La Fiscalía de Tamaulipas vuelve a sacar la misma coartada de oficina: faltan policías, faltan ministerios públicos, faltan manos. Lo que no explica el ex-presidiario de penal de alta seguridad, Jesús Eduardo Govea Orozco,ahora Fiscal General bajo el Gobierno de Américo Villarreal, es por qué, aun con el personal que tiene, persisten señalamientos de abusos, montajes, extorsiones y operaciones de policías investigadores que parecen trabajar con más entusiasmo para enlazarse con el Cartel del Golfo y/o Zetas que para investigar delitos .
Porque una cosa es tener déficit de personal y otra muy distinta permitir que la corporación se convierta en franquicia de viejas prácticas: levantones, golpes, amenazas, informes policiales a modo y carpetas acomodadas para proteger al grupo de confianza del ex-comisario general con currículo de secuestrador, Olegario Contreras,hombre en extremo ligado a Cesar Morfin Morfin,alias «Primito».
El nuevo discurso, la vieja maquinaria
Govea Orozco dice que la Fiscalía necesita 2 mil 100 policías investigadores y agentes del Ministerio Público para funcionar como debería. Puede ser. Pero la falta de plantilla no justifica que los mandos medios sigan intactos ni que continúen operando redes internas señaladas por corrupción y abusos. La institución reconoce una carencia operativa; lo que evita explicar es qué hace con los funcionarios que siguen ahí y son acusados de convertir la placa en salvoconducto.
El problema no es únicamente cuántos elementos faltan, sino quién manda a los que sobran. Cambiar al comisario general o mover un par de piezas en el organigrama sirve de poco cuando los operadores de siempre de Carteles conservan el control territorial, los contactos, las carpetas y las viejas costumbres de la vieja policia judicial, ahora Ministerial e Investigadora.
En los pasillos de la Fiscalía, el relevo parece ser más cosmético que quirúrgico: cambian el letrero de la oficina, pero dejan enchufada la misma maquinaria que todos, salvo el fiscal, saben como se mueve.
Un muerto y demasiadas preguntas
El caso más reciente ,que por ahora sigue la ruta inicial del trascendido en redes, exhibe la gravedad del asunto. De acuerdo con los señalamientos difundidos, un hombre fue llevado al hospital bajo custodia de policías investigadores y presentado por delitos de narcomenudeo y otros cargos presuntamente construidos para justificar su detención. La versión oficial habría sostenido que llegó golpeado tras ser agredido por supuestas víctimas.
Pero la familia sostiene otra cosa: que el hombre fue sacado de su domicilio por agentes, que estaba físicamente bien al momento de la intervención y que existen fotografías y videos para acreditarlo. Después murió en el hospital.
Si esos elementos se confirman mediante una investigación independiente, no estaríamos frente a una simple irregularidad administrativa ni ante un “exceso” corregible con un cambio de adscripción. Se trataría de posibles delitos gravísimos: privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones, amenazas, falsedad de declaraciones, abuso de autoridad y homicidio cometido por servidores públicos.
Y ahí es donde el discurso de “nos faltan policías” se estrella contra la pared: no hay déficit que explique por qué alguien detenido termina muerto, ni insuficiencia presupuestal que borre el deber de preservar evidencia, investigar a los agentes involucrados y proteger a la familia denunciante.
La Fiscalía no puede investigar con venda
Los nombres mencionados públicamente —Claudia Rocha, Eliud Gómez López, Carlos Domingo Lince Ramón, Reynaldo Contreras López, Israel Aguilera e Israel Moncada Ramírez— deben ser tratados como señalamientos que requieren investigación formal, no como sentencia ni como rumor de pasillo. Pero tampoco pueden ser barridos bajo la alfombra institucional, especialmente si hay denuncia de videos, fotografías, presiones a familiares y un fallecimiento bajo custodia o después de una intervención policial.
La obligación de la Fiscalía tendría que ser inmediata:
- Asegurar y preservar videos de domicilios, calles, patrullas, C5, hospitales y cámaras privadas.
- Separar temporalmente de funciones operativas a los agentes involucrados mientras se esclarecen los hechos.
- Practicar necropsia con peritos autónomos, documentación completa de lesiones y cadena de custodia verificable.
- Abrir una carpeta por la muerte y otra por las posibles amenazas o actos de intimidación contra familiares.
- Dar intervención a órganos externos de derechos humanos y a una instancia que no dependa de la misma cadena de mando señalada.
- Informar públicamente, sin maquillar ni revictimizar, qué ocurrió entre la detención y la muerte.
Porque una Fiscalía que se investiga a sí misma con sus propios mandos cuestionados no produce justicia: produce versiones oficiales.
Déficit no es impunidad
La Fiscalía admite que opera con cerca de 900 policías investigadores y menos de 400 agentes del Ministerio Público, una carga insuficiente para las necesidades del estado. Pero el mismo reconocimiento obliga a una pregunta elemental: si los pocos recursos disponibles se utilizan para sostener grupos señalados por abusos, ¿el problema es de escasez o de prioridades ?
Depurar no significa despedir a unos cuantos para presumir “limpieza” en un comunicado. Significa investigar, sancionar, judicializar y explicar qué pasó. Si un agente falla un control de confianza, si un mando es señalado por corrupción o si una persona muere tras una detención, el desenlace no puede ser enviarlo a otra oficina, cambiarle de distrito o dejarlo “a disposición” de sus propios compañeros.
Eso no es depuración. Es reciclaje institucional.
Y cuando el Estado recicla policías acusados de abusos, la sociedad aprende una lección peligrosa: que denunciar sirve para exponerse y que la justicia sólo funciona cuando el acusado no porta uniforme o no esta ligado al gobernador ligado al crimen organizado.
Con información: Foro Tamaulipas/
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