Shea se paseó de aquí para allá en la Ciudad de México y hasta soltó algunos datos que llevaron al gobierno mexicano en estos días al hallazgo de unos laboratorios para la fábrica de droga sintética con precursores procedentes de China; se reunió con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad; y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
Fue cordial y correcto, según el tono de la información que se divulgó posteriormente y todo parecía el inicio romántico de una nueva relación con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que el presidente estalló.
“No se vale que ellos (agentes de la DEA) participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin darla a conocer al Gobierno de México lo que están investigando”.
Lo dijo en conferencia de prensa poco tiempo después de que se supo que Shea durante su cortés visita a la capital mexicana no dijo “ni pío” sobre la detención que llevaría a cabo horas después Estados Unidos por un proceso penal en contra de Salvador Cienfuegos, exgeneral del Ejército durante el sexenio del presidente Enrique Peña (2011-2018) presuntamente por apoyar a un narcotraficante de los hermanos Beltrán Leyva.
Con la crítica de AMLO volvió a la opinión pública una realidad que salta intermitentemente en la agenda bilateral de los socios comerciales, independientemente de quién encabece los respectivos gobiernos: hay desconfianza mutua entre México y EEUU. De lado sur, acusan de interferencia a la soberanía; de lado norte, de corrupción y fragilidad de las instituciones públicas.
Analistas de seguridad nacional ubican el asesinato del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena como un punto de referencia a la ruptura de la confianza para la cooperación en temas de seguridad, principalmente.
En 1986, la DEA pagó a un grupo de agentes judiciales en Mexicali para que secuestraran a René Verdugo Urquídez, a quien acusaban de participar en el secuestro y asesinato de Camarena después de que el agente descubrió, delató y persiguió el rancho gigantesco de producción de marihuana del narcotraficante Rafael Caro Quintero, aliado del capo de capos del momento, Miguel Ángel Félix Gallardo.
“Verdugo quedó libre 33 años después al ser exonerado por falta de pruebas. Igual procedimiento y resultado ocurrió en 1990 tras el secuestro en Guadalajara del doctor Humberto Álvarez Machain relacionado al mismo caso”, observa Juan Veledíaz, escritor de dos libros sobre las fuerzas armadas.
“El problema con la injerencia de la DEA es que también ha acumulado fiascos y “fallas” que han devenido en tragedias que han marcado a México con sangre”.
Un ejemplo al respecto lo expuso López Obrador tras el arresto de Cienfuegos: el operativo “Rápido y Furioso”.
Con mal logrado plan Rápido y Furioso Estados Unidos introdujo secretamente a México miles de armas en un intento por seguir el rastro de las rutas que seguía el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). En el proceso, les perdió la pista y la violencia se disparó con la muerte de miles de mexicanos.
“El Gobierno de Estados Unidos nos debe, sobre este asunto, una explicación”, subrayó el presidente.
No es un secreto que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) mantiene operaciones en México para “conducir operaciones en contra del narcotráfico y lavado de dinero por parte de narcotraficantes de gran escala y sus organizaciones” con cinco oficinas regionales alrededor del país: Guadalajara, Hermosillo, Mazatlán, Mérida y Monterrey, según describe en su página web.
El problema es la discrecionalidad.
Ginger Thompson, una periodista galardonada con el Premio Pullitzer, documentó el caso de Luis Octavio López Vega, quien era asesor de confianza de un zar antidrogas en México y al mismo tiempo informante de la DEA.
“Los dos mundos (de López Vega) chocaron estrepitosamente en 1997, cuando México arrestó al general Jesús Gutiérrez Rebollo, bajo cargos de colaborar con narcotraficantes. Mientras Washington trataba de entender el sentido de las acusaciones, ambos gobiernos fueron tras la pista de López. México lo consideró un cómplice en el caso. Y la DEA lo vio como una potencial mina de oro de información”.
EE.UU. lo encontró primero y cuando de lado mexicano preguntaron por el informante —afirma Thomson —, la DEA lo negó. Luego, para no tener problemas lo dejó a su suerte en la frontera, después de sacarle toda la información. López Vega aún vive a salto de mata.
Complejidades mexicanas
Una operación reciente dirigida por la DEA en contra de todas las operaciones globales que tiene como blanco al cártel de Jalisco Nueva Generación generó más de 600 arrestos en su territorio por tráfico de droga.
“El Proyecto Python es hasta ahora el golpe más duro asestado por las autoridades de Estados Unidos en contra del CJNG y esto es solo el comienzo” dijo el administrador adjunto Uttam Dhillon.
Pero ¿Qué tipo de información le lleva al origen de la organización criminal en México? Dhillon no mencionó ni una palabra al respect0. ¿Compartirán con el gobierno mexicano la información que obtenga de los 600 arrestados?
Analistas de seguridad coinciden en que la información que EE.UU. comparte con México es dosificada y a cuenta gotas “por miedo” a que se filtre información al crimen organizado y se estropeen sus investigaciones.
En 2015 Chuck Rosenberg, el jefe interino de la DEA aceptó tener “problemas institucionales” que dificultaba reunir información sobre la localización del entonces narcotraficante más buscado del mundo: Joaquín El Chapo “Guzmán”.
“Los altos niveles de corrupción y cooptación de los grupos del crimen organizado en nuestras instituciones es el problema más grave que tenemos”, observó Gustavo Fondevila, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
EE.UU. demostró durante la segunda captura de Guzmán Loera que no confiaba en el Ejército mexicano y pidió ayuda de los marinos. El día de los hechos, la noticia oficial la dio el entonces presidente Peña Nieto a las 13:43, con un retraso de casi tres horas respecto de los adelantos que salieron de Estados Unidos a través del New York Times.
La DEA ha tenido amargas experiencias por confiar en algunas autoridades mexicanas. En 2017, el sitio web ProPublica documentó el costo de que agentes “latinos” de la DEA compartieran información con sus pares mexicanos de la Policía Federal.
Los policías mexicanos filtraron información de la Unidad de Investigaciones Sensibles a delincuentes del cártel de los Zetas y éstos masacraron al menos 60 personas en el poblado de Allende, Coahuila, donde los asesinos encerraron a la población en un bodegón para prenderles fuego en venganza a delatores del lugar que llevaron a la captura de uno de sus líderes.
Por estos precedentes el gobierno estadounidense decidió callar sobre la acusación de la Fiscalía Federal del distrito Este de Nueva York en contra del general Cienfuegos, capturado en el aeropuerto de Los Ángeles y así evitar una sorpresiva fuga, una captura anticipada de lado mexicano o cualquier otra maniobra que le impidiera juzgar al alto mando.
“Es totalmente creíble que México no supiera nada”, dijo el experto en seguridad Juan Carlos Montero.
La opinión pública también consideró como una especie de “juego político” que el presidente mexicano no protestara de la misma manera en contra de la DEA cuando se capturó en Miami al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, por acusaciones de estar en la nómina del Cartel de Sinaloa para ayudar a pasar la droga a EE.UU.
“Las Fuerzas Armadas son el puntal del gobierno de AMLO y un golpe así no lo van a aceptar fácilmente”, dijo a la agencia EFE el internacionalista José Enrique Sevilla.
“La molestia de México con la DEA es que los agentes trabajen a sus anchas y marquen la pauta para el trabajo de las instituciones de seguridad mexicanas”.
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