A Escobar Poblete, conocido como Comandante Emilio, se le acusó públicamente de encabezar una banda internacional que presuntamente plagió, entre otros, al panista Diego Fernández de Cevallos, candidato presidencial en 1994.
Sin embargo, el caso podría dar un vuelco en la máxima instancia judicial del país, tanto en el proceso de extradición de Escobar como en la impugnación del fallo de una juez del Supremo Tribunal de Justicia del estado que lo considera coautor del secuestro agravado de una ciudadana franco-estadunidense entre marzo y mayo de 2017 (Proceso 2224).
Al chileno sólo se le ha vinculado penalmente y enjuiciado por esa imputación. Los señalamientos de exfuncionarios de la Fiscalía General de la República y del fiscal estatal Carlos Zamarripa no se concretaron en acusaciones formales por los plagios de Fernández de Cevallos y del empresario Eduardo García Valseca, de los que este semanario informó de manera amplia.
En la antesala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra ya un recurso promovido dentro de un juicio de amparo en contra del acuerdo de extradición que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se otorgó con inusitada rapidez al gobierno de Chile. Se pretendía entregar cuanto antes al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) –movimiento que enfrentó la dictadura militar en ese país– a fin de que enfrentara acusaciones de terrorismo y asesinato.
El abogado del Comandante Emilio en el juicio de extradición, Ángel Maximiliano Santiago Ibarra, alegó la inconstitucionalidad y violación del principio de convencionalidad del acuerdo de extradición (proceso 2/2018) aprobado el 26 de noviembre de 2018.
En un recurso de revisión promovido a finales de julio ante el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del décimo sexto circuito, el abogado solicitó que la SCJN ejerza su facultad de atracción, luego de que un juez de distrito negara el amparo solicitado en favor del chileno.
El Tribunal Colegiado admitió el recurso en septiembre y dio cuenta de la petición del abogado de Escobar a la SCJN. A principios de octubre el tema fue admitido en la Primera Sala de la Corte, cuyo presidente, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, deberá resolver si el caso es atraído.
“El Tribunal Constitucional del país tiene una oportunidad histórica de resolver un asunto sin precedente alguno”, expuso el abogado Santiago Ibarra.
Y arguyó: “No estamos ante la presencia de delitos por los cuales se tramitan la mayoría de extradiciones, tales como delitos contra la salud, patrimoniales o de corrupción. Estamos ante un delito histórico y político que se cometió al amparo y legitimación de un derecho humano a la resistencia en condiciones totalitarias, producto de la imposición de una dictadura cívico-militar en Chile”.
***Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2294 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 18 de octubre de 2020.
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