrinos y la escalera de ascensos
Bajo el mando de Ojeda, Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna hicieron carreras de ascenso meteórico hasta ocupar posiciones estratégicas. Según la investigación de la Fiscalía, desde esas posiciones habrían tejido una red para utilizar las aduanas marítimas como puerta de entrada del huachicol fiscal.
Los ascensos no fueron maniobras clandestinas hechas en una lancha sin matrícula. Requirieron autorizaciones, vistos buenos, firmas y ratificaciones: pasaron por el entonces presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación y el Senado. Es decir, demasiadas manos en el timón para que ahora todos pretendan que el barco navegaba solo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el propio Ojeda denunció la existencia de la red. La Fiscalía ha dicho que se reunió con el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero la denuncia formal no aparece por ninguna parte: no hay documento conocido, no hay constancia ministerial visible, no hay expediente público que permita saber qué informó, cuándo lo informó y qué hizo la autoridad con esa información.
En cambio, sí existe un audio en el que el exsecretario pide “echarle tierra al asunto”, mientras el contralmirante Rubén Guerrero Alcántar expone detalles de la red. Guerrero Alcántar fue asesinado poco después de denunciar los hechos, pese a que había dado a la Marina información sobre el sitio donde pasaría sus vacaciones. El caso no solo huele a combustible ilegal: huele a encubrimiento, omisión y pólvora.
Echarle tierra al expediente
La cuestión central no es únicamente si Ojeda Durán sabía de la red. Es qué hizo con la información que le fue entregada. Si el contralmirante Guerrero Alcántar le desmenuzó la operación, ¿por qué no existe una ruta documental clara de las acciones emprendidas? ¿Dónde está la denuncia ministerial? ¿Quién ordenó investigar? ¿Qué mandos fueron llamados a cuentas? ¿Qué expedientes se abrieron antes de que la trama se convirtiera en escándalo público?
Hasta ahora, el exsecretario fue exonerado sin una investigación que despeje esas preguntas de fondo. En medio de asesinatos de marinos y personas vinculadas con el caso, la respuesta institucional parece haber sido la de siempre: bajar las velas, apagar las luces y esperar a que el oleaje se lleve las evidencias.
El gobierno de Sheinbaum mantiene bajo reserva su patrimonio y sus intereses, lo conserva en funciones de asesoría y le sigue pagando. La Fiscalía, por su parte, asegura que no puede localizarlo. El contraste es grotesco: para la justicia, el almirante es un espectro; para el presupuesto público, es un servidor perfectamente identificable, con cuenta, cargo y transferencia puntual.
La Marina sí sabe dónde cobrarle
No sabemos hasta dónde llegó la red de huachicol fiscal, ni cuántos mandos, oficinas y decisiones quedaron comprometidos en el tráfico de combustibles que habría cruzado por las aduanas marítimas. Tampoco sabemos por qué un funcionario con tal concentración de poder terminó cubierto por un blindaje tan conveniente.
Pero hay una certeza: en México, un almirante puede resultar ilocalizable para la Fiscalía y, al mismo tiempo, absolutamente localizable cada quincena. La justicia lo busca con catalejo; la nómina lo encuentra con radar.
Con información: LATINUS/HECTOR DE MAULEON/
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