Trump no quitó el dedo del renglón: después de advertir que Estados Unidos puede cerrar visas a familiares y cercanos del ecosistema narco, ahora le está diciendo a Claudia Sheinbaum que el problema no sólo vive en los cárteles, sino también en las oficinas donde algunos funcionarios les han puesto escritorio, escolta y alfombra institucional al crimen.
Primero fue el aviso sobre las visas: Estados Unidos puede negar o revocar el documento a familiares y asociados de narcotraficantes. Ahora Donald Trump fue por la siguiente capa de la cebolla: los funcionarios que han ayudado a los cárteles mientras juran combatirlos desde el presupuesto público.
En su memorando anual enviado al Congreso estadounidense, Trump mantuvo a México en la lista de países relevantes para la producción o tránsito de drogas ilícitas. Reconoció que el esfuerzo del gobierno de Claudia Sheinbaum,pero después de la palmadita llegó el machetazo: esos esfuerzos, dijo, todavía son insuficientes.
El presidente estadounidense sostuvo que México debe “exponer, arrestar y procesar” a los “numerosos funcionarios públicos corruptos” que han ayudado a los cárteles y, en palabras de Washington, traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país. Es decir: no basta con tomarse la foto de espaldas junto a un cargamento decomisado si la estructura política que permite que el negocio respire sigue intacta.
Trump afirma que los cárteles no son un problema de policías mal pagados, sino organizaciones narcoterroristas con finanzas, redes de protección y control sobre amplias zonas del territorio mexicano. Y eso obliga a mirar más arriba del halcón, el sicario o el operador de laboratorio: hacia quienes administran permisos, información, protección o impunidad desde el poder público.
El recordatorio tiene un antecedente incómodo. En abril, fiscales federales de Nueva York hicieron pública una acusación contra Rubén Rocha Moya —entonces gobernador de Sinaloa— y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. La acusación sostiene que los señalados habrían usado cargos de confianza para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa y facilitar el envío de narcóticos a Estados Unidos. Son imputaciones formales, no sentencias: los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal resuelva.
Rocha Moya pidió licencia después de aquella acusación y Washington ha buscado su extradición. El caso sigue siendo un recordatorio de que, para Estados Unidos, el combate al narcotráfico no termina cuando cae un capo: apenas empieza cuando se investiga quién lo protegió, quién le abrió la puerta y quién después dice que no sabía nada porque, casualmente, nunca vio nada.
La señal de Trump es difícil de maquillar: México puede celebrar decomisos, laboratorios asegurados y operativos fronterizos, pero mientras los presuntos protectores políticos del crimen sigan fuera del banquillo, Washington seguirá viendo una guerra a medias. Y en esa guerra, la visa puede ser apenas el primer aviso; el expediente, la acusación y la extradición son las palabras que siguen.
Con información: ELNORTE/
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