Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y los jueces federales con residencia en Almoloya de Juárez, enviarle copias de la orden de aprehensión librada en mayo pasado contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Lo anterior, como paso previo a resolver si admitirá a trámite una controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas, que pretende impugnar ante la Corte la orden de captura contra el mandatario panista, alegando que mantiene el fuero Constitucional que impide detenerlo y procesarlo por delitos federales.
El acuerdo, del Ministro Juan Luis González Alcántara en la controversia 70/2021, fue firmado desde el pasado 31 de mayo, pero apenas fue notificado hoy en la lista publica de la Corte.
La FGR y el juez Iván Zeferin Hernández, que fue quien ordenó la aprehensión, tenían tres días hábiles para enviar los documentos al Ministro, pero es probable que la orden les fue notificada directamente desde hace tiempo.
Cabe mencionar que el artículo 105 de la Constitución no prevé que puedan existir controversias entre un Estado y un órgano Constitucional autónomo federal, como la FGR.
Tampoco están permitidas las controversias entre un Estado y los órganos del Poder Judicial Federal, en este caso, el juez Zeferin Hernández, por lo que González Alcántara podría desechar esta demanda.
Con independencia de lo que pase en la Corte, la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca fue suspendida por tiempo indefinido desde el pasado 8 de junio por un juez federal de Reynosa, como parte de un amparo promovido por el Gobernador.
Faustino Gutiérrez Pérez, el juez de Reynosa, consideró que la existencia o no del fuero del Gobernador es un tema no resuelto, y por tanto no se debe permitir su captura mientras se aclara.
El pasado 14 de mayo, González Alcántara ya había desechado otra controversia del Congreso tamaulipeco, que en esa ocasión impugnó la declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril.
En ese caso, con número 50/2021, el Ministro concluyo que no había controversia que resolver, porque el propio Congreso tamaulipeco determinó que no procede homologar la declaración de la Cámara de Diputados, y por tanto no se puede poner al Gobernador a disposición de las autoridades penales.
"Existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya su encargo", afirmó González Alcántara, aplicando el artículo 111 de la Constitución, que reserva a las legislaturas locales la decisión final de remover a funcionarios estatales acusados por delitos federales.
Este desechamiento ya fue motivo de una reclamación de la FGR ante la Corte, en la que sostiene que González Alcántara hizo pronunciamientos sobre la persistencia del fuero del Gobernador que son impropios del auto inicial de una controversia.
Las afirmaciones del Ministro no impidieron al juez Zeferin Hernández, cuatro días después, ordenar la aprehensión, afirmando que basta la declaración de la Cámara de Diputados para detener un Gobernador en funciones.
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