El colectivo #SeguridadSinGuerra exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplir con su obligación de investigar las redes de corrupción en el Ejército y los delitos que se le imputan al ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
En un pronunciamiento, también demandó al Gobierno federal poner un alto a la militarización de la seguridad pública y determinar qué tan amplia y extensa es dicha red en el País.
"Estos (delitos señalados), además, no deben limitarse a los hechos señalados por el Gobierno de Estados Unidos, sino también incluir en las investigaciones las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas", urgió.
"Se debe garantizar que no participe en la investigación ningún militar, ni en retiro ni con licencia, que forme parte del personal de las Fiscalías".
En el texto, subrayó que la detención de Cienfuegos en Estados Unidos por narcotráfico pone nuevamente en el centro de la discusión la necesidad de frenar la "profunda" militarización que se ha impulsado durante los últimos tres sexenios, incluido el actual.
Advirtió que la administración de López Obrador ha dado al menos 14 tareas civiles a cuerpos castrenses, sin controles ni reglas claras de transparencia y rendición de cuentas, pero con vastos recursos presupuestales.
"La simple investigación en contra del General Cienfuegos es el llamado de atención más contundente sobre la irresponsabilidad de continuar con la militarización de las funciones gubernamentales, como si el problema se limitase a una persona", recalcó.
"Desde #SeguridadSinGuerra hacemos un llamado urgente al Gobierno de México y al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, a poner alto a la militarización y restituir el orden constitucional".
La organización advirtió que la captura del ex Secretario de Defensa, que ocupó el cargo durante los seis años del periodo peñista, llega en un momento en el que el Senado se perfila a extinguir fideicomisos vinculados a la ciencia, la cultura y los derechos humanos, mientras mantiene los del Ejército.
Recordó que también está en curso la discusión de una reforma que entrega a la Secretaría de Marina la administración de los puertos marítimos, incluidas sus aduanas y la Marina Mercante.
"Hacemos un llamado al Senado a suspender la discusión de la reforma legislativa que pretende otorgarle a la Semar el control total de nuestros puertos y del comercio marítimo", planteó.
Las organizaciones que integran el colectivo, como México Unido Contra la Delincuencia, pidieron a los Poderes Legislativo y Judicial que defiendan la Constitución y los derechos de las y los mexicanos.
En específico, propusieron a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, que amplíe la demanda constitucional que su antecesora, Laura Rojas, interpuso ante la Corte en contra del denominado acuerdo militarista.
"Para incluir en dicha impugnación la flagrantemente violación al artículo 21 constitucional, consistente en transferir la coordinación operativa de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de Defensa Nacional", agregó.
"La corrupción, la impunidad y la militarización siguen carcomiendo nuestras instituciones. Así no se puede construir la paz".
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