“IMPUNIDAD con ESTEROIDES: ‘PILLO’ LÓPEZ EXIGE a la FGR CASTIGAR a QUIENES EXHIBIERON su CALIDAD de HAMPÓN PERDONADO por la JUSTICIA MORENA”… la escena es difícil de mejorar por absurda.

Pío López Obrador, carnalito indecente de Andres Manuel Lopez «hablador», ya conoce el guion de la impunidad con esteroides: primero aparece en videos recibiendo fajos de efectivo; después, la autoridad electoral concluye que en aquellas escenas no había delito; y ahora el protagonista de las grabaciones exige que la FGR acelere la persecución contra quienes presuntamente revelaron el material que lo exhibió.

El hermano del ex presidente que hizo de la colusión con el crimen organizado un deporte, promovió un amparo contra la FGR por la demora en la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023, abierta por el posible delito de revelación de secretos. 

Su reclamo no apunta a esclarecer el origen, destino y legalidad del dinero recibido en 2015, sino a que la Fiscalía pida órdenes de aprehensión o citatorios contra quienes habrían divulgado las imágenes.

La escena es difícil de mejorar por absurda: quien fue captado embolsándose dinero en efectivo no enfrenta cargos; en cambio, busca que el aparato penal persiga a quienes difundieron los videos. No se castiga el efectivo, ni el posible financiamiento paralelo, ni la opacidad sobre recursos destinados al “movimiento”; se intenta castigar la evidencia incómoda.

Los videos, revelados por Latinus en agosto de 2020, muestran a Pío López recibiendo dinero de David León, entonces asesor del Gobierno de Chiapas. El monto estimado ascendía a 1.4 millones de pesos. Ninguno de los involucrados negó la autenticidad de las grabaciones. La explicación fue que el dinero era para “el movimiento” que posteriormente derivó en Morena. Una admisión que, en un país con instituciones menos domesticadas, habría obligado a rastrear cada billete, cada aportante, cada registro contable y cada destinatario final.

Pero la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales archivó el expediente en 2022: dijo no encontrar elementos para acreditar delito electoral. No hubo castigo para quien recibió los sobres; tampoco una explicación pública robusta sobre cómo un financiamiento en efectivo, admitido y videograbado, podía evaporarse jurídicamente sin dejar preguntas pendientes. La investigación quedó cancelada bajo la gestión de José Agustín Ortiz Pinchetti, entonces titular de la FEDE y militante histórico de Morena.

Ahora Pío López busca revertir la ecuación: de personaje central de un episodio de efectivo clandestino a víctima penal de la divulgación. Es la impunidad recargada: no basta con salir ileso de un escándalo de dinero; hay que convertir en sospechosos a quienes hicieron visible el escándalo.

Versión más seca

Pío López Obrador no solo logró que la investigación por los videos donde recibe dinero en efectivo terminara archivada. Ahora pretende que la FGR persiga a quienes difundieron las grabaciones.

El mensaje institucional resulta devastador: recibir fajos de efectivo puede no tener consecuencias; revelar las imágenes que documentan la entrega, sí. La autoridad no llegó al fondo del dinero, de su origen, de su registro ni de su destino. Pero el hermano del ex presidente reclama que se castigue la filtración.

Así funciona la impunidad cuando deja de ser excepción y se vuelve método: el hecho incómodo se archiva, la evidencia se criminaliza y el exhibido se declara víctima.

Con información: ELNORTE/