La semana pasada trascendió que la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat ,una recomendada a la Suprema Corte del Presidente Andres Manuel Lopez Obrador,que antes habia sido su titular del SAT,había decidido retirar dos asuntos que discutirían el lunes 26 de febrero de 2024 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ambos vinculados con los procedimientos de desafuero del ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca.
Ríos Farjat, quien se pensó que sería un voto propicio a la 4T, declaraba la invalidez de una reforma a la constitución tamaulipeca que evitaba homologar el procedimiento de desafuero del Congreso Federal y, por tanto, evitaba que el entonces gobernador perdiera la protección contra investigaciones judiciales, lo que de ninguna manera presupone su inocencia de los cargos federales que se le imputan y solo se circunscribe al acto que pretendio despojarlo de la inmunidad procesal que gozan gobernadores, desde el congreso federal.
La ministra Ríos decidió listar nuevamente los asuntos, pero reconociendo la validez de la reforma del congreso tamaulipeco, es decir, cambiando su criterio en 180 grados. De acuerdo al nuevo planteamiento, cuando un congreso local, a partir de su constitución libre y soberana, decida no homologar la declaratoria de desafuero del Congreso de la Unión, la decisión será definitiva e inatacable.
Ríos expone que la reforma tamaulipeca es constitucional, pues las entidades federativas pueden ejercer de manera soberana facultades que, conforme a los ordenamientos normativos aplicables, le corresponden a los congresos de las entidades federativas.
Además, señala que es constitucional que el Congreso de Tamaulipas haya determinado que no existirá recurso judicial alguno en contra de las resoluciones que éste dicte en este tipo de casos. Así, si hay delitos federales de por medio, la entidad federativa, a través del legislativo estatal, sigue teniendo la resolución definitiva.
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