Resulta ingenuo creer que el Derecho tiene todas las respuestas y que no hay más responsabilidades que las estrictamente contempladas en las normas escritas. El ejercicio de la función pública demanda un ineludible compromiso ético y moral. En tal sentido, ¿cómo puede ser ministra de la Suprema Corte una persona que obtuvo su título profesional de manera fraudulenta? ¿De qué manera sigue asumiéndose como jueza constitucional alguien que ha violado los más elementales valores y principios?.
El comité de ética de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Aragón, perteneciente a la UNAM, llegó a una conclusión contundente: Yasmín Esquivel presentó una tesis que es "copia sustancial" de otra originalmente presentada. Para ello, valoró una enorme cantidad de elementos, tales como la "construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información". Hoy no cabe ninguna duda: la todavía ministra no solo es una plagiaria sino, en igual sentido, una mentirosa. La resolución de la Universidad manda por los suelos su inverosímil intento de defensa.
Asimismo, ha quedado claro que Esquivel incumple con los requisitos que la Constitución señala para acceder al más alto tribunal del país. El artículo 95 establece que, para ser elegida como ministra, no sólo es necesario contar con el título profesional de la licenciatura en Derecho, sino además "gozar de buena reputación". El mismo ordenamiento menciona, también, que se deberá preferir a quienes hayan impartido justicia "con eficiencia, capacidad y probidad" o ejercido la profesión distinguiéndose por su "honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales".
Después de lo sucedido, ¿alguien duda de la probada mala reputación de la ministra plagiaria? Si la decencia impera sobre la conveniencia, un caso así debería concluir con la renuncia de Esquivel a la Corte y a la profesión. La todavía ministra dijo, en su momento, que estaría atenta a la determinación de su alma mater. Las autoridades educativas ya se han pronunciado. Le toca a ella actuar en consecuencia y con un mínimo de dignidad.
Este escándalo no es sino reflejo de problemas estructurales del gremio jurídico. Padecemos, de entrada, un marcado desprecio por la academia y el trabajo intelectual. Quizá por eso no sorprende que Esquivel, como tantos más, no se canse de recibir homenajes, reconocimientos, cátedras e incluso doctorados honoris causa de cualquier institución de educación jurídica por más poco seria que sea. Para estos personajes, el elogio fácil pesa más que la independencia intelectual.
El episodio muestra, además, una crisis de carácter ético. ¿Cuántos juristas se llenan la boca de justicia y equidad cuando su trayectoria profesional ha estado marcada por la mentira y la trampa? ¿Con qué cara dicen a las nuevas generaciones de personas abogadas que vale la pena luchar por un mejor país al momento en que, en su modo de obrar, reproducen los peores vicios de la profesión?
Finalmente, el caso de Esquivel exhibe las lamentables deficiencias de nuestra educación jurídica. La corrupción en el gremio comienza desde las aulas. Desde personas profesoras que presumen haber dirigido más de 500 tesis (aunque algunas de ellas sean idénticas), pasando por la multiplicación de escuelas de derecho de ínfima calidad y terminando con una deficiente regulación de la profesión, que permite que personas accedan a una licencia profesional sin controles y evaluaciones adecuadas... No se equivocaba Granados Chapa cuando decía que para ser abogado en México bastaba "inscribirse y no morirse".
Minimizar lo sucedido con el plagio de la ministra Esquivel sería terrible no solo para la legitimidad de la Suprema Corte, sino para todo el sistema democrático. Mandaría el nefasto mensaje de que la deshonestidad y la mediocridad se recompensan con los más altos honores.
A pesar de todo esto, la verdad es que lo de Esquivel no sorprende. La todavía ministra fue cuestionada al llegar a la Corte por su cercanía con el poder y su falta de independencia. Y, sentencia tras sentencia, lo ha confirmado. Más que jueza constitucional, funge como correa de transmisión de López Obrador. Una persona así no sólo está incapacitada para ser ministra, sino para ejercer la profesión jurídica. Ni ministra, ni jurista.
Los autores son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Fuente.-@garza_onofre @jmartinreyes
Vale madre que sepas o quién seas, lo que importa es a quién conozcas y está ruca conoce al que decide
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