Esta es la segunda ocasión en el sexenio que el Ejército se pone en guardia frente a una acusación de ejecución extrajudicial al estilo de la administración pasada. La primera ocurrió el 21 de febrero de 2019, cuando militares fueron emboscados en el tramo carretero Apatzingán-Aguililla, Michoacán, por pistoleros de Los Caballeros Templarios.
Aquella noche, un grupo de sicarios asesinaron a distancia al teniente coronel de infantería Guadalupe Barrientos. El resto de los militares, furiosos por el homicidio de su superior, comenzaron una intensa persecución que terminó en dos presuntos criminales muertos y cuatro detenidos.
Los dos presuntos criminales abatidos tenían lesiones inexplicables para un tiroteo: uno había sido acuchillado varias veces y el otro tenía una decena de huesos quebrados, al parecer como resultado de una intensa golpiza. Incluso, existe la sospecha de que los soldados lo mataron dejándole caer una pesada roca en la cabeza.
En la carpeta de investigación MICH/APAT/486/2019 de la fiscalía quedó asentado que las lesiones no estaban justificadas y que los arrestados que sobrevivieron a la furia militar presentaban huellas de tortura. “Era un caso obvio de ejecución extrajudicial y de tortura, pero no tuvo consecuencias porque los responsables eran indiscutiblemente unos ‘mañosos’.
Además, entre los militares no se vio mal que así vengaran la muerte del teniente coronel”, cuenta la fuente consultada por EMEEQUIS.
En la carpeta de investigación MICH/APAT/486/2019 de la fiscalía quedó asentado que las lesiones no estaban justificadas y que los arrestados que sobrevivieron a la furia militar presentaban huellas de tortura. “Era un caso obvio de ejecución extrajudicial y de tortura, pero no tuvo consecuencias porque los responsables eran indiscutiblemente unos ‘mañosos’.
Además, entre los militares no se vio mal que así vengaran la muerte del teniente coronel”, cuenta la fuente consultada por EMEEQUIS.
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